Mirándonos en el espejo mexicano

¿Qué tanto “desarrollo”, “puestos de trabajo”, “bienestar” traen el libre comercio y las inversiones internacionales? Hace 26 años, México firmó el Tratado de Libre Comercio más agresivo del mundo, el TLCAN ², con Estados Unidos y Canadá; en el año 2000, firmó un acuerdo similar con la Unión Europea, actualmente en proceso de “modernización” ³. Hace años que los movimientos sociales mexicanos e internacionales denuncian los impactos de los acuerdos de libre comercio en sectores muy diferentes. Entre 2011 y 2014, durante la Sesión sobre el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos que realizó un juicio popular al TLCAN, se dictaminó, tras el examen riguroso de 500 casos de violaciones de derechos humanos y colectivos, “una crisis humanitaria generalizada, que afecta a muy amplios sectores de la población y que ha llevado a una situación de crisis de Estado” ⁴. Desde entonces, este proceso no ha hecho más que profundizarse. Del 2 al 11 de diciembre de 2019, una Caravana de observación internacional (#ToxiTourMexico) recorrió de oeste a este el eje neovolcánico de México, atravesando densos corredores industriales que han atraído al capital estadounidense y europeo, entre otros. Las comunidades afectadas visibilizaron ante la Caravana una alarmante situación de urgencia ambiental y sanitaria, a la vez que un imponente ejemplo de organización, movilización y dignidad. En mayo de 2020, se reportó que el 78% de los decesos por COVID-19 en México se ubicaban en las regiones recorridas por la Caravana.

Foto: Martín Álvarez-Mullaly, OPSUR (#ToxiTourMexico, diciembre de 2019)

Los promotores iniciales de la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México” fueron la Asamblea Nacional de Afectado/as Ambientales de México (ANAA) y el Equipo de Poder Corporativo del Transnational Institute (TNI). La ANAA, una red de 130 organizaciones indígenas, campesinas, sindicatos y ONG cuya labor gira en torno a los conflictos de justicia social y ambiental en México, convocó la Sesión sobre el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. ⁵El TNI facilita la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad ⁶, estrechamente vinculada con el proceso hacia un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos⁷.

La Caravana contó con la participación de representantes del Parlamento Europeo, del parlamento vasco, del Senado de Minnesota (Estados Unidos), así como de hombres y mujeres científicos y activistas de organizaciones de Alemania, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Cataluña, México, el País Vasco y los Países Bajos⁸. Fue acompañada además por representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y académico/as de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)⁹.

La principal motivación fue la visibilización de los efectos del libre comercio y de la presencia de las empresas transnacionales en México. Tal y como lo destaca el economista mexicano Andrés Barreda, es importante recordar que el neoliberalismo no solo ha generado paraísos fiscales, sino también paraísos industriales en las últimas décadas¹⁰. Un paraíso industrial es un espacio atractivo para las inversiones debido a la falta de cumplimiento de las normas sociales, laborales y ambientales más básicas. En ese sentido, México desempeña un papel cada vez más importante en la globalización neoliberal desde mediados de la década de 1990, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, que podría ser reemplazado por un nuevo acuerdo recientemente concluido¹¹. Este país es utilizado por ambos bloques para externalizar los impactos sociales y ambientales de sus propias economías. Las empresas transnacionales pueden actuar con plena impunidad en México, dado que están protegidas por el mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (ISDS) que se suele integrar en los tratados de libre comercio.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, las consecuencias han sido desastrosas. Al respecto, Daniel Feierstein¹², miembro del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos – Capítulo México, señala que con el TLCAN se operó un proceso de destrucción social destinado a desmembrar y destruir la identidad del tejido social mexicano con el objetivo de imponer un nuevo modelo extractivo, productivo y de consumo. Este proceso implicó asesinatos selectivos de líderes sociales y ambientales, campesino/as, indígenas, periodistas, defensores/as de derechos humanos, feminicidios y una guerra social disimulada detrás de la supuesta lucha contra el narcotráfico. Se estima que entre 1997 y 2018 murieron, por lo menos, 400.000 personas a raíz de la violencia que involucra al crimen organizado, en complicidad con el gobierno¹³.

Durante el recorrido, los/as observadores/as internacionales realizaron visitas de campo y asistieron a encuentros con organizaciones locales en las seis siguientes regiones: Cuenca del Río Santiago (Jalisco); Cuenca de la Independencia (Guanajuato); Valle del Mezquital (Atitalaquia, Atotonilco, Tula y Apaxco), Hidalgo y Estado de México; Cuenca del Río Atoyac-Zahuapan, Tlaxcala; Estado de Puebla; y Norte del Istmo de Tehuantepec, Veracruz.. En cada región, representantes de las comunidades afectadas, acompañados por científico/as que han documentado los casos desde hace años, expusieron las repercusiones en la salud y el medio ambiente de los corredores industriales fomentados por el libre comercio.

El Salto, riberas del Río Santiago (Foto: Martín Álvarez-Mullaly, OPSUR - #ToxiTourMexico, diciembre de 2019)

La Caravana pudo constatar la existencia de corredores industriales consolidados en los últimos 20 años bajo el amparo de los tratados de libre comercio. Permitió observar in situ, cómo la ley acaba permitiendo la autorregulación ambiental de las empresas con el objetivo de atraer inversiones. Industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas coinciden con espacios urbanizados sin que se haga un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales.

De forma generalizada, el panorama en las seis regiones generó gran preocupación entre los observadores y observadoras, al encontrarse ante una alarmante situación de urgencia ambiental y sanitaria. Se puso de manifiesto la sistemática contaminación del aire, el agua y el suelo; la destrucción de los ríos, lagos, bosques y tierras de cultivo; procesos de urbanización salvaje y de proliferación de basureros y lugares de vertido de desechos tóxicos extremadamente peligrosos, así como la destrucción de la salud y los tejidos comunitarios en las regiones donde se han instalado las industrias amparadas por el régimen de comercio e inversiones. Según la información recabada por informes toxicológicos dados a conocer durante el recorrido, los habitantes de las regiones visitadas presentan diversas enfermedades, como cáncer de hígado, riñón, piel y estómago, así como leucemia, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, insuficiencia renal, fluorosis dental y esquelética, vinculadas con la actividad de las empresas en diferentes sectores.

Resultó evidente que a pesar de tener conocimiento de todo ello, los sucesivos gobiernos mexicanos no solo no han actuado hasta ahora, sino que además han invisibilizado los efectos ambientales, laborales y sociales ignorando las demandas y reivindicaciones de las comunidades afectadas; han contenido el descontento social a través de políticas de criminalización, represión y la siembra del terror en las organizaciones sociales mediante diversos grupos delictivos; y han facilitado la implementación de nuevos proyectos industriales y de megainfraestructuras que aumentan aún más los riesgos para la población local.

Por su parte, los gobiernos de los países de origen de las empresas extranjeras –fundamentalmente estadounidenses y europeas– que operan en los corredores industriales no vigilan el respeto de los derechos humanos, los derechos laborales y ambientales por parte de estas industrias, ni tampoco asumen ninguna responsabilidad ante los conflictos socioambientales que se generan. Asimismo, promueven la firma de tratados de libre comercio y de protección de inversiones, como el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México concluido en abril de 2020. Entre los elementos centrales del acuerdo, hay un capítulo sobre la protección de las inversiones¹⁵. México sería el primer país latinoamericano en firmar un tratado con Europa que incluya esta dimensión. Los beneficios para las empresas europeas son evidentes: el 35% de la inversión extranjera directa (IED) en México es de origen europeo¹⁶. Pero para el país latinoamericano, que ya se encuentra entre los cinco países más demandados del mundo (y el tercero de América Latina) por inversores extranjeros ante tribunales internacionales, este capítulo implica un riesgo considerable. Entre las 31 demandas de arbitraje que enfrentaba en 2019, siete fueron presentadas por empresas europeas (cinco españolas y dos francesas)¹⁷.

Uno de los elementos que más impactó a los observadores y observadoras internacionales radica en la capacidad de organización y de articulación de las resistencias que han desarrollado las comunidades afectadas en las seis regiones. Se hizo evidente que durante décadas, a pesar de la devastación socioambiental de sus territorios y de la agresión constante a su vida y su salud, han hecho un seguimiento de los impactos, desarrollando una gran capacidad de análisis colectivo e integrador del conjunto de dinámicas a las que se enfrentan, y se han vinculado con especialistas científicos con un alto compromiso social que han consolidado los diagnósticos populares. Los avances logrados por estas organizaciones tendrán impactos no solo en otras regiones a nivel nacional, sino también a nivel internacional.

A comienzos de 2020, el contexto de crisis sanitaria mundial genera una mayor preocupación para los y las observadores/as de la Caravana, en términos de los impactos que puede tener la pandemia sobre las comunidades afectadas visitadas. Esta preocupación se incrementa ante la reciente constatación por parte de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud, de que el 78% de los decesos por COVID19 parecen estarse concentrando en algunas de las regiones recorridas o bien en regiones de características muy similares a las recorridas por la Caravana¹⁸. En efecto, tal y como lo informaron las organizaciones en la reunión que mantuvieron el 6 de mayo de 2020 con SEMARNAT, la Secretaría de Salud y CONACYT, las seis regiones se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desatención estructural, caracterizada por el deterioro del sistema inmunológico de sus habitantes, dada la prevalencia en dichas regiones de comorbilidades interactúan intensamente con el SARS Cov-2, como es el cas de enfermedades degenerativas como el cáncer, la insuficiencia renal, las enfermedades respiratorias, la diabetes, la obesidad, las enfermedades autoinmunes, entre otras¹⁹.

A continuación, sobre la base de datos recabados por integrantes de la ANAA²⁰ y de las observaciones in situ, exponemos brevemente los resultados preliminares²¹.
El Cuenca Lerma-Chapala-Santiago , caracterizada por el emplazamiento de grandes zonas industriales, manufactureras, urbanas y agropecuarias. Algunas de las más de 70 empresas transnacionales presentes en la región son: Nestlé, Huntsman, Forbo Siegling, Omya (Suiza), Pernord Ricard, Danone, Virbac (Francia), Mexikor, Valresa (Estado español), Nefab, Zassa Abloy, Concretos Apasco (Suecia), Operadora CICSA, Cytec (Bélgica), DSM Nutritional Products (Países Bajos), QTEK México Pentair Vales and Controls (Irlanda), Petosa, Siemens, Continental, WVoit, BDT, ZF Friedrichshafen AG, Salzgitter Mannesmann, Borgwarner y Hella Automotive (Alemania). Desde el año 2000, la población afectada comenzó a organizarse para exigir que se investigaran los impactos de los corredores industriales en la salud de la población²². En 2011, un estudio sobre la calidad del agua del Río Santiago, a cargo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), comprobó la presencia de 1.090 contaminantes, el incumplimiento de la laxa norma de descargas por el 94% de las industrias y el vertido de 507,5 toneladas diarias de contaminantes²³. A pesar de estos hallazgos, no se tomaron medidas de reparación o de atención a la población. Por otra parte, el Gobierno del Estado de Jalisco tardó 10 años en hacer público –y lo hizo únicamente en diciembre de 2019 como consecuencia de la presión popular– un estudio que había encargado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Los datos recabados sobre 300 niño/as de entre 6 y 12 años de El Salto, Puente Grande, Juanacatlán, Colonia Jalisco y Jardines de la Barranca pusieron en evidencia, entre otros: la presencia de arsénico en el 45% de los niño/as de Juanacatlán; de cadmio en 97,8% de los/as niños/as de El Salto; de mercurio en 59% de los/as niños/as de Puente Grande; de plomo en el 93,8% de los/as niños/as de Juanacatlán; y benceno en 73,7% de aquellos/as de Juanacatlán²⁴. Para las organizaciones de afectado/as, el muestreo constituye un reflejo de una realidad que aqueja al conjunto de la población. Denuncian que su región se ha sacrificado en aras del crecimiento económico y la generación de riqueza para las empresas mexicanas y extranjeras, y exigen la declaración de una Zona de Emergencia Ambiental y Sanitaria.

En lo que atañe a la Cuenca de la Independencia,las comunidades del Norte del Estado de Guanajuato denunciaron los impactos producidos por la agricultura de exportación (brócoli, espinaca, fresa, frutos rojos, maíz transgénico, entre otros) de las empresas transnacionales y por poderosos empresarios mexicanos que han participado históricamente en las tres ramas del gobierno. El agronegocio no solo ha perforado más de 3000 pozos profundos, de los cuales cada año se extraen millones de metros cúbicos de agua, sino que el uso intensivo de agroquímicos ha causado la contaminación grave de los suelos y del agua. Las personas que viven en la región padecen síntomas provocados por fluoruro y arsénico en particular, tales como: fluorosis dental, fluorosis esquelética, síntomas neurológicos, problemas de los riñones, insuficiencia renal, varios tipos de cáncer. Además, en San Miguel Allende se encontraron casos de cáncer de pulmón atribuidos a la exposición prolongada a erionita potásica.

La región está asimismo amenazada por la posible implementación del proyecto minero a cielo vierto “Cerro del Gallo” en Dolores Hidalgo. El permiso fue de momento denegado por SEMARNAT, pero los capitales interesados podrían apelar. En lo que atañe a las condiciones de trabajo, se denunció la explotación laboral extrema por parte de la industria, que emplea de forma temporal y en condiciones precarias a personas provenientes de comunidades indígenas del Sur del país. En esta región, las comunidades afirmaron que el agotamiento de los recursos naturales por la agroindustria ha obligado a un gran número de personas a migrar hacia los Estados Unidos. En el Sur del Estado, donde se ubica uno de los principales centros industriales del país, se informó sobre los impactos generados por la planta de Tekchem, que en el año 2000 registró explosiones de malatión, provocando la formación de una nube tóxica que afectó a la población a varios kilómetros a la redonda. También, se denunció el caso de la industria Química Central de México, clausurada en 2014 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que exigió a la empresa el retiro de miles de toneladas de contaminantes. A pesar de ello, la empresa sigue sin cumplir. La población local menciona el aumento de enfermedades respiratorias e inmunológicas, daños teratogénicos, malformaciones, además de problemas por intoxicación severa: dolor de cabeza, dolor de garganta, ardor de ojos y vómito.

El Valle del Mezquital. En esta región se ubican las ocho principales fábricas de cemento y cal del país (generando la cuarta parte del cemento de México), entre las cuales se destaca la planta de la transnacional francesa Lafarge-Holcim. Este tipo de industria representa un riesgo para la población, ya que su funcionamiento requiere de dos procesos altamente contaminantes: la extracción minera a cielo abierto y la transformación industrial del material a través de calor, que genera emisiones contaminantes. Además, se incineran basuras y diversos tipos de residuos industriales en hornos de cemento, utilizándose neumáticos, productos químicos, aceites caducados, entre otros. Esto provoca la presencia de dioxinas y furanos en el polvo que cubre cotidianamente los campos agrícolas y las ciudades de la región. Las comunidades reportaron asimismo impactos generados por las aguas residuales urbanas e industriales, procedentes de la Ciudad de México, y la explotación de minería no metálica a cielo abierto. A ello se suman las emisiones atmosféricas de una planta de refinación de Pemex, de una planta termoeléctrica de la CFE, y dos parques industriales y empresas procesadoras de alimentos, como Sigma Alimentos, Cargill, Barcel, Griffith, Bimbo y la Compañía Cerillera la Centra. En abril de 2013 explotó en cinco ocasiones una planta de agroquímicos ATC y se reportaron cuadros de envenenamiento en alrededor de 40.000 personas²⁵.

Durante una presentación organizada para la Caravana sobre otra de las regiones visitadas, la Cuenca del Río Atoyac-Zahuapan, River Basinel investigador Samuel Rosado²⁶ documentó cartográficamente cómo a partir de la firma del TLCAN se incrementó la presencia del capital estadounidense y alemán. En particular, entre 2011 y 2016, el sector automotriz presente en la región creció un 60%. A pesar de las promesas de generación de trabajo para las poblaciones locales a partir del establecimiento de los corredores industriales, Rosado mencionó que la industria manufacturera en Puebla y Tlaxcala sólo representa 16% de los puestos de trabajo.

Apoyándose en informes de CONAGUA y la CNDH, las comunidades afectadas reportaron la presencia de los siguientes contaminantes en el río: mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cobre, cromo, cadmio, zinc, tolueno, dibromoclorometano, cloroformo, cloruro de vinilo, cloruro de metilo, fenoles, compuestos de benceno, nitritos y nitratos, fosfato y xilenos. De acuerdo con las denuncias presentadas por el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. frente a la Red contra el Genocidio y la Impunidad en México, entre 2002 y 2016 más de 25.000 personas fallecieron de cáncer, 4.000 de ellas por insuficiencia renal y se contabilizaron más de 900 casos de abortos espontáneos. Asimismo, la Red estima que en promedio muere en la región una persona cada cuatro horas por alguna de estas causas²⁷.

En Puebla, otro de los paraísos industriales y agroindustriales visitados por la Caravana, las comunidades afectadas denunciaron la sobreexplotación de los acuíferos y los altos niveles de contaminación ocasionados por la industria manufacturera, automotriz (por ejemplo Volkswagen), porcina (Granjas Carroll-Smithfield y Driscolls) y minera. Cabe señalar que esta región fue en 2009 el epicentro de la pandemia del virus H1N1. Además, se denunció el continuo despojo de tierras causado por la implementación de diversos tipos de megaproyectos como las megagranjas de cerdos, la agroindustria de exportación, la minería a cielo abierto o los parques eólicos de la empresa española Iberdrola.

En el Norte del Istmo de Tehuantepec, la Caravana recorrió uno de los polos petroleros y petroquímicos más antiguos e importantes de América Latina, conformado por la Refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico (CPQ) Cosoleacaque, establecidos en Minatitlán, Veracruz. En Coatzacoalcos se encuentra el CPQ Cangrejera (donde opera, por ejemplo, grupo español COBRA, propiedad de ACS), el CPQ Morelos, y el CPQ Pajaritos, cuya planta de clorados III sufrió una explosión en 2016 en la que murieron 32 trabajadores. En este último caso, las comunidades afectadas denuncian que más de 300.000 habitantes locales se vieron expuestos a las cenizas precipitadas por la explosión, que contenían un alto contenido de dioxinas y furanos policlorados. La región posee también el principal núcleo de ductos de fósiles industriales (oleoductos, gasoductos, gasolinoductos y ductos petroquímicos) que son objeto continuo de explosiones y derrames en el área de Nanchital, contaminando peligrosamente a la región.

Además de la contaminación permanente del Río Coatzacoalcos por el vertido de hidrocarburos en los humedales vecinos a los grandes centros industriales, las comunidades afectadas informaron que el almacenamiento a cielo abierto de coque en Jáltiplan de Morelos, por la empresa española García Munte (actualmente ADN Energía de México), provoca la dispersión de un polvo fino y de nubes tóxicas asociados a un gran número de enfermedades que aquejan a la población. Por otra parte, señalaron que de acuerdo con los pescadores locales, desde la instalación de la planta en 2013, observaron la mortandad de peces, tortugas y otras especies locales. Las comunidades campesinas también informaron de pérdidas en las cosechas de frutales y hortalizas. Por otra parte, se señaló que la planta de coque genera únicamente una veintena de puestos de trabajo y que los trabajadores tienen graves problemas de salud.

Primera reunión de la Caravana con el Secretario de Medio Ambiente de México, Víctor M. Toledo. (Foto: Martín Álvarez-Mullaly, OPSUR – #ToxiTourMexico, 11 de diciembre de 2019)
La Caravana contó con una cobertura mediática extraordinaria en los principales medios de comunicación (prensa, televisión, radio) de México y otros medios internacionales²⁸.

En términos de la incidencia política conseguida, cabe destacar que SEMARNAT acogió favorablemente los resultados de la Caravana en la primera reunión del 11 de diciembre de 2019, y el propio Secretario de Medio Ambiente informó públicamente al Presidente de México al respecto el 12 de diciembre²⁹. Tras la reunión, SEMARNAT publicó un comunicado de prensa³⁰. Posteriormente, tuvo lugar una segunda reunión con las comunidades afectadas, el 21 de enero de 2020, dónde éstas presentaron las 12 propuestas y SEMARNAT se comprometió a la elaboración de programas de restauración ecológica³¹. El 3 de marzo se celebró la tercera reunión, en la que el diálogo comenzó a involucrar a otros sectores del gobierno como la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Se acordó la creación de un grupo de coordinación interinstitucional para avanzar en la resolución integral de los problemas de contaminación y de salud en las regiones de emergencia ambiental (REA). Las comunidades afectadas aprovecharon para expresar su preocupación por el avance regional de nuevos megaproyectos, que amenazan con profundizar los procesos de contaminación, pérdida de biodiversidad, estrés hídrico, daños a la salud, y despojo³². Finalmente, la cuarta reunión tuvo lugar el 6 de mayo, contando con la participación de representantes de las comunidades afectadas, el Secretario de SEMARNAT, el Secretario de Salud, y la directora de CONACYT. Al tener lugar en pleno contexto del COVID-19, durante la reunión se resaltó la interconexión entre la salud ambiental y la salud humana, así como los riesgos mayores que la pandemia genera para las poblaciones de las seis regiones³³. La próxima reunión tendrá lugar el 6 de julio de 2020.

Foto: Martín Álvarez-Mullaly, OPSUR (#ToxiTourMexico, diciembre de 2019)

Tanto las comunidades afectadas como las diferentes organizaciones internacionales que participaron en la Caravana están elaborando informes que serán la base para las denuncias a nivel internacional de la preocupante situación observada. En términos de la difusión pública en el exterior, se alcanzó a organizar, antes de la crisis del coronavirus, una presentación en Ecuador ante la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), en el marco de la resistencia frente al libre comercio³⁴. Una iniciativa similar en Argentina se postergó para la segunda mitad de 2020, así como la gira en Europa y en Estados Unidos de representantes de las comunidades afectadas. Con el objetivo de exponer la responsabilidad pública y privada de la Unión Europea y de incidir en el proceso de firma y ratificación del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México, se planifican actos de incidencia ante el Parlamento Europeo, el Parlamento alemán, el Parlamento vasco así como organización de actos públicos en Francia, Alemania, el Estado español y Bélgica. Los resultados serán presentados igualmente en el mes de octubre durante el 6o período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) del Consejo de Derechos Humanos cuyo mandato consiste en elaborar un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

Finalmente, desde las organizaciones que participaron en la Caravana se buscará consolidar las redes de solidaridad con las comunidades afectadas. Posiblemente hoy comienza una nueva etapa en México que permitirá luchar en forma eficaz contra la impunidad corporativa, y es más importante que nunca prestar atención a este proceso.

Principales empresas europeas presentes en las zonas visitadas

El Salto (Jalisco): Nestlé (Suiza), ZF (Alemania), Virbac (Francia), Continental (Alemania), BDT (Alemania), Mexikor (España), Nefab (Suecia), Pentair Vales and Controls de México (Irlanda), Cytec (Bélgica), DSM Nutritional Products (Países Bajos), Grupo Danone (Francia), QTEK México (Irlanda), Pernod Ricard (Francia), Forbo Siegling (Suiza), Omya (Suiza), Petosa (Alemania), Siemens (Alemania), Voit (Alemania), Assa Abloy (Suecia), Operadora CICSA (Bélgica), Hella Automotive (Alemania), Concretos Apasco (Suiza), Valresa (España).

Cuenca de la Independencia: Syngenta (China-Suiza), Bayer (Alemania), BASF (Alemania)

Valle del Mezquital: Lafarge-Holcim (Francia-Suiza)

Cuenca del Ayotac – Zahuapan: Volkswagen (Alemania), Audi (Alemania), ThyssenKrup, Bayer (Alemania), BASF (Alemania)

Puebla: Iberdrola (España), Lagermex (Alemania),

Norte del Istmo (Veracruz): García Munte (España), Grupo Cobra – ACS (España)