Erradicación Manual Forzosa

La estrategia de reducción de la oferta referida específicamente a las acciones antidrogas en el nivel de los cultivos de uso ilícito ha estado asociada tempranamente a una concepción de seguridad nacional. Así se constata en la Resolución 001 del 11 de febrero de 1994 del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) al considerar que si bien el crecimiento de áreas de cultivos de uso ilícito busca suministrar materia prima para el procesamiento de sustancias prohibidas, “la presencia de tales cultivos ilícitos genera nocivas consecuencias sociales toda vez que de ella se derivan perturbaciones de orden público, con ocasión de la permanencia de personas extrañas en las regiones donde se asientan los mismos y la realización de conductas delictivas asociadas, atentatorias de la paz y la armonía comunitarias.”¹ Y enseguida precisa, “que en muchas regiones del país la referida plantación de cultivos ilícitos viene acompañada por la presencia de agrupaciones guerrilleras y respaldada por organizaciones ilegítimas de fuerza, en desmedro de la tranquilidad y seguridad política.” A ello se agrega el daño ambiental, argumentos todos que buscan justificar las acciones de erradicación forzada en el marco del Programa de la política antidrogas.

Reafirmando un enfoque que busca reducir la oferta de drogas de origen natural, dentro de la misma resolución y haciendo referencia a manuales de la “Organización de las Naciones Unidas para la lucha contra las drogas” se enumeran los métodos reconocidos por ese organismo para la erradicación de cultivos. Allí se mencionan:²

• Manual
• Mecánico
• Por quema,
• Biológico y
• Químico.

Dentro de esas cinco opciones se señala que el CNE ha venido usando preferencialmente el método químico con el herbicida que contiene como ingrediente activo al Glifosato el cual ya contaba con su aprobación en 1992 para combatir mediante aspersión aérea, los cultivos de amapola que entraron en auge en Colombia justo a comienzos de los noventa.

Se argumenta enseguida cómo el país estaba entrando en un auge tanto de cultivos de coca como de marihuana y que ese crecimiento se experimentaba en “zonas geográficas de muy difícil acceso, lo cual obstaculiza considerablemente el control legitimo del Estado que sobre ellas ha de ejercerse. Igualmente, ese control se ve entorpecido por la presencia de agrupaciones guerrilleras y organizaciones criminales que hacen frente a la presencia de las autoridades públicas en las referidas zonas.”³

Todas las consideraciones van dirigidas a legitimar y legalizar el uso del herbicida glifosato mediante aspersiones aéreas como el método procedente para las áreas de las otras plantas de origen natural, sobre la base de un reconocimiento previo de su dinámica y geografía, elementos que se toman como referencia para concretar el tipo de método a utilizar. Así se extendió el uso del glifosato y terminó por hacerse entrega a la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos⁴ el planeamiento operacional, dada la experiencia mostrada en las acciones de aspersión aérea contra la amapola.

Las primeras unidades de la Policía Antinarcóticos pudieron realizar labores de destrucción de cultivos sin mayores riesgos para su integridad física, durante los años ochenta e incluso comienzos de los noventa. Sin embargo, su actividad se vio cada vez más envuelta en el conflicto armado interno en la medida en que éste se extendió a nivel nacional y los grupos armados decidieron incorporar entre sus fuentes de financiamiento, la cadena de producción de coca para cocaína.

En consecuencia, en esas operaciones se empieza a reconocer la coordinación que debe existir con las fuerzas militares y autoridades administrativas (sin especificar) y judiciales con presencia de organismos de control como la Procuraduría y la Fiscalía.

Así mismo se le entrega a la Policía Nacional el desarrollo de acciones “cívico policiales” (SIC) para atender necesidades básicas con un rol meramente disuasivo. Esta confusa decisión sobre los problemas sociales subyacentes a los cultivos de uso ilícito tratará de corregirse en términos de política pública con las iniciativas de desarrollo alternativo de los presidentes Samper(Programa PLANTE 1994-1998) y Pastrana (1998-2002) quien debió aceptar una redefinición de su intento de estrategia de Desarrollo Alternativo asociado al proceso de paz del Caguán, como un complemento a las acciones de fuerza en el marco del Plan Colombia decidido, financiado mayoritariamente y controlado por EE.UU.

En el contexto de la vigencia del Plan Colombia y con la expedición del CONPES 3218 del 3 de marzo de 2003 sobre una política de Desarrollo Alternativo, se buscó darle una mayor coherencia programática a la problemática social relacionada con los cultivos de uso ilícito.

Volviendo a la Resolución 001 de 1994, se observa que el uso de la erradicación manual y mecánica estaba restringida exclusivamente a las áreas de manejo especial y recursos naturales, tales como Parques Nacionales y Santuarios de flora del Sistema Nacional de áreas protegidas. No obstante, no se cierra del todo la posibilidad de usar las aspersiones aéreas para esas zonas al señalar que “si bajo circunstancias excepcionales evaluadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, se requiera otro tratamiento, se exigirá concepto favorable del Ministerio de Medio Ambiente, para garantizar la preservación del equilibrio ecológico.”⁵

Tanto el programa Plante, en el gobierno de Samper Pizano, como la institucionalmente caótica política del presidente Pastrana sobre cultivos de uso ilícito, buscaron incorporar la estrategia de reducción de la oferta utilizando acuerdos individuales de erradicación manual con los productores, a cambio de ayudas en dinero y en especie.⁶ Ambos intentos fracasaron, quedando legitimada la aspersión aérea como la principal herramienta que garantizaría las disminuciones de cultivos de uso ilícito. No obstante, las aspersiones aéreas con glifosato para la erradicación de los cultivos de coca fueron suspendidas en octubre de 2015, según el Ministerio de Salud, como resultado de la evaluación de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que calificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos” y por el cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional en el sentido de que se aplicara el principio de precaución en caso de que no se encontrara una conclusión definitiva sobre la inexistencia de riesgos derivados del uso de este herbicida.”⁷

A partir de ese mismo momento y tal como se observa en el siguiente gráfico, al mismo tiempo que disminuyen las aspersiones aéreas se lleva a cabo un incremento sostenido de la erradicación manual forzosa.

Gráfico No.1 

Comparativo aspersiones aéreas y erradicación manual forzosa 2013-2020

Fuente: Ministerio de Justicia, Observatorio de Drogas de Colombia 2021.

La crisis en términos legales y de legitimidad de las aspersiones aéreas estimula la búsqueda hasta hoy, de diferentes modalidades de acciones terrestres para garantizar un nuevo impulso de la estrategia de disminución de la oferta, centrada principalmente en los cultivos de uso ilícito.

• LAS MODALIDADES DE ERRADICACIÓN MANUAL FORZOSA

A pesar de que desde el 2003 se desarrolló sistemáticamente un proceso de modalidades de erradicación manual forzosa, hoy en día éstas contemplan básicamente tres formas:

1. El proceso que se tradujo en la adjudicación de contratos a empresas privadas que a su vez desarrollaron la vinculación de personal civil, para que actuaran como erradicadores manuales de cultivos de uso ilícito conocidos como los Grupos Móviles de Erradicación (GME).
2. La creación de un Programa de Erradicación de Cultivos mediante Aspersión (con glifosato) Terrestre conocido como el PECAT y que es manejado por la Policía Antinarcóticos.
3. Una dinámica que ha crecido exponencialmente en los últimos años, tanto en acciones como en el número de personal utilizado y que desarrolla acciones de erradicación manual forzada adelantada por personal de las Fuerzas Armadas.

Observemos cada una de estas estrategias.

Es el resultado de una iniciativa presentada por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos, justificada como “la necesidad de disponer de nuevas herramientas para la erradicación de cultivos ilícitos” ante el fuerte incremento de áreas de coca y argumentada como propuesta de aspersión terrestre con el herbicida glifosato como el método más adecuado, mediante Oficio 15137 radicado en la Secretaría Técnica del CNE, el 3 de marzo de 2016 y se autorizó mediante la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes 09 del 5 de julio de 2016 a pocos meses de ser divulgado el Acuerdo de Paz en diciembre de 2016.

En la resolución se autoriza que en los cultivos ilícitos en los que se encuentren plantas lícitas mezcladas o fraccionadas son consideradas áreas de cultivos ilícitos y por lo tanto también serán objeto de la intervención del PECAT. Este programa ha buscado diversificar sus técnicas a través de ensayos de aspersión con drones en Antioquia y Nariño y el uso de orugas mecánicas en Tumaco.

Con relación a las afectaciones para las comunidades derivadas de la EMF por cuenta del PECAT puede verse la Acción de Tutela interpuesta por el Defensor Regional del Pueblo en representación del pueblo del Putumayo, la cual fue objeto de la Sentencia T-690 de 2017, en la cual la Corte Constitucional señaló que, si bien no podía inmiscuirse en las decisiones de orden administrativo del ejecutivo, sí profirió una serie de mandatos a las autoridades implicadas en estas operaciones. Entre otras, la Corte ordenó la construcción de planes de contingencia y protección de derechos humanos ante las campañas de EMF; la actualización de líneas de prevención temprana y urgente de hechos victimizantes y de la priorización de un enfoque que impida la revictimización de poblaciones; por su parte, a la Dirección de Antinarcóticos de la PONAL le ordenó adelantar capacitaciones a su personal en Derechos Humanos, derecho de víctimas, enfoque diferencial para niños, niñas y adolescentes NNA, mujeres, personas con discapacidad, indígenas y afros, así como el acatamiento de los Planes de Manejo Ambiental establecidos.³⁵

El PECAT se destaca por ser uno de los programas que cuenta con mayor soporte técnico y logístico de parte de la sección de antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos. En Caucasia, Tumaco, Tibú, Villagarzón y San José del Guaviare la cooperación norteamericana ha brindado recursos para la “modernización” y consolidación de las bases antinarcóticos de la Policía, en los últimos años.

Finalmente abordaremos la implicación creciente de las fuerzas armadas en tareas de erradicación manual forzosa.

De acuerdo con un documento del 2015, el Ministerio de Defensa estructuró un dispositivo para las Fuerzas Armadas alrededor de los cultivos de uso ilícito y las tareas de erradicación forzosa. Allí se decidió el “Establecimiento de 15 compañías permanentes especializadas de erradicación manual para seguridad, comprendiendo inicialmente un total de 1.200 hombres de la Policía Nacional y 121 pelotones – 4.114 hombres del Ejército Nacional, las cuales actuarán a disposición de los Centros Estratégicos Operacionales Integrales Contra el Narcotráfico”.³⁶

De igual manera se decidió el incremento en horas de vuelo (en un 20%) de helicópteros MI 17 – MI 8 por parte de la aviación del Ejército Nacional para mayor movilidad de los grupos de seguridad. También el desarrollo de una evaluación en terreno de la conformación de los GME y los grupos de seguridad de la Fuerza Pública de acuerdo con cada situación con el fin de aumentar la movilidad, logística y seguridad de las operaciones de erradicación manual.³⁷

Entre sus objetivos está la recuperación de Parques Naturales Nacionales y áreas protegidas, así como apoyar las acciones de restauración, priorizando las acciones en los parques de Orito, Alto Fragua, Churumbelos, Farallones, Paramillo, La Paya y Nukak, los cuáles se deben reflejar dentro de los Centros Estratégicos Operacionales Integrales Contra el Narcotráfico para ser monitoreados.

Teniendo en cuenta la resistencia que han encontrado este tipo de acciones con las comunidades movilizadas y en protesta, se estableció también un objetivo relacionado con los bloqueos:

“Implementar un sistema de alerta temprana dentro de los Centros Estratégicos Operacionales Integrales Contra el Narcotráfico que permitan a la Fuerza Pública anticiparse a la ocurrencia de bloqueos por parte de los cultivadores en las áreas a intervenir.”³⁸

Para mayo de 2021, el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, formalizó la activación de la Brigada Contra el Narcotráfico número 2, al mando del coronel Édgar Enrique Riveira Zuleta, y la Brigada Contra el Narcotráfico número 3, al mando del coronel Yesid Calderón Céspedes. Estas unidades hacen parte del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales que lidera el brigadier general Juan Carlos Correa Consuegra.³⁹ Allí mismo señaló que la misión de las Brigadas creadas contra el narcotráfico es afectar de manera contundente las estructuras delictivas para destruir toda la cadena del narcotráfico. A esto se suma el involucramiento cada vez mayor de Fuerzas de Despliegue Rápido FUDRA y de las Fuerzas de Tarea Conjunta, cuyo propósito inicial era la contrainsurgencia.

Como se observa en la información reseñada, la participación de las FFAA en tareas de erradicación manual forzosa está implicando la ampliación progresiva de personal dedicado a estas tareas; la creación de nuevas unidades con un mayor gasto militar y logístico; más choques con las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como una mayor dependencia de su operatividad ligada a la lucha contra el narcotráfico en algunas zonas. Por consiguiente, más allá de las tareas propias establecidas en el mandato del artículo 217 de la Constitución Política, la cual ordena que las fuerzas armadas tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, este organismo de seguridad se dedica a tareas que de alguna manera desdibujan su labor central. En la financiación del desarrollo de las tareas antidrogas de las FFMM en diferentes departamentos como en el caso de Nariño, participa la asistencia en materia de seguridad del gobierno de los EEUU.

De hecho, el último reporte del International Narcotics Control Strategy Report INCSR⁴⁰ de 2022, señala su preocupación por el fuerte crecimiento de áreas de coca al pasar de 212.000 Has. en 2019 a 245.000 Has. en 2020. Para su tratamiento recomienda una “reducción integral” de la oferta, donde se combina erradicación forzosa, presencia policial en los territorios y desarrollo entendido como un instrumento para la sostenibilidad de las erradicaciones y protección ambiental. Manifiesta su inconformidad por lo decidido por el Tribunal de Pasto en cuanto a la protección de la autonomía de los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de ese departamento y califica como ambigua y difícil la implementación de la consulta previa y, en consecuencia, según el informe y en clara injerencia con decisiones internas, la decisión efectivamente genera “impunidad para el 80% de las 38.000 Has de coca de Nariño”. Finalmente, y como mecanismo preventivo frente al crecimiento de los cultivos de coca, señala que “Colombia necesitará expandir la erradicación…”.⁴¹

Protocolo

La base de la erradicación de cultivos ilícitos por parte de las FFAA son las compañías móviles, conformadas por dos o tres pelotones. Tras establecer un plan de erradicación, estos grupos son transportados por tierra, aire o agua hacia el área de la misión. Por seguridad, estos campamentos móviles tienen la orden de no durar más de 24 horas en el mismo sitio. Eso significa que, cuando un pelotón regresa de erradicar, toda la base se levanta. Los soldados vuelven a cargar sus elementos (hamaca, ollas) y caminan tres o cuatro kilómetros para establecer un nuevo campamento. Manteniendo una comunicación permanente con el batallón, cada 15 días ellos envían las coordenadas de su ubicación y un helicóptero les lleva las provisiones y traslada a los soldados enfermos o que han sufrido alguna eventualidad.

Un campamento móvil está conformado por dos o tres pelotones que a su vez rotan alrededor de tres actividades básicas: la seguridad para el área de intervención incluyendo la base de operaciones que se monta temporalmente; la exploración de la zona detectando MAP o MUSE y finalmente, la erradicación como tal. Según el jefe de operaciones de una compañía móvil:

“Desde antes del amanecer, luego de desayunar, alistamos nuestro material de guerra, fusiles, explosivos, detectores de metales, equipos de comunicaciones, botiquines… y también las herramientas con las que vamos a hacer erradicación: palines, machetes, guantes…. En total son entre 20 y 30 kilos que un soldado tiene que cargar antes de iniciar la caminata que nos llevará a los cultivos ilícitos”, cuenta el sargento Moreno.⁴²

El pelotón, comandado por este suboficial, está conformado por los cabos de escuadra, quienes tienen a su cargo expertos en navegación terrestre, “que son –dice el sargento– los que nos orientan en el terreno y especialistas en comunicaciones“. De la seguridad se encargan soldados que portan fusiles, ametralladoras de grueso calibre, lanzagranadas, morteros . También hay un equipo de expertos en detección de artefactos explosivos, acompañados de un perro antiexplosivos. Todos ellos tienen la misión de que los soldados erradicadores lleven a cabo su labor sin ningún riesgo.⁴³

Para la erradicación los uniformados se organizan en parejas. “Uno entierra el palín en la base de la planta y la ladea, otro la hala y la desprende totalmente de la tierra”. Según el sargento Moreno, cada dúo arranca entre 800 y 1.000 matas en una jornada. En total, un pelotón de estos puede destruir de 1 a 1,4 hectáreas de cultivos de matas de coca al día. Los soldados deben medir con aparatos GPS el área erradicada y tomar los registros fotográficos y de video. Es la prueba de su labor realizada. Antes de que caiga la luz del sol, el pelotón debe regresar a la base móvil.

Riesgos y daños de la implicación de las FFMM en la EMF

El fortalecimiento de las narrativas sobre vinculación de los cultivos de uso ilícito con el conflicto armado y la mayor vinculación de las FFAA en ese proceso ha llevado de manera creciente a agravar los impactos en materia de Derechos Humanos.

Bajo el período de Juan Manuel Santos, entre 2017 y agosto de 2018, ocho personas, agricultoras de coca, perdieron la vida en medio de acciones de erradicación forzosa, recién firmados los acuerdos de paz. Con Iván Duque, a junio de 2020, iban 4 campesinos muertos en esos operativos.⁴⁴ En 2021 no se contabilizaron productores muertos en escenarios de bloqueos.

En ese sentido resulta emblemático el caso de la vereda El Tandil, en el municipio de Tumaco ocurrido el 5 de octubre de 2017, cuando se reunieron los campesinos de la zona para protestar en contra de la erradicación forzada de los cultivos de coca. En la manifestación intervino un grupo de Policías Antinarcóticos pero también hicieron presencia miembros de las fuerzas armadas; el saldo fue de 7 personas muertas y 22 heridas por los disparos de la fuerza pública.

En el proceso de investigación 14 miembros del ejército y 40 de la policía aparecen implicados y supuestamente investigados por la Procuraduría. Si bien la Fiscalía imputó cargos a un capitán de la policía y a un mayor del ejército, luego el caso pasó a la justicia penal militar sin que hasta el momento haya habido una decisión en derecho que devele las responsabilidades penales del hecho.⁴⁵ ONG con reconocimiento internacional como Human Rights Watch y el Centro Robert Kennedy, así como varias organizaciones de derechos humanos vienen insistiendo en que el caso sea resuelto por la justicia ordinaria.

En la masacre de El Tandil y que no avanzó en su esclarecimiento judicial,⁴⁶ se repiten las mismas justificaciones de la fuerza pública en diferentes acciones de fuerza con impactos graves en derechos humanos.

De un lado las víctimas sostuvieron siempre “que fueron los policías antinarcóticos los que abrieron fuego contra los campesinos que, como máximo, estaban armados de palos y caucheras. La Policía, por su parte, asegura que sus hombres respondieron al fuego de las disidencias de las FARC que los atacaron en medio de la protesta, y que así fue como se produjo la tragedia”.⁴⁷ Según el reporte de la revista Semana, “De momento, la versión con más piso, a partir de las investigaciones de la Fiscalía, es la de las víctimas”.⁴⁸

En general desde el punto de vista de los organismos de seguridad que desarrollan acciones de fuerza terrestre en las zonas de producción de hoja de coca y demás cultivos proscritos, hay una lectura pre juiciosa de condena a los cultivos de uso ilícito y se genera un estigma criminalizante al asociar al cultivador con el narcotráfico. Por sólo dar un ejemplo de esta narrativa, para el Mayor General del ejército Wilson Chávez Mahecha, responsable de estas acciones en el caso del departamento del Cauca, no hay un problema socioeconómico de base, no existe una situación de exclusión y marginalidad, temáticas que demandan la intervención integral del Estado de la mano con nuevos conceptos de seguridad. En consecuencia, la tarea es y seguirá siendo erradicar forzosamente y se asume como un deber constitucional. Todo el contenido, implicaciones, compromisos del problema de los cultivos de uso ilícito, en el marco del acuerdo para el fin del conflicto, es desconocido.⁴⁹

Según el alto mando militar, los acuerdos para el fin del conflicto generaron una patente para justificar las acciones de obstrucción de las erradicaciones por parte de las comunidades en contra de la fuerza pública, en la medida en que alegan la existencia de acuerdos de sustitución suscritos previamente o reclaman la oferta institucional.⁵⁰

Se concluye, entonces, que las acciones de erradicación forzosa van por unas vías ya decididas en el marco de las operaciones militares y de otra, los compromisos estatales de ofrecer alternativas sociales y productivas van por otros carriles. De cualquier manera, es notoria la descoordinación institucional. Incluso se reitera la criminalización de la labor de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia (COCCAM). Se condenan los cultivos de uso ilícito en el interior de los resguardos indígenas, ratificando la lectura sesgada que asocia narcotráfico y cultivos de coca, marihuana o amapola.

Balances a finales del 2021⁵¹

Bajo las tres modalidades de erradicación llevadas a cabo en 2021, manual, PECAT (aspersión terrestre) y la realizada por las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa oficializó la cifra de 103.257 hectáreas erradicadas manualmente (véase Gráfico No.4) y de manera forzosa con un despliegue de 11 núcleos de erradicación a nivel nacional.

Gráfico No.4

Fuente: República de Colombia, Ministerio de Defensa

También en datos del Ministerio de Defensa durante el 2021, la Fuerza Pública registró 1.384 bloqueos y 148 asonadas (enfrentamientos con productores y jornaleros agropecuarios) en el marco de labores de erradicación, con un saldo de tres hombres muertos violentamente y 41 heridos, víctimas del uso de artefactos explosivos y francotiradores.⁵²

En el período Duque (2018 a diciembre de 2021) van 32 muertos entre miembros de la Policía, erradicadores contratados y miembros de las FFAA que erradican y 248 heridos.

La Corporación Viso Mutop contabilizó desde noviembre 24 de 2016 a 5 de junio de 2020 entre líderes PNIS y resultados letales por choque en escenarios de erradicación forzosa 94 muertes.⁵³

Según un informe del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos y Propiedad Agraria, de las universidades Nacional y del Rosario, entre 2016 y 2020 se registraron 95 incidentes entre campesinos y fuerzas del Estado durante operativos de erradicación en 11 de los 32 departamentos del país.⁵⁴

De estos casos, en el 20 % se ha registrado el uso de armas de fuego por parte del Ejército Nacional o de un tercero sin especificar. Adicionalmente, en el 19 % de los casos se ha presentado al menos un herido y en el 6 % de los casos se ha registrado al menos una persona muerta, según el mismo informe.⁵⁵

Consulta Previa

En 2021, la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense REDPHANA, interpuso una serie de acciones judiciales contra la EMF por violación a la consulta previa, libre e informada. En una Acción de Tutela respaldada por el Colectivo Orlando Fals Borda, en representación de comunidades de los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas, logró que el Tribunal Superior de Pasto ordenara la suspensión de las actividades de erradicación en los territorios colectivos y ancestralmente ocupados del Pacífico Nariñense.

En su tutela, la Redphana dijo que los derechos al consentimiento libre e informado, la paz, el debido proceso, la vida, la salud e integridad personal de estas comunidades están siendo vulnerados porque: “en estos lugares se vienen imponiendo procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, que responden a la política del Gobierno de turno y que desconocen y se oponen a los resultados y compromisos del punto 4 del Acuerdo Final para la Paz”.⁵⁶

Una decisión de fondo sobre la tutela mencionada se encuentra a la espera de lo que determine la Corte Constitucional, máximo tribunal hasta el cual ha llegado para su conocimiento esta situación. Por lo pronto, hay más tutelas que se han acumulado para su estudio en la Corte por situaciones similares en Cauca y Norte de Santander,⁵⁷ las cuales cuentan con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en las que además se pide que el Estado cumpla los compromisos del Acuerdo de Paz con la secuencia allí establecida. Esta situación puede definirse en próximos días, lo cual es relevante dada la continuidad de la EMF sin el cumplimiento y puesta en práctica de la consulta previa en territorios indígenas como ocurrió el pasado 15 de abril en el Resguardo Siona de Puerto Asís Putumayo.⁵⁸

A lo largo de lo expuesto se observa el interés del Estado por tener siempre diferentes instrumentos en su guerra contra las drogas en función de un propósito: garantizar la reducción de áreas de cultivos de uso ilícito como el corazón y el tema de mayor preocupación de las autoridades responsables de las políticas antidrogas. Esa misma preocupación no se observa en relación con el narcotráfico, esto es con las estructuras empresariales exportadoras de cocaína salvo la inútil incautación de sustancias psicoactivas que se exportan, así como los trámites rutinarios de las extradiciones, sin que el negocio ilegal se vea contundentemente afectado.⁵⁹

Uno de los aspectos que incrementó exponencial y selectivamente esa preocupación fue la constante articulación de la economía de los cultivos de uso ilícito al conflicto armado. En el afán por desarrollar nuevos instrumentos para garantizar la reducción de áreas se conformaron los Grupo Móviles de Erradicación GME que pasaron por un trámite de improvisaciones, informalidad, desinformación, engaños, promesas incumplidas por parte del alto gobierno, a cambio de un desastroso resultado en vidas e integridad personal para los erradicadores contratados. Diferentes entidades reconocen en esas personas, campesinos sin trabajo, con bajo nivel educativo que se vincularon prontamente a esa actividad sin tener conocimiento de los riesgos para sus vidas e integridad física.

La inmersión de los cultivos de uso ilícito en contextos de guerra hizo que sobre estos civiles y sobre los productores recayeran los impactos más letales y de gran daño a sus vidas y familias. A lo largo de lo expuesto se ve la falta de garantías de seguridad para los GME por parte del Estado a pesar de directivas, planeación, etc., de instancias con poder de decisión del alto gobierno.

Desde que se inició el registro de víctimas por las tareas de erradicación esto es 2006 hasta el primer semestre de 2020, se ha contabilizado un impresionante número de 457 accidentes donde la peor parte la han llevado los civiles implicados con 417 casos lo que significa un 91% de ellos y donde la fuerza pública tan sólo resultó afectada en un 9%.

De los civiles el registro de muertes es muy alto con 43 personas en ese lapso mientras que murieron 4 miembros de la fuerza pública.

La descompensación del riesgo en las tareas de los GME frente a los beneficios que se ofrecen a los erradicadores es alarmante a tal punto que se reseña el fracaso que tuvo lugar en el gran operativo que se intentó llevar a cabo en la Sierra de La Macarena en 2006 en la Operación Colombia Verde denunciado por uno de sus protagonistas.

El alto gobierno – sin renunciar a sus propósitos y presionados por Estados Unidos de garantizar a toda costa una reducción de áreas de cultivos de uso ilícito- buscó una alternativa a ese gran fracaso en la incorporación creciente de las Fuerzas Armadas en esas tareas en donde, que se sepa, hasta hoy ha llevado a la conformación de tres brigadas “contra el narcotráfico” pero en realidad ligadas a tareas de erradicación forzosa. En su origen se configuró con 1.200 hombres de la Policía Nacional y con 121 pelotones que suman 4.114 hombres del Ejército Nacional.

Amén de la irracionalidad del uso de fuerza pública para esas tareas, este atajo ha producido otro frente de conflictividades en el marco del desconocimiento de los Acuerdos de Paz ya que se ha pasado constantemente por alto la secuencialidad e incluso conceptos que fueron formulados por el entonces presidente Álvaro Uribe en su política de Consolidación, en el sentido de sólo usar la fuerza cuando no hubiese posibilidad de garantizar una erradicación manual por parte de los productores.⁶⁰

Hoy en día, crecen los enfrentamientos entre campesinos y jornaleros con miembros de la fuerza pública, que de manera insólita usan armas de largo alcance contra los manifestantes, al tratarlos como parte del conflicto armado, en una evidente transgresión del principio de distinción del DIH. Las violaciones a derechos humanos, a la libre movilidad, al derecho a manifestarse, el derecho a la libertad de expresión y la desatención a las demandas de salidas concertadas, caracteriza el escenario de los cultivos de uso ilícito sin que con tan alto costo se garantice el cumplimiento de las metas de esta estrategia.

Diversas acciones jurídicas han dejado al descubierto que el Principio de Precaución Ambiental se ha vulnerado en varias regiones. El PECAT implica el manejo de altas cantidades de agua, así como la manipulación de sustancias químicas que contaminan fuentes hídricas y que deben respetarse por parte de las autoridades.

La consulta previa como una obligación internacional del Estado colombiano se halla en entredicho por cuenta de las acciones de la EMF toda vez que no se ha aplicado cuando se trata de ingreso de la Fuerza Pública a territorialidades étnicas, lo que está siendo demandado ante tribunales por organizaciones indígenas y afros y se encuentra en revisión actualmente por la Corte Constitucional para un pronto pronunciamiento.

Los altos costos de la erradicación manual forzada han sido objeto de controversia ante la falta de resultados sostenibles en el tiempo, la aparición de las mismas áreas con resiembra o la aparición en áreas adyacentes a aquellas en las que supuestamente se había erradicado antes, todo lo cual redunda en un debate pendiente sobre la ineficacia e ineficiencia de las instituciones implicadas.

La EMF en la administración Duque se ha privilegiado como la herramienta más usada para reducir los cultivos a pesar de que la política pública vigente para ello es el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos PNIS. Esto se hace evidente en el hecho de que el gobierno Duque cerró la vinculación de nuevas familias a dicho programa. A pesar de algunas inversiones puntuales, los recursos para el cumplimiento a las familias en materia de proyectos productivos, sigue pendiente.

Recomendaciones

El Estado colombiano necesita revaluar la estrategia de reducción de la oferta principalmente en referencia al tratamiento de los cultivos de uso ilícito, convertida hoy en un principio sagrado y por tanto intocable de la guerra contra las drogas. Mientras en los países del norte del hemisferio occidental de alguna manera se avanza en perspectivas de manejos del consumo de drogas con enfoques de salud púbica, reducción de daños, etc., en los países llamados productores o mejor en los escenarios de cultivos de uso ilícito, se profundiza el ejercicio de la violencia contra los cultivadores catalogados paulatinamente como criminales o aliados de los grupos en armas que buscan controlar y beneficiarse de la economía ilegal de las drogas. Sobre los productores se descarga el ejercicio de la violencia tanto del Estado como de los grupos armados ilegales con un costo muy alto en materia de DDHH y violaciones al DIH.

El Estado colombiano necesita replantear los términos de las relaciones bilaterales con EEUU alrededor de las drogas y particularmente frente al tratamiento de los cultivos de uso ilícito. Las exigencias perentorias de reducción de áreas de cultivos declarados ilegales – ratificadas hoy en 2022 en diferentes informes que aluden a Colombia -, demandas que inclusive están por encima de las presiones frente al poderoso crimen organizado exportador de cocaína, han conducido a una militarización de las zonas productoras incrementando los graves impactos en materia de derechos de la población civil. En esas acciones violentas contra los territorios que dependen de los cultivos de uso ilícito, los grupos de poder a favor de la prohibición han encontrado una alternativa a las dificultades frente a las fumigaciones aéreas, por las decisiones y procedimientos exigidos en defensa de la vida y el medio ambiente, por parte del sistema de justicia colombiano

De acuerdo con el balance que se ha presentado, el Estado colombiano debe reformular los énfasis de su accionar violento ubicando su estrategia de fuerza (law enforcement) en las partes asociadas al crimen organizado de la cadena de drogas y no en aquellos lugares donde existe un problema social, económico y político en razón a la concentración de la propiedad de la tierra, la exclusión social y la marginalidad de los sectores sociales despojados de su tierra o anulados de su acceso a la misma y en consecuencia expulsados a las zonas de colonización.⁶¹ El punto uno de los Acuerdos de Paz es un orientador eficiente de ese replanteamiento. A pesar de la retórica alrededor del desarrollo rural por parte de EU a través de la USAID y de las cifras de inversiones que se exhiben por parte de la Consejería Presidencial para la Consolidación, la realidad de las violaciones a los derechos de los productores es alarmante y la inseguridad de los territorios es devastadora.

En consecuencia, se debería profundizar un modelo que atienda a los territorios excluidos y empobrecidos sin exigencias perentorias de erradicación previa (primera recomendación de este informe) volcándose los esfuerzos hacia la generación de condiciones de vida que hagan sostenible las economías alternativas lícitas y el medio ambiente donde habita la población con una alta dependencia de la economía de los cultivos de uso ilícito.

Esto supone acabar con las nefastas acciones de erradicación manual forzosa y como alternativa, generar acuerdos con las organizaciones de las zonas dependientes de economías ilegales alrededor de la erradicación voluntaria y gradual de los cultivos de uso ilícito y para una transformación y mejora de la calidad de vida en sus territorios sin recurrir a la ilegalidad.

Este giro también supone un replanteamiento de la estrategia de seguridad incluyendo la reforma profunda de las FFAA y de Policía donde hoy impera una ideologización con base al modelo de guerra fría en el tratamiento de los productores, tal como se señaló a manera de ejemplo para el caso del Cauca y Nariño, tanto en las narrativas dominantes como en el manejo de la compleja situación de seguridad en esos departamentos. Las FFAA no están garantizando la seguridad de las comunidades y de sus líderes, sino que en muchas ocasiones los organismos de seguridad profundizan los escenarios de violencia y de deslegitimación del Estado, al tomar como objetivo de sus acciones a los productores.

Esas prácticas constituyen una reiteración de acciones de fuerza con un sesgo criminalizante y de uso de la violencia contra los cocaleros tal y como se observó también en el emblemático caso de la vereda El Remanso en Puerto Leguízamo (Putumayo) el lunes 28 de marzo de 2022 donde murieron 11 personas, incluyendo líderes comunitarios reconocidos, a manos de las FFAA en el contexto de un bazar comunitario.⁶²

Finalmente, un gobierno interesado en salidas no violentas al manejo de los cultivos de uso ilícito puede disponer de instrumentos como las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas y que incluyen elementos clave sobre Salud y Medio Ambiente y que han sido desarrolladas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aunque no compromete aún el sistema de Naciones Unidas, prioriza un enfoque de derechos humanos, reparador y no revictimizante de poblaciones campesinas, indígenas y afros que perviven en las zonas de producción de estos cultivos.⁶³