El movimiento 20 de Febrero en Marruecos

El 20 de febrero de 2011, por primera vez en la historia, Marruecos fue testigo del nacimiento de un movimiento de masas cuyas demandas políticas incluían la reforma del sistema político del país. El hecho de que su eslogan principal se refería a “derrocar la corrupción y la tiranía” permitió a escritores liberales reducir el alcance político del movimiento a una protesta contra estructuras externas a la lógica del mercado, ocultando así las causas socioeconómicas del levantamiento. Simultáneamente a las protestas del movimiento surgieron luchas sociales, la más destacada de ellas fue la lucha de los pequeños productores de remolacha azucarera en la región de Dukkala (Sidi Bennour) y la lucha de los desempleados de la Meseta de Fosfato (Juribga), además de los movimientos contra el desempleo en Rabat y las huelgas que se organizaron en todo el país. Sin embargo, debido a la falta de convergencia entre estas luchas sociales y el movimiento político, el régimen pudo capear la tormenta revolucionaria que azotaba a la región. No obstante, el gran logro del movimiento 20 de Febrero (y de la ola revolucionaria) fue cambiar el ánimo de las masas. Se dieron cuenta de que los tiranos no permanecen en el poder para siempre, algo que en diferente medida dio impulso a las protestas laborales, populares y juveniles posteriores a 2011.

Lo ocurrido en 2011 fue el resultado de relaciones sociales y políticas específicas entre las diferentes clases y el Estado. En particular, estas dinámicas marcaron la división entre los terratenientes y las clases populares. Las políticas neoliberales aplicadas en Marruecos desde la década de 1980 –a través del Programa de Ajuste Estructural y la ola de privatizaciones– beneficiaron a la burguesía y a los terratenientes, permitiéndoles expropiar una gran parte de la riqueza nacional. Al mismo tiempo, la burguesía agrícola y los latifundistas aumentaron su posesión de tierra a medida que disminuyó la propiedad del Estado y la agricultura de subsistencia se deterioró.¹

Adam Hanieh ha observado que “[en 2004] el 70 por ciento de los productores rurales pasaron a ser propietarios de tan solo el 24 por ciento de la tierra, a un promedio de menos de 5 hectáreas por finca, mientras que menos del 1 por ciento de los agricultores controlaba el 15 por ciento de la tierra, con más de 50 hectáreas cada uno”².

Desde el punto de vista político, la monarquía logró reconvertir a la oposición y garantizar que la transición de poder de Hasán II a Mohamed VI en 1999 transcurriera sin complicaciones. La cooperación entre una parte importante de la oposición liberal y los sindicalistas burócratas garantizó la paz social para la monarquía, y se firmó un “acuerdo social” en agosto de 1996.

Durante la transición neoliberal los jefes se convirtieron en actores políticos por derecho propio, ya sea mediante asociaciones de profesionales o a través de su participación directa en instituciones representativas. Los jefes reformularon su papel en este período, mediante la creación de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) el 16 de abril de 1995.

La transición neoliberal transformó el sistema de gobierno, que pasó de la monarquía de Hasán II –erigida sobre una base social de grandes terratenientes y notables rurales, en que la corrupción generalizada era una de las formas de acumulación de capital privado– a la monarquía de Mohamed VI, basada en capitalistas de gran escala, que actúan en connivencia con el capital imperial y del Golfo.

A finales del siglo XX, 40 años de opresión habían provocado la devastación política y económica de las zonas rurales de Marruecos. Tras la derrota del Ejército de Liberación Nacional en 1958, los pequeños agricultores quedaron sin voz en medio de la hegemonía de notables rurales, el Ministerio del Interior y la Gendarmería Real de Marruecos.

De modo similar, la clase trabajadora marroquí era (y sigue siendo) una no entidad política, surgió tras decenios de Gobierno de Hasán II y carece de estructura política propia; la burguesía nacionalista había tenido control exclusivo de la lucha por la independencia; y el Partido Comunista de Marruecos, que se había negado a reclamar la independencia, posteriormente se transformó en un partido liberal a favor de la monarquía (actualmente se denomina Partido del Progreso y el Socialismo).

En la década de 1960, mientras estaba en conflicto con el sector de izquierda del movimiento nacional, la monarquía intentó asegurar la armonía social mediante la movilización de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Marruecos (UMT), ayudando así a enriquecerlos. A finales de la década de 1970, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) recuperó una parte del movimiento sindical y creó su propio sindicato, la Confederación Democrática del Trabajo (CDT). La Unión Socialista de Fuerzas Populares utilizó a la CDT para entrar en conflicto con la monarquía, logrando así reformas constitucionales y la obtención de una porción del poder.

Los ataques neoliberales ocurridos a partir de la década de 1980 debilitaron a la clase trabajadora, desmantelaron sus bastiones tradicionales y disminuyeron el número de trabajadores en instituciones públicas como consecuencia de la privatización. Sumado a ello, el neoliberalismo debilitó y flexibilizó las relaciones laborales mediante contratos de tiempo determinado, externalización, subcontratación y contratos de pasantías semi pagas –aprobados oficialmente en el Código del Trabajo de 2003.

El movimiento sindical perdió sus afiliados estables: sus dirigentes comenzaron a depender cada vez más del Estado y a formar parte de sus instituciones, como la Cámara de Consejeros, las comisiones reales, los consejos constituyentes, entre otros. Los dirigentes sindicales internalizaron la lógica de la inevitabilidad en la que se basa el neoliberalismo, haciendo todo lo posible para eliminar la resistencia de los trabajadores e impedir la amenaza de un levantamiento.

A comienzos del siglo XXI se produjo una despolitización de la lucha popular y obrera, mediante la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano en 2005. Esta iniciativa –que es parte de la estrategia del Banco Mundial, creada a mediados de la década de 1990, para combatir la pobreza– intentaba dar un rostro social al neoliberalismo, mientras impedía toda forma de resistencia a las políticas neoliberales. La iniciativa, que implicaba establecer decenas de miles de asociaciones de desarrollo en poblados y ciudades, aumentó la popularidad de la monarquía. Estas asociaciones fueron la base del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), creado a mediados de 2008 por Fouad Alí Himma, un amigo del rey y ex ministro de Estado del Ministerio del Interior.

Ese era el contexto del equilibrio de poder cuando Mohamed Bouazizi se inmoló en Túnez en diciembre de 2010, iniciando una conflagración regional. Sin embargo, en Marruecos las llamas encendieron la mecha de una bomba social y política que antes se había desactivado.

El movimiento de masas del 20 de febrero duró apenas un año. Sus primeras manifestaciones estallaron el 20 de febrero de 2011. La monarquía llevó a cabo un referéndum constitucional el 1 de julio de 2011 y se celebraron elecciones en noviembre de ese año. Con la creación de un gobierno simbólico el 3 de enero de 2011, dirigido por el partido islamista Justicia y Desarrollo, el movimiento se evaporó y se dividió en grupos de individuos aislados, convirtiéndose en un simple aniversario que se conmemora cada año.

En este sentido, el impulso político en Marruecos se había detenido hacía tiempo cuando la contrarrevolución resultó vencedora en otras partes de la región árabe en marzo de 2013, especialmente con la guerra civil en Siria y el golpe de al Sisi en Egipto.

Como se ha afirmado, la victoria de la monarquía ante el movimiento 20 de Febrero suele atribuirse a la rápida respuesta de Mohamed VI a sus demandas, en su discurso del 9 de marzo de 2011¹⁰. Sin embargo, esta afirmación tergiversa la realidad. De hecho, el régimen oprimió al movimiento de protesta desde un comienzo. El 20 de febrero, se hallaron los cadáveres carbonizados de 5 manifestantes en una sucursal del Banque Populaire en el centro de la ciudad de Alhucemas. Karim Chaib murió en Sefrú por torturas infligidas por la policía. El 20 de junio, el activista Kamal Ammari también murió por torturas policiales en Safí, al igual que Mohamed Boudroua (un activista desempleado) y Kalam al Hassani (un activista de una asociación de desempleados del Rif) el 14 y el 27 de octubre, respectivamente.

Apenas un día después del estallido de las protestas, el rey Mohamed VI rechazó el reclamo del movimiento de una reforma constitucional, refiriéndose a sus demandas como “demagogia”. Una semana más tarde, recurrió a una medida que rara vez ha sido reconocida: hizo que su asesor Mohamed Motassim se reuniera con dirigentes sindicales en su domicilio el 27 de febrero. Esta reunión aisló al movimiento sindical del Movimiento 20 de Febrero. En referencia a ello, Touria Lahrach, dirigente de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), dijo al programa Medi1 el 23 de octubre de 2014: “Si no tuviéramos ningún sentido de ciudadanía, habríamos salido a las calles con los manifestantes el 20 de febrero. En cambio, como sindicalistas, nos sentamos en la mesa de negociación y firmamos un acuerdo el 26 de abril”¹¹. La monarquía y los dirigentes sindicales habían aprendido la lección de la experiencia de Túnez, donde la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) había apoyado la revolución; por lo tanto, aunaron esfuerzos para evitar que eso ocurriera en Marruecos.

Posteriormente, el Estado realizó una serie de concesiones que habrían sido inimaginables si las llamas de la revolución no se hubieran estado propagando en la región en ese momento. El gasto público aumentó un 15,9 por ciento en 2011, mientras el Estado adoptó la medida de emplear a más de 4.000 diplomados universitarios y decidió hacer la vista gorda a la construcción sin obtención de permisos y a la “invasión” de vendedores ambulantes. 

El rey también solicitó ayuda financiera y alivio de la deuda para 200.000 productores agrícolas. El 26 de abril de 2011 afirmó: “No importa cuán elevado sea el costo financiero de estas medidas, nuestro principal objetivo es priorizar a los pequeños agricultores en el desarrollo humano y rural”¹². Ello no puso de manifiesto a una monarquía de algún modo arraigada en la consciencia marroquí, sino un conflicto en el cual la monarquía tuvo que realizar concesiones para detener al movimiento de protesta.

Tras separar al movimiento de su presunta base social, el rey centró su atención en la “batalla constitucional”. En su discurso de 9 de marzo de 2011 no afirmó responder a los reclamos del Movimiento 20 de Febrero, sino que presentó estas medidas como una consolidación sistemática de las “victorias institucionales” anteriores y como una mejora del “modelo de desarrollo democrático”.

La monarquía aprobó la nueva constitución utilizando los métodos habituales de movilización e intervención del Ministerio del Interior y el Ministerio de Habices y Asuntos Islámicos, y mediante la represión de las manifestaciones del Movimiento 20 de Febrero contra la constitución. Se celebraron elecciones legislativas en noviembre de 2011, en las que el partido islamista Justicia y Desarrollo estableció un gobierno (simbólico). Es así que la monarquía pudo afirmar que había respondido a las demandas populares, mientras cedía ante la estrategia de los Estados Unidos respecto de las revoluciones en la región, que se basaba en una “transición democrática sin complicaciones” e incluía a los islamistas en la repartición del poder.  

Muchos responsabilizaron a la población marroquí de este giro en los acontecimientos, dado que la ciudadanía votó al partido Justicia y Desarrollo. Sin embargo, más allá de los porcentajes de votación y el modo en que se calculan, las elecciones son un mecanismo central de los contextos pre revolucionario y revolucionario. Cuando las masas despiertan y abren los ojos a la vida política en una situación de prolongado retraso político y ausencia de una fuerza revolucionaria, buscan una fórmula política sencilla que exprese directamente sus aspiraciones mediante la superioridad numérica. Algunos sectores de las masas creyeron las promesas del partido Justicia y Desarrollo sobre una “reforma en la estabilidad” y “combatir la corrupción”. Al emitir sus votos a favor del partido, intentaron castigar a los partidos que habían estado antes en el poder.

En última instancia, el Movimiento 20 de Febrero puso fin a una prolongada era política caracterizada por la polarización entre la monarquía y los partidos que surgieron del movimiento burgués nacional en la década de 1960. El poder electoral de este último disminuyó –especialmente el de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP)– y la izquierda radical se vio debilitada. En este contexto, se estableció una nueva forma de polarización entre la monarquía y el Islam político. Sin embargo, al igual que en el primer caso, esa polarización no reflejó (ni refleja) un conflicto de clases, sino más bien una rivalidad política basada en una dinámica de clase similar. Esta dinámica consiste en hallar la mejor vía para asegurar el buen funcionamiento del capitalismo y la subordinación de las clases populares. En este contexto, era predecible que todo levantamiento revolucionario se enfrentaría a movimientos que representan al Islam político, movimientos que estarían preparados para cooptar políticamente el levantamiento, como ocurrió en Egipto y Túnez en 2011.

En 2011, Mohamed VI nombró una comisión que se encargaría de proponer y establecer los límites de toda enmienda constitucional. Ruqayyah Moussaddaq, catedrática de ciencia política y derecho constitucional de la Universidad Mohamed V en Rabat ha ofrecido uno de los análisis más agudos de la Constitución de 2011, al describirla como una “constitución discrecional” y afirmar que “La nueva constitución es un retroceso en nuestra trayectoria política y constitucional”¹³. En virtud de la Constitución de 2011, la autoridad del rey no está sometida a la constitución, sino a su propio poder discrecional; por lo tanto, puede otorgarse a sí mismo autoridad para modificar la constitución sin celebrar un referéndum (artículo 174 de la Constitución).

Sin embargo, mientras Moussaddaq se centra en los aspectos formales de la constitución, en su conclusión pierde de vista las repercusiones económicas o de clase. La Constitución de 2011 preserva el poder económico de la monarquía y otorga al rey la facultad exclusiva de nombrar empresas e instituciones “estratégicas” y a sus directores. El gabinete ministerial, liderado por el rey, tiene la facultad de determinar el “enfoque estratégico de la política del Estado”. Los discursos del rey tienen fuerza legislativa vinculante, pero no así el programa de Gobierno.

El artículo 35 de la nueva constitución estipula que la propiedad privada, la iniciativa empresarial y la libre competencia están asegurados. Tras años de aplicar políticas neoliberales, la monarquía utilizó las reformas constitucionales para afianzar las medidas de austeridad en la constitución (artículo 77).

Además, el Estado también puso en práctica los reclamos de los patrones respecto de las políticas impositivas: la carga tributaria disminuyó, especialmente mediante el principal impuesto a las ganancias empresariales, que se redujo de un promedio del 30 al 10 por ciento, y se aplica al 79 por ciento de las empresas sujetas a impuestos. Una vez más, el Gobierno cumplió en gran medida los deseos de los empresarios y los directores generales¹⁴.

Para financiar el déficit presupuestario –que se debe, en parte, al tratamiento fiscal favorable otorgado a la directiva empresarial– el Estado se endeudó aún más. El siguiente cuadro resume la relación entre la deuda y el PIB entre 2012 y 2016:¹⁵

Esta dinámica provocó una intensificación del ataque neoliberal contra los servicios públicos y la clase trabajadora. A finales de 2011, el Estado demolió miles de asentamientos clandestinos y retiró a los vendedores ambulantes de los espacios públicos de Marruecos. En 2012, el jefe de Gobierno, Abdelilah Benkirán, se negó a implementar un decreto sobre la contratación de diplomados universitarios desempleados, firmado el 20 de julio de 2011 por el ex primer ministro Abbas el Fassi. En 2016, se redujeron los gastos del fondo social en alrededor de 15.000 millones de dírhams (aproximadamente 1.300 millones de euros). 

Como parte de este proyecto de “reforma del servicio público”, y como consecuencia de la presión del Banco Mundial, desde 2013 el Estado ha aplicado una lógica de austeridad neoliberal –basada en la proliferación de contratos de trabajo de duración determinada, la eliminación de empleos en el sector público, la reducción de salarios y la reforma de los planes de jubilaciones. El objetivo último es reproducir las relaciones laborales del sector privado en el sector público.

Estas políticas han suscitado luchas sociales y laborales, pero el Estado, en cooperación con las burocracias sindicales y la burguesía, ha logrado frenar esas luchas mediante concesiones parciales, que no hacen nada para detener el ataque neoliberal. Estas concesiones no solo han sido temporales, sino que además se han revertido fácilmente mediante medidas correctivas del Estado. En ese contexto, se han socavado algunas de las libertades conquistadas. Por ejemplo, el Código de Prensa y Publicación, aprobado el 10 de agosto de 2016, dio lugar a que se entablaran un gran número de juicios basados en publicaciones en las redes sociales. Se arrestó a periodistas sobre la base de acusaciones falsas (entre ellos Taoufiq Bouachrine, Souleiman Raissouni y Omar Radi), se reprimió a los movimientos del Rif y Yerada (2017-2018) y se condenó a sus manifestantes a penas de prisión prolongadas. Además, la fuerza policial mató a un manifestante, Imad Attabi, en Alhucemas en julio de 2017 y a Abdellah Hajili, otro manifestante durante una protesta en oposición a los contratos de corta duración en mayo de 2019. Mientras tanto, se está por ratificar una ley que restringiría el derecho de huelga de la clase trabajadora. 

La lucha popular no se detuvo con el Movimiento 20 de Febrero. Continuaron los enfrentamientos, en los cuales la Asociación Nacional de Diplomados en Paro desempeñó un papel fundamental.

El Rif es una región única en Marruecos. Tras el Tratado del Protectorado de 1912, el Rif se anexó al poder colonial español, pero un movimiento de liberación encabezado por AbdelKrim al-Jattabi derrotó a España y sentó las bases de una república. El imperialismo español era muy retrógrada; dejó el Rif en las mismas condiciones que cuando ingresó. Tras la independencia de Marruecos en 1956, el Rif se volvió a anexar a una zona de Marruecos que había estado bajo el dominio francés y que estaba mucho más desarrollada. Los francos reemplazaron a los pesos y el Gobierno de Rabat reemplazó al Gobierno local. 

Ello provocó el levantamiento de 1958, que fue reprimido por el régimen con la ayuda del ejército y el lanzamiento de ataques aéreos. Un levantamiento ocurrido en 1984 fue reprimido de manera similar. La región permaneció marginada dentro de Marruecos y la población se vio obligada a recurrir al “micro contrabando” hacia los enclaves de Ceuta y Melilla en España, la emigración a Europa o el cultivo de cannabis. El aumento de las restricciones a la migración y la represión del contrabando a partir de 2011 desencadenaron una crisis en la región.

El momento álgido de la crisis ocurrió en octubre de 2016, cuando Mouhcine Fikri, un pescador, murió triturado cuando intentaba recuperar su pescado de un camión de basura, luego de que la policía lo confiscara y lo arrojara allí. Estallaron manifestaciones de inmediato en toda la región del Rif, que continuaron entrado el 2017 y culminaron como consecuencia de la represión el 20 de julio de ese año. Varios manifestantes fueron enjuiciados y condenados arbitrariamente, entre ellos, el líder del movimiento de protesta, Nasser Zefzafi, que recibió una pena de 20 años de prisión.

Los manifestantes del Rif reclamaban el desarrollo de la región (carreteras, atención de salud, educación), pero debido a su especificidad histórica, el movimiento también tenía repercusiones políticas específicas. A diferencia de otras luchas en Marruecos, que suelen estar dirigidas a las instituciones de la monarquía (el Gobierno, el Parlamento y los partidos políticos), el movimiento del Rif se enfrentó directamente a la monarquía, a la que responsabilizó de su situación. Los manifestantes no alzaron la bandera de Marruecos, sino que alzaron la bandera de la revolucionaria y anticolonial República del Rif. 

La monarquía marroquí se presenta como un modelo de estabilidad política en una región que se ha visto devastada por guerras civiles. De ese modo intenta aumentar los beneficios de su cooperación de largo plazo con el imperialismo –principalmente francés y estadounidense– y el sionismo.

En un informe de octubre de 2020, el Banco Mundial criticó la demora en establecer una zona de libre comercio en la región árabe. En referencia a la ocupación de Palestina y la cuestión del Sáhara Occidental, afirmó: “El conflicto israelí respecto de Cisjordania y Gaza, y las relaciones tensas entre Marruecos y Argelia, entre otros, impiden el desarrollo de un frente más unido entre los países de Oriente Medio y el Norte de África”¹⁶.

Con respecto al imperialismo mundial, Palestina y el Sáhara Occidental son cuestiones heredadas del período de luchas anticoloniales y regímenes “progresistas” de la Guerra Fría. Desde entonces, los cambios económicos y políticos en la región árabe y el continente africano han llevado al poder a regímenes y élites que se apartaron de las historias de liberación nacional de sus países y han cumplido con las instituciones internacionales y el capitalismo mundial. Estos regímenes, junto con el imperialismo global, empezaron a considerar que las cuestiones de Palestina y el Sáhara Occidental impedían la integración económica de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y la propia integración de la región con el capitalismo mundial.

El régimen marroquí es plenamente consciente del cambio radical del contexto. La monarquía se benefició de la crisis económica mundial de 2008 y se presentó al capital como “mediador” ejemplar capaz de operar en el continente. También se benefició de los levantamientos de 2011 en la región y ahora figura como un modelo de régimen políticamente estable que protege los intereses imperiales, como las preocupaciones con respecto a la migración clandestina y el terrorismo. De hecho, tras la pandemia de COVID19, la monarquía se beneficiará de la disminución de las cadenas de valor mundiales y su redistribución a nivel regional.

Además, la promoción por parte del régimen del discurso de “integridad territorial” y “soberanía” ahistórica, tanto a nivel interno como externo, procura mantener estas ganancias económicas e intereses políticos. Esta estrategia se pone de manifiesto en las maniobras del Estado con respecto al Sáhara Occidental, un tema central para la monarquía que además está en el núcleo de las transformaciones regionales. Con la caída del más férreo defensor de la República Saharaui, Muammar Gaddafi, y la propia crisis del régimen argelino, el régimen marroquí ha asumido una posición de liderazgo en el tema.

Durante casi diez años, la monarquía ha llevado a cabo una estrategia económica de transformar a Marruecos en una plataforma de lanzamiento para las inversiones imperiales en África. El régimen utiliza capital marroquí para influenciar a los países imperialistas a adoptar una opinión sobre el Sáhara Occidental favorable a Marruecos. Esos países prefieren un régimen estable que pueda garantizar sus intereses y su saqueo económico de África.

Quizá la mayor victoria política de la monarquía en este contexto haya sido su regreso a la Unión Africana en 2017, 32 años después de la salida de Marruecos de la Organización de la Unidad Africana¹⁷. El regreso de Marruecos contó con el apoyo generalizado e incondicional de los Estados miembros de la Unión Africana, lo cual refleja el cambio en el equilibrio de poder continental. Al mismo tiempo, el régimen marroquí aprobó una política para desarrollar relaciones económicas con países con los que no tenía vínculos, con la intención de que cambiaran su postura con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental.

Asimismo, las Naciones Unidas se han inclinado a favor de adoptar el punto de vista del Estado marroquí en sus informes, especialmente cuando la tarea de celebrar un referéndum sobre la autodeterminación ha pasado a un segundo plano: las Naciones Unidas elogian el plan de autonomía de Marruecos y enfatizan una y otra vez la importancia de una zona de amortiguación y de negociar una solución, mientras rechazan los cambios e instan a la celebración de un censo neutral de las poblaciones de los campamentos de refugiados, entre otros. Todo ello es objeto de quejas frecuentes del Frente Polisario.

Después de que el Frente bloqueara el cruce de Guerguerat en la frontera con Mauritania a finales de 2020, el régimen marroquí estableció nuevos “hechos sobre el terreno”, iniciando un cordón de seguridad para garantizar el cruce de la frontera –y, por consiguiente, incumpliendo el cese del fuego negociado a través de las Naciones Unidas en septiembre de 1991. En respuesta a ello, el Frente Polisario declaró la guerra. Sin embargo, hubo muy pocas disputas y estas no afectaron de modo alguno al régimen marroquí. En este período, la monarquía aprovechó las contradicciones internas del Frente Polisario, que se derivan de que dejó de ser un movimiento de liberación nacional para convertirse en un aparato estatal, la República Árabe Saharaui Democrática. El Frente Polisario ahora tiene una gran burocracia (una fuerza policial, un ejército y un cuerpo diplomático), aunque sobrevive únicamente gracias a la ayuda externa y, de hecho, depende por completo del ejército argelino; estos cambios se asemejan a los ocurridos en la Organización para la Liberación de Palestina. En su libro Eastern Cauldron, publicado en 2004, Gilbert Achcar habla de la decadencia del Frente Polisario, a la que describe como una “larga marcha hacia atrás”¹⁸. Tanto el Frente Polisario como la Organización para la Liberación de Palestina se convirtieron en un aparato estatal sin territorio; ambos procuran tierras para ejercer el poder estatal, mientras dependen casi por completo de la llamada comunidad internacional y de su legitimidad.

La diplomacia monárquica respecto del Sáhara Occidental se ha vuelto más agresiva, beneficiándose de la competencia imperial en el continente africano. Tras décadas de extorsión, la monarquía se ha convertido en el extorsionista: Rabat ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para retirar a sus embajadores de otros países en protestas sobre el tema, como hizo Alemania en mayo de 2021, tras una declaración del ministro de Relaciones Exteriores del país sobre el reconocimiento del ex presidente Trump del Sáhara Occidental como territorio marroquí, y España, un mes más tarde, cuando el Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática estuvo hospitalizado en ese país. Consecuentemente, la monarquía marroquí aprovechó su función de guardia de la frontera de la UE (con respecto a limitar la migración clandestina del continente africano hacia Europa) para presionar a España a que permitiera la migración de cientos de menores al enclave de Ceuta. Debido a la débil posición de España en el imperialismo mundial, las victorias diplomáticas y la posición económica del régimen pueden redundar en la consolidación interna y externa de la monarquía, superando así el efecto de la Marcha Verde de 1975. Ello ocurrirá sin duda si la monarquía logra que España realice concesiones, aunque sea tan solo en la forma de un acuerdo diplomático (del tipo firmado entre Gran Bretaña y China en 1889 con respecto a Hong Kong).

Recientemente, los objetivos de Marruecos en el Sáhara Occidental se han mezclado con el apoyo de los Estados Unidos, tras la normalización de las relaciones con Israel. Las relaciones de la monarquía marroquí con Israel han continuado desde su independencia formal. En su libro, Lineages of Revolt (2013), Adam Hanieh describe el desarrollo de las relaciones entre los Estados árabes, incluido Marruecos, en el contexto de la estrategia imperial de transformar a Oriente Medio y el Norte de África en una zona de libre comercio e inversión. 

En octubre de 2000, el régimen marroquí se vio obligado a cerrar una “oficina de enlace” israelí en Rabat, ante la presión de la solidaridad popular con la segunda intifada palestina. No obstante, el equilibrio de poder ahora se inclina a favor de las fuerzas contrarrevolucionarias en la región árabe. Tras haber obtenido victorias políticas como consecuencia de haber campeado la tormenta del 20 de febrero y debido a su mayor peso y estatus regionales entre los poderes imperiales, el régimen ha logrado normalizar abiertamente sus relaciones con el Estado sionista: firmó un acuerdo a tal efecto el 10 de diciembre de 2020, bajo los auspicios de los Estados Unidos.

La monarquía jamás había logrado un consenso interno y externo como el establecido recientemente –ostenta sus victorias como Aquiles. Sin embargo, mientras Aquiles tenía una sola debilidad, la monarquía tiene dos: la primera es la crisis social en ebullición que está intentando contener; y la segunda es la crisis económica mundial que se avecina y sus repercusiones para las aspiraciones de la monarquía de desempeñar la función de guardián del capital mundial, invadiendo los mercados y saqueando la riqueza de África.

El imperialismo y los regímenes autocráticos se benefician de separar las luchas populares de las laborales. El proceso revolucionario de 2011 constituyó una oportunidad para la liberación colectiva de la región. Las primeras señales del Movimiento 20 de Febrero fueron manifestaciones en solidaridad con el pueblo tunecino y egipcio frente a sus respectivas embajadas. Sin embargo, a pesar de que hubo otras manifestaciones, se pasó de las calles al ámbito constitucional. Y con la victoria de la contrarrevolución, la solidaridad internacional se ha centrado en las luchas de países específicos.

A más de diez años de esos grandes procesos revolucionarios, es evidente que la liberación de los pueblos de la región requerirá una perspectiva magrebí, árabe y africana conjunta. De lo contrario, las clases trabajadoras y populares de la región no podrán superar a las clases dominantes y a sus regímenes, que únicamente han afianzado sus relaciones con el capital y con Israel.

En Marruecos, las cuestiones sociales –el desempleo, el desarrollo periférico, la falta de soberanía alimentaria, los servicios públicos deficientes, la concentración de la propiedad de la tierra y la desigualdad– probablemente serán los detonantes de las luchas futuras. La gravedad de las crisis sanitaria y económica ha caldeado los ánimos y una vez que estén a punto de ebullición, estallarán en las narices de quienes han provocado la crisis: los grandes capitalistas (o jefes) y el Estado.

Esta próxima lucha quizá logre aprovechar la experiencia política adquirida en Marruecos en los últimos decenios. Si, de lo contrario, no se aprovechan esos recursos en las próximas batallas, el descontento social probablemente alcance un atolladero político: será reprimido fácilmente y no recibirá más que las migajas de la oposición burguesa, que contribuirá a salvar al régimen a cambio de que este satisfaga sus reclamos de reforma política y democratización en pequeñas dosis.

Un frente de trabajadores unificado y popular es fundamental para evitar un desastre. Por lo tanto, es necesario crear vínculos de cooperación entre diversos grupos (sindicatos, comités coordinadores y movimientos contra el desempleo) para hacer frente a los ataques de la directiva. La unidad es fundamental y debería ampliarse a otros sectores de la población trabajadora: es decir, a los pequeños productores en ciudades y poblados, estudiantes, etcétera. De no ser así, estos grupos solamente formarán una multitud pasiva, que dependerá de la caridad del régimen o actuará como una reserva para las fuerzas reaccionarias que tienen las mismas aspiraciones de clase que el régimen: mantener el modelo socioeconómico vigente, mientras se mitigan sus peores efectos a través de la filantropía esporádica.

El Movimiento 20 de Febrero no solo expuso a su predecesor, sino que además es una guía sobre lo que puede deparar el futuro. La separación de los aspectos políticos de los sociales y económicos del movimiento constituyó su ruina. Un movimiento que combine estos tres elementos (político, social y económico) podría lograr victorias en materia de libertades políticas y, al mismo tiempo, derribar al neoliberalismo y avanzar hacia una democracia verdaderamente inclusiva. Esta democracia también incluiría a quienes defienden el republicanismo, el laicismo y la independencia saharaui. En lugar del reformismo anhelado por la oposición liberal y de corte reaccionario religioso, el fin último debería ser derogar la Constitución neoliberal de 2011 y establecer una asamblea constituyente mediante la cual el pueblo marroquí pueda elegir su propio destino por primera vez en la historia. 

Esa es la tarea de las vanguardias del movimiento popular y de los trabajadores, que deben, en primer lugar, alcanzar su independencia política de toda manifestación de la oposición burguesa. Quien se identifique con el proyecto histórico de liberación de la clase trabajadora puede desempeñar un papel importante y contribuir a este gran objetivo.