El poder de las finanzas públicas para el futuro que deseamos

Puede que la idea no tenga nada de nuevo, pero la fuerza que ha cobrado el Nuevo Pacto Verde en los Estados Unidos es notable. Los posibles candidatos presidenciales están asumiendo la propuesta, que ya ocupa un lugar destacado en la agenda el nuevo Congreso, donde 40 congresistas demócratas están reivindicando que se elabore un plan sólido al respecto.

Sin embargo, puede que lo más llamativo no sea la popularidad al alza de esta idea, sino el creciente reconocimiento político de que el Gobierno puede crear los miles de millones de dólares que se necesitan no solo para enfrentar la crisis climática, sino también para luchar contra las desigualdades y transformar la economía.

Es difícil recalcar lo suficiente la importancia de este hecho. Antes de la crisis financiera de 2008, el lema era que “no hay alternativa” al aumento de las desigualdades, la codicia de las grandes empresas y la destrucción del medioambiente. Después de 2008, se impuso el relato de que no queda más dinero público para sufragar las alternativas, por lo que debemos recurrir a las finanzas privadas.

El Nuevo Pacto Verde le da un vuelco a esa perspectiva. Como ha comentado su defensora más célebre, la recién elegida congresista Alexandria Ocasio-Cortez, este marco ofrece posibilidades para reproducir “la Gran Sociedad, la pisada en la luna, el movimiento por los derechos civiles de nuestra generación”.

El supuesto de que las finanzas privadas representan la única forma de promover la política social y ambiental domina los debates sobre cómo poner en práctica el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A menudo, estos debates ignoran cómo las finanzas privadas facilitan la extracción de riqueza desde el sector público hacia los ricos.

Por ejemplo, un estudio de 2018 que revisa datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la evasión fiscal a escala global por parte de las empresas multinacionales calcula que las pérdidas para el sector público se sitúan en unos 650 000 millones de dólares, lo cual afecta de manera desproporcionada a las personas en los países pobres (y saqueados).

Otro estudio sugiere que, entre 1995 y 2005, la City de Londres le costó a la población del Reino Unido 4,5 billones de libras esterlinas en recursos, capacidades e inversiones que beneficiaron al sector financiero en lugar de destinarse a actividades más productivas de la sociedad, así como la enorme riqueza que se evaporó entre los más acomodados con la crisis financiera de 2008.

Las protestas de los ‘chalecos amarillos’ que se están viviendo en Francia constituyen otro ejemplo en el que la gente ha tomado las calles, en parte para manifestarse en contra de una ‘ecotasa’, porque el Gobierno de Macron pretendía que fuera toda la ciudadanía, y no los contaminadores, la que pagara por el cambio climático. Esto sucedió después de que el Gobierno transfiriera 14 000 millones de euros a los ricos y otros 41 000 millones de euros a las empresas francesas, incluidas multinacionales.

Cuando se apuesta por ella —aunque sea con fines productivos o progresistas— la financiación privada suele terminar siendo más cara que la pública. La Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido calculó que los proyectos públicos que se financian de forma privada (por ejemplo, la construcción de una escuela) cuestan un 40 % más que con financiación pública.

Esto se explica, entre otros motivos, por las ganancias que exigen los inversores y los accionistas privados, por las normas contables que ocultan el coste real de la financiación privada hasta que aparece como deuda al final de un proyecto y por los tipos de interés, que se sitúan en un promedio del 7-8 % en el caso del sector privado y de solo el 3-4 % en el caso de las administraciones públicas.

Un estudio de 835 casos de servicios públicos de todo el mundo... ha demostrado que las empresas privatizadas no garantizan una mejor calidad de servicio, precios más bajos ni más inversiones.

Varias décadas de empeños intelectuales han intentado hacernos creer que lo público depende de la financiación privada y que quedan muy pocos bancos públicos para financiar los servicios y las infraestructuras públicos, a pesar de que estos han demostrado ser esenciales para redistribuir la riqueza de manera más equitativa entre las poblaciones.

Los datos presentados por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tergiversan el valor de las finanzas públicas al indicar que los bancos públicos solo disponen de entre 2 y 5 billones de dólares en activos. Teniendo en cuenta los muchos billones de dólares que se precisan para financiar la infraestructura necesaria para luchar contra la crisis climática y lograr la transición energética, esta cantidad equivaldría a una gota en el océano.

Sin embargo, según las investigaciones de Thomas Marois, de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres, en todo el mundo hay 693 bancos públicos, que poseen activos por un valor de 37,72 billones de dólares.

Este dinero público se necesita con urgencia para financiar directamente la lucha contra los efectos adversos del cambio climático y unos sistemas energéticos democráticos, socialmente justos y renovables. Sin embargo, la mayoría de los Gobiernos se limitan a incentivar a las empresas privadas para que inviertan en la transición hacia las energías renovables mediante el fomento de las privatizaciones y de las alianzas público-privadas.

A pesar de los innumerables recortes de impuestos, subsidios y garantías públicas, el sector privado no ha mostrado ningún interés significativo en financiar una transición de los combustibles fósiles hacia las renovables. De hecho, según la Agencia Internacional de la Energía, las inversiones en renovables que dependían del sector privado incluso bajaron un 7 % en 2017. Es probable que esta tendencia se mantenga mientras dependamos de las finanzas privadas y los mecanismos de mercado.

En cambio, la inversión pública se puede dedicar a sistemas y servicios públicos, y con mejores resultados sociales y ambientales. Un estudio de 835 casos de servicios públicos de todo el mundo que acabaron con la privatización o que ofrecieron una nueva alternativa de servicio público (de los cuales, 311 en el sector energético) ha demostrado que las empresas privatizadas no garantizan una mejor calidad de servicio, precios más bajos ni más inversiones.

Los servicios públicos recuperados y remunicipalizados suelen rendir mejor, lo cual demuestra que, trabajando en equipo, las autoridades locales, el personal y las comunidades están mucho mejor preparados que cualquier empresa comercial para brindar unos servicios de calidad para todos y todas.

De estas observaciones iniciales, podemos extraer cuatro grandes conclusiones. En primer lugar, los recursos están ahí, pero están siendo expropiados y desperdiciados por una minoría empresarial que es muy, muy pequeña, pero que es muy privilegiada.

En segundo, la financiación privada resulta mucho más cara que la pública a la hora de sufragar servicios e infraestructura públicos. En tercero, a pesar de las privatizaciones, se dispone de un volumen considerable de finanzas públicas en forma de bancos públicos. Y en cuarto y último lugar, la transición justa hacia la democracia energética no será una realidad mientras se sigan movilizando fondos públicos para generar ganancias privadas.

Así, si sabemos a qué nos enfrentamos y qué debemos hacer frente a la crisis climática, ¿qué tipo de sistemas financieros y monetarios concebimos para asegurarnos de lograr nuestro fin?

Nuestra visión de futuro para transformar el dinero y las finanzas se basa en dos fundamentos. El primero consiste en una política de las finanzas para el 99 %, por la que las finanzas públicas y democráticamente responsables se utilicen para invertir en agua, salud y educación, así como en sectores que respeten el medioambiente.

El segundo es una política del dinero público que anime a los Gobiernos a emplear su poder democrático para gastar dinero directamente en la economía real. Esta es la única manera de liberar a la sociedad de las cadenas de la deuda y la financierización. Estas nuevas políticas pueden dar lugar a la esperanza, ya que proporcionan una base para elaborar propuestas y prácticas radicales pero viables para el futuro que deseamos.

Las alternativas del mundo real que presentamos a continuación, que han plantado cara al neoliberalismo desde Costa Rica y la India hasta Alemania y los Estados Unidos, demuestran que podemos transformar de base el dinero y las finanzas, de forma que fomenten el bienestar colectivo.

Kerala, un estado situado en el suroeste de la India con más de 31 millones de habitantes, nos demuestra cómo una red de más de 11 000 cooperativas, acompañada de un alto nivel de sindicalización, finanzas públicas y apoyo estatal, puede fomentar un potente desarrollo humano.

El programa Kudumbashree (que significa ‘prosperidad para la familia’), que lleva 20 años funcionando en todo el estado, es impresionante: en él participan 4,3 millones de mujeres marginadas económicamente, una cifra que representa casi el 60 % de los hogares de Kerala.

Estas mujeres están organizadas en colectivos de barrio que participan en varios ámbitos, desde la construcción y el transporte hasta los textiles y las artesanías, pasando por la elaboración de productos agrícolas y la agricultura. Su sector agrícola, en el que se ganan la vida 320 000 mujeres, resulta especialmente inspirador. Trabajando en pequeños colectivos de barrio, las mujeres eligen una parcela de tierra y reciben préstamos a bajo interés, maquinaria agrícola y semillas subsidiadas, así como formación y asistencia técnicas.

Esto les ayuda a cultivar arroz, frutas y verduras para alimentar a sus familias y vender los posibles excedentes en los mercados de la aldea. Con este método se ha formado a 10 000 mujeres expertas en agricultura, que ahora están ayudando a al menos otros cinco estados de la India a reproducir el programa. Etiopía y Sudáfrica también están en contacto con el gobierno estatal de Kerala para aprender de este modelo agrícola.

La dinámica fuerza que impulsa la economía social y solidaria de Kerala se halla en el poder organizador del Frente Democrático de Izquierdas (LDF), una coalición de varios partidos de izquierda, y en una próspera red de movimientos populares. El LDF, que actualmente ocupa el gobierno, tiene otro proyecto ambicioso y más reciente para establecer un Banco Cooperativo a nivel estatal con el fin de superar las restricciones fiscales impuestas por el Gobierno central de Modi y fortalecer los 980 bancos cooperativos que operan en Kerala y sus 1647 sociedades cooperativas agrarias de crédito. Los depósitos que administran estas entidades, en conjunto, superan los 1000 millones de dólares.

Es evidente que la participación del Gobierno puede ser problemática, ya que los Estados también pueden actuar de manera muy antidemocrática, si no de una manera totalmente autoritaria. En otras palabras: la propiedad pública no es garantía de democracia. En el ámbito de las finanzas no se necesita un enfoque de gestión verticalista, de arriba abajo, sino una nueva generación de bancos públicos y profundamente democráticos.

En este sentido, podemos aprender de la experiencia del Banco Popular de Costa Rica. Este banco, que es propiedad de 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras costarricenses (aproximadamente el 20 % de la población) es quizás el banco más democrático del mundo. El organismo de máxima jerarquía de la entidad es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, que está integrada por 290 representantes de 10 sectores sociales y económicos.

Estos ejemplos de prácticas bancarias cooperativas y municipales brindan una manera de entender cómo estos principios —un mandato vinculante, la participación de varias partes interesadas, la oferta de varios cauces para la participación popular— pueden facilitar una banca pública democrática.

El banco hace honor a su misión —que consiste en servir al bienestar social y sostenible de toda la población costarricense— financiando a cooperativas y grupos que suelen padecer de exclusión financiera, como trabajadores, campesinos y pequeñas y medianas empresas (pymes). Para garantizar este objetivo, una cuarta parte de las ganancias se destina a fondos especiales concebidos para satisfacer las necesidades de quienes, de otro modo, carecerían de acceso al sistema bancario.

Las decisiones bancarias de la entidad también se rigen por los principios de la equidad de género, la accesibilidad y la responsabilidad ambiental. El Banco Popular colabora también con la cooperativa regional de energía COOPELESCA, una de las cuatro que consiguió que la electricidad llegara a las zonas rurales del país.

Gracias a un préstamo en condiciones favorables, COOPELESCA realizó una conversión total a la iluminación con tecnología LED y, ya en 2015, la cooperativa compensaba su huella de carbono a través de sus propias fuentes de energía renovable y otras iniciativas ambientales. El banco propiedad de los trabajadores también ayudó a COOPELESCA a comprar tierras agotadas con el fin de preservar el suelo, la biodiversidad y los recursos hídricos.

También hay mucho que aprender de la experiencia de las cajas de ahorros alemanas (o Sparkassen). Los activos de estas 400 entidades de ahorro locales no son propiedad de nadie. Las cajas son independientes de las autoridades locales, por lo que no se pueden privatizar; sus beneficios tampoco se pueden desviar para otros fines.

El consejo de administración de cada entidad es clave para su eficacia, ya que está integrado por representantes municipales y otras partes interesadas cuyo deber consiste en cumplir con un mandato vinculante: estimular el ahorro, promover la inclusión financiera y conceder préstamos a las pymes.

Estos ejemplos de prácticas bancarias cooperativas y municipales brindan una manera de entender cómo estos principios —es decir, un mandato vinculante, la participación de varias partes interesadas, la oferta de varios cauces para la participación popular— pueden facilitar una banca pública democrática.

En Bélgica, la plataforma ‘Belfius es nuestro’ está estudiando estos ejemplos en el marco de su campaña para democratizar Belfius, un banco privatizado que antes era conocido como Dexia y que fue nacionalizado tras un segundo rescate en 2011. Según los fundadores de la plataforma, Frank Vanaerschot y Aline Fares, la democratización de Belfius supondría servir de manera efectiva a la sociedad, lo cual solo puede suceder a través de un debate inclusivo sobre el nuevo mandato público del banco, así como sus estructuras de propiedad y gobierno.

Las adquisiciones públicas representan otra fuente de ingresos que puede transformar las economías locales, en especial si se tiene en cuenta que la contratación pública representa entre el 15 y el 20 % del PIB mundial. La estrategia de la institución de referencia, desarrollada por el instituto de investigación estadounidense Democracy Collaborative, amplía de forma creativa las posibilidades que ofrecen las adquisiciones públicas cuando se colabora con instituciones de referencia como hospitales y universidades —porque son ricas en activos y capital, y están arraigadas en la comunidad— para maximizar su contribución social a través del gasto, el empleo y la inversión local.

Esta estrategia capta, redistribuye y promueve el patrimonio de la comunidad. En la ciudad de Cleveland, en los Estados Unidos, esta idea se ha materializado en la red de Evergreen Cooperative, que está formada por uno de los mayores invernaderos urbanos del país, una cooperativa que instala paneles solares y desarrolla medidas de acondicionamiento, y una gran empresa de lavandería verde que hace poco consiguió un contrato con Cleveland Clinic, una de las instituciones de referencia de la ciudad.

La estrategia también fue adoptada por la ciudad de Preston, en el Reino Unido. En 2013, siete instituciones de referencia (entre las cuales una universidad, dos escuelas superiores y el Ayuntamiento) sumaron fuerzas para gastar 38 millones de libras en la ciudad y 292 millones de libras en el condado de Lancashire, donde se encuentra Preston. Para 2017, los nuevos contratos abarcaban desde menús escolares a grandes proyectos de construcción y los fondos habían aumentado hasta los 111 millones de libras para la ciudad y los 486 millones de libras para la región.

Estos ejemplos del mundo real ponen de manifiesto que podemos utilizar estrategias de financiación, banca y adquisiciones estatales transformadoras para generar un desarrollo humano sólido y promover la riqueza de la comunidad desde abajo. Sin embargo, teniendo en cuenta que vivimos en el contexto de un sistema financiero global impulsado por la deuda, debemos preguntarnos de dónde proviene el dinero, ya que la mayoría de los nuevos fondos son emitidos por bancos comerciales en forma de préstamos privados y, a menudo, con un alto tipo de interés, lo cual perpetúa el ciclo de crecimiento económico temerario.

Este tipo de dinero puede entenderse como financiación, ya que siempre se basa en la creación de deuda y en el endeudamiento de particulares y poblaciones enteras. Incluso el FMI y el Banco de Inglaterra admiten que es así como se crea el dinero nuevo. Que la mayor parte de nuestro dinero se base en la deuda no es un hecho ineludible, sino que constituye una situación política que las personas y la voluntad política pueden cambiar.

En la era neoliberal, como los bancos centrales en muchos países ricos se independizaron, aparentemente, del Gobierno, su principal deber consistía en garantizar la estabilidad de los precios y limitar la inflación mediante la fijación de los tipos de interés y la producción de efectivo (billetes y monedas). Sin embargo, el poder que conservaban los Gobiernos para emitir dinero libre de deudas se hizo patente con los 2,5 billones de euros que creó el Banco Central Europeo (BCE) y los 3,5 billones de dólares que emitió la Reserva Federal estadounidense después de la crisis financiera de 2008, un proceso también conocido como ‘expansión cuantitativa’.

Aunque estas sumas astronómicas de dinero deberían haberse destinado a la lucha contra el derrumbe de los sistemas ecológicos, los efectos adversos del cambio climático y las desigualdades generalizadas, a la economía productiva llegó solo un pequeño porcentaje de ellas, ya que se utilizaron principalmente para comprar bonos de empresas y Gobiernos. La idea de base seguía vinculada con la teoría del derrame o del efecto goteo, al considerar que la compra de bonos impulsaría el precio de las acciones y que esto, a su vez, estimularía el gasto en el corto plazo y las inversiones en el largo plazo, en beneficio de todos y todas.

Es evidente que esto no llegó a suceder nunca, ya que solo los ricos poseen acciones y saben que pueden ganar más dinero rápido a través del sector financiero que con los sectores más productivos.

Por lo tanto, los Gobiernos siguen teniendo el poder de gastar dinero en lugar de prestarlo, pero la forma en que lo han utilizado ha dado lugar a una mayor concentración de la riqueza, no a menos. La crisis financiera mundial de 2008 demostró que las pérdidas financieras siempre se socializan a espaldas de la gente común a través de rescates bancarios y medidas de austeridad.

Como el responsable último es el público, esto ilustra que incluso el crédito o el dinero generado por la deuda que emiten los bancos comerciales debe considerarse un bien público y, por lo tanto, debería estar en manos públicas y estar controlado democráticamente.

Un nuevo sistema de dinero público podría canalizar subsidios para fomentar el bienestar colectivo.

Para ello, se necesitará una ‘política del dinero público’, en lugar de una política de las finanzas privatizadas. Esto solo se puede conseguir reafirmando los poderes para crear dinero nuevo con el fin de democratizar fundamentalmente nuestros sistemas de dinero mediante el gasto y no mediante el préstamo. Y ese dinero no se debería gastar en los mercados financieros, sino que debería destinarse a enfrentar los grandes desafíos de nuestra época.

Si movilizamos todo nuestro contrapoder, podemos reivindicar el Estado y crear un nuevo modelo monetario. Por poner un ejemplo de cómo podría ser ese modelo, Mary Mellor, profesora emérita de la Universidad de Northumbria, argumenta en su libro Debt or Democracy que un nuevo modelo podría permitir que las personas decidan de manera democrática y colectiva la cantidad de dinero público que se debe crear para pagar una renta básica y garantizar servicios básicos universales.

Todo el dinero creado públicamente que resultara superfluo se podría recuperar a través de los impuestos y, de este modo, mantener la inflación bajo control. Pero como ni siquiera los billones de dólares que crearon los bancos centrales después de la crisis de 2008 generaron inflación, el temor a la hiperinflación parece, en gran medida, carecer de fundamento. Además, teniendo en cuenta todos los nuevos bienes y servicios que necesitamos para restaurar nuestros ecosistemas, reconstruir los servicios públicos y crear mano de obra significativa, a este nuevo dinero se le daría un muy buen uso.

Aunque puede que, para muchos políticos, esta propuesta sea demasiado radical, el impulso para crear nuevo dinero público en interés de la gente está cobrando una fuerza significativa. Un ejemplo de ello es el Nuevo Pacto Verde que mencionamos al principio de este artículo. Esta iniciativa ha potenciado el apoyo a grandes inversiones públicas para luchar contra el cambio climático, con la ayuda de dinero creado públicamente y bancos públicos democráticos. Un nuevo sistema de dinero público podría canalizar subsidios para fomentar el bienestar colectivo.

Vincular nuestras luchas contra el derrumbe de los sistemas ecológicos y todas las formas de explotación con estas iniciativas para construir sistemas monetarios y financieros radicalmente justos es vital para transformar nuestras economías. Debemos aunar fuerzas a favor de una nueva política del dinero público y las finanzas para el 99 % y, así, generar la fortaleza organizativa que vemos en lugares como Kerala, con un elevado índice de sindicalización progresista y una importante asistencia estatal a unas dinámicas redes cooperativas.

Debemos exigir y formular políticas para la banca democrática que abarquen un mandato público vinculante e integren en sus juntas directivas a una gran variedad de partes interesadas. Podemos transformar las adquisiciones públicas y el gasto, las inversiones y las prácticas de empleo de las instituciones para favorecer el patrimonio de la comunidad. De esta manera, podremos reclamar que nuestros sistemas monetarios sean públicos, estén sometidos a un control democrático y se utilicen para construir economías que sustenten la vida.

Este artículo se basa en las investigaciones realizadas para un libro que el TNI publicará próximamente y que destaca prácticas y propuestas del mundo real que pueden transformar nuestros sistemas monetarios y financieros en beneficio del 99 %. El libro aboga por el dinero público, la banca democrática y las redes cooperativas para defender unas democracias económicas que sustenten la vida.

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Traducción al español: Beatriz Martínez Ruiz

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Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2019, editado en español por Transnational Institute, Fuhem Ecosocial y Attac España.