Intervenciones de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos: armas, ayuda y contrarrevolución

La ola de levantamientos en el Norte de África y Asia Occidental en los últimos diez años sorprendió a expertos y académicos por igual. Según ellos, el argumento a favor de un cambio democrático se había descartado hacía mucho tiempo y, en cambio, se insistía en la “resiliencia del autoritarismo” y el “excepcionalismo” de la región en relación con las tendencias mundiales, incluida la democratización. Desde entonces se ha escrito mucho acerca de las causas profundas, el impacto y la trayectoria de los levantamientos. Aunque el presente artículo se centra en gran medida en Estados individuales, uno de los resultados de los levantamientos ha sido la mayor participación de actores regionales en varios países, que contribuyen a estabilizar el sistema político para beneficio propio. Los levantamientos, tanto en la primera como en la segunda ola, representaron una gran esperanza de cambio e hicieron públicas las demandas de justicia social y económica. Esa esperanza estuvo acompañada de muchos contratiempos, frustración y contrarrevoluciones. El papel de los actores regionales ha sido fundamental en esta dinámica.

Más concretamente, una serie de actores regionales, entre ellos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía e Irán, intervinieron rápidamente para defender sus intereses, socavar a los opositores y consolidar su poder en la región. En lugar de analizar los levantamientos y sus consecuencias en Estados individuales, un análisis comparativo más amplio nos permite examinar a los actores que han surgido y sus mecanismos de intervención en el plano regional. En el siguiente análisis, centraré la atención en las intervenciones en Yemen y Libia tras los levantamientos de 2011. Si bien los levantamientos en ambos Estados tuvieron trayectorias diferentes, una constelación similar de actores regionales intervino militar, financiera y diplomáticamente para intentar asegurar que se instalaran líderes favorables a ellos. El presente aporte, que se centra en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, examina los diversos modos de intervención utilizados –incluidas las campañas militares directas, el uso de terceros países, los paquetes de ayuda financiera y humanitaria– que contribuyeron a alcanzar un resultado regional que, lamentablemente, ha apuntalado el statu quo contra la esperanza inicial de cambio ofrecida por los levantamientos.

A medida que se suscitaron levantamientos en un Estado tras otro, amenazando a líderes individuales, los actores regionales consolidados comprendieron esta amenaza, pero la interpretaron como una oportunidad para intervenir y así poder influenciar en su trayectoria. En las guerras que ocurrieron tras los levantamientos en Siria y Libia, por ejemplo, se implementaron diversas formas de intervención militar, como el suministro de armas para apoyar a diversas facciones internas.

Dentro del conjunto de actores internacionales y regionales que competían por el dominio regional, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que hasta hace poco tenían las posturas geopolíticas más cercanas, dirigieron o participaron en una serie de campañas militares (directa o indirectamente), la más conocida de ellas en Yemen. Actuaron para mantener el control y preservar el statu quo, inicialmente interviniendo en el Consejo de Cooperación del Golfo y apoyando a los regímenes en Omán y Bahrein –en este último caso, desplegaron la Fuerza del Escudo de la Península para apoyar al Rey Hamad a reprimir manifestantes que se oponían a su régimen.

A menudo se olvida que el régimen de Arabia Saudita también se apresuró a reprimir las protestas internas en la región de Qatif, en el este del país, y en ciudades más pequeñas como al-Awamiyah y Hofuf. Las manifestaciones, organizadas por la minoría chiita del país, inicialmente estaban dirigidas contra la intervención de la Fuerza del Escudo de la Península en Bahrein, pero también se relacionaban con agravios internos. En los Emiratos Árabes Unidos también hubo protestas internas, pero en una escala mucho menor: en 2011 un grupo redactó una petición para reformar el Consejo Nacional Federal, que incluía el reclamo del sufragio universal. La respuesta fue más vigilancia y la detención de los activistas partidarios de la reforma.

Es así que, en ese momento, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a sentir el efecto dominó de los levantamientos y podían ver cómo estos, especialmente en Omán y Bahrein, estaban promoviendo la disidencia dentro de sus territorios. Motivados por una rivalidad más amplia con Irán por el dominio geopolítico y el deseo de disminuir la amenaza de la Hermandad Musulmana, intentaron intervenir de diferentes maneras para influir en la trayectoria de los levantamientos.

Las diversas intervenciones militares llevadas a cabo por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos contaron con apoyo financiero a fin de asegurar sus objetivos en materia de política exterior, especialmente a través de paquetes de ayuda a Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez¹.

Para entender la violencia y la escala de las intervenciones de ambos países en respuesta a los levantamientos es necesario realizar un análisis más amplio de la región, más allá de Estados individuales, especialmente a la luz del aumento de las tensiones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, por un lado, e Irán, por otro. Está claro que los regímenes saudí y emiratí adoptaron un enfoque multidimensional, incorporando campañas militares y la alineación de la ayuda extrajera a los intereses del capital privado en esos Estados. Las intervenciones de la alianza entre ambos países también copiaron en gran medida los métodos –tanto militares, como en cuanto a herramientas discursivas– de la intervención estadounidense en la región, lo cual pone de relieve la relación histórica de los Estados Unidos como mecenas de estos regímenes y, a su vez, las conexiones internacionales de la industria armamentista, la circulación de equipamiento y técnicas militares y los modelos de contrainsurgencia^2,3. Esas normas de contrainsurgencia, aplicadas por la coalición encabezada por Arabia Saudita, se pusieron de manifiesto de la manera más cruda en Yemen. El caso de este país también pone de relieve el enfoque multidimensional de la intervención, que ha implicado la aplicación de fuerza militar directa y la utilización de terceros mientras, al mismo tiempo, se brinda ayuda a zonas controladas por la coalición y se la utiliza como forma de influencia política.

De modo similar a los levantamientos en el resto de la región, manifestantes en Libia salieron a las calles a protestar contra la represión extrema del Estado y el estancamiento de la economía. Envalentonados por los acontecimientos en Túnez y Egipto, organizaron manifestaciones contra el arresto de Fathi Terbil en Benghazi, el abogado defensor de los familiares de las personas asesinadas en Abu Salim, una cárcel del régimen con muy mala reputación. A medida que se intensificaron las protestas, el régimen respondió con violencia: las fuerzas de seguridad dispararon directamente a la multitud y se llevó a cabo una campaña de detenciones masivas. Sin embargo, muchas ciudades del este del país escaparon del control militar, dado que el ejército huyó o cambió de bando. Muchas armas fueron abandonadas y confiscadas por la población, que las utilizaron para protegerse después de las declaraciones de Gaddafi contra lo que se ha denominado la Revolución del 17 de Febrero. Las fuerzas opositoras a Gaddafi formaron un Consejo Nacional de Transición en febrero de 2011.

Tras la militarización del levantamiento por parte del régimen y el temor de que las fuerzas militares de Gaddafi ingresaran a las ciudades que se habían opuesto a él, hubo llamamientos a favor de la intervención de la OTAN. Se aprobó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para establecer una zona de prohibición de vuelos en Libia y el uso de “todos los medios necesarios” para proteger a los civiles. La misión de la OTAN se justificó mediante el uso de lenguaje relacionado con la defensa de civiles y el principio de la “responsabilidad de proteger” a la población. Sin embargo, los Estados de Occidente que instaron a la intervención habían entablado relaciones con el régimen de Gaddafi en los diez años anteriores. Su régimen había sido clave en el programa de rendición extraordinaria de los Estados Unidos y había firmado acuerdos con la Unión Europea para prevenir la migración a Europa a través de Libia⁶. Cuando la UE le dio la espalda a Gaddafi, su principal estrategia fue promover cínicamente la idea de que sin él los inmigrantes “inundarían” Europa. A pesar de la retórica utilizada, la intervención de la OTAN estuvo menos relacionada con las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen, que con el hecho de que las potencias de la OTAN percibieron el debilitamiento del régimen como una oportunidad para obtener más ganancias geopolíticas con un régimen aún más favorable que el impredecible Gobierno de Gaddafi. Cabe destacar que la intervención fue promovida por Estados como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que participaron junto a las misiones de la OTAN e hicieron lo necesario para asegurar que se aprobara la resolución de las Naciones Unidas sobre la intervención. El régimen de Gaddafi se vio debilitado por la acción directa de la OTAN, especialmente por una campaña de bombardeos contra instalaciones militares e infraestructura clave, que provocó directamente su derrocamiento.

Si bien el caso de Libia difiere considerablemente del de Yemen, guardan algunas similitudes, como el impacto desestabilizador de los actores regionales. Tras decenios de régimen de Gaddafi, no había una sola entidad política coherente que pudiera asumir el poder y los espacios iniciales de los levantamientos, donde el movimiento popular había planteado reclamos progresistas, rápidamente fueron reemplazados por facciones militarizadas más poderosas. Como consecuencia de la lucha de poder interno entre múltiples milicias pequeñas, los poderes regionales se insertaron en el proceso para intentar frustrar las demandas revolucionarias y asegurar que no cambiara la distribución de poder a escala regional. Se produjo una ruptura de la gobernanza entre dos bandos opositores; cada uno de ellos contaba con el apoyo de actores regionales diferentes: un bando apoyaba a una agrupación de milicias fieles al General Haftar, afín a la CIA, bajo la consigna del Ejército Nacional Libio; mientras que el otro mando era fiel al Gobierno de Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli. Este último contaba con el apoyo de las Naciones Unidas, Turquía y Qatar, mientras que las fuerzas de Haftar contaban con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Francia y Egipto. Según informes presentados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en septiembre de 2020, ocho países habían violado el embargo de armas impuesto a Libia, y en un informe del Consejo de 8 de marzo de 2021 se considera que el embargo de armas de 2011 fue “totalmente ineficaz”. El informe documentaba el envío por parte de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía de aeronaves de transporte, drones, misiles tierra-aire y vehículos blindados.

Más recientemente, hubo intentos de reconciliación entre las principales facciones de Libia, pero el problema de los grupos militares extranjeros y las armas sigue teniendo un peso importante. El 23 de octubre de 2020, el Ejército Nacional Libio y el Gobierno de Acuerdo Nacional alcanzaron un acuerdo de cese del fuego mediante el cual se exigía a todos los combatientes extranjeros que se retiraran de Libia en un plazo de tres meses. Se formó un Gobierno de unidad interino y se programó la celebración de elecciones en 2021. Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos hicieron todo lo posible para armar a Haftar a fin de asegurar que tuviera una posición sólida en toda negociación y acuerdo futuros. Si bien el deseo de los Emiratos (y de otros países) de que Haftar obtuviera una victoria arrolladora no se concretó, aún controla una gran parte del territorio de Libia.

Sigue siendo difícil evaluar cuáles serán los acuerdos de poder en Libia. Algunos libios desplazados internos han comenzado a regresar a sus hogares, pero la economía local ha sido prácticamente destruida. Una porción significativa de las conversaciones entre las facciones libias se trata de cómo se organizará la economía y, lo más importante, cómo se distribuirán los ingresos provenientes del petróleo. Este es uno de los temas más controvertidos y está relacionado con los motivos de los levantamientos: los manifestantes reclamaban una distribución más igualitaria de los recursos entre la población, en lugar de que se beneficiara a pequeños círculos pertenecientes a las élites. Lamentablemente, no es la mayoría de los libios, sino un conjunto de actores internacionales y regionales los que orientan e influencian estos nuevos acuerdos.

Los casos yemení y libio fueron instancias claras de intervención militar. Sin embargo, además de las operaciones militares, la ayuda fue fundamental para la alianza saudí-emiratí, dado que ambos Estados destacaron sus donaciones humanitarias y prometieron paquetes de ayuda para asegurar sus alianzas. Por ejemplo, cuando aumentaron los ataques militares contra Yemen, tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos siguieron siendo los principales proveedores de asistencia humanitaria, enviando ayuda a zonas bajo su control, mientras aplicaban un bloqueo en los territorios controlados por los huzíes. La intervención militar directa estuvo de la mano de los paquetes de ayuda financiera, las inversiones en infraestructura y la ayuda humanitaria. De hecho, el enfoque en el conflicto y la destrucción en gran parte de las evaluaciones de los levantamientos en Yemen y Libia ha tendido a oscurecer los espacios de construcción e inversión, que fueron tan importantes en el logro de resultados geopolíticos como las acciones militares.

Mucho antes de los levantamientos, los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo tenían grandes inversiones en sectores clave en toda la región, incluida la agricultura, la banca y la construcción⁷. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, han vinculado su ayuda extranjera a las políticas de inversión que ayudan a grupos de capital nacional emiratíes a ingresar a mercados regionales, especialmente en los sectores inmobiliario, agrícola y de infraestructura. En 2008, el Gobierno estableció la Oficina Emiratí para la Coordinación de Ayuda Extranjera (OCFA) como un grupo de organizaciones benéficas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que aprovechó en gran medida los conocimientos especializados de los organismos de las Naciones Unidas y contaba con personal internacional. La mayoría de la asistencia emiratí en el extranjero está destinada al desarrollo, en lugar de la ayuda humanitaria, fundamentalmente en la forma de asistencia bilateral a gobiernos, incluidas las donaciones de mercancías como gas y petróleo. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, “la asistencia extranjera de los Emiratos Árabes Unidos buscará oportunidades para trabajar con el sector privado, en particular con empresas que operan en el país, y para fomentar el comercio y la inversión en países en desarrollo”.

La asistencia otorgada por los Emiratos a Egipto ofrece un ejemplo de cómo este tipo de ayuda se ha utilizado para intentar influenciar y gestionar los resultados políticos después de los levantamientos, y para estabilizar los espacios de inversión. La elección de la Hermandad Musulmana paralizó la ayuda emiratí a Egipto (y Qatar asumió el papel de donante principal): tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos temían la apertura de la Hermandad Musulmana hacia Irán y su papel destacado en Turquía. Tras el golpe de Estado contra el Presidente Morsi, el general del ejército y actual presidente de Egipto, Abdelfatá Al Sisi, asumió el poder. Esta fue una clara reorientación de la lealtad de Qatar hacia la alianza entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, ambos países han inyectado ayuda para apoyar al régimen de Al Sisi. Además de esta ayuda, los Emiratos Árabes Unidos abrieron el espacio a inversiones del sector privado en Egipto, mediante la creación de un equipo de tareas de ambos países y la contratación de una consultora privada para que elaborara un plan para atraer la inversión privada a Egipto. En 2014, el equipo de tareas solicitó nada menos que a Tony Blair que asesorara a Al Sisi sobre la reforma económica. Es así que se celebró una conferencia de donantes en 2014, con el auspicio de los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. Parte de las recomendaciones de la conferencia consistieron en garantizar mejores condiciones de inversión, incluido mediante la reforma de la legislación en materia de inversión en Egipto. Ello demuestra cómo la ayuda oficial ha funcionado junto con los intereses de inversión del sector privado en estos países del Golfo.

Solemos pensar en los levantamientos en el contexto de Estados, revoluciones y contrarrevoluciones y cambio de liderazgo. Sin embargo, también es útil tener en cuenta la importancia de la región para el comercio mundial de petróleo y mercancías en la ruta de Asia y Europa, y analizar los modos en que los diferentes actores compiten para garantizar rutas comerciales en el océano Índico a través del mar Rojo y hacia el canal de Suez. Esto es evidente en el caso de Yemen ya que, debido a su ubicación estratégica, brinda a los grupos que controlan el país la posibilidad de bloquear una de las rutas comerciales más militarizadas del mundo⁸. En los últimos diez años ha habido un gran impulso para construir mega puertos en la península arábiga. En ese sentido, varios Estados del Consejo de Cooperación del Golfo intentaron llevar el comercio directamente a sus territorios, lejos de la ciudad portuaria de Jebel Ali, en Dubai, que domina la región. Además de mantener una fuerte presencia en islas yemeníes clave, los Emiratos Árabes Unidos también han desarrollado una creciente red de puertos comerciales en el Cuerno de África, que suelen asociarse con suministros de equipamiento para formación militar y policial o para bases militares. Desde la prolongada concesión del puerto de Ayn Sujna en la entrada sur del canal de Suez, hasta la inversión en el puerto de Berbera en la autoproclamada República de Somalilandia surge una historia importante. En Somalilandia, Dubai Ports World, un conglomerado y operador portuario internacional con sede en Dubai, firmó una concesión por 30 años en mayo de 2016 para el puerto de Berbera, que incluye la construcción de un parque logístico y una zona franca. En 2018, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que también construirían una base militar junto a las instalaciones de Dubai Ports World. Asimismo, el ejército emiratí tiene un acuerdo de 30 años para la concesión del puerto de aguas profundas de Asab, en Eritrea. Esos puertos no solo son importantes para el comercio, sino también para librar guerras. El puerto de Asab fue crucial para el papel que desempeñaron los Emiratos en Yemen, ya que fue la plataforma de lanzamiento de sus operaciones. Se desplegaron soldados de Asab a Adén, incluidos hombres de nacionalidad sudanesa y eritrea contratados por el ejército emiratí.

El control de esta ruta comercial tan importante que conecta a Europa y Asia tiene repercusiones duraderas. Las potencias regionales están compitiendo para impedir la competencia futura, mientras facilitan la integración con la red “Una Franja, Una Ruta” propuesta por China. Estas rutas comerciales nos dan una idea de cómo se construye el poder económico y militar regional más amplio. La visión dominante de desarrollo no se trata únicamente de Estados aislados, sino que también implica vincular los desarrollos en materia de infraestructura, la ayuda y el militarismo para controlar la zona desde el Golfo y el Cuerno de África hasta el canal de Suez, a fin de permitir a actores como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, controlar e influenciar de manera significativa la circulación de mercancías en las zonas costeras, como Sudán, Djibouti, Eritrea, Somalia y Somalilandia.

Además de realizar importantes compras de armamento y de evadir los embargos de armas, desde la década de 1990, los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado una industria armamentística nacional, en cooperación con empresas extranjeras. Las armas fabricadas en el país se exportan a aliados y, de ese modo, contribuyen a la militarización de la región. En los últimos diez años, los Emiratos Árabes Unidos mejoraron considerablemente su producción, centrándose en la fabricación de vehículos blindados, buques y drones. En 2019, el país consolidó su industria de defensa como parte de EDGE, un grupo de empresas que adquirió a sus predecesoras Emirates Defence Industries (EDIC), Emirates Advanced Investments Group (EAIG), Tawazun Holding y una serie de empresas más pequeñas. Sus cinco áreas principales de operación son plataformas y sistemas, misiles y armas, ciber defensa, guerra e inteligencia electrónica y apoyo a misiones. En 2020, EDGE fue clasificada como una de las 25 principales empresas armamentistas a nivel internacional. Según Pieter Wezeman, investigador principal del programa de gasto militar y de armas de SIPRI: “EDGE es un buen ejemplo de cómo la elevada demanda de productos y servicios militares junto con el deseo de depender menos de proveedores extranjeros están impulsando el crecimiento de empresas armamentistas en Oriente Medio”. Esta industria de armas localizada ha influenciado y seguirá influenciando la trayectoria de los conflictos en la región. 

Esta situación también debe analizarse a la luz de los acuerdos de normalización y la apertura hacia Israel, que representan un cambio regional importante debido a que se ha intensificado la circulación de armas y tecnologías de vigilancia. Los acuerdos para normalizar las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, denominados Acuerdos de Abraham, no marcaron el inicio de las relaciones entre los dos Estados, pero las intensificarán y harán más visibles. Antes del acuerdo, en 2018, los medios informaron de una demanda entablada en Israel y Chipre contra la empresa de espionaje israelí NSO por haber vendido el programa Pegasus a los Emiratos Árabes Unidos. En ese momento, los Emiratos habían utilizado el programa para registrar conversaciones en teléfonos inteligentes de disidentes emiratíes y miembros de la realeza qatarí y somalí. Además, habían adquirido equipamiento de vigilancia de empresas privadas israelíes (ubicadas fuera de Israel), entre ellos el sistema Falcon Eye, que integra la tecnología de reconocimiento facial con programas de escaneo biométrico de rostros para su análisis e identificación. El sistema recibe una retransmisión en directo del equipamiento de vigilancia visual que controla la red de carreteras. Falcon Eye es gestionado por la empresa Asia Global Technology (AGT), con sede en Suiza y propiedad del ex agente de inteligencia israelí Mati Kochavi. Por lo tanto, a pesar de que en teoría las conexiones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel estaban prohibidas en ese momento (antes del acuerdo de normalización formal), se realizaron acuerdos clandestinos. Es posible que esas conexiones aumenten con el nuevo acuerdo. Esta normalización hace que el aparato represivo del Estado israelí sea más accesible. (Cabe observar que Israel prueba la tecnología en los palestinos antes de venderla a los Emiratos Árabes Unidos, lo que, a su vez amplía su uso en el resto de la región.) 

Si bien Arabia Saudita no está tan avanzada en la fabricación de armas locales como los Emiratos Árabes Unidos, el país está intentando disminuir su dependencia de las armas internacionales. En 2021, se anunció que Arabia Saudita invertiría 20.000 millones en la industria de armas local en los próximos años, el 50 por ciento de los cuales provendrán de fuentes locales de aquí a 2030. En ese sentido, las Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI) firmaron un acuerdo en febrero de 2021 para establecer una empresa de riesgo compartido con la estadounidense Lockheed Martin a fin de mejorar las capacidades de fabricación de defensa de Arabia Saudita. SAMI es propiedad del Fondo de Inversión Pública del Estado saudita y tendrá el 51 por ciento de las acciones de la empresa. Del mismo modo, a pesar de que el Gobierno de Biden congeló la venta de algunas armas a Arabia Saudita debido a la guerra en Yemen, el aumento general de la capacidad militar y la colaboración de las empresas no se han detenido.

Esta tendencia de aumentar la capacidad militar es perfectamente coherente con el uso de los Emiratos y Arabia Saudita de terceros países. Esas armas fabricadas localmente generan aún más conflicto, dado que son obsequiadas a terceros o aliados en la región y fuera de ella. Los embargos impuestos en situaciones como la de Libia y los tratados internacionales en torno a la circulación de armas pueden evadirse a través del control local de la producción. Huelga decir que los miles de millones de dólares que se gastan en adquirir armas y en producir armas locales podrían utilizarse de mejor manera en una región afectada por la pobreza generalizada.

Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos han aplicado una política exterior agresiva para promover sus intereses en el Norte de África, Asia Occidental y el Cuerno de África, mientras limitan la disidencia interna. En los próximos años intentarán influenciar los programas de reconstrucción en Siria, Yemen, Libia e Irak, después de la enorme destrucción provocada por las guerras en esos países. Aunque no siempre están totalmente alineados, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se están preparando para intervenir y elaborar estos programas de reconstrucción e influir política y económicamente en esos Estados. Ello implicará paquetes de ayuda específicos, proyectos de infraestructura y alentar la privatización y la participación de conglomerados saudíes y emiratíes en las economías de estos países.

En las décadas de 1960 y 1970, la izquierda en la región afirmaba que uno de los pilares del dominio continuo de los Estados Unidos eran los regímenes reaccionarios en la península arábiga. La participación de estos países en la represión de movimientos de izquierda y de los levantamientos no es ninguna novedad. Sin embargo, la importancia de su capital ha aumentado a medida que la economía política de la región se ha inclinado hacia la apertura de mercados. Su poder militar ha aumentado del mismo modo mediante la venta de armas y la contratación de generales de ejércitos de Occidente en puestos de jerarquía para asesorar operaciones militares. Al mismo tiempo, el uso de terceros financiados y armados para representar a estos Estados se está convirtiendo en una característica dominante de sus intervenciones, tanto en Yemen como en Libia. No obstante, su dominio no debe darse por sentado. A la alianza saudí-emiratí, que tiene sus propias diferencias internas, le sigue resultando difícil controlar territorios, incluso a través de terceros. De hecho, cuando la situación para los diferentes levantamientos era desalentadora y parecía que la coerción había vencido, surgió una luz de esperanza en una nueva ola de protestas. Debido a que el statu quo no ha cambiado y a que siguen sin abordarse los agravios iniciales de los manifestantes, será difícil para cualquier alianza regional o internacional mantener el control de la región, aunque en el intento seguirá provocando destrucción y sufrimiento incalculables.