El poder corporativo

Las corporaciones transnacionales han acumulado en las últimas décadas un inmenso poder político y económico. Hoy, las transnacionales desempeñan un papel enorme —y en gran medida fuera de lugar— en la formación de las narrativas hegemónicas que dan forma a nuestra vida económica y política. A medida que la capacidad de los Estados nación para defender el interés público se ha ido erosionando, el poder corporativo tiene cada vez menos controles sobre sus excesos y prácticamente no rinde cuentas por sus atropellos.

Las causas que explican este aumento del poder de las transnacionales son múltiples. Este artículo se centrará en las transnacionales como actores mundiales, las estructuras y los mecanismos que otorgan impunidad por sus atropellos, y la resistencia popular profunda y generalizada al extractivismo y a la destrucción del planeta por parte de las transnacionales. En el artículo se presentan algunas de las dimensiones geopolíticas del poder de las transnacionales, en especial el papel de la Unión Europea (UE) como guardiana de este poder. También se analizan brevemente las múltiples estrategias de resistencia a esta asimetría del poder —las transnacionales contra el Estado y contra el pueblo— y explicará cómo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un campo de batalla clave y el impulso para crear un “instrumento legalmente vinculante para las transnacionales y otras iniciativas comerciales con respecto a los derechos humanos”, a punto de abordar en 2019 una fase crucial de negociación del primer borrador del tratado.1

¿Qué es el poder corporativo?

El discurso del presidente chileno Salvador Allende en la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 1972 aludió a cómo “organizaciones globales” que estaban librando una guerra contra los Estados soberanos y que “no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo… En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Sus palabras, en referencia a las actividades de desestabilización e intervencionismo ejercidas por grandes intereses empresariales estadounidenses constituyeron un reconocimiento temprano de la amenaza planteada por las recientes encarnaciones del poder corporativo.2

Menos de un año después, Allende fue derrocado en un golpe apoyado por la CIA y sustituido por la brutal dictadura de Augusto Pinochet. Chile fue remodelado en contra de su voluntad como laboratorio del poder neoliberal.

Las décadas de actividades depredadoras y destructivas de las transnacionales en todos los continentes se han documentado minuciosamente: desde la extracción de minerales y petróleo hasta el acaparamiento de tierras y océanos, pasando por la deforestación, la privatización de los servicios públicos y la especulación financiera de alto riesgo. En todo este tiempo, las corporaciones estadounidenses y europeas (y cada vez más brasileñas, rusas, indias, chinas y sudafricanas) han mantenido y blindado su dominio sobre los recursos del Sur Global.3

Desde la crisis, los grandes bancos han seguido funcionando en gran medida con normalidad. Los crímenes de las transnacionales han persistido y la justicia sigue fuera de alcance. En la lista, que dista mucho de ser exhaustiva, encontramos: Rana Plaza en Bangladesh; la destrucción en torno al río Doce en Brasil: la masacre de 36 mineros en la mina de Lonmin Platinum en Marikana, Sudáfrica; los atentados brutales contra las comunidades de Standing Rock en los Estados Unidos; el papel de las corporaciones armamentísticas europeas en la alimentación de las guerras en Oriente Medio y el papel creciente de las corporaciones militares y de seguridad privadas en la seguridad de las fronteras de la UE, y la detención de personas migrantes y refugiadas.4

Fotografía: Víctor Barro/Amigos de la Tierra Internacional

¿Cómo funciona el poder corporativo?

La Iniciativa de Rediseño Global lanzada por el Foro Económico Mundial5 de Davos es solo un ejemplo del esfuerzo concertado para poner las transnacionales y otros intereses privados en el centro de procesos políticos y multilaterales, sustentado por la creencia de que la desregulación, la privatización y el crecimiento competitivo ilimitado (denominados con frecuencia ‘neoliberalismo’) son el único marco para cualquier economía, aún a costa de los pueblos, los trabajadores y las trabajadoras, y los derechos ambientales. Y aunque las grandes crisis financieras atrajeron una gran atención sobre poder de las corporaciones financieras y de otro tipo (por ejemplo, en el sector de la agricultura y las materias primas), no suscitaron tanto debate en torno a cómo el derecho nacional e internacional se inclinaba a favor del capital y las corporaciones transnacionales. En palabras de Juan Hernández Zubizarreta, “la reinterpretación jurídica a favor del capital y de las empresas transnacionales, y la asimetría normativa que provoca frente los derechos de las mayorías desprotegidas, están desplazando al Estado de derecho, a la separación de poderes y a la propia esencia de la democracia”.6

Imagen: Jared Rodriguez / Truthout/CC BY-NC-ND 2.0

La arquitectura del derecho imperativo, un nuevo gobierno corporativo mundial

La creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la proliferación en las últimas décadas de acuerdos de libre comercio e inversión bilaterales e internacionales han marcado el comienzo de una era de dominio corporativo mundial. Muchos de estos acuerdos incluyen también el mecanismo, ya notorio, de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las corporaciones utilizar los tribunales internacionales de arbitraje para demandar a los Estados nación por supuestas políticas discriminatorias, por lo que se percibe como una pérdida de beneficios y por la modificación de contratos. Las sanciones financieras que entrañan estas demandas pueden ser catastróficas para muchos Estados, como se demuestra en la publicación ISDS en números.7

La protección de los intereses corporativos concede a las transnacionales mayores poderes que muchos Estados, exacerbando la brecha de riqueza; los ingresos de Walmart, Shell y ExonMobil, por ejemplo, son mayores que el producto interior bruto de países como Austria, Sudáfrica y Venezuela.8

Las corporaciones han conseguido también una enorme influencia gracias a las políticas de las instituciones financieras mundiales, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los instrumentos financieros internacionales. De la misma manera, grandes rebajas fiscales y mecanismos elaborados, que propician la evasión fiscal, han favorecido a las transnacionales. En general, los datos actuales cifran en 500 000 millones de dólares o más las pérdidas fiscales anuales mundiales, lo que representa más del 20 % de los ingresos procedentes de los impuestos sobre las sociedades.9

El poder corporativo político y económico también se ha incrementado y consolidado gracias a las fusiones y adquisiciones. Las megafusiones de Bayer con Monsanto, China National Chemical Corporation (ChemChina) con Syngenta, y DuPont con Dow otorgan a tres corporaciones el práctico control absoluto de los agroquímicos y las semillas mundiales.10

La UE entre el poder y la captura corporativos

La naturaleza asimétrica del poder corporativo se visibiliza claramente en las instituciones y prácticas de la UE, donde se manifiesta en la captura corporativa de las políticas, en la práctica extendida de las ‘puertas giratorias’ —por la que altos cargos gubernamentales de la UE y otras instancias ocupan puestos corporativos de alto nivel al dejar sus mandatos—, en el acceso fácil y habitual a los funcionarios de la UE del que disfrutan los dirigentes y lobistas corporativos, y en las intensas actividades de lobby de las transnacionales, tanto a escala nacional como de la UE. Hay una enorme resistencia a crear un registro obligatorio de los grupos de presión. Esta predilección por los intereses corporativos se refleja también en la defensa de la UE de las corporaciones europeas en todo el mundo y en su impulso agresivo de los acuerdos comerciales y de inversión de gran alcance que favorecen los intereses de las corporaciones.

Asociaciones poderosas representan intereses corporativos en la UE, a veces por sectores (el Foro de Servicios Europeos) o multisectoriales, como la Mesa Redonda Europea de Industriales o BusinessEurope. Estos foros corporativos, con su concentración de poder económico, también ejercen poder e influencia políticos, ya que tienen fácil acceso a los funcionarios y legisladores, tanto a escala nacional como de la UE. Los Estados miembros de la UE acaban siendo conducto de los intereses corporativos en las instituciones europeas (el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo y la estructura de comités de la UE), según queda recogido en un informe reciente de Corporate Europe Observatory.11

Igual que los Estados Unidos, la UE se ha mostrado hostil hacia las iniciativas recientes para regular de manera vinculante a las transnacionales, socavando sus afirmaciones de defender los derechos humanos y el interés público. La UE ha defendido de manera acérrima en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los intereses corporativos en el contexto de la labor reciente en torno a un tratado vinculante con respecto a las transnacionales y los derechos humanos. El portavoz de la UE utiliza un lenguaje y unos textos que son reflejo de las ideas de la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Internacional de Empleadores. Los Estados miembros europeos del Consejo de Derechos Humanos han guardado un silencio notable desde que en 2014 votaron en contra del actual proceso conducente al tratado sobre las transnacionales y los derechos humanos. La posición de la UE en el Consejo de Derechos Humanos se detalla en un informe de la Red Europea de Observatorios Corporativos (ENCO): El vínculo entre la UE y la impunidad empresarial.12

En su libro Los usurpadores, Susan George describe el modus operandi, opaco pero políticamente poderoso, de las transnacionales y la captura corporativa que se observa en la UE: “No son solo su tamaño, su inmensa riqueza y sus activos lo que hacen que las transnacionales sean peligrosas para la democracia. Son también su concentración y cohesión, su cooperación y capacidad de influir, infiltrarse y, en algunas áreas, virtualmente reemplazar a los Gobiernos”.13

¿Por qué es un problema el poder corporativo?

La reorientación del derecho nacional e internacional para favorecer al capital y las transnacionales ha agravado las asimetrías del poder, socavando el estado de derecho y el principal papel del Estado en la protección de los derechos humanos, y permitido a las corporaciones operar sin estar sometidas a ningún tipo de regulación y con casi total impunidad.

Palacio de las Naciones, Ginebra. Fotografía: Víctor Barro/Amigos de la Tierra Internacional

En las últimas cuatro décadas, las actividades de las transnacionales han afectado profunda y destructivamente a países y pueblos en todo el mundo, de acuerdo con lo documentado en los casos presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) durante las sesiones sobre las actividades de las transnacionales europeas en América Latina (2006 a 2010) y sobre las actividades de las transnacionales en la minería y el acaparamiento de tierras en Sudáfrica (2016 a 2018).14

Al mismo tiempo, se ha incrementado la resistencia, en especial en las comunidades afectadas por las actividades de las transnacionales, y se han producido importantes iniciativas para abordar las vulneraciones de los derechos humanos y la creciente impunidad corporativa.

Dentro de las Naciones Unidas, el Centro sobre Corporaciones Transnacionales (UNCTC) se creó en 1975 y buscó establecer un marco de rendición de cuentas para las transnacionales con relación a los derechos humanos. Pero este centro fue clausurado en 1993 por el entonces Secretario General, Boutros Boutros-Ghali, fruto de la presión de los Estados Unidos. La iniciativa de las Naciones Unidas se retomó cuando Kofi Annan lanzó el Pacto Mundial, en el Foro Económico Mundial de enero de 1999. Pero sin una normativa exigente, el marco autorregulador del Pacto Mundial y las directrices voluntarias no han conseguido poner fin a la impunidad de las corporaciones.

En julio de 2005 se empezó a trabajar en otro marco autorregulador cuando Kofi Annan nombró a John Ruggie como Representante Especial encargado de abordar la creciente brecha entre el estado de derecho y las actividades cotidianas de las transnacionales. El trabajo de Ruggie dio lugar a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP, por sus siglas en inglés), refrendados por el Comité de Derechos Humanos en 2011. La UE y sus Estados miembros han presionado para que se apliquen estos principios. Pero según las pruebas procedentes tanto de Europa como de todo el mundo, se hace evidente que los principios no abordan la esencia del problema. La responsabilidad social corporativa voluntaria no es un enfoque adecuado para resolver la actual magnitud del crimen y la impunidad corporativos.15

¿Desafíos al poder corporativo?

Las comunidades afectadas por las operaciones de las transnacionales son esenciales en las iniciativas que persiguen abordar la asimetría entre el poder de las corporaciones y el de los Estados y la ciudadanía, y lanzar una campaña por un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos. Esta se estableció como una Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad (a menudo conocida, simplemente, como ‘Campaña Global’) en 2012 (una plataforma en que confluyen 250 colectivos internacionales de comunidades afectadas, movimientos sociales y sectores diversos),16 con gran apoyo y movilización junto a la Alianza del Tratado, establecida en 2014.

Desde la década de 1970, las comunidades afectadas han estado en la primera línea de la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en respuesta a las actividades de las transnacionales. Los casos emblemáticos de resistencia son los de Union Carbide en Bhopal en India, Rana Plaza en Bangladesh, Texaco-Chevron en el Amazonas ecuatoriano, Shell en el delta del Níger (en la tierra de los Ogoni), en Nigeria, Lonmin en Marikana (Sudáfrica), y, más recientemente, Vale en Mariana y Brumadinho, en Brasil.

La Campaña Global surgió en el contexto de campañas de resistencia, movilización y protesta por parte de movimientos sociales contra las superinstituciones del poder corporativo y la globalización neoliberal: la OMC, el FMI y el Banco Mundial.

Imagen: Jared Rodriguez / Truthout/CC BY-NC-ND 2.0

Algunos países están surgiendo varias iniciativas legales y jurídicas vinculantes para abordar el poder de las corporaciones. Algunas ya están en marcha, como la ley vinculante sobre ‘diligencia debida’ en Francia y la legislación sobre el ‘derecho a decir no’ (basado en el principio del ‘consentimiento previo, libre e informado’) a las que se le han concedido estatus jurídico en un fallo reciente del tribunal superior de Sudáfrica.17

Los Principios Rectores y la autorregulación voluntaria destinados a las transnacionales se han mostrado insuficientes y han sido rechazados por las comunidades afectadas. En cambio, estas insisten en que, además de urgentes, son necesarias y posibles unas nuevas reglas internacionales y legalmente vinculantes sobre las transnacionales y los derechos humanos.18

¿Ahora qué?

Ante la creciente resistencia, el fracaso de la autorregulación y responsabilidad social corporativas para controlar el poder y la impunidad de las transnacionales, algunos Estados miembros de las Naciones Unidas han retomado el trabajo para establecer una regulación vinculante. Ecuador, con el apoyo de Sudáfrica, presentó una resolución al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2014. Esta resolución histórica se aprobó por el estrecho margen de 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones,19 y condujo a la creación de un ‘grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta’ (OEIGWG, por sus siglas en inglés) cuyo mandato consiste en elaborar “un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos”.20

En el período intermedio, el trabajo preparatorio sobre el tratado reunió en el Comité de Derechos Humanos a tres grupos clave: los Estados miembros, los movimientos sociales y las comunidades afectadas, y representantes corporativos acreditados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Internacional de Empleadores.

El trabajo previo al tratado ha avanzado bastante desde 2014. En octubre de 2018, el presidente del grupo de trabajo y embajador de Ecuador, Luis Gallegos, presentó un ‘borrador preliminar’ del tratado, allanando el camino para unas negociaciones de peso.

En la cuarta sesión del grupo de trabajo participaron 96 Estados.

Los parlamentarios se movilizan también a nivel nacional e internacional. En efecto, 350 representantes parlamentarios procedentes del Sur Global y Europa se han incorporado a la ‘red interparlamentaria global’ en apoyo de un tratado vinculante y se movilizan a nivel nacional, instando a los Gobiernos a comprometerse constructiva y activamente en el proceso de negociación.

La convergencia de movimientos y redes en la Campaña Global realiza actividades de forma continuada a nivel regional y nacional. Cuando el grupo de trabajo de las Naciones Unidas se reúne cada año en Ginebra, la campaña organiza una semana de movilización de los pueblos, trabajando tanto dentro de las Naciones Unidas como fuera, con el fin de dar a conocer el proceso y trabajar con las comunidades, los medios de comunicación y los legisladores. Esta estrategia ha sido crucial para asegurar que el proceso del tratado siga discutiéndose y avance hacia la etapa de negociación.

La Campaña Global, después de consultar ampliamente a las comunidades afectadas, movimientos y expertos de todo el mundo, también desarrolló y presentó su propio borrador de tratado. Este texto propuesto, ‘Tratado sobre empresas transncionales y sus cadenas de suministro en respecto a los derechos humanos’ (2017) aboga por un tratado fuerte y ambicioso que incluya: obligaciones vinculantes para las transnacionales; obligaciones extraterritoriales para los Estados; la prevalencia de los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión y las condiciones que exigen las instituciones financieras y comerciales internacionales (por ejemplo, el FMI, la OMC y el Banco Mundial); la cooperación de los Estados ante las actividades de las transnacionales a lo largo de todos sus cadenas de suministro; un tribunal internacional sobre transnacionales y los derechos humanos, y mecanismos de cumplimiento y derechos de las comunidades afectadas.21

El proceso del tratado vinculante se enfrentará todavía a desafíos. El auge mundial de autoritarismo y el repliegue de procesos democráticos y la sustitución de Gobiernos democráticos, como en América Latina y Asia, seguramente tendrán consecuencias negativas.

Pero los movimientos también seguirán luchando para definir el contenido del tratado. La Campaña Global, junto con la Alianza del Tratado, trabajan para asegurar que los Gobiernos se impliquen activamente en la quinta sesión del grupo de trabajo, que se celebrará en octubre de 2019, mantener la presión para conseguir un tratado fuerte que aborde con eficacia la impunidad de las transnacionales y proporcionar acceso a la justicia para las comunidades afectadas.

Nadie subestima los retos que están por venir. Ni los Gobiernos ni los movimientos de los pueblos han estado antes en esta situación. La preparación y consecución de cualquier tratado es una tarea colosal, pero un tratado que aborde el poder concentrado de las transnacionales con respecto a sus obligaciones sobre los derechos humanos es probablemente entre las más exigentes.

El poder de las transnacionales es inmenso. Su influencia proyecta una larga sombra. Una voluntad política sostenida y la participación activa y valentía por parte de los Gobiernos serán cruciales para hacer frente a la monstruosidad del superpoder corporativo y establecer un nuevo régimen jurídico internacional que haga prevalecer los derechos humanos por encima del beneficio o el crimen corporativos.

Y esta vez, un movimiento organizado, resuelto y mundial será un factor clave para cambiar el equilibrio de fuerzas y hacer avanzar a los Gobiernos en este momento histórico.

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Traducido al español por Christine Lewis Carroll