Los derechos y reveses de la tierra

Este artículo se centra en el papel que ha desempeñado el programa de titulación de tierras del Estado colombiano como ayuda para que las comunidades sustituyan sus cultivos de drogas ilícitas por alternativas lícitas. La autora entrevistó a más de 80 campesinos de comunidades que en el pasado fueron productoras de coca, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño, y realizó 30 entrevistas a dirigentes del sector.

La violencia que acompaña a la erradicación forzada de cultivos de coca en Colombia es devastadora y costosa. Las fumigaciones aéreas con glifosato y los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados que procuran proteger el tráfico de drogas ilícitas tienen consecuencias desastrosas para todas las personas que conviven en sus comunidades con los cultivadores de coca. Y no existe evidencia de que esta opción económica y políticamente costosa siquiera funcione. La producción de cocaína sigue en auge en Colombia, a pesar de los esfuerzos por reducir la cantidad de plantaciones de coca y la superficie de tierra destinada a ese fin. En 2020, la producción de cocaína creció un 8 % en Colombia, aunque la superficie dedicada al cultivo de coca se redujo un 7 %.1

Por lo tanto, las autoridades políticas que insisten en que la solución más evidente para el comercio de drogas ilícitas es la reducción de la oferta de cultivos de coca deberían considerar darle más énfasis a una estrategia que no sea punitiva.

Colombia gasta alrededor de 1300 millones de pesos colombianos (unos 270 millones de dólares estadounidenses calculados con la tasa de cambio a la fecha) por año para incentivar a los agricultores a cambiar voluntariamente sus cultivos de drogas ilícitas por alternativas lícitas. El cálculo de esos costos es complejo porque existen diferentes estimaciones sobre el precio del glifosato y su eficacia, y algunas cifras oficiales incluyen los costos de seguridad asociados a los esfuerzos de erradicación.2 Sin embargo, esta parece una suma muy moderada cuando la comparamos con los 8000 millones de pesos gastados en el intento de erradicar por la fuerza estos cultivos ilícitos.

El argumento a favor de una mayor inversión en los programas de Desarrollo Alternativo sería más convincente si su porcentaje de éxito fuera más notable e indiscutible. Menos de la mitad de los esfuerzos de Colombia dirigidos a alentar a los agricultores a abandonar pacíficamente sus cultivos de coca han sido efectivos. Por ejemplo, entre 2006 y 2015, aproximadamente un tercio de la tierra utilizada para la producción de coca recibió algún tipo de inversión para alentar a los campesinos a pasarse a formas lícitas de agricultura. De esa superficie, solo cerca del 40 % se mantenía sin cultivos de coca tres años después. Aun así, en parte de esas tierras también se aplicaron programas de erradicación forzada, por lo que cuesta discernir si los incentivos positivos fueron el motivo de que no se volviera a sembrar coca en ese lapso de tres años.

Otro motivo por el que no se favorece el Desarrollo Alternativo y sí la guerra contra las drogas es que no es tarea sencilla hallar la mejor manera de motivar a los agricultores para que reemplacen voluntariamente sus cultivos de drogas ilícitas. Los subsidios a corto plazo mediante proyectos específicos pueden resultar atractivos en el ámbito local, pero sin inversión en infraestructura, acceso a los mercados y los servicios públicos no producen resultados duraderos. Algunos argumentan que inyectar dinero en comunidades pobres sin abordar problemas de desarrollo más amplios puede ser aún más problemático. Esto puede generar incentivos perversos para aquellos campesinos que procuran cumplir los requisitos para recibir los subsidios. Puede agriar la relación del Estado con los cultivadores considerados no aptos para los subsidios y, posiblemente, impulsarlos a cultivar coca en su lugar. Son pocos los agricultores preparados para renunciar a los altos rendimientos inmediatos que ofrecen los cultivos de coca, mientras esperan que inversiones a largo plazo en las tierras les brinden una salida realista del comercio ilícito.

Es cierto que las autoridades han recorrido un largo camino desde la concepción del Desarrollo Alternativo en la década de 1960, cuando se pagaba en efectivo a los campesinos de amapola en Tailandia. En el mejor de los casos, esta estrategia logró trasladar gradualmente la producción de opio a otros lugares, específicamente a Myanmar. En Colombia hubo varios intentos de introducir diseños de programas de Desarrollo Alternativo más avanzados que las simples transferencias de efectivo. Quizás los más conocidos sean el Programa Familias Guardabosques (que funcionó hasta 2013) y Proyectos Productivos (hasta 2016). Ambos fueron bien vistos, ya que combinaron programas de transferencias condicionadas de efectivo con inversiones en infraestructura y proyectos de capacitación. Pero dados los crecientes niveles de producción de coca en todo el país, el éxito de estos programas podría considerarse fugaz y en gran medida ineficaz a largo plazo.

De esta manera, las autoridades siguen buscando la mejor manera de apoyar a los agricultores de coca para que puedan construir medios de vida viables y duraderos en la agricultura lícita. Un enfoque relativamente novedoso para el Desarrollo Alternativo es el de otorgarles títulos de propiedad de la tierra a los cultivadores de drogas ilícitas. El mecanismo por el cual los títulos de propiedad evitarían que los productores cultiven coca en el futuro aún no se ha determinado. Sin embargo, es una política que se ha utilizado en Afganistán, Perú y Bolivia, y ahora en Colombia. Entre 2015 y 2018, Colombia invirtió 4,7 millones de dólares en el envío de equipos de abogados y topógrafos a comunidades productoras de coca en los departamentos de Antioquia, Cauca, Putumayo y Nariño, con el fin de medir las parcelas de los agricultores y actualizar o expedir sus documentos de registro de tierras. Hay incertidumbre sobre el impacto del programa Formalizar para Sustitutir en ese período, con unos estimados bajos de 1300 familias beneficiadas por la transferencia formal de la propiedad de la tierra, al igual que estimados altos de 7000 familias beneficiadas. En algunos lugares se trató de tierras clasificadas como baldíos, es decir, tierras de propiedad estatal en sitios remotos, que fueron privatizadas. En otros sitios, las tierras ya eran parcelas de propiedad privada que se fragmentaron y cambiaron de propiedad de manera informal, y gradualmente quedaron desfasadas del registro de propiedad.

La evidencia que indicaría que la titulación de tierras disuade a los agricultores de cultivar coca en Colombia no es concluyente. Un estudio realizado por Muñoz-Mora, Tobón y d’Anjou en 2018 halló una relación negativa entre los títulos de propiedad de la tierra y la superficie dedicada a la producción de coca en el país. Pero estos resultados se basan en una muestra de 192 municipios, que constituyen un 17 % del total de 1123 municipios a nivel nacional, donde el Estado de derecho y la presencia estatal era más fuerte porque allí se aplicaron políticas del Plan Colombia durante ese período y, por lo tanto, estuvieron más expuestos a la vigilancia y aplicación de la ley. La correlación entre los derechos de propiedad informal y la producción de drogas ilícitas en estos municipios no es muy informativa ya que aproximadamente el 65 % de las tierras rurales de Colombia son de propiedad informal.3 Y más del 40 % de los pequeños productores rurales, que generan el 70 % de la producción agrícola lícita de Colombia, no tienen títulos de propiedad de la tierra.4 Por lo tanto, es posible que este estudio sobrestime la importancia que tiene la titulación de las tierras para el éxito de la agricultura lícita.

Mi investigación se enfocó en una mejor comprensión, desde la perspectiva de los excultivadores de coca, del papel que tiene la titulación de tierras (si es que existe) para ayudarlos a pasarse a alternativas lícitas de la coca. A continuación, describiré la manera en que, primero, concebí una hipótesis del mecanismo por el cual los títulos de propiedad de la tierra podrían apoyar el Desarrollo Alternativo, y luego realicé una extensa investigación de campo para comprobar esa hipótesis. Después de presentar mis resultados, concluiré con algunas repercusiones para la política de Desarrollo Alternativo.

Formalizar Para Sustituir Office in Rosas, Cauca

De lo que sabemos sobre los derechos de propiedad y cómo influyen en los resultados económicos, deduje cuatro formas en las que la titulación de tierras podría, en teoría, apoyar el Desarrollo Alternativo. A continuación, brindaré un breve resumen de cada mecanismo teórico y explicaré cuál se sostiene como más probable.

Capacidad de transferencia de la tierra

Los títulos de propiedad pueden mejorar la capacidad de los campesinos para arrendar, vender y comprar tierras.5 Esto repercute  considerablemente en su capacidad de atraer inversiones.6 Y tener más posibles compradores dispuestos a pagar más por la tierra impulsa el mercado de las tierras.7 Todo esto coloca a los propietarios de tierras en una mejor posición para vender o arrendar sus parcelas, y para buscar mayores ganancias en otros lugares si así lo desean, y en última instancia, pone a la tierra en manos de quienes mejor pueden invertir en ella.8 La idea es que, con una mayor inversión en la tierra, las alternativas lícitas a la coca serán más rentables, lo que significa que los esfuerzos de Desarrollo Alternativo serán más efectivos.

Sin embargo, el problema con esta teoría es que pasa por alto otros factores que pueden afectar la capacidad de transferencia de la tierra, como la calidad de los terrenos y las normas sociales que impiden que las personas compren y vendan tierras. Estudios realizados en India y China concluyeron que, como sucede en muchos países en desarrollo, la tierra es el mayor bien que tienen los agricultores porque la valoran como un conjunto de activos: además de una fuente de ingresos también les brinda un hogar, seguridad alimentaria, una red social, estatus social y una pensión para toda la familia.9 Por ejemplo, cuando el Estado indio le ofreció a campesinos pobres de Singpur, un pueblo de Bengala Occidental, una fuerte suma de dinero por sus tierras (para construir allí una fábrica de automóviles), los agricultores se mostraron reacios a vender. Sentían que no estaban capacitados para otra cosa que la agricultura, y no tenían la seguridad de que gastarían con cautela la suma de dinero en cuestión. Su tierra era lo único que les daba garantía de subsistir.10 De esa manera, es esperable un comportamiento similar en otros países en desarrollo, como Colombia, donde la mayoría de los campesinos están capacitados exclusivamente para la agricultura. Por lo tanto, una mayor capacidad de transferencia de la tierra en comunidades que están en transición de cultivos ilícitos a lícitos no significa que los agricultores querrán vender sus tierras porque, sin el capital de sus parcelas rurales, estarían incapacitados.

Balboa, Cauca. Algunos excultivadores de coca logran trasladarse a zonas urbanas, como las de la foto, para encontrar trabajo alternativo como obreros de la construcción, cocineros, comerciantes o conductores de mototaxi.

Aumento del valor de la tierra

Los títulos de propiedad pueden aumentar el valor de la tierra, ya que incluye el valor de los recursos utilizados en la adquisición de los trámites legales. La propiedad jurídica de la tierra, por lo tanto, funciona como una herramienta de ahorro y brinda un seguro para la familia.11 Esto puede resultar en un cambio de conducta que agrega valor adicional a la tierra. En primer lugar, los agricultores pueden destinar más recursos a sus tierras. Cuantos menos recursos se gasten en proteger lo que es de uno, más se podrá invertir en sacarle ganancia. Un ejemplo clásico es cómo el alambre de púas aumentó en el siglo XIX la capacidad de los agricultores estadounidenses para proteger sus llanuras de la invasión de los acaparadores de tierras, lo que resultó en niveles de desarrollo económico más elevados.12 Y asegurarles a los inversionistas que su propiedad no será fácil de arrebatar ayuda a tranquilizarles que, si invierten en ella, no correrán el riesgo de perderlo todo. Por lo tanto, es posible que la introducción de los títulos de propiedad de la tierra ayude a los campesinos a operar en un entorno más pacífico, permitiéndoles prestar toda su atención a su empresa agrícola.

Además, los agricultores pueden invertir en más cultivos a largo plazo, lo que reduce su dependencia de la coca. En ocasiones este argumento se conoce como “seguro”.13 Los cultivadores con alta incertidumbre sobre su futuro acceso a la tierra, y que sienten el riesgo de ser desplazados por la fuerza, no tienen incentivos para invertir a largo plazo en riego, reforestación y cultivos perennes, como el cacao en grano, por ejemplo.14 Un estudio sobre derechos de propiedad e inversión en Ghana concluyó que, aunque los derechos sobre la tierra no eran significativos para las decisiones de inversión, están levemente asociados con la inversión en los cultivos a largo plazo.15 Lo mismo halló un estudio realizado en Brasil. En los lugares donde las invasiones de tierras eran más frecuentes también era menor la producción de cultivos a largo plazo.16 Por lo tanto, la titulación de tierras en un contexto donde antes se cultivaban drogas ilícitas podría alentar a los agricultores a comprometer más recursos a largo plazo, por ejemplo, plantando cultivos perennes en lugar de cultivos comerciales rápidos, como la coca.17

No obstante, aunque los exagricultores de coca tengan la opción de plantar cultivos a largo plazo para obtener mayores ganancias, este mecanismo teórico no abarca los diversos factores adicionales que llevan a los campesinos a buscar ganancias inmediatas y un ingreso constante con las plantaciones de coca, que pueden rendir hasta tres o cuatro cosechas al año.18

Mayor innovación agrícola

La titulación podría aumentar la libertad que tienen los agricultores para elegir el uso que le dan a sus tierras.19 Es posible que esto signifique que los campesinos que se ven obligados a cultivar coca consideran que la ley respalda sus derechos sobre la tierra si optan por no participar en el comercio ilícito. Si los títulos permiten a los propietarios utilizar sus tierras más libremente, pueden hacer que sus parcelas sean más productivas y, por lo tanto, más fáciles de transferir de la producción de drogas a la agricultura lícita. El título de propiedad podría tranquilizar a los agricultores que podrían haber sentido temor de hacer un uso lícito de sus tierras porque se sintieron obligados a cultivar coca por parte de grupos fuera de la ley, ya que implica que no les pueden quitar sus tierras en el caso de que opten por plantar cultivos lícitos.

Sin embargo, esta teoría supone que la innovación genera formas más rentables del uso de la tierra. A veces, se requiere acción colectiva para mejorar el desempeño económico.20 En otras palabras, las personas quizá deban ponerse de acuerdo sobre cómo usar la tierra para que todos puedan cosechar los beneficios de una mayor productividad. Entonces, si la libertad para innovar significa que la tierra no se use de manera homogénea, puede limitar una mayor productividad de la misma. Los agricultores podrían estar mejor si no trabajaran independientemente unos de otros, debido a las posibles economías de escala en el uso de la tierra. Más concretamente, muchos campesinos no están obligados a plantar coca pero eligen el cultivo porque comercialmente tiene más sentido. Según la UNODC, solo cerca del 2 % de los cultivadores de coca trabajan bajo coacción, dado que la mayoría se dedica al negocio ilícito exclusivamente con fines de lucro.21

Terreno montañoso aislado con cultivos de coca en Nariño.

Presunción de una mayor seguridad en la tenencia de la tierra

Los tres mecanismos anteriores presuponen que el título de propiedad de alguna manera brinda una mayor seguridad en la tenencia de la tierra. Abundan las investigaciones académicas que correlacionan la tenencia segura de la tierra rural con una mayor productividad económica.22 Sin embargo, trazar un vínculo entre la titulación y una mayor seguridad de la tierra es problemático por tres motivos. En primer lugar, la titulación no siempre aumenta la seguridad de la tierra en la práctica. Hay un sinfín de ejemplos de sistemas informales de derechos de propiedad que se aplican mediante normas sociales e igual de bien, si no mejor, que mediante la ley.

En segundo lugar, la evidencia que relaciona la seguridad de la tierra con una mayor inversión en esta es irregular. Algunos estudios sugieren una posible causalidad inversa entre seguridad de la tenencia de la tierra e inversión porque la inversión puede fortalecer a esta última.23 Medir la seguridad de la tenencia de la tierra también es difícil por razones metodológicas. Y gran parte de la investigación sobre la relación causal entre la seguridad de la tenencia de la tierra y la inversión se ha concentrado en África, donde el sistema de derechos de propiedad suele ser comunal, con circunstancias muy específicas. Por lo tanto, la evidencia que relaciona una mayor seguridad de la tenencia con una mayor productividad de la tierra sigue en discusión.

En tercer lugar, y quizás lo más importante para este estudio, la seguridad de la tenencia de la tierra ya existe en muchas de las comunidades que cultivan coca. Esto significa que, además de las debilidades específicas analizadas, los tres mecanismos anteriores tampoco se sostienen como mecanismos teóricos válidos sobre cómo los títulos de propiedad pueden apoyar el Desarrollo Alternativo porque dan por supuesto que los títulos de propiedad aumentan la seguridad de la tenencia de la tierra.

Mayor acceso al crédito

Existe un último mecanismo que no presupone que la titulación implique mayor seguridad en la tenencia de la tierra. Esta teoría señala que los títulos de propiedad permiten a los agricultores usar sus tierras como garantía y, por lo tanto, acceder a préstamos comerciales del sistema bancario legal, lo que a su vez les ayuda a invertir en sus tierras y obtener mayores ganancias con alternativas lícitas a la coca. Esta es una extensión del famoso argumento del economista Hernando de Soto, que la titulación de la tierra aumenta el acceso de los propietarios al crédito porque permite a las personas usar sus tierras como garantía para solicitar préstamos bancarios. De Soto argumenta que, si los países son pobres, es porque carecen de las instituciones necesarias – a saber, los derechos formales de propiedad – para desbloquear el capital y el potencial económico de los bienes. En sus palabras, “es la propiedad formal la que proporciona el proceso, las formas y las reglas que fijan las posesiones en condiciones que nos permitan realizarlas como capital activo”.24 Por lógica, con un título de propiedad, los agricultores pueden usar la tierra como garantía para acceder a préstamos. Y estos proporcionan a los campesinos el capital necesario para invertir en sus tierras o emprender un negocio lícito del que sacar provecho. Como sucede con los tres mecanismos anteriores, se da por hecho que, si la inversión es rentable, los agricultores dependerán menos de la producción de coca para ganarse la vida.

El inconveniente de este mecanismo es que presupone que, con una mayor inversión en alternativas lícitas a la coca, las tierras de los agricultores generarán sin duda mayores ganancias que las que rinden los cultivos de coca. No obstante, esta fue la explicación más popular y recurrente utilizada por las diversas autoridades que entrevisté, que mostraban su entusiasmo por el uso de la titulación de tierras para el Desarrollo Alternativo.

Tres resultados clave se destacan en esta investigación. En primer lugar, los títulos de propiedad tienen un valor simbólico considerable para los agricultores, pero no son esenciales para acceder a préstamos con el fin de invertir en usos lícitos alternativos de sus tierras. En segundo lugar, relativamente pocos cultivadores pretendían tener títulos de propiedad para obtener créditos, y muchos de quienes obtuvieron préstamos oficiales utilizando sus tierras como garantía no los emplearon para invertir en las mismas. En tercer lugar, en varios casos en que los campesinos accedieron al crédito con el uso de sus títulos de propiedad, eso no redujo la dependencia que tenían de los ingresos de los cultivos de coca y, aunque parezca contradictorio, algunos de ellos saldaron sus préstamos con las ganancias obtenidas con los cultivos de coca en otros lugares. Veamos cada uno de estos resultados con mayor detalle.

Querer un título no es lo mismo que necesitarlo

Hubo muy poca resistencia a la titulación de las tierras en estas zonas. Cuando se les preguntó si querían un título de propiedad, la mayoría de los entrevistados dijo que sí. El principal motivo aludido fue la “tranquilidad” y que “ahora nadie se la puede quitar”. Asociaron los títulos de propiedad con la garantía de que sus herederos serían propietarios de sus tierras sin problemas. El deseo de titulación de las tierras también surge de la satisfacción de poder transformar su relación con el Estado. Los agricultores, que en el pasado percibían al Estado como su enemigo, querían sentir que ahora estaría de su lado y que los respaldaría. Y los títulos de propiedad de la tierra parecían cada vez más solicitados por temor de perderse algo importante. A medida que más personas solicitaban títulos de propiedad, más personas sin título sentían la necesidad de obtener uno.

Esto no sorprende. No hace falta ser una persona entendida en la materia para apreciar que, en un contexto de conflicto histórico por las reformas agrarias, los títulos de propiedad se han convertido en un símbolo de justicia. Simbolizan la reparación por parte del Estado de los daños a los campesinos sin tierra, que durante décadas han tratado de ganarse la vida sin apoyo estatal y muchas veces han recurrido a las FARC, entre otros grupos armados, para presionar al Estado para que redistribuya la tierra de manera más equitativa. Los títulos de propiedad atraen la presencia del Estado e indican el fin del conflicto. Y los títulos en zonas antes controladas por las FARC invitan a la gente a adherir al Estado de derecho.

Pero querer, o incluso merecer, un título no es lo mismo que necesitarlo para acceder a un préstamo. Los agricultores aún no percibían los títulos de propiedad de la tierra como esenciales para pedir dinero prestado. Existían numerosas fuentes de crédito disponibles para los agricultores que carecían de títulos de propiedad. Además de las empresas de crédito privadas (p. ej., Contactar), organizaciones benéficas (p. ej., Fundación Mundo Mujer) y asociaciones agrícolas prestan dinero a los agricultores para invertir en sus tierras. Quizás lo más sorprendente es que incluso el Banco Agrario de Colombia otorgó pequeños créditos a agricultores con una posesión informal de la tierra. En general, existía la sensación de que la titulación de tierras en sí misma generaba una nueva cultura en que los bancos solicitaban los títulos de propiedad como requisito previo para las solicitudes de préstamos.

Sin lugar a dudas, los agricultores de Cauca, Nariño y Putumayo consideraron que los títulos de propiedad de la tierra eran esenciales ahora para acceder a préstamos bancarios mayores de los que podrían obtener como propietarios informales de tierras, como explicó este agricultor: “[antes de tener titulo] saque un crédito [de doce millones de pesos] al Banco Agrario, saque un crédito en el cual, con ese crédito me puse a sembrar pimienta… el Banco Agrario, si tú tienes ehhh, solo una compraventa no te presta más de doce millones de pesos, y si ya tú tienes formalizada ya tu tierra, tienes un título y tienes  una escritura… puedes hipotecar tu tierra te prestan más…[con un titulo] a mí me pueden prestar hasta cincuenta millones” (Pedro, 42 años).

Activos de la tierra no considerados aptos como garantía ni para grandes inversiones

Pero los agricultores no querían pedir préstamos mayores solo porque podían. Aproximadamente la mitad de los campesinos que entrevisté no tenían la intención de pedir crédito una vez que obtuvieran el título de propiedad de la tierra. Consideraban que ser aptos para obtener préstamos mayores ya era un fin en sí mismo, y la posesión del título de propiedad de alguna manera facilitaría la venta de la tierra si en el futuro quisieran vender. Pero en su mayoría no tenían interés en solicitar mayores préstamos bancarios, como lo describió Arturo. A aquel agricultor de 55 años, le ofrecieron un título de propiedad gratis, como a muchos otros de su zona. Dijo que nunca tuvo problemas relacionados con la tierra ni tuvo que defender su derecho a la tierra ante vecinos u otras personas. Pero se alegró de conseguir el título, aunque todavía le debía dinero al propietario, que también vivia en la zona. Arturo sentía que el título le ayudaba a acceder al crédito, pero sin embargo aun no habia querido conseguir un préstamo porque preferiría no entrar en deuda.

Tierra árida en una vereda de Mercaderes, Cauca

Los agricultores eran reacios a contraer deudas a largo plazo, por distintos motivos. A veces vivían en tierras menos fértiles y no tenían la seguridad de poder convertir los préstamos en ganancias, como una entrevistada me lo contó. Ella vivía en tal incertidumbre con respecto al empleo y el agua que sentia que no podía darse el lujo de sacar un crédito. Todo ingreso que tenía se destinaba a la educación de sus hijos. Me contaba, “No [he sacado un crédito] porque es muy duro para uno sacar un crédito, yo le temo, las deudas no me gustan. Uno a veces se mira a gatas con la situación, que a veces el marido tiene trabajo a veces no tiene, entonces y uno con hijos estudiando tiene que estar, cualquier pesito corra….Mmm, yo tengo tres hijos entonces me queda duro” (Mirta M, 42 años). A veces, los campesinos eran mayores y, por lo tanto, menos dispuestos a correr el riesgo de tener que saldar un préstamo dada su menor esperanza de vida. En algunos casos tuvieron malas experiencias con usureros y prestamistas informales y preferían evitar endeudarse. Y algunos temían que si usaban como garantía su tierra, a menudo su única posesión, se la quitaran, como fue la experiencia de otro agricultor. Sabalon, 60 años, se endeudó mucho porque usó gran parte de su crédito para pagar su atención médica y para la educación universitaria de sus hijas. Ahora ellas viven en Pasto, una es contadora y la otra empresaria, pero está desempleada. Y el año anterior, Sabalon había tenido que vender su terreno para pagar las deudas.

Hubo una revelación interesante sobre la otra mitad que sí quería tener títulos de propiedad para conseguir préstamos mayores. Estos tendían a estar en una buena posición para invertir en cosas que no fueran para su consumo inmediato. Habían acumulado mejores y mayores posesiones de tierra, a menudo con ahorros obtenidos de la época en que cultivaban coca. O vivían en lugares bien adaptados a las alternativas lícitas a la coca, entre ellos sitios próximos a infraestructura vial, o en zonas aptas.

Vivienda de un acaudalado exagricultor de coca en Putumayo.

Por ejemplo, en Esperanzas del Mayo, Mercaderes, los agricultores tenían acceso a suelo seco y estaban cerca de la carretera, por lo que tenían la certeza de que los préstamos les ayudarían a cultivar limoneros rentables. En Linares, Nariño, donde anteriormente hubo una gran inversión en máquinas fresadoras, los cultivadores cercanos a la carretera querían préstamos para plantar caña de azúcar. En Santiago de la Selva, donde hubo inversión privada en infraestructura de transporte y almacenamiento, todos los campesinos tenían interés en comprar vacas lecheras con sus préstamos y creían que eso les permitiría ganarse la vida.

En otros sitios, como Balboa, en Cauca, y Los Andes, en Nariño, los agricultores esperaban que los préstamos les dieran la rentabilidad necesaria a sus plantaciones de café para poder subsistir, pero algunos todavía albergaban dudas, como señaló Fernando, un campesino de 48 años. El contaba que en su vereda, la producción de café era costosa. Decía que es “muy duro para sembrar café porque… primero que todo los abonos son muy caros para sembrar café, en este momento un bultico de abono vale 110, 120, [unos 34,50 dólares] más que una arrobita de café vale $70.000 pesos [unos 22 dólares], entonces para uno comprarse dos bultos de abono tiene que meterlo casi lo de tres arrobas de café, entonces por eso pues, yo tenía la tierrita y la vendí, la herencia que mi papá me dejó y yo cogí y vendí un poco hace poquito para yo trabajar así, tengo por acá abajo una cafeterita y otra para arriba…más alto, pero poquitos, tengo por ahi unos 2000 palitos no más”. Asi que Fernando sacó un préstamo y tuvo que vender algunas parcelas de tierra porque el precio del café es demasiado bajo para pagar los insumos de producción. Contaba que estaba perdiendo el ánimo como productor de café y si el precio del café no subía, tendría que encontrar otra forma de pagar el préstamo, probablemente con insumos de hoja de coca. “Digamos en este momento una arroba de coca puede valer $15.000, hay pelaos que se cogen 15, 20 arrobas [al dia], entonces dicen no, pues quien se pone así a ganar, pues por aquí vale un día $15.000, $18.000 pesos … pues cuando café si se camella”.

Sin embargo, numerosos agricultores tenían una serie de prioridades muy distintas sobre la manera de gastar el dinero. Cerca de dos tercios de quienes sí habían sacado créditos oficiales usando su tierra como garantía, o que tenían la intención de hacerlo, no querían el préstamo para invertir en su tierra. En cambio, pretendían gastar ese dinero en mejoras de la casa, alimentos, atención médica o la educación de sus hijos. En algunos casos trágicos, los campesinos optaron por invertir sus ingresos disponibles, así como los préstamos, en pirámides financieras fraudulentas.

Ahora bien, esto plantea una presunción clave que albergamos sobre el uso de la titulación de tierras para facilitar el Desarrollo Alternativo. La agricultura no siempre es considerada la forma de inversión más productiva en algunas de estas comunidades productoras de coca en el pasado. Los agricultores identificaron muchos motivos. Los más evidentes son las macrobarreras a las formas alternativas de comercio y agricultura, entre ellas la ubicación geográfica remota y la infraestructura marginal. El clima y la calidad del suelo son considerados inadecuados para las alternativas lícitas. En parte, los campesinos lo explican por los cambios climáticos, por la erosión resultante de la producción intensiva de coca y la fumigación con glifosato. De hecho, el efecto de los aditivos y tensoactivos en el suelo está bien documentado.26 La mayoría de estos campesinos poseían menos de dos hectáreas de tierra que labraron para cultivar coca pero no para competir con la agroindustria.27

Una persona camina por un camino de tierra en una vereda de Putumayo donde se cultivó coca en el pasado.

Los agricultores también se quejaron de que los costos de producción de todo lo que no fuera agricultura de subsistencia eran demasiado altos. Esto se debe en parte al incremento del costo de los alimentos y de los jornaleros, y a una mayor necesidad de pesticidas para fertilizar la tierra. Según los entrevistados, muchas personas abandonaron el campo y se mudaron a zonas urbanas desde la época de bonanza de la coca, por lo que había menos agricultores en la vuelta. Un dato interesante que surgió de las entrevistas fue cuánto más pequeñas se habían vuelto las familias en apenas una generación, lo que posiblemente se sumó a una mayor demanda de jornaleros para ayudar a trabajar la tierra. Y, por último, los campesinos hablaron de factores de riesgo de inversión comunes, como la incertidumbre en los precios de los cultivos, el efecto del contrabando de productos agrícolas y problemas de salud, como forma de explicar por qué era mal negocio invertir préstamos en sus tierras.

Por lo tanto, para aquellos que carecen de otra cosa que la agricultura de subsistencia como alternativa más realista a la plantación de coca, no tiene sentido invertir en la tierra con un préstamo. En lugar de liberar dinero para que los cultivadores de coca prosperen como agricultores de alternativas lícitas, los créditos otorgados en base a la titulación pueden usarse para el consumo. Y, de manera alarmante, en lugar de aumentar los ingresos de los agricultores, pueden exponerlos a una deuda que algunos no podrán pagar.

Dependencia constante de los cultivos de drogas

Este punto me lleva al último resultado: es posible que los títulos de propiedad de la tierra no reduzcan la dependencia que tienen los agricultores de los ingresos derivados de la coca y, en el peor de los casos, pueden contribuir a perpetuarla. Para conseguir dinero rápido y fácil, la coca sigue siendo la opción preferida por muchos. Como se mencionó anteriormente, los campesinos sienten aversión a la deuda por numerosos motivos. Y la hoja de coca es una forma rápida de complementar sus ingresos, pagar la educación de sus hijos o saldar sus deudas. Así, algunos cultivadores, incluso con títulos de propiedad, expresaron abiertamente su decisión, o intención, de volver a la producción de drogas ilícitas. Un agricultor y padre de dos niños me dijo que las oportunidades agrícolas cerca a su casa son escasas y como jornalero, le pagan de 15 mil a 20 mil pesos [de 4,8 a 6,3 dólares] diarios, mientras que como raspachín gana entre 100 mil y 120 mil pesos [de 31,8 a 38,2 dólares] por día. Y aún con cultivos propios, dijo: “Lo que me da la caña me dejará por ahi, por ahi unos 300 [mil pesos] mensuales me dará ¿no? Por unos 6 meses porque ahí pa allá después de que usted corte tiene que esperar un año para que eso se levante pa volverlo a hacer el proceso y entonces por eso me toca ir por allá [a rapar coca]….Cada 15, vengo estoy una semana y me voy otra vez [a raspar coca]… Porque mis gastos son, así y eso que uno es pobre sinceramente y uno se gasta 800 [mil pesos] mensuales, y eso no me los voy a ganar, si lo que yo tengo [café y caña de azúcar] no me da nada, me daba algo muy poco. Entonces yo tengo que irme por allá….la gente del campo va por allá [a raspar coca] por necesidad, no por nada más”. Me explicó que producir una arroba de panela cuesta 17 mil pesos [unos 5,4 dólares] y se vende a 35 mil pesos [11 dólares] y lleva todo un año procesar esa arroba, por lo que no vale la pena el esfuerzo cuando “la coca le digo que se da en un montón de piedras” (Meregildo, 38 años).

Sin las plantaciones de coca, a algunos agricultores no les alcanzaba para ganarse la vida solo con la tierra, por lo que complementaban su nueva ocupación lícita en la zona con ganancias obtenidas de la coca en otros lugares. Hortencia, 45 años, agricultora y madre cabeza de familia, me comentó que los cultivos de coca continúan siendo su principal fuente de ingresos. Se gasta alrededor de 50 000 pesos [unos 16 dólares] por semana. Y aunque solía tener un empleo en un restaurante local, cuando su vereda abandonó la producción de coca, el negocio también quebró. Entonces, decidió intentar vender yogur localmente, pero no da abasto y su fuente principal de ingreso desde entonces ha sido trabajando como raspachina.

Los cultivadores que decidieron reanudar su trabajo con la coca lo hacían labrando sus propias plantaciones en otro lugar o trabajando como raspachines. Al cultivar la coca lejos de sus hogares protegían sus cultivos alimentarios de posibles fumigaciones aéreas con glifosato y reducían el riesgo de que la violencia derivada de los grupos armados se acercara a sus hogares. Trabajar como raspachines implicaba una ocupación de menor riesgo económico porque ofrecía un salario diario y no requería inversión, pero también pagaba menos dinero, era un trabajo más arduo e implicaba traslados arriesgados.

A menudo, los más jóvenes preferían la última opción, como confirmó  Carmen, 43 años. Esta campesina me cuentó que los que se quedan en la vereda sienten una fuerte tentación de volver a sembrar coca, y unas cinco o seis personas que ella conoce, ya lo hacen. Según Carmen, cerca de 20 jóvenes siguen trabajando como raspachines y empleadas domésticas en empleos temporales. Uno de sus hijos sacó algunos préstamos y tiene un pequeño cibercafé. El otro trabaja en un supermercado. Cada dos o tres meses van a recolectar coca para ganar algo de dinero extra y pagar los préstamos. Me cuentó que no siempre es la gente de su vereda la que sale a buscar trabajo como cocaleros sino que hay personas que vienen en busca de trabajadores para sus plantaciones de coca.

Zonas remotas de Nariño donde los agricultores cultivan coca lejos de sus hogares.

Se ha calculado que el 0,6 % de los agricultores que reciben subsidios con fines de Desarrollo Alternativo retoman su trabajo con la coca.28 Yo sugeriría que esta cifra subestima el número de campesinos dedicados a esa tarea, ya que se recaba de quienes son “atrapados” trabajando con cultivos ilícitos, y no de quienes consideran volver a cultivar coca o que no son “atrapados” haciéndolo.

El punto es que una fracción de los agricultores que entrevisté admitieron que habían saldado sus préstamos basados en títulos de propiedad con los ingresos de la coca, como se reconoció expresamente Hipólito, 72 años. Me relató que el INCORA [antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria] hacia muchos anos le había ofrecido un título de propiedad con el que pudo acceder a un préstamo del Banco Mundial para comprar 14 cabezas de ganado vacuno y un toro. Dijo que era lo único para lo que prestaban dinero. Pero luego comenzó a sembrar coca en tres hectáreas de su tierra y con eso paguó el préstamo rápidamente. 

Como se analizó anteriormente, el propósito de los títulos de propiedad para el Desarrollo Alternativo es ofrecer a los agricultores acceso a préstamos mayores para que puedan prosperar con sustitutos lícitos de la coca en sus tierras. Pero a veces los créditos no funcionan según lo previsto. Por lo tanto, no debería sorprender que, si los campesinos a quienes les ofrecen títulos de propiedad los usan para sacar préstamos mayores y aun así no prosperan en sus inversiones, simplemente acumularán mayores deudas. A los agricultores en esta situación les esperan dos resultados. O se declaran en bancarrota o buscan una ocupación más rentable para saldar sus préstamos. Para muchos, la segunda opción implica retomar su trabajo cultivando coca en otros lugares.

¿Por qué es importante esta investigación? A nivel práctico, este estudio presenta una falla en la lógica de la titulación de tierras para el Desarrollo Alternativo. No hay atajos hacia el desarrollo. Los títulos de propiedad de la tierra no reempl4) Iemand die met zichzelf ingenomen iazan la inversión a largo plazo en la infraestructura local de las zonas donde la coca es el cultivo más rentable. Este punto se planteó en otros estudios que argumentan que la elegibilidad para los préstamos bancarios no supera las barreras estructurales del desarrollo económico.29

Terreno en Putumayo donde antes se cultivaba coca y donde persisten importantes barreras para que los campesinos accedan al mercado.

En un nivel más teórico, este estudio plantea interrogantes sobre el argumento de De Soto referido a que los derechos de propiedad formales y, en consecuencia, la economía formal, son una panacea para la pobreza. Por un lado, los derechos de propiedad informales son muy eficaces para el crecimiento de la economía local.30 Por otro lado, la deuda formal no elimina la pobreza. Este estudio destaca lo problemático que es basar una política en esa idea. La mercantilización de la tierra para cumplir con la economía crediticia y el intento de superar la pobreza mediante préstamos privados implican que los agricultores, en lugar del Estado, asuman el costo de la tierra improductiva. Los subsidios estatales destinados al medio rural o los programas de macroinversión pueden ser una forma más estratégica de distribuir ese costo de manera más equitativa.

Podría decirse que, en el contexto de las zonas rurales desfavorecidas de Colombia, donde es habitual que los campesinos recurran al crédito para mantenerse entre cosecha y cosecha, poner a su disposición mayores préstamos bancarios mediante títulos de propiedad incluso podría favorecer los intereses de los prestamistas hipotecarios en lugar de los prestatarios, como ha sugerido Bromley (2008) en otros contextos. La medida en que los bancos pueden beneficiarse con los cultivos de coca es un ámbito que requiere más investigación. Como ha demostrado este estudio, algunos agricultores eligen saldar sus préstamos de esa manera.

Mis observaciones arrojan luz sobre la situación de los cultivadores de coca que vivían en veredas donde los agricultores no se vieron obligados a comenzar a cultivar coca (o a continuar haciéndolo) por parte de grupos fuera de la ley, y donde la titulación de tierras se había ofrecido específicamente como un incentivo de Desarrollo Alternativo. Como toda investigación cualitativa, toda generalización a partir de las observaciones que aquí se presentan corresponde a quien lee.31 Este estudio no se propuso ser estadísticamente representativo, porque una investigación con un grupo reducido de participantes nunca puede serlo.32 Mi investigación no representa a los municipios en su conjunto y evidentemente no puede generalizarse para representar la experiencia de las comunidades afrodescendientes e indígenas de Colombia, que tienen sistemas de derechos de propiedad comunal.

Pero este estudio revela que el valor de los títulos de propiedad de la tierra puede ser más simbólico que financiero. Solo alrededor de la mitad de los agricultores entrevistados querían un título para acceder a préstamos mayores, y solo algunos de ellos pudieron convertirlo en ganancia. Contrario a la lógica, la titulación de la tierra no se excluye mutuamente con la participación de los agricultores en el tráfico de drogas ilícitas. Esto demuestra que en algunas zonas de Colombia, poseer título de propiedad y acceder a préstamos mayores no cambia las reglas del juego para los cultivadores de coca.

¿Cuáles son las repercusiones de este estudio para las autoridades políticas? En un país donde los agricultores rurales han exigido, durante décadas, una forma más igualitaria de distribución de la tierra, la concesión de la propiedad formal por parte del Estado a los campesinos sin tierra es sin duda un triunfo. Sería una ceguera política descartar de plano la titulación de tierras por el inmenso valor simbólico que posee. Sin embargo, la titulación no resuelve la producción de drogas ilícitas y, lo que es más, corre el riesgo de contribuir al “efecto globo” de la producción de esas drogas. Difundir los conocimientos técnicos sobre el cultivo de coca en lugares nuevos e intensificarlos en otros puede exacerbar el problema a largo plazo. En sitios vulnerables, puede dificultar que los agricultores abandonen el cultivo de la hoja de coca.

Si el objetivo de la titulación de tierras es estimular el Desarrollo Alternativo, entonces se necesita una estrategia más refinada. Un paso sensato en este sentido podría ser que las autoridades eviten exagerar la importancia que tienen los préstamos en sus esfuerzos por despertar el interés de los agricultores de coca en solicitar los títulos de propiedad. Alentar a los agricultores a obtener créditos siendo improbable que estos mejoren la productividad de sus tierras solo frustrará sus esperanzas y minará la credibilidad de los programas de Desarrollo Alternativo. Esta es una lección que hemos aprendido de los programas de microfinanzas en África.33 Las autoridades que tengan interés en continuar con la titulación de tierras para el Desarrollo Alternativo, quizás consideren dejarles en claro a los agricultores con títulos de propiedad que no se les quitarán sus tierras si no logran hacer ganancias. Esto ayudaría a reducir la presión sobre los campesinos para sumarse al comercio de drogas ilícitas en otros sitios con el fin de saldar sus deudas.