Características y limitaciones del “excepcionalismo” a diez años de la revolución tunecina

Introducción: “La gente un día quiso la vida y el destino respondió” ¹

A metros del tristemente célebre Ministerio del Interior de la ciudad de Túnez, la gente está congregada en la Avenida Bourguiba para hablar de la situación política. Por la noche se forman filas ordenadas; hay un clima de optimismo. Durante el día, hay marchas de diferentes clases y sectores, y hay una campaña a favor de la destitución de ex funcionarios públicos. Todo el mundo habla de política en todas partes, algo que antes era tabú.

El recuerdo de estos fragmentos de los acontecimientos posteriores al derrocamiento de Ben Ali el 14 de febrero de 2011 evoca la grandeza de esos “días que sacudieron al mundo” (como John Reed describió a la Revolución rusa). Diez años más tarde, muchas personas en Túnez y en otras partes del mundo aún se preguntan: ¿lo que ocurrió en Túnez fue una verdadera revolución, un levantamiento fugaz o una “conspiración extranjera”? ¿O acaso fue –en palabras de Samir Amin respecto de los acontecimientos ocurridos en Egipto ese mismo año– “más que un levantamiento y menos que una revolución”? Y si fue esto último, ¿cómo podemos explicar las continuas protestas y los enfrentamientos con la policía de la juventud marginada en el interior del país y los barrios populares en la periferia de la capital? ¿Acaso la respuesta es simplemente “Túnez” –como afirmaron algunos egipcios que lamentaban el regreso de la dictadura en su país, en referencia a la “excepción tunecina”? ¿Cuál es la verdad detrás de la “excepción tunecina”, si se la compara con las revoluciones fallidas en Libia, Egipto, Bahrein, Yemen y Siria? Y, ¿qué ocurrió con el presunto éxito de la revolución y la transición democrática?

Para responder a estas preguntas es fundamental examinar en primer lugar el período anterior a la revolución.

Sin duda, el desempleo juvenil y la marginación regional fueron las principales razones del estallido de la intifada tunecina a finales de 2010. El suicidio público del vendedor ambulante Mohamed Bouazizi en la localidad de Sidi Bouzid, en el centro de Túnez, fue una expresión de la creciente frustración de la juventud desempleada en zonas marginadas, que había suscitado la proliferación de protestas en los años anteriores: la revuelta de la cuenca minera de Gafsa en 2008 y las manifestaciones en Skhira y Ben Gardane en 2010. Según cifras, la tasa de desempleo aumentó en este período. A pesar de los intentos de los organismos de estadística del régimen dictatorial de promover una tasa de desempleo del 13 por ciento, el desempleo juvenil alcanzó al menos un 31 por ciento. Esas cifras reflejan el fracaso del régimen neoliberal de Ben Ali, cuya política económica se basaba en aumentar el número de diplomados universitarios calificados para que trabajaran en el sector privado, atraer la inversión extranjera y en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, firmado en 1995. En lugar de resolver el problema del desempleo, el acuerdo destruyó el sector textil y dejó a casi medio millón de trabajadores sin empleo.

Una de las consecuencias del fracaso de estas políticas de desarrollo fue haber destinado la mayoría de las inversiones importantes en infraestructura pública y el sector privado a las provincias costeras, a expensas de las del interior del país. Es así que se adoptaron las mismas medidas económicas que los colonizadores franceses habían adoptado para facilitar el saqueo. En gran medida, ello explica el aumento del índice de pobreza y la tasa de desempleo en las zonas no costeras². Y también explica la revolución del 17 de diciembre, que estalló en Sidi Bouzid, en el centro de Túnez, se extendió a Kasserine, una provincia vecina, y luego a otras provincias marginadas, hasta llegar a los barrios más pobres de las periferias urbanas, donde las condiciones de vida son muy difíciles.

Tras el éxito temprano del régimen de Ben Ali (llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1987) en eliminar a su principal opositor político, el movimiento Ennahda, el régimen intentó obtener legitimidad popular a través de la adopción de medidas de desarrollo que beneficiaban a las zonas más aisladas. Ello incluyó la construcción de carreteras y el tendido de cañerías y redes eléctricas. Sin embargo, el carácter propagandístico y temporal de lo que los medios estatales llamaron “logros” pronto quedó de manifiesto, mientras el régimen aplicaba las mismas políticas de “desarrollo” que habían fracasado. Para empeorar las cosas, Ben Ali permitió que miembros de su familia sanguínea y política asumieran el control de diversas empresas del sector público y estuvieran a cargo de sus presupuestos, además de controlar las transacciones públicas y dilapidar los fondos de los bancos estatales, para su rápido enriquecimiento personal. Ello dio lugar a la acumulación casi total de capital en manos de una minoría de familias casadas entre sí (que conforman el 21 por ciento de la economía de Túnez, según un informe del Banco Mundial). También contribuyó a que la oposición al régimen se ampliara a un sector de la burguesía al que se había privado de la capacidad de competir en varios sectores lucrativos. Con el aumento de la tasa de desempleo entre diplomados universitarios a mediados de la década de 2000 (que alcanzó el 22 por ciento, según cifras oficiales dudosas), el régimen perdió credibilidad entre grandes segmentos de la clase media.

A medida que la furia en Túnez se entrelazó y multiplicó, el suicidio público de Bouazizi suscitó protestas populares en todo el país.

Se puede decir que Bouazizi representaba a un amplio estrato social del país: los jóvenes que perdieron acceso a la educación y fueron excluidos del pequeño y extremadamente selectivo mercado de trabajo. La “actividad ilegal” de la cual la policía de Sidi Bouzid acusaba a Bouazizi es muy común en muchas provincias tunecinas y se suele utilizar contra personas en barrios urbanos pobres. Sin embargo, el caso de Bouazizi se destaca por haber ocurrido en una región principalmente agrícola, donde los productores de pequeña escala sufrían (y aún sufren) marginación y sus tierras son expropiadas en beneficio de la burguesía agraria (especialmente de la provincia de Sfax). Unos meses antes del incidente de Bouazizi, pequeños productores de la localidad de Regueb realizaron una sentada en Sidi Bouzid para denunciar el intento del Banque Nationale Agricole de robar sus tierras, y fueron reprimidos por la policía. Se puede decir, entonces, que los levantamientos comenzaron cuando un vendedor ambulante y campesinos privados de los medios (agrícolas) de producción se negaron a obedecer las leyes del mercado que los obligan a estar empleados y formar parte del ejército de reserva del capital.

Los levantamientos pronto se extendieron al resto de los distritos de Sidi Bouzid, como Menzel Bouzaiane, Meknassy y Regueb, donde hubo más mártires. Más tarde se extendió a las provincias vecinas de Kasserine, Siliana y El-Kef, donde se daba la misma dinámica social: jóvenes desempleados, privados de medios de producción agrícola (que es fundamental para el desarrollo de una región que carece de actividad industrial), que hallaron en manifestarse contra el asesinato de otro joven la oportunidad de expresar su rechazo a las mismas políticas de marginación de las que eran víctimas.

Estas protestas pronto contaron con el apoyo de activistas locales y sindicalistas afiliados a las oficinas regionales de la Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT) –el sindicato más grande y más importante del país, que defiende principalmente los intereses de la clase media vinculada a los empleos en el sector privado– en una expresión del deterioro de las condiciones de vida de esta porción específica de la clase media. La sensibilización política y las aspiraciones democráticas de gran parte de los dirigentes sindicales locales contribuyeron a la creación de las consignas del levantamiento, entre las cuales la más importante era: “El empleo es un derecho, banda de ladrones”.

Tras la represión sangrienta por parte del régimen, la ira se extendió a todo el país y a la “oposición democrática” de la izquierda parlamentaria, la Unión General de Estudiantes de Túnez (UGET), círculos sindicales, abogados politizados, defensores de derechos humanos y universidades y, más tarde, a la capital y las calles. Estos partidos y segmentos de la sociedad, que representan principalmente a una pequeña burguesía educada, hallaron que era el momento oportuno para deshacerse del autoritarismo político y la opresión que se habían impuesto a diversas clases sociales.

No obstante, estos movimientos fueron suprimidos rápidamente o acorralados por la fuerza policial. Lo que inclinó la balanza a favor del levantamiento fue, sin duda, que la juventud de los barrios populares en las periferias urbanas se sumó al movimiento. Este grupo social marginado, una de las peores víctimas del régimen, que no tenía riqueza ni privilegios que perder, fue el que se enfrentó a la policía del régimen y quemó su sede. Pero pagó el precio: hubo decenas de mártires en barrios aledaños a la capital, de norte a sur, especialmente El-Karam El Gharbi, donde los jóvenes desempeñaron un papel fundamental en amenazar a Ben Ali el día que “huyó” (el 14 de febrero), y en Sousse y Sfax y otras partes.

El impulso de los jóvenes de los barrios populares y las zonas marginales aumentó a medida que los dirigentes sindicales, presionados por sus afiliados, comenzaron a comprender la importancia de esta coyuntura histórica. La filial de la UGTT en Sfax convocó una huelga general el 12 de enero. La huelga fue un éxito, y la marcha multitudinaria y los enfrentamientos violentos con la policía el mismo día marcaron un punto de inflexión muy importante que sacudió los cimientos del régimen. Posteriormente, hubo una convocatoria similar de las oficinas regionales del mismo sindicato para realizar una huelga general en la capital el 14 de enero. Mientras tanto, Ben Ali cometió el grave error de intentar apaciguar a los tunecinos con un discurso pronunciado el 13 de enero. Además de intentar sobornar a parte de la oposición democrática al ofrecerles cargos en el gobierno de transición (que algunos aceptaron después del 12 de enero), Ben Ali parecía estar confundido cuando se dirigió al pueblo en dialecto tunecino por primera vez. Si bien en dos discursos anteriores había utilizado amenazas y se había referido a su “determinación”, ahora afirmaba que “entendía a todas las personas, ya fueran de la oposición, desempleados o empresarios”. El dictador afirmó que algunas personas lo habían “engañado”, librándose de toda responsabilidad por los disparos contra manifestantes, y prometió libertades públicas, que no buscaría la reelección y que responsabilizaría a los “corruptos”. Tras el discurso, Ben Ali anunció y ejecutó una serie de medidas para disminuir la censura de los medios de comunicación con el fin de apaciguar a la población.

Estos lamentables intentos de Ben Ali de contener el daño y renovar su imagen fracasaron. La mañana memorable del 14 de enero comenzó con un aumento de las protestas en la capital. Cuando las fuerzas policiales se retiraron para dar paso a las fuerzas armadas, más personas salieron a la calle. En un momento histórico, la multitud inundó la avenida Habib Bourguiba. Allí, miles de personas realizaron una sentada frente a la sede del Ministerio del Interior para exigir la “caída del régimen” y la renuncia de Ben Ali. La manifestación, encabezada por abogados y activistas políticos, duró casi todo el día, antes de que se suscitaran enfrentamientos con la policía durante el cortejo fúnebre de un mártir de uno de los barrios populares.

Este mismo patrón se repitió en casi todas las ciudades del país, que se convirtieron en campos de batalla entre manifestantes y la fuerza policial. En un momento, los manifestantes atacaron y quemaron las casas de la familia política de Ben Ali. En vista de esta situación explosiva, los familiares directos y políticos de Ben Ali huyeron del país porque temían por sus vidas. Según interrogatorios filtrados con funcionarios militares y de seguridad, y literatura que examina los acontecimientos de ese día, parecería que parte del entorno de Ben Ali, incluido su yerno Marouane Mabrouk y el director de la guardia presidencial Ali Seriate, le informó de inminentes ataques contra el palacio. Ello forzó al dictador a huir junto con su familia a Arabia Saudita, con la esperanza de regresar pronto y retomar el control de la situación.

El movimiento Ennahda ganó las elecciones el 23 de octubre de 2011, tras veinte años de sufrir persecución por parte del régimen. Sin dudas, el apoyo financiero de Qatar y el apoyo político de Turquía desempeñaron un papel fundamental en la victoria. El movimiento no solo se benefició de un discurso religioso de fácil difusión, sino también de su condición de víctima de la dictadura del régimen. Tras la victoria electoral, Ennahda formó una alianza con dos partidos de centroizquierda, pero de hecho parecía más cercano a los sectores de centro-derecha: el partido Congreso para la República (CPR) y el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL). Esta alianza de tres partidos fue denominada la troika.

Ennahda siguió gobernando hasta diciembre de 2014. A continuación se resumen los acontecimientos más importantes de su mandato:

• Al comienzo, Ennahda intentó afrontar los vestigios de la ex RCD. Se alejó de su discurso de “limpieza revolucionaria” y decidió realizar acuerdos en materia política, de medios de comunicación, seguridad y economía con sectores del régimen anterior.
• Al mismo tiempo, el partido participó en una batalla peligrosa con la porción de la sociedad que quería conservar el legado de laicidad y las victorias sociales de Túnez (especialmente las de las mujeres), al proponer un primer proyecto de constitución que contenía artículos reaccionarios. El movimiento también abrió la puerta a las corrientes salafistas, que se aprovecharon de las nuevas libertades y de la debilidad del Estado, y utilizó a estas corrientes en su lucha contra los opositores liberales y de izquierda.

En un momento en que los partidos políticos que representaban a la burguesía compradora tradicional estaban fragmentados tras la disolución de la RCD y ante el fracaso de los nuevos partidos neoliberales de representar los intereses de esa burguesía, algunos partidos de izquierda y la corriente nacional progresista intentaron unir fuerzas en el “Frente Popular para el Logro de los Objetivos de la Revolución” en un intento de sumarse a las protestas sociales cada vez más intensas en algunas regiones. Pronto aumentó la tensión entre el Ennahda y Nidaa Tounes (que había sido fundado por Beji Caid Essebsi al reunir elementos aislados de la RCD), que estaba implícitamente aliado al sindicato nacional UGTT. Mientras tanto, el Frente Popular se unió a este último grupo, en algunos casos para defender las libertades y los derechos de la mujer y, en otros, para rechazar el neoliberalismo de los nuevos líderes del Gobierno. Sin embargo, la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (UTICA), históricamente la principal organización de la burguesía, inicialmente pareció haber elegido la neutralidad. En apariencia, las tensiones se centraban en cuestiones culturales y de identidad, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era una lucha de poder entre una nueva élite que intentaba controlar las funciones estatales y la vieja élite que se negaba a renunciar a sus privilegios y cargos.

Las nuevas condiciones afectaron severamente a las instituciones estatales, incluidos los servicios de seguridad e inteligencia, lo que permitió que grupos salafistas se organizaran, armaran y llevaran a cabo operaciones terroristas. El asalto de la Embajada de los Estados Unidos por manifestantes salafistas tras la proyección de una película que se burlaba del profeta Mahoma fue un punto de inflexión, al igual que el asesinato de Chokri Belaid, un importante líder del Frente Popular, el 6 de febrero de 2013. Este líder de izquierda se había destacado por su discurso contra el movimiento Ennahda y su fuerte activismo a favor de las protestas sociales. Por lo que todas las miradas acusadoras apuntaron al movimiento Ennahda, al que se responsabilizó de su asesinato.

Tras el asesinato de Belaid, hubo manifestaciones masivas. Esta situación confundió a Ennahda, que presionó a su primer ministro y líder del partido, Hamadi Jebali, a que cediera a los reclamos de la oposición de formar un gobierno tecnócrata liderado por él, sin la aprobación del líder del partido, Rached Ghannouchi, quien lo consideró un “golpe contra la legitimidad”. La dirigencia de Ennahda nombró primer ministro al ministro del Interior, Ari Laarayedh, en reemplazo de Jebali, y accedió a nombrar a algunos ministros “tecnócratas”. Estos cambios no calmaron las tensiones entre las élites. Es así que continuaron las manifestaciones sindicales y sociales, entre ellas una manifestación contra un impuesto a los taxistas y a los transportistas.

Ennahda ahora se enfrentaba a un entorno regional hostil, como el golpe de Estado de Al Sisi que había derrocado al Gobierno de los Hermanos Musulmanes en Egipto tres semanas antes, y también sufría presión popular a nivel nacional, como una sentada para exigir su renuncia, organizada por el Frente de Salvación, una alianza de Nidaa Tounes y el Frente Popular, que contaba con el apoyo de la burguesía “modernista”⁹ y sus medios de comunicación. La sentada frente a la asamblea constituyente duró más de un mes y finalmente Ennahda se vio obligado a aceptar su derrota. Ghannouchi se reunió con Caid Essebsi en París, bajo la mediación de empresarios y políticos de derecha y con el aval del Gobierno francés, y alcanzaron un acuerdo mediante el cual Ennahda entregaría el control del Gobierno a cambio de la aprobación de una constitución consensuada y de poner fin lo antes posible a las funciones de la asamblea constituyente. Es así que, a través de un “diálogo nacional” (con el patrocinio de organizaciones nacionales y del G8) se acordó que un “tecnócrata”, Mehdi Jomaa, ex director de Hutchinson (afiliada a la empresa francesa Total) sería el primer ministro hasta que se celebraran elecciones en 2014.

Al concluir el acuerdo, que fue elogiado a nivel local e internacional como un logro histórico, se salvó la trayectoria de la “transición democrática” y finalmente se acordó la nueva constitución. Sin embargo, la situación de las clases populares y la soberanía del Estado empeoró. Mehdi Jomaa, que había sido nominado por el presidente de UTICA, asumió el poder, y las huelgas de trabajadores organizadas por la UGTT terminaron “milagrosamente”, especialmente en el sector privado. Además, se aprobaron nuevas leyes y acuerdos que exacerbaron la dependencia de Túnez del capital extranjero (especialmente la ley mediante la cual se privatizó la producción de energía solar) y se negoció un amplio acuerdo de libre comercio entre Túnez y la UE. Las instituciones financieras internacionales y las organizaciones liberales de la sociedad civil presionaron para que se garantizara que la nueva constitución incluyera algunos capítulos que socavaban la soberanía del país y del pueblo. Quizá el más alarmante de todos fue el capítulo sobre el equilibrio fiscal¹⁰. Con la bendición imperialista, este breve período de transición allanó el camino para la siguiente fase de coaliciones de derecha.

Es imposible pasar por alto aquí la “doctrina del shock” de Naomi Klein. Klein explica cómo los poderes imperialistas y sus instituciones financieras internacionales –con la complicidad de la burguesía local– se aprovechan de acontecimientos devastadores en un determinado país (desastres naturales, golpes de Estado y guerras) para colocar a “tecnócratas” en el poder a fin de que implementen políticas neoliberales que la población consideraba inaceptables. Del mismo modo que la Escuela de Chicago se aprovechó del golpe de Estado de Pinochet en Chile y de la invasión de los Estados Unidos en Irak, en Túnez se recurrió a asesinatos y terrorismo para promover esas políticas. Esto plantea preguntas legítimas sobre los posibles vínculos entre movimientos terroristas en Oriente Medio y los poderes imperialistas.

El mandato de Mehdi Jomaa culminó con la celebración de elecciones legislativas y presidenciales. El partido Nidaa Tounes logró una victoria arrolladora mediante la cual obtuvo la mayoría en el Parlamento y su líder, Beji Caid Essebsi, fue electo presidente. Ennahda quedó segundo en el parlamento, mientras que el Frente Popular quedó en tercer lugar. La malicia competitiva y electoral entre Nidaa Tounes y Ennahda dio lugar a lo que pasó a conocerse como el “Acuerdo de los dos jeques” (en referencia a Essebsi y Ghannouchi), mediante el cual los dos antiguos opositores se convirtieron en aliados en un Gobierno cuyo líder fue nombrado por Caib Essebsi.

Durante este período, el Estado tunecino venció a los movimientos terroristas (después de muchas operaciones sangrientas, entre las cuales la más peligrosa fue el intento de establecer un emirato salafista en Ben Gardane), mientras que las protestas sociales experimentaron una gran transformación cuantitativa y cualitativa. Durante estos años, las sentadas de jóvenes desempleados se ampliaron a ciudades y provincias para exigir empleo y el desarrollo de las regiones marginadas. No obstante, a partir de 2015, las luchas sociales comenzaron a cambiar. Cabe destacar el caso de Jemna, una pequeña ciudad del suroeste del país, cuya población libró una importante batalla con la ayuda de grupos y organizaciones de izquierda. La población de Jemna reclamó la tierra del oasis, que había pasado a manos del Estado (para ofrecerlo al capital privado), y comenzó a gestionarla de manera colectiva para el beneficio de la población. Ello permitió que por primera vez en el país hubiera una discusión sobre la situación de la agricultura, la soberanía alimentaria y los modos de producción (o el “modelo de desarrollo” en el discurso de los medio hegemónicos). De forma similar, a través de la heroica batalla contra la empresa de producción de gas, Petrofac, la juventud desempleada de las islas Kerkennah planteó la cuestión del empleo desde una perspectiva nueva, arrojando luz en el modo de gestionar y distribuir la riqueza energética. Asimismo, en el marco de la campaña “¿Dónde está el petróleo?”, activistas exigieron transparencia respecto de la extracción de combustibles fósiles en el país. Por mencionar otro ejemplo, a pesar de la distorsión de los medios de comunicación y la brutalidad policial, hubo una batalla en la provincia de Tatouine en 2017, en la cual los jóvenes se manifestaron en el desierto en un área conocida como “El Kamour”, ubicada en una intersección por la que pasan camiones de una empresa petrolera extranjera, para reclamar el derecho de la población local de beneficiarse de los recursos naturales de su región, que son explotados por empresas extranjeras. Estos manifestantes y otros comenzaron a utilizar nuevos eslóganes de movilización, como “nacionalización de la riqueza”, recordando el legado histórico de sus ancestros y la lucha contra los colonizadores franceses.

No obstante, los dos Gobiernos electos desde 2014 ignoraron estas demandas. El régimen mantuvo las mismas medidas neoliberales y siguió los preceptos de los poderes imperiales y sus instituciones financieras internacionales. Continuó las políticas de obtener préstamos extranjeros, implementar medidas de austeridad y privatizar las instituciones del sector público. El Gobierno de Youssef Chahed adoptó decisiones controvertidas que amenazaron la soberanía del Estado y los derechos de las clases populares. Una de ellas fue la nueva ley del banco central, que afianzó aún más la “independencia” del banco respecto del Estado, así como el comienzo de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Túnez (ALECA).

Esta fase fue un importante punto de inflexión en la lucha de clases en Túnez. Las clases populares habían aprendido de la experiencia y las luchas anteriores que no se puede lograr nada a menos que se ataque directamente al capital, en lugar de únicamente presionar a las instituciones estatales incapacitadas, que son los peones de la burguesía local a nivel nacional y de los poderes imperiales y las instituciones financieras a nivel internacional.

Ante la incapacidad de la izquierda tradicional de unir a las clases populares y canalizar sus luchas políticamente, no sorprende que no lograra ganarse la confianza de los votantes en las elecciones legislativas y presidenciales (aunque cabe señalar que un porcentaje considerable de estas clases había perdido interés en las elecciones). Como consecuencia de su creciente frustración con los diferentes partidos políticos y con el sistema “democrático” en su totalidad, las clases populares depositaron su confianza en quienes, en su opinión, estaban en contra del sistema, eran independientes de los partidos corruptos y tenían las manos limpias. Es así que se dio un extraño giro de los acontecimientos en octubre de 2019: un profesor universitario de derecho constitucional asumió la presidencia de la república. 

Además de la frustración de las clases populares y la búsqueda de un “salvador íntegro”, se puede entender la llegada al poder de un candidato que estaba por fuera de la política como la “última esperanza” de la pequeña burguesía conservadora, especialmente quienes habían anhelado reivindicar el “estado de bienestar social” desde la década de 1970, cuando comenzaron a ponerse de manifiesto las consecuencias de las decisiones neoliberales de Túnez.

En cuanto asumió la presidencia, Kais Saied se involucró en una lucha acalorada contra la mayoría parlamentaria, liderada por Ennahda, y sus dos aliados de derecha: la Coalición de la Dignidad (un grupo de demagogos culturalmente conservadores) y el movimiento Corazón de Túnez (un grupo de oportunistas, encabezado por el empresario corrupto Nabil Karoui). Al mismo tiempo, el Partido Constitucional Libre, encabezado por Abir Moussi (abogada del régimen de Ben Ali) intentó heredar lo que quedaba del Partido Nidaa Tounes, que se había desmoronado tras la muerte de su fundador Caid Essebsi el 25 de julio de 2019, en medio de su campaña electoral con Ennahda contra Saied.

Entre tanto, las protestas sociales siguieron ampliándose y diversificándose. Cada vez contaban con más participación de pequeños agricultores (por ejemplo en las protestas en Al Houaidia y Ouled Jaballah). Además, se suscitaron los enfrentamientos anuales de invierno entre los jóvenes pobres de los barrios populares y las fuerzas policiales. El invierno de 2020-2021, diez años después de la revolución, fue un período de descontento generalizado en los barrios populares cercanos a la capital y algunas regiones marginadas del interior del país, que contó con apoyo considerable de grupos de jóvenes y de izquierda.

Los tunecinos estaban enfurecidos con el Gobierno de Hichem Mechichi por su mal manejo de la pandemia de COVID-19¹¹. Decenas de personas morían cada día como consecuencia de un sistema de salud pública colapsado y un Gobierno que no se atrevió a usar instalaciones de salud privadas o imponer un confinamiento total por temor a perjudicar los intereses de la burguesía.

Esta mezcla de furia y frustración estalló el 25 de julio de 2021 en manifestaciones para exigir la disolución del Parlamento. Las protestas estaban especialmente dirigidas hacia el movimiento Ennahda, al que se responsabilizó de la situación y se quemaron varias de sus filiales regionales. Ante la ausencia de una alternativa revolucionaria capaz de organizar a este movimiento, Kais Saied consideró que era un momento oportuno para anunciar un estado de “amenaza inminente” ese mismo día. Es así que interpretó el artículo 80 de la Constitución en forma arbitraria, disolvió el Gobierno, suspendió el Parlamento, puso fin a la inmunidad para sus miembros y asumió el control de los poderes legislativo y ejecutivo (e incluso de parte del poder judicial), aunque prometió que no limitaría las libertades. El estado de algarabía y alivio popular generado por estas medidas excepcionales (aún en vigor al momento de redactar el presente artículo en agosto de 2021) reflejan el alcance de la denominada “excepción” democrática tunecina. Confirmó una vez más que la libertad es como un espejismo a la sombra de una democracia representativa dominada por los poderes imperialistas y del capital, y carece de contenido social o soberano.

En el presente artículo he demostrado cómo el levantamiento popular en Túnez iniciado el 17 de diciembre de 2010 por personas marginadas del interior del país y jóvenes de barrios pobres no se convirtió en una revolución –en el sentido de un cambio radical en el modo de producción seguido de la construcción de sistemas culturales, políticos y de valores diferentes. Se podría decir que fue una revolución que comenzó con eslóganes que expresaban demandas populares y terminó con demandas políticas que concernían fundamentalmente a la pequeña burguesía y, consiguientemente, fracasó. El proceso fallido de convertir un levantamiento en una revolución (o la derrota de la revolución) comenzó el día en que las fuerzas contrarrevolucionarias lograron dispersar a los manifestantes de la casba, luego de que la burocracia sindical y algunos partidos de izquierda lograran convencerlos de que aceptaran las migajas de la democracia liberal. Ello culminó en las elecciones del 23 de octubre de 2011, en medio de la hegemonía de los medios capitalistas y bajo la tutela imperial, encarnada por las resoluciones de la Conferencia de Deauville y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Fue entonces que se sustituyó la “vía revolucionaria” por la “vía de transición democrática” –hacia más neoliberalismo y dependencia de los centros imperiales.

¿Qué nos depara el futuro? Es difícil predecir qué ocurrirá en la próxima fase de la travesía de Túnez. En medio de un paisaje político dividido (incluido en la izquierda) entre quienes denunciaron el “golpe” de Kais Saied y quienes lo consideran como una corrección del trayecto o una respuesta parcial a la voluntad popular que merece apoyo fundamental, llevar a cabo iniciativas depende únicamente de Saied. No presta mucha atención a las opiniones de los partidos políticos o la sociedad civil y, en cambio, parece contar con gran apoyo popular, convencido de que tiene una tarea histórica divina: satisfacer los deseos de la población. En lugar de su eslogan electoral “la gente quiere” y su proyecto político para cambiar el régimen de una democracia parlamentaria adaptada a una democracia presidencial localizada no partidista, Saied no parece tener una visión para adoptar las decisiones económicas y políticas necesarias para salvar a Túnez. En medio de condiciones económicas y financieras difíciles, esta situación abre la puerta a la intervención extranjera (especialmente evidente en el apoyo del eje saudita-emiratí¹², aliado a la entidad sionista).

Además, la ausencia de una organización política institucionalizada que entienda a la sociedad y ayude al presidente sobre el terreno, lo vuelve casi totalmente dependiente de los informes de las instituciones estatales y los servicios de seguridad. Si no logra hallar soluciones lo antes posible para brindar vivienda y servicios de salud básicos a las clases populares, Saied podría allanar el camino para que sus opositores –que se vieron perjudicados por lo ocurrido después del 25 de julio– lo derroquen. Lo que es más peligroso es que este momento podría aprovecharse para lanzar otro golpe de Estado en su contra o podría caer en la tiranía y la dependencia excesiva de los aparatos estatales para reprimir a las clases que lo ven como la “última esperanza” del país.

Por su parte, a la izquierda no le queda alternativa después de haber desaprovechado muchas oportunidades para obtener apoyo popular en los últimos años –a menos que logre deshacerse de sus delirios culturales elitistas y piense seriamente en formas de involucrase con las clases populares.