06-Restauracion

ESTADO DEL PODER 2017

Poder y patriarcado: reflexiones sobre la transformación social desde la experiencia de Bolivia

Elizabeth Peredo Beltrán

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Luego de más de una década de procesos esperanzadores para el mundo progresista en América Latina, importantes momentos de inflexión en los últimos años parecen señalar un cierre de ciclo para las victorias de la izquierda en la región.

La caída de los Gobiernos de izquierda en algunos casos (Argentina, Brasil) y la oleada de conflictos ambientales, democráticos y políticos en otros (Venezuela, Bolivia, Ecuador) plantean interrogantes sobre la viabilidad de estos modelos de transformación social.

¿Por qué estos importantes procesos progresistas que se iniciaron con una enorme legitimidad enfrentan hoy resistencias al haberse alejado de los ideales que los inspiraron?

Esta es una crisis que nos proporciona pistas y lecciones profundas sobre la dinámica de la transformación social y sobre nosotros y nosotras mismas como activistas.

Bolivia y su significado para el mundo

Bolivia es un verdadero laboratorio de aprendizajes y lecciones que no solo sirven para la izquierda local, sino también para las fuerzas progresistas y las izquierdas de la región y el mundo.

Fue el primer país del Cono Sur en reconquistar la democracia en la década de 1980, luego de un largo periodo de dictaduras militares. Fue el primero de la región en acoger las rebeliones indígenas más importantes de finales del siglo pasado.

Lideró una lucha contra el neoliberalismo con victorias importantes, como la expulsión de Bechtel, una gran transnacional estadounidense, en la famosa Guerra del Agua en 2000, la nacionalización de los recursos gasíferos en 2005 y la salida del país del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Bolivia estuvo en la vanguardia de la construcción de conceptos que han sostenido la narrativa del ‘socialismo del siglo XXI’, como el ‘vivir bien’ y la democracia participativa, sintetizada en el famoso lema de ‘gobernar obedeciendo’.

La experiencia de Bolivia nos ofrece una oportunidad excepcional para aprender de nosotros y nosotras mismas, y profundizar en el análisis de ‘los nudos’ y desafíos que han quedado develados en estos años.

Este ensayo es, en parte, un testimonio en primera persona que recoge memoria y balance de la trayectoria que ha asumido Bolivia, su proceso de emancipación y cambio social, sus dificultades y frustraciones.

Quisiera transmitir una mirada desde dentro, desde los sentimientos y los ideales de quienes hemos creado un vínculo vital con la necesidad de una transformación social y hemos comprometido en estos procesos nuestras energías, convicciones, nuestras vidas y afectos.

Es también una respuesta muy sentida a una realidad que duele y preocupa, al ver que lo que se inició como poderoso proceso de transformación social se va desmoronando y encuentra su mayor límite en la relación ‘realmente existente’ con el poder, la naturaleza, la democracia, las mujeres y el cuidado de la sociedad, lo cual nos interpela profundamente sobre las formas de poner en práctica nuestras utopías y hacerlas efectivas y reales.

Ahora soy yo, quien era siempre….

Recuerdo aún con mucha emoción cuando en 2003, luego de las multitudinarias protestas callejeras que forzaron la expulsión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la Masacre de Octubre, una mujer en El Alto vestida de chola indígena quemaba su ropa de “señorita, blusa y pantalón” en medio de la calle, mientras proclamaba, orgullosa: “Ahora soy yo, quien era siempre”.

Y es que se había abierto un periodo distinto y nuevo para la sociedad boliviana. Años atrás, las mujeres indígenas no podían ingresar ni al Parlamento ni al Palacio de Gobierno; ni siquiera a los hoteles de lujo o a los teatros. La exclusión social y el racismo estaban instalados en la vida cotidiana y eran vistos como parte ‘natural’ de las relaciones sociales.

Fueron los sindicatos de trabajadoras del hogar en larga lucha por una nueva legislación y por sus derechos, así como los sindicatos indígenas y campesinos, los que lograron pequeños y grandes cambios en los mas profundos intersticios de la sociedad boliviana.

Removieron prácticas de discriminación de las élites blancas acostumbradas a expropiar su trabajo, y de propietarios mestizos e indígenas urbanos que también explotaban a mujeres pobres en sus propios hogares, amparados en la impunidad que les otorgaba una sociedad profundamente racista y neocolonial.  

“Cómo van a pretender regular el trabajo de las domésticas con nuevas leyes”, decían las élites. “Es como hurgar un avispero, ¡solo van a provocar el desorden social!”. “No podemos permitir que se sindicalicen”, decían otras. “Cuando se juntan, ellas se contaminan pues...”

Pero ‘las domésticas’ ganaron. Ellas, junto a campesinos, indígenas, obreros, vecinos y vecinas de las zonas populares, e inclusive parte de las clases medias, impusieron sus reivindicaciones como parte de una gran marea de transformación social que había ido madurando durante décadas.

Fue la respuesta a una masiva movilización social por el territorio y las autonomías indígenas, por el respeto a los derechos humanos, a la necesidad de reconocimiento e inclusión de su visión de los bienes comunes.

Pero también era el deseo de amplios sectores de la clase media, de intelectuales y activistas que acogieron estas reivindicaciones como una forma de salvarse a sí mismos, de salir de la prisión que significaba para sus propias vidas la discriminación y la exclusión de los indígenas, para construir una Bolivia diferente.

Las señales del cambio

El último ciclo progresista en Bolivia ―como seguramente en otros países― es fruto de una larga acumulación política: un período de casi 40 años de resistencias, rebelión y generación de propuestas.

Se ha alimentado del accionar de actores y militancias diversas, y de colectivos forjados en diferentes períodos de la historia, como la resistencia a las dictaduras, al ciclo neoliberal, al machismo y al colonialismo. Emerge luego de casi dos décadas de democracia burguesa dedicada a reconstruir un marco institucional bajo los mandatos del neoliberalismo y los intereses de clase de las élites nacionales aliadas con corporaciones transnacionales e instituciones financieras internacionales.

Las sabidurías y propuestas acumuladas en estas protestas y consolidación de movimientos asumieron forma política y obligaron al Estado a considerarlas para nuevos pactos sociales. Estos se plasmaron en la nueva Constitución (promulgada en 2009, tras aprobarse por referendo), que dio lugar a la creación de un nuevo Estado que superaba la noción republicana colonial; nacía el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, en el que las expectativas e ideales de la sociedad se concentraban dando forma a un nuevo horizonte nacional.

Un nuevo líder expresaba ese fenómeno histórico tan trascendental; un presidente indígena que antes de la toma de posesión del cargo decía con humildad: “Quiero pedirles, con mucho respeto a nuestras autoridades originarias, a las organizaciones, a nuestros amautas [sabios]: contrólenme y si no puedo avanzar, empújenme ustedes, hermanos y hermanas” (Evo Morales, 2005).

Del proceso de cambio al Estado extractivista

Cuando Morales asumió la presidencia del país en 2006, nombró a Casimira Rodríguez, secretaria ejecutiva de la Federación de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, como la primera ministra indígena de Justicia; una mujer de pollera, que hablaba quechua y que había pasado casi toda su vida trabajando en los quehaceres del hogar por un miserable salario. Nada podía ser más simbólico que una mujer cocinera, trabajadora e indígena en este cargo.

Los primeros años del Gobierno de Morales se caracterizaron por una serie de medidas progresistas. Entre ellas, se contaría la nacionalización de los hidrocarburos, que recuperó las ganancias de la venta del gas a favor del Estado, permitiendo al nuevo Gobierno desarrollar unas políticas de redistribución que mejoraban las prestaciones sociales para los niños, las mujeres en etapa de maternidad y las personas de la tercera edad.

También marcaron el inicio de un crecimiento económico que hizo pasar a Bolivia de la categoría de ‘país de ingresos bajos’ a la de ‘país de ingresos medios’. El Gobierno de Morales llegó a tener un respaldo del 81 %.

No se trata de un simple ‘reflujo de la revolución’, sino de un cambio de rumbo que se evidencia en el deterioro del tejido social y las instituciones, y en el impacto del modelo económico y político extractivista en los territorios.

Ahora, diez años después de asumir el poder del Estado con la legitimidad de las luchas sociales que reivindicaban una profunda transformación social, las cosas han cambiado mucho. Y no se trata de un simple ‘reflujo de la revolución’, sino de un cambio de rumbo que se evidencia en el deterioro del tejido social y las instituciones, y en el impacto del modelo económico y político extractivista en los territorios. Y, sobre todo, un gran cuestionamiento sobre el fracaso de las fuerzas sociales que la impulsaron a la hora de establecer una dinámica de control social que le permitiera sostener sus propuestas.

Poco a poco, el acceso al poder se fue convirtiendo en un fin en sí mismo. Cientos de dirigentes sindicales, forjados en las luchas sociales, pasaron a ser secretarios, viceministros, embajadores o parlamentarios. El número de empleados públicos ha aumentado en más del 70 % desde 2005, con el consecuente incremento en gastos e infraestructuras gubernamentales.

Para 2009, el proyecto político y económico a largo plazo del Gobierno de Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) había tomado forma. El proceso entrañó tantas concesiones a las fuerzas reaccionarias y racistas de la oligarquía de Santa Cruz (en el este de Bolivia), que incluso sus juventudes ―como la Juventud Cruceñista que protagonizó acciones violentas y xenófobas contra indígenas durante el proceso Constituyente― pasaron a ser parte de la base social del MAS en el Oriente boliviano.

El MAS se abrió a las propuestas de los sectores agroindustriales y a las visiones de desarrollo tradicionales, y se alineó con una visión industrialista (que no se ha cumplido), desarrollista (que tampoco ha dado muchos frutos) y fundamentalmente extractivista de materias primas, en alianza con sectores sindicales locales y capitales internacionales europeos chinos y rusos. Se trata del modelo que hoy en día está pasando una factura ambiental, social y política muy alta a la sociedad boliviana.

El legado rebelde y antisistémico de las luchas por el agua y el gas acabó siendo expropiado por el nuevo grupo gobernante, que lo convirtió en una bandera para su “cruzada por el gas y el crecimiento económico”, convertido en un dogma expresado en los planes de desarrollo nacionales que nadie puede criticar.

El lema de “socios y no patrones”, que se plantaba frente a los poderes económicos regionales y al imperialismo transnacional, le había asegurado al Gobierno una gran legitimidad y le había permitido fortalecer el Estado y establecer un sistema básico de redistribución social. Sin embargo, al mismo tiempo, fortaleció una dinámica de depredación de los territorios indígenas del Altiplano y de la Amazonía, que afectó los derechos de los pueblos indígenas de las tierras bajas y de las comunidades rurales del país.

En el contexto internacional, el presidente Evo Morales pronunciaba discursos ecologistas sobre los derechos de la Naturaleza ante las Naciones Unidas, proclamando una visión alternativa del desarrollo, en torno a la idea del ‘vivir bien’ y de los ‘derechos de la Madre Tierra’ que cautivó a todo el mundo, tanto en Bolivia como en el exterior.

Surgen las contradicciones en el proceso de cambio

Sin embargo, la retórica no iba acompañada por la acción en Bolivia. De hecho, el país ya se encontraba anclado a un modelo desarrollista que, lejos de reflejar una visión armónica con la naturaleza, buscaban emular el industrialismo y el desarrollismo populista.

Así se puso de manifiesto en 2010, cuando Bolivia organizó la Primera Conferencia de los Pueblos frente al Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra, que reunió a miles de activistas internacionales en un edificante debate político que dio lugar a una de las declaraciones más interesantes de la narrativa global de los movimientos sociales frente al cambio climático. Sin embargo, al mismo tiempo, el Gobierno estaba desarrollando proyectos mineros ―denunciados en esa Conferencia por la Mesa 18― y ya había decidido construir la carretera del TIPNIS, que atravesaba un parque nacional y territorios indígenas.

La carretera del TIPNIS, un proyecto estatal para conectar Villa Tunari (en la región del Chapare de Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (en el Beni, en el norte del país), cruzaría el parque nacional del Isiboro Sécure y el territorio de pueblos indígenas, supuestamente protegidos por la nueva Constitución.

La población ―aún confiada en su fuerza social para cambiar las decisiones del Gobierno― tomó las calles en septiembre de 2011 para enfrentar la imposición de los planes oficialistas, sin contar que su poder de cambio no detendría esta vez la nueva injusticia. El Gobierno no dudó en reprimir duramente a los indígenas de las tierras bajas cuando estos iniciaron la Octava Marcha Indígena hacia La Paz.

El conflicto provocó la renuncia de la ministra de Defensa, y una gran desesperanza e indignación en la sociedad que había apoyado el proceso de cambio desde su inicio. Poco después, los dirigentes indígenas que habían liderado la marcha fueron hostigados y perseguidos, y las organizaciones indígenas divididas e intervenidas por el Gobierno, que retomaría más adelante el proyecto de construcción de la carretera olvidando sus promesas de no hacerlo.

Los conflictos desatados en torno al TIPNIS marcaron un punto de inflexión en el proceso de cambio en Bolivia. Quebraron el proceso por su base social, haciendo estallar en pedazos la unidad de las organizaciones indígenas y campesinas que habían impulsado el proceso de cambio y provocado el distanciamiento de los activistas del proceso.

El conflicto por la carretera del TIPNIS mostró la faceta más cruda del proceso de cambio: el del manejo del poder y un proyecto de país que... estaba imponiendo un desarrollismo desaprensivo.

El conflicto por la carretera del TIPNIS mostró la faceta más cruda del proceso de cambio: el del manejo del poder y un proyecto de país que ―alejado de los principios constitucionales― estaba imponiendo un desarrollismo desaprensivo y rompiendo abiertamente con la retórica de la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas.

Curiosamente, el Gobierno estaba impulsando esta carretera utilizando, precisamente, el populismo y un lenguaje abiertamente machista y patriarcal. Cuando se inició el proyecto, Morales dijo a los pobladores del Chapare:

Si yo tuviera tiempo, iría a enamorar a las compañeras yuracarés y convencerlas de que no se opongan [a la carretera del TIPNIS]; así que, jóvenes, tienen instrucciones del Presidente de conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino. ¿Aprobado? (La Razón, 2011)

Aunque estas declaraciones fueron criticadas por los movimientos de mujeres, no despertaron grandes reacciones entre los círculos de izquierda que formaban parte del Gobierno de Morales.

Consolidación de la economía extractivista

Con estas contradicciones, Bolivia consolidó su modelo, infundiendo optimismo en quienes celebraban la mayor tasa de crecimiento económico en la región, e ignorando el hecho de que este incrementaba la dependencia de la economía del sector primario y de los precios de las materias primeras, inherentemente inestables.

El sector de los hidrocarburos concentra actualmente el 69,1 % de las exportaciones de Bolivia, mientras que la agricultura (madera, quinoa y otros) contribuye un 3,3 % y los productos manufacturados ―entre los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluye la soya y el oro―, un 26 %.

Las tasas de deforestación anual en Bolivia son muy altas: cada año desaparecen alrededor de 270 000 hectáreas de bosque. El mayor aporte del país a las emisiones globales de cambio climático vienen por cambio de uso de la tierra, lo cual lo sitúa en el puesto 27 de 193 países.

En el último año, la ampliación de la frontera agrícola se ha legalizado en un acuerdo con agroindustriales y agricultores, que permitirá deforestar cuatro veces más que en el pasado.

Estos acuerdos también han determinado la expansión del uso de semillas transgénicas y glifosato. Grandes corporaciones como Monsanto, Syngenta o Bayer ya están operando en el país. Actualmente, el 97 % de la soya boliviana es transgénica y, aunque se argumenta que se justifica para abastecer de alimentos a los bolivianos, esta producción está destinada básicamente a la exportación.

En Bolivia operan grandes transnacionales de la minería, como Sumitomo, Glencore, Pan American Silver y otras grandes en negocios con la minería estatal.

Por su parte, el Gobierno ha hecho poco para abordar el poder de las llamadas ‘cooperativas mineras’ ―pequeñas empresas informales locales―, que representan el grueso de la industria minera (115 000 mineros cooperativistas, frente a los apenas 7 500 trabajadores de la minería estatal), conocidas por sus condiciones de explotación laboral y sus prácticas de destrucción ambiental y a las cuales están asociadas trasnacionales mineras que aprovechan las bajas regulaciones que estas tienen.

La Ley Minera aprobada por el Gobierno en 2013 hizo poco para mejorar esta situación, socavando los principios de la consulta previa que dispone el Convenio 169 de la OIT y permitiendo incluso modificar los cursos del agua para beneficiar a los proyectos mineros.

Ni siquiera los grandes ingresos que se han obtenido de la venta del gas a mejores precios han conseguido generar matrices productivas con valor añadido ni procesos de transición energética a renovables que acompañen más coherentemente el discurso de justicia climática que despliega Bolivia en las negociaciones de las Naciones Unidas.

De hecho, en las negociaciones de Rio+20 y las de Cambio Climático, Bolivia no ha apoyado las propuestas para limitar los combustibles fósiles manifestando reservas diplomáticas sobre temas específicos de la declaración, y sigue subvencionando su industria petrolera sin siquiera estudiar posibles políticas energéticas de transición.

Peor aún: en su Plan Nacional de Desarrollo para 2025, Bolivia plantea convertirse en una gran ‘potencia energética’ regional y abastecer de energía a los países limítrofes sin reflexionar verdaderamente las transiciones recomendadas por el propio IPCC para evitar una profundización de la crisis climática:

Pero lo nuevo, y que viene de este gobierno, es que vamos a ser energéticos. El siglo XXI para Bolivia es producir petróleo, industrializar petroquímica, industrializar minerales. Pero también colocar una nueva ruta, la ruta de la energía eléctrica.  (Álvaro García Linera, Página Siete, 2015)

El plan está enfocado en una lógica de mercado de vender a Brasil y generar ingresos para el país proyectados para dentro de 10 o 15 años. En este plan ocupan un lugar privilegiado las grandes hidroeléctricas (como las represas de Bala-Chepete y Rosita), aunque este modelo de energía ha desplazado a poblaciones indígenas en otras zonas de América Central y Sudamérica, cobrándose las vidas de dirigentes sindicales como Berta Cáceres en Honduras.

El vicepresidente, García Linera, no parece ver límites a la expansión:

Por eso es que en todo Bolivia, con el presidente Evo (Morales), hemos sobrevolado en helicópteros, observando y buscando, dónde puede haber una represa, y buscando gas. Estamos a la pesca de dónde hay más gas y dónde hay agua, dónde hay represas. Allí donde hay agua está cayendo oro puro. Donde hay agua, donde se pueden hacer represas está guardado el oro, dinero.

Estos planes han sido cuestionados por su inconsecuencia con las visiones de transición energética necesarias para mitigar y adaptarse al cambio climático, y por no considerar que los países limítrofes pueden buscar su soberanía energética en sus territorios, aprovechando las ventajas que ofrecen la baja de precios en energía solar y eólica en un futuro cercano.

En ese mismo esquema de convertirse en una gran potencia energética, el Gobierno también se ha planteado invertir en investigación para energía nuclear en una alianza con Rusia, con una ambigua propuesta que entraña un componente para la salud, otro para la radiación de alimentos, y la construcción de un generador experimental.

Este es un proyecto que demanda una gran cantidad de dinero y que, a pesar de las protestas, se pretende imponer a los habitantes de una de las principales ciudades del país: El Alto. El proyecto se aprobó a través de un tratado internacional firmado con Rusia que ha sido tachado de ilegal por contradecir las restricciones constitucionales que prohíben el tránsito de residuos nucleares en territorio boliviano y por seguir procedimientos irregulares para su aprobación.

Cambio, cultura y relaciones de poder

¿Qué es lo que ha pasado con las fuerzas progresistas y de izquierda? ¿Qué pasó con la energía de transformación que alimentó una narrativa social por los derechos del agua, por la soberanía frente a los poderes corporativos e imperiales, y que concibió el ‘vivir bien’ como fundamento de una nueva sociedad?

¿Cómo está procesando la izquierda el alejamiento de sus Gobiernos de los ideales emancipatorios y de cambio social? ¿Qué pasó con la autonomía de los movimientos sociales? ¿Qué pasó con los pueblos indígenas? ¿Qué pasó con las mujeres y los feminismos? ¿Qué pasó con los derechos de la Madre Tierra?

En síntesis: ¿qué nos dice este proceso de nosotros y nosotras mismas?

La reflexión sobre ‘desde dónde transformar’ y ‘cómo transformar’ concentra hoy una importancia prioritaria y nos lleva a la pregunta central sobre el poder, la cultura, el Estado y la sociedad. ¿Qué es lo que realmente cambia a una sociedad y cuáles son las estructuras, dinámicas o valores que deberíamos fortalecer para asegurar una transformación social sólida en progresión, con un ajayu (espíritu) que se mantenga en el tiempo a pesar de los vaivenes ingratos de la política y los juegos de poder?

¿Qué lugar ocupa la cultura y la ética en esta indagación? Aunque parecía haberlo tenido todo, la izquierda enfrenta ahora ‘nudos’ no resueltos que han determinado un debilitamiento significativo del campo progresista y un fortalecimiento escandaloso del populismo caudillista y autoritario en su camino a la reconstitución del capitalismo.

Desde la experiencia de Bolivia, cabe preguntarse por qué el capital político de la izquierda ha invisibilizado las trampas de poder.

Desde la experiencia de Bolivia, cabe preguntarse por qué el capital político de la izquierda ha invisibilizado las trampas de poder; y cómo las izquierdas pueden seguir su camino y resolver su relación con ámbitos esenciales de los procesos de transformación social, como la democracia, la noción de ‘las vanguardias’ y los sujetos de cambio social, la ecología y la naturaleza, el patriarcado, el feminismo y las mujeres, la diversidad de los pueblos indígenas y, finalmente, cómo procesa su relación con el poder.

Extractivismo y violencia contra las mujeres

Uno de los terrenos de mayor significado en las contradicciones del proceso político boliviano es el de la ideología patriarcal que ha sido una segunda piel en la forma de gobernar del MAS, basado en un discurso machista autoritario y un simbolismo estrechamente vinculado entre el poder patriarcal y las bases culturales del modelo extractivista.

Así como en la narrativa estatal boliviana quedó oficializada la versión de que “se está usando el capitalismo, para llegar al socialismo”, permitiendo al mismo tiempo el control del capital financiero y del extractivismo, el androcentrismo expresado en la frase de Morales de "soy feminista con chistes machistas" se convirtió en parte del contenido de los discursos y declaraciones oficialistas.

La izquierda ‘radical’ que acompañó esta gestión desde el principio, no opuso cuestionamiento a esta ‘forma de gobernar’ y permitió que se expandiera esta ideología de gran peso simbólico. Esa izquierda y esa dirigencia que decía querer cambiar el sistema ‘pasó por alto’ las actitudes patriarcales de sus líderes y ‘perdonó’ el desenfreno machista en aras de un supuesto ‘fin superior’: la ‘construcción del socialismo’.

Expresiones misóginas, chistes sexistas y declaraciones homofóbicas eran señales inequívocas de un autoritarismo populista, como las que pronunció Morales durante la Conferencia de los Pueblos en abril de 2010: “El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres”.

O como cuando Morales resaltaba sus programas sociales ‘Evo Cumple’ en los pueblos con bromas machistas: “Cuando voy a los pueblos, quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice: Evo cumple”.

O cuando animaba a los jóvenes a ir al cuartel como una forma de ‘librarse’ de la responsabilidad de la paternidad: “Ustedes saben, generales, almirantes, oficiales, cuando un jovenzuelo embaraza a su compañera, es preferible escapar al cuartel y cuando sale del cuartel, es intocable ese soldado” .

A pesar de que en Bolivia se han aprobado leyes y decretos para promover la igualdad de género, erradicar la violencia y alcanzar la paridad en la representación política, las reiteradas agresiones a las mujeres en los discursos oficialistas y la debilidad en la inversión pública para asegurar políticas de género fortalecidas han hecho mella en el proceso y son un ejemplo más de la disonancia entre discurso y práctica.

El patriarcado tiene rasgos como:

  • La devaluación y la invisibilidad del Otro diferente
  • La práctica sistemática de separar el ámbito público del privado, lo cual facilita el distanciamiento entre ‘lo que se dice y lo que se hace’
  • La negación de la diversidad y la diferencia, y la valoración de la diferencia como déficit
  • La violencia y el sometimiento como método de afirmación

Estos rasgos se fueron consolidando en el Gobierno, junto a la necesidad de ejercer poder, y control y demostración de fuerza, autoridad e infalibilidad. Todo ello acabó cooptando a los líderes y dirigentes del proceso de cambio de diferentes estratos.

Cuando un compañero con un alto cargo político en el Gobierno ―compañero de toda la vida―, me dijo: “Yo soy un buen político porque tengo la capacidad de ser cruel”, me quedaron claras dos cosas: una, que el ciclo de transformación social había acabado porque había perdido la cualidad de la ética y los valores en la búsqueda de una transformación social que valiera la pena; y otra: que el poder y el machismo se habían instalado profundamente en ese proceso como parte de un engranaje que combinaba subjetividad y política, y reproducía una cultura del poder violento y depredador, muy funcional al extractivismo.

La explotación y la violencia contra las mujeres y la explotación y la violencia contra la naturaleza son dos caras de una misma moneda, dos expresiones de un mismo sistema, el imperio del patriarcado cogobernando con el del gran capital.

Una de las declaraciones más indignantes y criticadas fueron las que hiciera Morales al visitar un campo petrolero en abril del 2012, preguntando en son de broma a dos profesionales femeninas del campamento Sísmica 3D en Chimoré, entre risas de los trabajadores varones: “¿Petroleras? ¿Perforadoras? ¿O perforadas? Díganme”.

Cada tres días muere una mujer por feminicidio en Bolivia, de maneras horribles. Aunque no cuentan con un registro oficial, las cifras de la violencia son altísimas y está claro que la violencia de género se fortalece en sociedades que no priorizan el cuidado de la vida y que han permitido que ‘se naturalice’ la violencia y la discriminación de género. Alarmados por la forma en que los discursos oficiales han legitimado la violencia, los movimientos de mujeres han desarrollado varias campañas ciudadanas de sensibilización y exigido, entre otras cosas, que el MAS excluya a los candidatos machistas de sus listas electorales.

En el plano internacional, instituciones multilaterales como el BID, el FMI y el Banco Mundial alaban el modelo económico de Bolivia por haber generado el más alto índice de crecimiento económico en la región.

Sin embargo, pocas de esas instituciones señalan que Bolivia es el primero de los 12 países con tasas más altas de feminicidio y violencia contra las mujeres en la región. Por otro lado, el Gobierno no reinvierte ―o, más bien, redistribuye― este dinero en políticas que aseguren una verdadera lucha contra la violencia.

Esa inversión (o ‘gasto’, como algunos preferirían llamarlo) representa menos del 2 % (1,91 %) de los presupuestos municipales, mientras que los fondos asignados a programas específicos para la erradicación de la violencia, prevención y protección de las víctimas, no pasan del 0,33 %. Aunque se ha aprobado la Ley 348 contra la violencia de género, esta tiene dificultades en su implementación, en parte porque no se invierte de forma eficiente en la estructura institucional que la debería sostener.

En contraste, las inversiones para la exploración y explotación de recursos naturales en los bosques y las inversiones en infraestructuras para transportes, energía e hidrocarburos son enormes. Todas juntas suman el 65 % del presupuesto estatal, invertido en el sueño de convertir a Bolivia en una ‘potencia energética’ regional que, supuestamente, brindará mayor prosperidad a toda la población.

Sin embargo, en este plan, las energías renovables (que representarían un mejor pronóstico para preservar la Naturaleza y los derechos humanos) solo representan el 2 % de la matriz energética que se está construyendo para el futuro, una cifra muy parecida a lo que se invierte en las mujeres. Todas estas decisiones las está tomando la cúpula política masculina que, supuestamente, como buen patriarca, “sabe lo que es mejor para todos”, pasando por alto inclusive mecanismos de consulta previa a los pueblos indígenas, a los cuales también parecen considerar como ‘subalternos’ que tienen que someterse a estos esquemas a costa de sus territorios y la sobrevivencia de sus culturas.

No recogen las reflexiones feministas que enfatizan que, para contrarrestar esta dramática situación, se precisa de una acción estatal contundente, con suficientes recursos y políticas democráticas, pertinentes, justas e inclusivas que permitan no solo sistemas de justicia efectivos, sino abordar seriamente el desafío de la educación para acabar con los patrones culturales del machismo.

La explotación y la violencia contra las mujeres y la explotación y la violencia contra la naturaleza son dos caras de una misma moneda, dos expresiones de un mismo sistema, el imperio del patriarcado cogobernando con el del gran capital.

Y el cuerpo de las mujeres y la Madre Tierra se ha convertido hoy en la metáfora de lo que se sacrifica por mantener la ilusión capitalista del crecimiento infinito, androcéntrico, ecocida y desaprensivo con la Naturaleza y con la vida de las personas y las comunidades.

Aprendizajes para deconstruir el paradigma dominante

El poder capitalista se reproduce eficientemente gracias a que está articulado con sistemas de opresión muy antiguos como el patriarcado ―que es muchísimo más antiguo que el capitalismo― y el colonialismo, que también es un sistema previo a las formas de apropiación capitalista.

Su capacidad como sistema dominante en la civilización se asienta subjetivamente en los valores capitalistas que separan el ser humano de la naturaleza; lo ha hecho desde la ciencia y la filosofía, y lo hace desde la economía, la cultura y los valores de la vida cotidiana.

El capitalismo moderno sobrevive gracias a que alimenta... subjetividades basadas en el dominio de la naturaleza, el sobreconsumo y los imaginarios modernos del crecimiento económico asociados a la felicidad y el bienestar.

El capitalismo moderno sobrevive gracias a que alimenta ideales, representaciones y subjetividades basadas en el dominio de la naturaleza, el sobreconsumo y los imaginarios modernos del crecimiento económico asociados a la felicidad y el bienestar. La combinación de estas formas de dominación es precisamente lo que permite el ejercicio de poder, y vemos cómo estos patrones se repiten una y otra vez, inclusive en los intentos por subvertir el orden capitalista.

Estas reflexiones que he desarrollado dan cuenta de cómo el patriarcado es absolutamente funcional al ejercicio del poder y efectiviza la violencia del capital, constituyéndose en elemento articulador mediante el poder del Estado. La alianza entre patriarcado y extractivismo naturaliza la violencia contra la mujer, la desvaloriza y construye un imaginario social que avala el atropello y la impunidad.

De hecho, un Estado que promueve el extractivismo se tiene que sostener en una lógica autoritaria de deslegitimación de los derechos del territorio, los derechos de la Naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres. El extractivismo, así como está planteado en nuestros países, está exacerbando una mentalidad violenta.

La acumulación capitalista es esencialmente dependiente de un imaginario social que refuerza la idea de lo público como ‘propiedad’ de las élites estatales, y no como un bien común para todos y todas. La acumulación capitalista se basa, en última instancia, en el abuso y la destrucción de los valores del cuidado y la solidaridad entre seres humanos y con la naturaleza.

Debemos desarrollar proyectos emancipatorios y de unidad contra el capital con una cultura sólida de transformación social que no eluda el debate sobre la dimensión ética de la transformación.

Necesitamos más reflexiones y cuestionamientos sobre la transformación social, el Estado y las relaciones de poder. El proceso boliviano, y con seguridad, si indagamos en profundo, muchos otros procesos para la transformación de la sociedad, son experiencias de aprendizaje sobre nosotros mismos, sobre nuestros horizontes y nuestros límites.

Aunque el Movimiento al Socialismo inició su existencia con una enorme legitimidad social y se planteó sinceramente la descolonización y la superación del capitalismo, ha replicado en el fondo relaciones de dominación y despojo y el manejo de poder estatal para estos fines.

En los últimos años, los desafíos se han multiplicado, se han complejizado y adquieren una dimensión civilizatoria que tiene que incorporar los sistemas de valores.

Mural de Knorke Leaf, grafitera y activista del movimiento antinuclear en La Paz. https://www.flickr.com/photos/knorke_leaf/

Porque ya no solamente se trata de avanzar en una agenda de soberanía nacional o de controlar a las corporaciones o grandes potencias, sino realmente de desarrollar proyectos emancipatorios y de unidad contra el capital con una cultura sólida de transformación social que no eluda el debate sobre la dimensión ética de la transformación. Que encare autocríticamente el debate sobre las formas de ejercer poder, que cuestione la vigencia del patriarcado en las filas de los movimientos progresistas, el significado pernicioso de la dependencia de los movimientos respecto a líderes incuestionables y mesiánicos. Que se plantee el poder transformador desde abajo y desde la vida cotidiana, el poder de la restauración, de la solidaridad y de incorporar el cuerpo y el tiempo real de las cosas para esta transformación.

Debemos superar una visión de la ‘crítica simplista del opuesto’ para dirigir nuestra mirada hacia nuestra propias prácticas, y construir alternativas al sistema. Por ello, centrándonos en la dimensión ética para el cambio social, recojo algunas de las intuiciones que van surgiendo desde las fuerzas de transformación que se resisten a la resignación:

  • No necesitamos héroes ni caudillos para la transformación social.
  • Al modelo individualista oponemos los valores de la comunidad, del bien común y la solidaridad, pero sin dejar de ser individuos y personas.
  • Al paradigma del desarrollo infinito o del ‘desarrollo sostenible’ oponemos el paradigma de la restauración, la sanación planetaria, el cuidado y la regeneración.
  • A la matriz de poder como control y dominio violentos oponemos la matriz y el poder del cuidado de la vida, el poder del amor y de los afectos.
  • A la práctica de despojo desarrollamos una noción de cooperación con la Naturaleza.
  • A la noción de carestía y de los finales apocalípticos oponemos la noción de abundancia y redistribución mediante la restauración, las economías del don, de reciprocidad, colaborativas y de servicio.
  • A la concentración de poder y exclusión oponemos el reconocimiento de la diversidad y la democracia en sus diferentes formas.
  • A las nociones de poder global oponemos el fortalecimiento del poder local y el desarrollo de sistemas de proximidad.
  • A la práctica del poder patriarcal de no politizar lo privado oponemos el principio de que ‘lo privado es político’ y del enorme valor de lo cotidiano.
  • A la cultura de transformar desde arriba proponemos la fuerza propia de reforzar las prácticas constructivas, restaurativas, sanadoras, como poder de transformación.

SOBRE LA AUTORA

Elizabeth Peredo Beltrán es psicóloga, investigadora y escritora. Como colaboradora del TAHIPAMU (Taller de Historia y Participación de la Mujer), ha investigado sobre el sindicalismo anarquista de las mujeres del siglo XX en La Paz, los derechos de las trabajadoras del hogar y los derechos del agua como bien común. En 1997 se incorporó a la Fundación Solón, de la que fue directora desde 2006 hasta 2014, desarrollando un trabajo que combinaba arte, cultura y política. Coordinó la emblemática Campaña Octubre Azul hasta 2013 e impulsó el Primer Tribunal de Justicia Climática en 2009. En los últimos años ha dedicado su atención a la problemática del cambio climático y la crisis civilizatoria, y por ello decide crear Trenzando Ilusiones como un espacio para compartir reflexiones sobre la transformación social. Es miembro del Directorio de Food and Water Watch, del Comité Científico de la Universidad Internacional Terre Citoyenne (UITC), del Grupo de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo y pertenece a varios colectivos de activistas del agua, el clima, las mujeres y contra la amenaza nuclear en Bolivia.

Elizabeth Peredo