Gobernar las olas

En 2018, 100 empresas transnacionales representaban el 60 por ciento del capital acumulado en la economía de los océanos. De esas 100 empresasⁱ, un sorprendente 86 por ciento se dedicaba a actividades de extracción de gas y petróleo mar adentro y transporte marítimo. Con el objetivo de recuperar los niveles anteriores a la pandemia, se prevé que las inversiones de gas y petróleo mar adentro alcanzarán los US$ 155.000 millones este año, más del doble de las inversiones previstas en energía eólica mar adentro de aquí a 2025ⁱⁱ. Otros sectores también se están expandiendo rápidamente. El turismo de cruceros ha tenido un fuerte repunte y ahora permite a sus clientes elegir entre clases de yoga en el Polo Norte o acampar en las dunas de Qatar.ⁱⁱⁱ La acuicultura, ahora la industria alimentaria de más rápido crecimiento en el mundo, se ha vuelto un blanco de inversión lucrativo para fondos y especuladores que comercian bonos verdes o invierten en programas de “financiación sostenible de la deuda”.^iv

Sin embargo, en cuanto a la dinámica de inversión agregada, la sala de mando de la economía mundial de los océanos sigue estando fuertemente controlada por los sectores de la energía fósil y el transporte marítimo.

Estadísticas económicas e informes recientes sobre la economía de los océanos han pintado un panorama sombrío sobre el auge de un pequeño número de empresas transnacionales en un espacio del que dependen 3.000 millones de personas para su subsistencia. Pero eso no es todo. Las principales transnacionales del mundo están consolidando progresivamente el poder empresarial, lo que supone un fuerte aumento de varios cuasi oligopolios. Justo antes de la pandemia, el sector del transporte de contenedores se consolidó en tres mega alianzas. Juntas, controlan alrededor del 80 por ciento del comercio mundial de contenedores.^v Incluso en un momento en que las cadenas de suministro mundiales han estado bajo constante presión desde 2020, –lo cual provocó que muchos anunciaran el fin de la globalización tal como la conocíamos– la principal empresa de logística danesa, Maersk, anunció las mayores ganancias de su historia en el primer trimestre de 2022.^vi Esto fue precedido por un año en que se registraron más fusiones y adquisiciones empresariales que nunca antes en el mundo,^vii

impulsadas por inyecciones de los bancos centrales y adquisiciones gubernamentales financiadas por la deuda. Huelga decir que un porcentaje cada vez más reducido de mega transnacionales controla una proporción cada vez mayor de la economía de los océanos.

Sin embargo, quizá resulte aún más preocupante la cuestión de la participación accionaria y las vinculaciones entre empresas. Un examen detallado revela que las 100 principales empresas transnacionales están profundamente interconectadas entre sí, y ocultan estructuras de propiedad detrás de una compleja red de empresas matrices y subsidiarias registradas en centros financieros extraterritoriales especializados en el sector.^viii Asimismo, BlackRock, Vanguard y State Street –tan solo tres de las cinco mayores gestoras de activos del mundo, todas con sede en los Estados Unidos– tenían el 24% de las acciones de estas empresas. ^ix BlackRock, la indiscutida número 1, recientemente sobrepasó el límite de 10 billones de dólares en activos que gestiona^x. En comparación, se calculó que el producto interno bruto de la eurozona en 2020 fue de 13 billones de dólares.^x Esta notable acumulación de derechos de accionistas y conocimientos privilegiados permite a estas empresas establecer las condiciones en las cuales funciona la economía de los océanos y su trayectoria futura. Su dirección actual puede deducirse de la propuesta sobre el clima que BlackRock presentó a sus accionistas en 2022, en la que especifica que la empresa utilizará el poder de voto de los accionistas autorizados para priorizar sus intereses financieros de largo plazo y, al hacerlo “apoyará proporcionalmente menos [propuestas sobre el clima] en este período de asamblea anual que en 2021, dado que no consideramos que estén en consonancia con el interés financiero de largo plazo de nuestros clientes”. ^xi

Imagen de eridelrivero de Pixabay

Las repercusiones políticas de esta concentración extraordinaria de propiedad y control del capital no puede pasar inadvertida, en un año en que la ministra de Cooperación Internacional de Noruega ^xii ha denominado el “Súper Año de los Océanos”, un término utilizado por el Foro Económico Mundial en 2021

en referencia a que este año se celebrarán varias cumbres internacionales y empresariales sobre diferentes variaciones del tema de una economía de los océanos sostenible y el 40° aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). En los últimos seis meses, ya se convocaron una serie de reuniones, entre las que se destacan la Cumbre Mundial del Océano de The Economist (evento virtual), la cumbre “Un Océano” en Brest y la cumbre “Nuestro Océano” en Palau. Como cabía esperar, un tema transversal ha sido la financiarización de la economía de los océanos y la expansión de las finanzas como una cura ostensible para los muchos males sociales y ecológicos del océano. La reciente Conferencia del Clube de Lisboa, por ejemplo, concluyó con las siguientes declaraciones reveladoras del Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Océanos:

             “…confiamos en que lo fondos comenzarán a fluir a la escala necesaria para permitir la transición mundial hacia una verdadera economía azul sostenible…el dinero habla, y si el Director Ejecutivo de BlackRock dice que hay que aprovechar la corriente cuando es favorable, el viaje a nuestro destino de una economía de valor cero neto parece aún más auspicioso” .^xiii (Peter Thomson, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Océanos.)

La siguiente en la lista es la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas que se celebrará en Lisboa del 27 de junio al 1° de julio. El borrador final de la declaración de los líderes negociada antes de la conferencia refuerza una incursión aún más profunda en la financiarización de los océanos, alentada por los diversos eventos previos organizados por empresas. Entre sus diversas promesas, los líderes se comprometen a:

“explorar, elaborar y promover soluciones financieras innovadoras para impulsar la transformación hacia economías sostenibles basadas en los océanos […], incluido a través de asociaciones entre el sector público y privado e instrumentos del mercado de capital, […] así como incorporar los valores del capital natural marino en la adopción de decisiones y abordar las barreras al acceso a financiación”.^xiv

Sin embargo, mientras los gobiernos utilizarán los diversos eventos paralelos de la reunión para entablar vínculos más fuertes con los sectores empresarial y bancario en un intento por “curar el mar”, a los movimientos sociales les preocupa la tendencia sin precedentes hacia el “acaparamiento de los océanos”.^xv Muchos temen que a la magnitud de este acaparamiento se sume la captura empresarial de los procesos de adopción de decisiones en el sistema de las Naciones Unidas. ^xvi

Es así que se plantea la pregunta de cómo la presencia abrumadora de las empresas y los intereses financieros en la Conferencia afectarán la adopción democrática de decisiones en la gobernanza mundial de los océanos. Es decir, ¿cómo podemos interpretar la gran participación de actores que están a la vanguardia del actual entusiasmo de los “inversores azules” con la frontera oceánica “sin explotar”? ¿Su liderazgo ayudará a resolver las urgentes crisis ecológica, nutricional y social? ¿O podría, en cambio, facilitar la intensificación de la apropiación de recursos, la explotación impulsada por el valor para los accionistas y una marginación de las poblaciones que dependen de los océanos para su subsistencia? Y, por último, pero no menos importante: ¿podemos esperar que la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas aborde estas preguntas e inquietudes de manera significativa y equitativa que implique algo más que una nueva ronda de promesas de “lavado azul”?

La preparación de la conferencia ha llevado años. El proceso comenzó con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo de 2019.^xvii La resolución establece las reglas del proceso preparatorio y la convocatoria de la conferencia, incluidas las oportunidades para que la sociedad civil pueda participar en la elaboración del programa de la conferencia. El Presidente de la Asamblea General creó una lista de actores no estatales que participarán en sesiones de planificación clave. Mientras que movimientos sociales y sindicatos son excluidos, empresas transnacionales, bancos, organizaciones conservacionistas y filantrópicas ocupan un lugar destacado en la lista.^xviii La resolución alienta además al “sector privado, las instituciones financieras, las fundaciones y otros donantes…a que apoyen los preparativos de la Conferencia mediante contribuciones voluntarias” como forma de cerrar la brecha de financiamiento para la Conferencia.^xix

En términos generales, la política excluyente que es parte del proceso es un testimonio de las limitaciones democráticas de la gobernanza de múltiples partes interesadas’^xx – un acontecimiento en la gobernanza mundial que los movimientos sociales han criticado desde hace tiempo porque destruye progresivamente los cimientos democráticos del sistema de las Naciones Unidas. En el período previo a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, más de 1.000 movimientos y ONG de todo el mundo firmaron una carta para denunciar la toma de control de la cumbre por parte de las empresas:

“La Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas no se basa en el legado de las Cumbres mundiales [de las Naciones Unidas] sobre la alimentación  anteriores, que dieron lugar a la creación de mecanismos de gobernanza alimentaria globales, innovadores, inclusivos y participativos basados en los derechos humanos…La próxima Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios es un ejemplo ilustrativo de cómo las plataformas impulsadas por las empresas, en estrecha cooperación con gobiernos afines y funcionarios de la ONU de alto nivel, tienen la intención de utilizar las Naciones Unidas para apoyar y legitimar una transformación de los sistemas alimentarios favorable a las empresas, mientras promueven al mismo tiempo, nuevas formas de gobernanza de múltiples partes interesadas para consolidar aún más la influencia corporativa en las instituciones públicas a nivel nacional y de la ONU”^xxi

Se prevé que la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas que se celebrará en Lisboa, al igual que su precursora en 2017, producirá un torrente de compromisos voluntarios. En la última conferencia se realizaron más de 1.400 compromisos, por lo que fue prácticamente imposible realizar un seguimiento coherente, y mucho menos independiente, de ellos. Se suponía que estos compromisos contribuirían al resultado del “beneficio triple” de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU, es decir, beneficioso para la economía, el medio ambiente y las personas. Un estudio de la División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sugiere que las promesas financieras suman un total de 25.000 millones de dólares para programas multianuales.^xxii Si bien inicialmente parece ser una gran suma de dinero, no es nada en comparación con la magnitud de las inversiones en proyectos tradicionales de “economía marrón de los océanos”, que mantienen el statu quo. Por ejemplo, ExxonMobile acaba de anunciar su objetivo de canalizar 10.000 millones de dólares en una única expedición de exploración en alta mar, frente a la costa de Guyana.^xxiii

No obstante, también hay razones de peso para dudar que quienes realicen promesas esta vez estén a la altura de estas nobles aspiraciones. El análisis de las Naciones Unidas reconoce que la naturaleza diversa de los compromisos plantea algunos desafíos para el seguimiento y la vigilancia, y que no hay mecanismos para garantizar que los compromisos no afectarán negativamente a otras iniciativas y partes interesadas, por ejemplo, las personas más vulnerables, o para asegurar la participación de grupos subrepresentados.^xxiv La idea de los compromisos voluntarios para lograr los objetivos de desarrollo sostenible no es nueva. Los “compromisos de múltiples partes interesadas” para el desarrollo sostenible se presentaron en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002 como un mecanismo para complementar los compromisos asumidos por los Estados Miembros de las Naciones Unidas.^xxv

Sin embargo, tras 20 años, aún no hay un instrumento que asegure que estos compromisos voluntarios contribuirán a la Agenda de Desarrollo Sostenible; el seguimiento sigue siendo un gran desafío; y si bien los montos totales comprometidos pueden parecer llamativos, siguen siendo insignificantes en comparación con los programas de inversión de las empresas transnacionales más grandes.

Gobiernos, líderes empresariales, organizaciones filantrópicas, ONG ambientalistas y otros se reunirán en Lisboa bajo la consigna de Aumentar la acción por el océano basada en la ciencia y la innovación para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14.^xxvi

Entre los temas que se discutirán figuran la pesca, la acuicultura, la compensación de las emisiones de carbono, las zonas marinas protegidas y la energía renovable. Sin embargo, el gran tema que no se menciona –el gas y el petróleo– y otros desarrollos que han enfrentado oposición, como la minería costera y en alta mar, quedaron relegados al programa de los eventos paralelos. Además, la participación de los movimientos sociales será marginal; muchas organizaciones de la sociedad civil de diversas partes del mundo han tenido dificultades para participar. Si bien los movimientos de pescadores han sido invitados, las profundas asimetrías de poder e información entre estas mayorías marginadas, en un extremo de la mesa, y los actores estatales y empresariales, en el otro, sugiere que su presencia servirá simplemente para cumplir el requisito de participación.

Global Justice Association tweet @GlobJustAssoc

Los movimientos sociales están entre la espada y la pared: tienen la opción de participar –y, al hacerlo, brindar legitimidad a la conferencia y a su carácter de espacio con múltiples partes interesadas– o boicotearla, oponerse o defender su posición desde “fuera”. Debido a las lealtades de los medios empresariales, esta última opción claramente acarrea el riesgo de que sean ignorados o dejados de lado por “no colaborar”. En este sentido resulta elocuente, por ejemplo, la cobertura fragmentada del Tribunal Internacional de los Pueblos sobre el Impacto de la Economía Azul, que tuvo lugar en 2020 en seis países del océano Índico.^xxvii

Esta serie de tribunales proporcionaron documentación detallada, incluidos testimonios de testigos, sobre los efectos devastadores del reciente expansionismo de la economía azul en las poblaciones costeras y los pescadores; temas que están prácticamente ausentes del proyecto de declaración de los líderes de la Conferencia de 2022.

En la Conferencia sobre los Océanos de 2017, los dos principales movimientos mundiales de pescadores –el Foro Mundial de Pueblos Pescadores y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca–, que representan a más de 100 organizaciones de pescadores y a 20 millones de personas que dependen del sector en todo el mundo, afirmaron que la trayectoria actual era un llamamiento claro al “acaparamiento de los océanos”, es decir, la captura por parte de actores poderosos de la adopción de decisiones fundamentales, incluido el poder de decidir cómo y para qué se utilizan, conservan y gestionan los recursos.^xxviii No obstante, decidieron no participar en la última conferencia, y resumieron el dilema en una declaración conjunta:

“En los últimos 25 años, se ha producido una transición progresiva del modelo de gobernanza basado en los derechos humanos, en el cual los Estados tenían obligaciones frente a los titulares de derechos humanos (es decir, la población), hacia un sistema poco definido basado en ‘asociaciones’ facilitado mediante diálogos de ‘múltiples partes interesadas’’^xxix

Las observaciones anteriores plantean una cuestión muy antigua que ahora se ha visto especialmente agravada: ¿cómo y quién debería gobernar los océanos? ¿Es función de las Naciones Unidas seguir procurando forjar asociaciones de ‘partes interesadas’ mediante compromisos voluntarios? ¿O deberían los Estados Miembros de las Naciones Unidas retirarse de la gobernanza de múltiples partes interesadas y volver a priorizar los acuerdos negociados entre Estados que reivindican los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos? Al intentar responder a estas preguntas, es importante tener en cuenta la distinción fundamental entre parte interesada o “titular de un interés” y titular de derechos. Lo primero significa un enfoque en el cual quien pueda afirmar que tiene un “interés” en el proceso podrá hablar en nombre de un grupo de múltiples partes interesadas. Mientras que los titulares de derechos son quienes consideran que la realización de sus derechos humanos está fundamentalmente vinculada a su derecho respecto del espacio y los recursos costeros y marinos, definido de manera social y consuetudinaria.^xxx Tomar en serio la situación piramidal y oligopólica de la economía mundial de los océanos implica necesariamente que el enfoque de gobernanza de múltiples partes interesadas adoptado en la conferencia de 2022 contribuirá a consolidar políticamente las desigualdades económicas en detrimento de los titulares de derechos que son marginados.

En lugar de que los jefes de Estado se reúnan para apoyar las propuestas del sector privado, la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas debería facilitar diálogos abiertos y transparentes que reconozcan adecuadamente a quienes pueden verse perjudicados como consecuencia de la concentración de poder en la economía de los océanos. Para empezar, esto podría implicar un regreso al espíritu de las negociaciones previas a la Convención sobre el Derecho del Mar en las décadas de 1970 y 1980, donde se lograron acuerdos entre Estados y alianzas estatales sobre un gran número de asuntos políticos, económicos y ecológicos, y donde la presencia de movimientos de liberación y observadores de la sociedad civil era más que el simple cumplimiento de un requisito. La negociación actual de un instrumento vinculante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional –el Tratado sobre la Diversidad Biológica en las Zonas Marinas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional– podría haber reavivado este espíritu. Sin embargo, más allá de poner al descubierto problemas de transparencia en su última reunión de marzo de 2022 –de la que se excluyó a los observadores– también ilustra otro problema: el de la fragmentación de la gobernanza de los océanos. ^xxxi

Nuevos procesos a menudo reemplazan a los acuerdos existentes, dividiendo el océano en un sinfín de dominios ecológicos y políticos que requieren una enormidad de recursos para su seguimiento y documentación.

El resultado es una arquitectura de gobernanza poco transparente que ofrece mayor espacio de maniobra a empresas transnacionales y grupos de múltiples partes interesadas técnicamente bien informados, mientras que no permite que las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales sigan el ritmo. Para algunos sectores, la opción más prudente sería fortalecer los acuerdos vigentes. En el contexto de la pesca, por ejemplo, la adopción de decisiones debería regresar al ámbito de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el órgano de las Naciones Unidas donde inicialmente se negociaron y aprobaron las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala. De hecho, los movimientos de pescadores han dicho que estas “directrices en sí mismas se basan en los principios básicos de las Naciones Unidas de justicia, respeto, derechos humanos, tolerancia y solidaridad y en las normas y principios internacionales de derechos humanos”. Los movimientos han reiterado la importancia de tomar en serio las Directrices, así como otros instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas:

‘Su elaboración [de las directrices] se parece a un proceso legítimo, democrático liderado a nivel nacional, y las propias directrices se basan en los principios básicos de las Naciones Unidas de justicia, respeto, derechos humanos, tolerancia y solidaridad, y en las normas y principios internacionales de derechos humanos. Expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a la gestión de la FAO en el proceso de elaboración de las Directrices de Pesca en Pequeña Escala’^xxxii

WORLD ECONOMIC FORUM/swiss-image.ch/Photo Michael Buholzer (CC BY-NC-SA 2.0)

Cada año, el control de la economía mundial de los océanos se está consolidando aún más en manos de menos empresas transnacionales e instituciones financieras, que son más grandes que nunca. Resulta evidente que la concentración de influencia económica provoca una centralización del control del espacio, la tecnología y la propiedad intelectual marítimos que profundiza las contradicciones económicas.^xxxiii

Tras decenios de fusiones y adquisiciones, el 60 por ciento de las actividades económicas ahora está en manos de apenas 100 empresas, mientras que los mayores ingresos se concentran en el sector del gas y el petróleo, seguido por el sector del transporte marítimo –incluidas las actividades portuarias–, el turismo, la pesca industrial y la energía eólica en alta mar. Las nuevas inversiones de gran escala en la economía de los océanos por parte de las empresas transnacionales de mayor valor, como Saudi Aramco, Petrobas o ExxonMobile, con el apoyo de los principales gestores de activos, se suman a la fuerte presión sobre los recursos y a la mayor competencia por el espacio marítimo. Es dentro de este proceso de reinversión del capital y acumulación centrada en los accionistas que los pescadores de pequeña escala, las poblaciones costeras y asalariadas son excluidas de la participación económica y la adopción de decisiones, y muchas pierden acceso a los espacios de los que depende para su subsistencia.

En un aparente desconocimiento de esta realidad económica, al invitar a las “partes interesadas”, la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas crea la ilusión de que ambas partes están en el mismo nivel. Mediante la adopción de un enfoque de múltiples partes interesadas, la conferencia intenta promover los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, alentando a los participantes a proclamar compromisos voluntarios. Sin embargo, mientras que la conferencia puede ser histórica en cuanto a los compromisos financieros, aún queda por verse si logrará cumplir el programa de los ODS de “no dejar a nadie atrás”. Teniendo en cuenta que aún no existe un mecanismo funcional para garantizar el cumplimiento de los compromisos y que el seguimiento sigue siendo un gran desafío, no parece muy probable que la próxima ronda de compromisos voluntarios contribuya a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y las necesidades económicas de la mayoría.

Cuando el Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Océanos este año elevó las expectativas para la Conferencia de Lisboa, al citar al Director Ejecutivo de BlackRock de que había que aprovechar la corriente cuando es favorable,^xxxiv también reafirmó la fe de la conferencia en la gobernanza de múltiples partes interesadas y los compromisos voluntarios. Sin embargo, más de 1.000 movimientos y ONG advirtieron sobre los peligros de esta trayectoria en una carta en la que condenaron una conferencia similar de las Naciones Unidas en 2021, en la que hacían referencia al impulso de las Naciones Unidas de “…una gobernanza de múltiples partes interesadas para consolidar aún más la influencia corporativa en las instituciones públicas a nivel nacional y de la ONU”.^xxxv

Para que la gobernanza de los océanos sea justa y transparente, el primer paso fundamental será reconocer los desequilibrios económicos de la economía mundial de los océanos y la consiguiente distribución del poder político. Asegurar que la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas no se convierta en otra oportunidad para el lavado azul dependerá, entonces, de que los líderes estatales y otros responsables de la adopción de decisiones resuelvan de manera urgente las deficiencias profundas del proceso político actual.