La izquierda uruguaya en la encrucijada

La ciudad capital, vista desde el World Trade Center of Montevideo. Durante los tres gobiernos del Frente Amplio Uruguay ha alcanzado muy altos niveles de desarrollo social y económico.
Foto: Jimmy Baikovicius/Flickr/(CC BY-SA 2.0)

El gobierno del Frente Amplio de Uruguay, una de las experiencias más estables, prolíficas y admiradas de la “nueva izquierda latinoamericana” atraviesa un proceso electoral muy dramático y con posibles impactos profundos en el país y en la región en su conjunto. Daniel Chavez ofrece un balance de los resultados positivos y negativos de la experiencia uruguaya y sugiere elementos de análisis relevantes para otros procesos contrahegemónicos en América Latina y el mundo.

“Banderazo” del Frente Amplio en la ciudad de Paysandú. El Frente Amplio es la organización política de la izquierda uruguaya unificada, resultante de la convergencia electoral y programática de más de 20 partidos y movimientos. Foto: Daniel Chavez

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De todos los gobiernos de la llamada “nueva izquierda” que transformaron el escenario social y político de América Latina en las últimas dos décadas, el caso uruguayo es al mismo tiempo uno de los menos debatidos a escala mundial y el único que ha recibido elogios tanto desde el campo progresista como desde las principales instituciones de la ortodoxia política y económica mundial.1 Mientras la atención de los medios de comunicación y los debates en la izquierda y en la derecha se focalizaban en los procesos liderados por Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, los tres periodos de gobierno del Frente Amplio en la muy apacible República Oriental del Uruguay raramente han concitado la atención de activistas, periodistas o líderes políticos en otros países del mundo.1 While the media attention and left and right discussions focused on the processes led by Lula da Silva and Dilma Rousseff in Brazil, Hugo Chávez and Nicolás Maduro in Venezuela, Evo Morales in Bolivia, Rafael Correa in Ecuador and Néstor Kirchner and Cristina Fernández de Kirchner in Argentina, the three periods of government by the Frente Amplio in a very peaceful Uruguay have rarely drawn the attention of activists, journalists, or political leaders in other countries of the world.

El 24 de noviembre de 2019 la ciudadanía uruguaya elegirá a su nuevo presidente. La segunda vuelta de la elección presidencial ocurrirá en un momento muy particular de la historia de América Latina. En Chile, una insurrección popular sacude los cimientos del neoliberalismo y del autoritarismo. En Bolivia, después de varios días de protestas violentas en torno a resultados electorales en disputa, la policía y los militares han forzado la renuncia del presidente en un nuevo tipo de golpe de Estado. En Argentina, la derecha ha sido derrotada en una elección derivada de una gravísima crisis económica y social. En Ecuador, las organizaciones populares negocian con un gobierno muy debilitado la resolución de una muy compleja crisis política. En Perú, sigue sin resolverse la reciente crisis institucional, con el Parlamento cerrado. En Colombia, en el marco de acuerdos de paz violados por el gobierno y fracciones disidentes de la guerrilla, los resultados de las elecciones municipales aportan algunas buenas noticias, mientras continúan los asesinatos de líderes populares. En Venezuela, el gobierno y la oposición ensanchan la brecha política mientras la población sufre una terrible crisis social y la amenaza de una intervención extranjera. En este contexto regional, la muy pacífica y regulada elección presidencial uruguaya resulta casi una anomalía.

Uruguay es en muchos sentidos un país atípico en América Latina. En 1920 un periodista estadounidense se refirió a este país como “la Suiza de América Latina”, dando origen a una comparación que se transformó en una frase muy repetida, ya sea por méritos propios o por el relato que intentaron construir los gobiernos de turno. Más allá de posibles cuestionamientos a la relevancia de este analogía, los datos empíricos muestran que Uruguay alcanzó tempranamente niveles de desarrollo institucional y bienestar comparables a los de los países europeos, fue una de las primeras democracias avanzadas –incluyendo la extensión de la educación gratuita, obligatoria y laica a fines del siglo XIX, el divorcio en 1917 y el otorgamiento del derecho de voto a las mujeres en 1927–, luego sufrió un grave retroceso durante la dictadura militar (1973-1984) y dos décadas de resistencia al neoliberalismo (décadas de 1980 y 1990), y finalmente ha experimentado en los últimos 15 años profundas transformaciones sociales, políticas y económicas promovidas por la izquierda en el gobierno.2

La legislación electoral uruguaya establece la necesidad de lograr la mitad más uno de los votos para acceder a la presidencia. Si ninguna candidatura obtiene la mayoría en la primera vuelta se realiza una segunda vuelta (balotaje) en la que solo participan las dos opciones más votadas. Es así que Uruguay está inmerso hoy en una muy polarizada campaña electoral que podría alterar de forma sustancial la historia política del país y generar lecciones relevantes para la izquierda regional y mundial. Tras tres lustros de gestión progresista y pese a haber ganado de forma incuestionable la primera vuelta el pasado 27 de octubre, la izquierda uruguaya se enfrenta a la posibilidad de una derrota en la segunda vuelta. Si el 24 de noviembre las urnas expresaran lo que hoy predicen las encuestas, la derecha podría celebrar el retorno al poder. El país que históricamente se ha enorgullecido de su cultura cívica, su convivencia democrática y su historial de consensos en el diseño de políticas de Estado, hoy enfrenta una campaña sin un resultado previsible, incluyendo la irrupción en el Parlamento de un novísimo partido de ultraderecha –Cabildo Abierto– con un electorado que podría llegar a constituirse en el árbitro de la elección de noviembre.

El panorama al que se enfrenta hoy la izquierda uruguaya es muy problemático. La elección del 27 de octubre derivó en la pérdida de la mayoría parlamentaria tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. La militancia de izquierda había apostado esperanzada a una remontada de última hora, como ya había ocurrido en la elección del año 2014, pero el resultado fue más adverso. El Frente Amplio alcanzó el 39,2 por ciento de los votos, el Partido Nacional el 28,6, el Partido Colorado el 12,3 y Cabildo Abierto 10,9. Los votos restantes se distribuyeron entre cinco partidos menores –incluyendo al Partido Independiente y dos agrupaciones que ingresan por primera vez al Parlamento: el Partido Ecologista Radical Intransigente, una agrupación conservacionista y conservadora, y el Partido de la Gente, un partido populista de derecha– que no alteran sustancialmente una evidencia aritmética: la suma de los votos al bloque de derechas hoy aventaja en 10 puntos al bloque de la izquierda como punto de partida para enfrentar la segunda vuelta.

Definitivamente, el Frente Amplio enfrenta una batalla cuesta arriba hacia la segunda vuelta del 24 de noviembre, pero la elección sigue siendo competitiva. Pese a la histórica fortaleza del sistema partidario uruguayo (atípica en América Latina), es poco probable que los votantes de los partidos de oposición acepten de forma acrítica las indicaciones de voto de los dirigentes. Es previsible que un porcentaje significativo de votantes del Partido Colorado rechace la oferta de una coalición que incluya a Cabildo Abierto, un partido de corte militarista liderado por un ex Comandante en Jefe del Ejército que es percibido por muchos uruguayos como una versión atenuada de Jair Bolsonaro en Brasil. Por otra parte, la explosiva irrupción de Cabildo Abierto en el panorama político uruguayo, al haber sido fundado apenas ocho meses antes de la elección, indica que su electorado incluye muchos exvotantes del Frente Amplio que podrían ser “recuperados” por la izquierda para la segunda vuelta de noviembre.

A diferencia del dramatismo, la demagogia, la violencia o las jugadas sucias que caracterizan a las elecciones en otros países de la región, en la política uruguaya de las últimas décadas ha predominado el juego limpio y la contrastación civilizada de candidaturas y programas electorales. Aun así, la segunda vuelta de la elección presidencial está siendo percibida como crucial y se está tornando muy intensa y emotiva, con debates encendidos en las redes sociales y una disputa por el voto cuerpo a cuerpo y casa por casa. En contraste con votaciones anteriores, la elección de este año está marcada por fuertes diferencias ideológicas y programáticas que reflejan la muy vigente distinción clásica entre la izquierda y la derecha. Esta elección también refleja cambios en el comportamiento político de las diferentes clases sociales directamente relacionadas con los resultados de los gobiernos progresistas en Uruguay y en otros países de América Latina.

Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio para la elecciónpresidencial uruguaya del año 2019 2019. Foto: Frente Amplio/Flickr/(CC BY-NC-SA 2.0)

A diferencia de los recientes gobiernos progresistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador o Venezuela, la experiencia uruguaya ha sido menos dependiente de liderazgos individuales y refleja un largo proceso de acumulación política que se inició en marzo de 1971 con la creación del Frente Amplio.3

Uruguay cuenta con uno de los sistemas partidarios más antiguos y sólidos del mundo. Durante un siglo y medio, la política uruguaya estuvo hegemonizada por los llamados “partidos tradicionales”: el Partido Nacional o Blanco y el Partido Colorado. Surgidos de forma simultánea a la creación del país como entidad independiente en la década de 1830 (las referencias a los colores blanco y colorado aluden a las divisas utilizadas por sus miembros en las guerras civiles del siglo XIX), los dos partidos han amalgamado una gran diversidad interna de corrientes ideológicas, pero en las últimas décadas ambas formaciones han tendido a convergir en un arco conservador que oscila entre el centro y la derecha.

La unificación de la izquierda en el año 1971 cuestionó la hegemonía de los partidos tradicionales. Concebido como el espacio de convergencia de diversos partidos y movimientos progresistas o de izquierda, con un perfil democrático, popular, antioligárquico y antiimperialista, la fundación del Frente Amplio culminó un largo proceso de aproximación. La unificación de la izquierda había sido precedida en la década de los 60 por la conformación de una central sindical unificada y de otros espacios de confluencia de las luchas populares, en un marco de aguda conflictividad social y política que conduciría a una dictadura militar apoyada por Estados Unidos y la derecha regional y mundial entre los años 1973 y 1984. Con la restauración de la democracia liberal en 1985, el Frente Amplio reafirmó su identidad como espacio integrador de prácticamente todos los componentes de la heterogénea izquierda uruguaya, integrado por socialistas, socialdemócratas, comunistas, exguerrilleros, sindicalistas, intelectuales progresistas y militantes sociales con muy diversas raíces doctrinarias o partidarias. Desde su fundación en 1971 hasta el presente, el Frente Amplio constituye una de las experiencias más exitosas y más largas de convergencia de la izquierda, casi única a nivel mundial. Pese a ser formalmente una coalición –constituida por más de 20 partidos y movimientos– en la práctica opera como un partido integrado, con un programa y candidatos comunes para las elecciones presidenciales.

El primer gobierno nacional de la izquierda asumió funciones en marzo de 2005. La gestión liderada por Tabaré Vázquez (quien había sido Intendente de Montevideo durante la primera experiencia gubernamental de la izquierda, entre 1990 y 1994) tuvo que enfrentar las secuelas de la profunda crisis económica del año 2002. A diferencia de los otros procesos de la “nueva izquierda latinoamericana”, el primer gobierno del Frente Amplio fue mucho más previsible y moderado en sus ambiciones, centrado en la implementación de políticas sociales para combatir la pobreza y la atracción de inversiones extranjeras para dinamizar el crecimiento económico. El arribo de las inversiones, en paralelo al aumento de las exportaciones de productos primarios en el marco de la bonanza internacional, permitió el despliegue de programas de asistencia a los sectores más vulnerables y la mejora de los niveles de ingreso y de consumo de la mayoría de la población.

Uno de los elementos más simbólicos del primer gobierno de izquierda fue la instalación en las orillas del Río Uruguay de una planta de producción de celulosa de la corporación transnacional Botnia (actualmente UPM, controlada por capitales finlandeses), que consolidó la expansión de la industria forestal y generó fuertes reacciones de organizaciones ambientalistas en Uruguay y en Argentina. La instalación de otras dos plantas de celulosa (una ya en marcha y otra en proceso), el apoyo gubernamental a un megaproyecto de minería de hierro a cielo abierto (finalmente cancelado ante la baja de los precios de los minerales en el mercado internacional) y la expansión de la soja y otros monocultivos, señalan una apuesta del Frente Amplio por el mismo modelo extractivista de desarrollo aplicado en los otros países de la región independientemente del perfil ideológico de sus gobiernos.

Tanto en sus orientaciones económicas y sociales como en su estilo de relacionamiento con la oposición, el primer gobierno del Frente Amplio (y de los dos sucesivos) tuvo más características en común con las izquierdas socialdemócratas europeas que con el estilo de liderazgo ecléctico y carismático de otros gobiernos progresistas de América Latina. Si bien Tabaré Vázquez ejerció su cuota de liderazgo personal e hizo uso del poder otorgado por el sistema presidencialista uruguayo, su fuerza política le impuso límites, como se hizo evidente en el retiro de su propuesta de firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos (lo cual también habría significado el quiebre del Mercosur, la unión aduanera conformada por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) y la integración al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), en consideración del rechazo del movimiento sindical y la resistencia generada al interior del propio Frente Amplio.

El segundo gobierno de la izquierda surgió de la irrebatible victoria de José Pepe Mujica en las elecciones presidenciales de octubre y noviembre de 2009. En la segunda vuelta, el exguerrillero tupamaro logró casi 10 puntos de ventaja (el 52,4 por ciento contra el 43,5 por ciento) frente al candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, quien ya había sido presidente en la década anterior. Inmediatamente después de su victoria, Mujica propuso acordar con la oposición políticas de Estado en las áreas de educación, seguridad pública, medio ambiente y energía.

La tercera victoria presidencial del Frente Amplio aconteció en noviembre de 2014. Tabaré Vázquez volvió a ser electo presidente al obtener el 47,8 por ciento de los votos en la primera vuelta y asegurar la mayoría parlamentaria, confirmando el triunfo en la segunda vuelta del 30 de noviembre con el 53,6 por ciento de los votos frente al candidato Luis Lacalle Pou (un abogado de raíces patricias, hijo de Luis Alberto Lacalle, el candidato derrotado en la elección precedente) del Partido Nacional. La izquierda logró entonces la victoria más amplia en una segunda vuelta desde que Uruguay introdujera el actual sistema electoral de balotaje en 1996.

La economía uruguaya, al igual que la de otros países latinoamericanos, se benefició de la creciente demanda de alimentos y otras materias primas desde el continente asiático, por lo que durante un largo periodo la gestión gubernamental de la izquierda pudo aprovechar vientos favorables y resistir los peores impactos de la depresión internacional que estalló en el año 2008. El primer gobierno del Frente Amplio tuvo sus inicios en 2005, tras la gravísima crisis del año 2002, cuando el país sufrió el contagio de la debacle argentina. La recuperación uruguaya durante los primeros dos gobiernos de izquierda produjo un significativo aumento del consumo y la mejoría de los principales indicadores económicos y sociales. Uruguay también recibió nuevas inversiones extranjeras, logrando que publicaciones tan alejadas de la izquierda como The Economist o el Financial Times elogiaran la seguridad jurídica, la calidad de las instituciones y la estabilidad macroeconómica del país. En marzo de 2018 The Economist destacaba que “los gobiernos de Frente Amplio se apegaron a las políticas económicas ortodoxas que heredaron y a prácticas que hacen que el país sea atractivo para los inversores, como mantener bajos los impuestos y el poder judicial independiente de la influencia política”. The Economist or the Financial Times praised the legal security, the institutional quality and the macroeconomic stability of the country with the Frente Amplio in government. In March 2018, The Economist argued that the governments of the left “stuck with the orthodox economic policies they inherited and with practices that make the country attractive to investors, such as keeping taxes low and the judiciary independent of political influence”.4

Una rápida revisión de los principales indicadores muestra que la economía y la sociedad uruguayas efectivamente han mejorado con la izquierda en el gobierno, posibilitando que el país hoy exhiba un alto nivel de ingreso per cápita y bajos niveles de pobreza y desigualdad La economía presenta niveles de crecimiento del producto interior bruto por encima del 3 por ciento anual durante más de una década. En el mismo período también se redujo de forma muy perceptible la pobreza, bajando del 40 por ciento de la población en el primer año de gobierno a menos del 10 por ciento actual. La indigencia o la pobreza extrema es hoy inferior al 1 por ciento. Uruguay también se ha posicionado como el país con la menor desigualdad de América Latina: mientras el índice de Gini de la región es 0,467 en Uruguay es 0,397.

La ciudad capital, vista desde el World Trade Center of Montevideo. Durante los tres gobiernos del Frente Amplio Uruguay ha alcanzado muy altos niveles de desarrollo social y económico. Foto: Jimmy Baikovicius/Flickr/(CC BY-SA 2.0)

Otros logros del Frente Amplio en el gobierno incluyen haber logrado que Uruguay pase a ser el país de América Latina con la mayor cobertura de la seguridad social y las mejores condiciones de empleo. Mientras que el salario real promedio en la región aumentó un 20 per ciento entre los años 2005 y 2015, en el país el aumento supero el 54 por ciento.

En términos de infraestructura, Uruguay también exhibe mejoras evidentes. Uruguay ocupa hoy el primer lugar en América Latina en velocidad, precio y cobertura de Internet por banda ancha, resultante de la extensión de la red nacional de fibra óptica a todos los puntos del país realizada por la empresa pública de telecomunicaciones Antel –la misma empresa que ostenta la mayor cuota de mercado en telefonía móvil, pese a competir con dos grandes corporaciones transnacionales. Uruguay también ocupa el primer lugar mundial en la transición a energías renovables, después de haber cambiado la matriz eléctrica con una muy rápida y masiva inversión en energía eólica (actualmente equivalente a casi la mitad de la electricidad consumida en el país), lo cual ha significado más soberanía al reducir los costos de generación y la importación de combustibles fósiles.

En el área social, el gobierno del Frente Amplio implementó una reforma estructural centrada en la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que garantiza la cobertura y el acceso universal a toda la población. Uno de los resultados más visibles ha sido la fuerte caída de la tasa de mortalidad infantil entre los años 2004 y 2018, con una reducción de más un 50 por ciento, al pasar de 13,2 a 6,5 cada 1000 nacimientos vivos. En el campo educativo, Uruguay fue noticia mundial con la extensión del Plan Ceibal, al ser el primer país que entregó de forma gratuita un ordenador o una tablet a todos los estudiantes y docentes de escuelas de primaria y secundaria –y luego también a los jubilados y pensionistas de menores ingresos–, reduciendo la brecha digital y promoviendo otros avances en ciencia y tecnología. También se expandió el presupuesto para la educación, subiendo del 3,2 por ciento del producto bruto en el año 2004 al 4,8 en el año 2013, además de mejorar el salario real del profesorado y la cobertura de becas de los estudiantes universitarios de bajos recursos.

La izquierda el gobierno también logró posicionar a Uruguay como la democracia más estable y avanzada de la región y en la que se reconocieron más derechos de nueva generación. El más reciente informe anual de la organización de monitoreo internacional Freedom House otorga a Uruguay el primer lugar en América Latina y el sexto mundial en derechos políticos y libertades civiles,⁵ mientras que el índice democrático de The Economist resalta que Uruguay es el único país de la región incluido en el selecto grupo de las 20 “democracias plenas”.⁶ El Frente Amplio ha sido también el único partido que desde el gobierno ha intentado dar respuesta a las demandas de verdad y justicia en torno a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, incluyendo la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos en cuarteles del ejército.

Sin embargo, pese a los buenos o muy buenos indicadores económicos, políticos y sociales que el Frente Amplio puede exhibir como logros de su gestión, aún persisten razones para el descontento. En los últimos tres años ha decaído el ritmo de crecimiento económico y ha aumentado el déficit fiscal, generando dudas sobre la continuidad o la ampliación de las políticas sociales. Por ejemplo, pese a la mayor inversión de recursos financieros en la educación pública, la construcción de nuevas escuelas y la expansión de la cobertura educativa en todos los niveles, algunos resultados en este campo siguen siendo negativos o muy negativos. Apenas el 40 por ciento de los jóvenes concluye la enseñanza secundaria, muy por debajo de lo esperable en un país con el nivel de desarrollo social y económico que Uruguay muestra en otras áreas. Es muy poco probable que si la derecha reconquista el gobierno se desempeñe mejor que la izquierda en la gestión educativa, pero todos los candidatos de la derecha han usando los malos resultados del Frente Amplio en este campo como munición electoral para atacar a la izquierda.

The social gap has narrowed significantly during the 15 years of the Frente Amplio in office, but socio-spatial segregation remains visible in the country. The housing conditions of the most vulnerable population have improved. The number of so-called cantegriles (the term equivalent to favelas in Brazil) has been visibly reduced, but hundreds of families have not yet benefited from the programmes of eradication of informal settlements and other governmental housing policies. Urban informality in peripheral neighbourhoods has been reduced, but the map of Montevideo and other cities still shows “red zones” in which crime and violence rates have worsened. Drug addiction and drug trafficking ravage the inhabitants of some low-income neighbourhoods. Here, evangelical churches proliferate and in this year’s election campaign the electoral posters proliferate of Cabildo Abierto and other candidates who promise an iron fist approach to crime.

En este contexto, en la misma jornada de la primera vuelta presidencial también se votó un proyecto de ley que proponía cambios sustanciales en materia de seguridad. Haciendo uso de un mecanismo constitucional que habilita la presentación de iniciativas legislativas, una fracción del Partido Nacional había juntado firmas a lo largo de 2019 para habilitar la iniciativa “Vivir sin miedo”. La propuesta de reforma constitucional incluía una serie de modificaciones a la legislación vigente, incluyendo la autorización de allanamientos nocturnos y la creación de una Guardia Nacional conformada por militares, además de la revisión de la cadena perpetua y el agravamiento de las penas para crímenes violentos. La iniciativa no contaba con el apoyo explícito de ninguno de las candidaturas a la presidencia; sin embargo, obtuvo 1,1 millones de votos, equivalentes al 46 por ciento del padrón electoral pero insuficientes para ser aprobada (se requería más del 50 por ciento).

Pese a la derrota de la reforma en las urnas, el candidato del Partido Nacional anunció su intención de incluir en el paquete legislativo que impulsaría su posible gobierno dos de las iniciativas sometidas a plebiscito: la pena perpetua revisable para delitos gravísimos y el fortalecimiento de la Guardia Republicana, el regimiento militarizado de la policía uruguaya. Paradójicamente (o no tanto), el candidato de la izquierda también se comprometió pocos días después a fortalecer la Guardia Republicana.

Marcha del Silencio, Montevideo, 2015. La demanda por verdad y justicia en torno a los detenidos desaparecidos sigue muy vigente en Uruguay más de tres décadas después del fin de la dictadura militar. Foto: Frente Amplio/Flickr/(CC BY-NC-SA 2.0)

Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional, es hoy el favorito para la segunda vuelta, aunque la votación de su partido estuvo por debajo del 30 por ciento registrado en las elecciones de 2009 y 2014. La estrategia formulada por Lacalle Pou está focalizada en la creación de lo que el define como un “gobierno multicolor”, basado en una coalición parlamentaria y gubernamental integrada por los dos partidos tradicionales (Nacional y Colorado) y sumando a Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

De resultar victorioso, Lacalle Pou se apoyaría en un Parlamento con una mayoría de legisladores dispuestos a ejecutar su agenda de reformas neoliberales, con ajustes en el presupuesto público y represión a la previsible resistencia de las organizaciones populares. La mayoría que sostendría a Lacalle Pou incluye a senadores y diputados que reivindican abiertamente la “lucha contra la subversión” durante la pasada dictadura militar, además de una bancada evangélica ampliada y dispersa entre los tres principales partidos del bloque conservador con representación parlamentaria.

In the first round, the electoral strategy of the Frente Amplio was focused on publicising the social and economic achievements of its governments, highlighting the marked reduction in poverty and sound economic management that has secured three decades of uninterrupted growth, unprecedented in national history. In its campaign slogans, the left proposed Uruguayan voters No perder lo bueno, hacerlo mejor (“not to lose what’s good, doing it better”), while the message of the National Party already anticipated a possible unification of the right for the run-off, winking at the whole arch of the opposition with its slogan Lo que nos une (“What unites us”).

Al momento de redacción, el electorado de izquierda parece haber asimilado el golpe de octubre y la militancia frenteamplista ha encarado con entusiasmo renovado la campaña para la segunda vuelta. La estrategia para ganar el balotaje se inclina al tendido de puentes hacia quienes no votaron por el Frente Amplio, procurando recuperar votos que en la primera vuelta habrían sido capturados por los diversos partidos de la oposición y reconociendo problemas en la seguridad y en otras áreas en las que la derecha focalizó sus críticas. El discurso del candidato presidencial, Daniel Martínez (un ingeniero con amplia experiencia de gestión, tras haber ejercido como senador, ministro de Industrias e intendente de Montevideo hasta abril de este año) y de otras figuras del Frente Amplio también se ha vuelto más confrontativo con la derecha, enfatizando las contradicciones internas entre los partidos que conforman la coalición opositora y afirmando que no podrían acordar un gobierno coherente y eficaz.

El comando electoral del Frente Amplio ha definido que la estrategia para ganar el balotaje en los pocos días que restan hasta la elección del 24 de noviembre estará basada en una disputa “voto por voto”, incluyendo una muy intensa movilización de los militantes frenteamplistas y recorridas del candidato presidencial y de toda la dirigencia de la izquierda uruguaya por los barrios de Montevideo y las localidades del interior del país.

Una de las recientes movidas del Frente Amplio ha sido la distribución domiciliaria de un documento titulado “Tres cartas para un país”. La primera de las cartas está dirigida a los votantes de izquierda, invitándoles a ser optimistas, ya que “es posible ganar” y la izquierda sigue siendo la “primera fuerza política del país”. La carta argumenta la existencia de “dos proyectos en pugna”: el de la izquierda, con “avances claros, una mirada autocrítica real y propuestas fundadas” en 15 años de buen gobierno, y un proyecto “neoliberal con sesgos autoritarios, de recortes y shocks de austeridad”, de “retrocesos en la agenda de derechos” y de “impunidad asegurada para los militares violadores de los derechos humanos”. El texto también compara las propuestas de la derecha uruguaya con la situación regional, aseverando que Chile, Brasil y Argentina constituyen “ejemplos claros del fracaso del modelo neoliberal y el aumento de pobreza y violencia que generan”. La segunda carta está dirigida a los votantes indecisos, recordándoles que Jair Bolsonaro manifestó su apoyo explícito a Lacalle Pou. La carta a los indecisos también argumenta que no es creíble ni viable la promesa de “bajar impuestos, recortar 900 millones de dólares de gasto público, echar 50.000 funcionarios” y, al mismo tiempo, construir “cientos de nuevos liceos y hospitales”. La última carta está dirigida a quienes no estarían dispuestos a votar a la izquierda, afirmando que “entre todos encontraremos las mejores formas de resolver los problemas y dirimir democráticamente nuestras discrepancias”.

La radicalización del discurso de los partidos políticos parecería tener poco sentido en un país históricamente poco afecto al conflicto y propenso a la búsqueda de salidas negociadas (al respecto, son ilustrativas las novelas del famoso escritor uruguayo, Mario Benedetti, centradas en las aflicciones y aspiraciones de una muy extendida clase media). Por otra parte, diversas estadísticas nacionales e internacionales confirman que en los casi 15 años de gobierno del Frente Amplio Uruguay ha seguido disminuyendo la brecha social. Sin embargo, al igual que en Brasil y en otros países en los que los gobiernos de izquierda levantaron a una porción significativa de la pobreza, parte de la “nueva clase media” tiende a rebelarse contra el partido gobernante y cuestiona la transferencia de recursos y las políticas sociales hacia los más pobres. Al mismo tiempo, otros votantes que antes habían optado por el Frente Amplio hoy critican la supuesta mala gestión del Estado, el deterioro de la educación, y algunos pocos y aislados pero muy visibles casos de corrupción (magnificados por la prensa de derecha), al tiempo que reclaman mayor atención del gobierno a la inseguridad pública, percibida como uno de los principales problemas del país (Uruguay sigue siendo uno de los países más seguros de la región, pero las estadísticas policiales señalan un aumento de la criminalidad, incluyendo más homicidios, rapiñas y violencia vinculada al narcotráfico).

En la primera fase de la campaña electoral, las encuestan indicaban que muchos desencantados con la izquierda optarían por la candidatura del Partido Colorado, liderada por Ernesto Talvi, un economista formado en Estados Unidos y que, paradójicamente, reivindica el legado del expresidente José Batlle y Ordóñez (1856-1929), la principal figura histórica de su partido y fundador del modelo de desarrollo socialdemócrata que caracterizó al Uruguay durante gran parte del siglo pasado, basado en una fuerte intervención estatal en la economía. Talvi intentó presentarse como un “liberal progresista”, pese a que su formación académica y su trayectoria profesional responden a la imagen clásica del economista neoliberal, incluyendo múltiples declaraciones públicas de enaltecimiento del modelo aplicado por los llamados Chicago Boys en Chile durante y después de la dictadura liderada por Augusto Pinochet.

A medida que la campaña electoral avanzaba, las encuestas señalaban que la candidatura del Partido Colorado se desinflaba, de forma simultánea al crecimiento de la expectativa de voto de Cabildo Abierto. Los resultados de la primera vuelta confirmaron un marcado trasvase de votos del Partido Colorado e incluso del Frente Amplio hacia el nuevo partido de extrema derecha. Por otra parte, el desplazamiento de la fuerza de gobierno hacia el centro no generó resultados positivos, pese a no haber sufrido fugas por la izquierda, ya que la Unidad Popular, el espacio conformado por expresiones de la izquierda radical que se habían escindido del Frente Amplio en la elección anterior, perdió en octubre su único representante en el Parlamento.

En concreto, en la elección de octubre de 2019 el Frente Amplio perdió un quinto de su electorado (casi 200.000 votos) con respecto a a la primera vuelta de 2014. La razones de esta pérdida son múltiples y diversas. Por un lado, existen los desencantados de izquierda que critican el supuesto abandono de las banderas clásicas de la izquierda de parte del gobierno. Esta minoría de votantes que la izquierda no retuvo y que habría optado por votar al Partido Ecologista Radical Intransigente, Unidad Popular, el Partido Verde Animalista o el Partido de los Trabajadores (los tres últimos partidos no alcanzaron los votos mínimos para ingresar al Parlamento) incluye a quienes critican los beneficios otorgados por el gobierno al capital transnacional, la primarización de la economía, la extranjerización de la tierra, el deterioro del medio ambiente, o la ausencia de una política industrial coherente. También existen los desencantados del centro, quienes expresaron con su voto el enojo de las clases medias, apoyando a los partidos tradicionales y sus promesas de menos impuestos, menos Estado y más o mejor capitalismo. Este grupo también incluye a los críticos de la posición de neutralidad o de supuesto apoyo de la izquierda uruguaya al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero también existe un porcentaje significativo de votos que el Frente Amplio no retuvo, difícil de cuantificar, que no actúa en base a opciones ideológicas específicas y que refleja las necesidades y demandas insatisfechas de una porción de los sectores populares (el llamado “subproletariado uruguayo”, utilizando el concepto propuesto por el politólogo Óscar Bottinelli) que en elecciones anteriores apoyó a las fracciones de la derecha populista de los partidos tradicionales y que en octubre de 2019 habría votado a Cabildo Abierto.

Marcha de la Diversidad, Montevideo, 2015. La defensa y expansión de la nueva agenda de derechos ha sido una de las prioridades de la izquierda uruguaya en el gobierno.Photo credit: Foto: Frente Amplio/Flickr/(CC BY-NC-SA 2.0)

Indudablemente, la gran sorpresa de la elección presidencial de este año ha sido la intrusión de Cabildo Abierto, el partido de ultraderecha liderado por el General Guido Manini Ríos, al haber sumado más del 10 por ciento de los votos y logrado una sólida presencia en las dos cámaras del Parlamento. Manini Ríos, quien ejerciera como jefe del Ejército entre febrero de 2015 y marzo de 2019, había sido destituido de forma fulminante por el presidente Tabaré Vázquez por sus críticas a decisiones del poder judicial en recientes juicios a militares que habían violado los derechos humanos durante la dictadura militar. Pese a las constantes referencias a los principios democráticos y valores republicanos, ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado tienen intención de aplicar un “cordón sanitario” similar al que los partidos de la derecha europea han impuesto en la última década a algunos partidos equivalentes a Cabildo Abierto. Para poder conformar la coalición requerida para desplazar a la izquierda del gobierno, los partidos tradicionales uruguayos deberán necesariamente pactar con un partido de ultraderecha defensor del legado de la dictadura militar. Como lo ha resumido el historiador uruguayo Gerardo Caetano: “Que un partido de este talante obtenga más del 10 por ciento del electorado uruguayo significa que logró reunir votos de derecha y ultraderecha provenientes de diversos orígenes. También alberga sectores populares proclives a liderazgos mesiánicos y propuestas de arcadias regresivas, algo frecuente en los tiempos contemporáneos. Es la expresión más evidente de que Uruguay no es una isla y que su política y su sociedad también estaban cambiando en sus ritmos y formatos”.

En consideración de las declaraciones emitidas por los líderes de la oposición en las semanas previas a la primera vuelta, se esperaba que la unificación de las fuerzas de derecha para enfrentar la segunda vuelta de la elección presidencial fuera más dificultosa. En particular, las cuestionadas credenciales democráticas de Cabildo Abierto y las posiciones radicales del nuevo partido de ultraderecha ante la llamada “agenda de derechos” promovida por el gobierno del Frente Amplio –la despenalización del aborto, el matrimonio homosexual, la legislación protectora de la población trans, la educación sexual en las escuelas, y la legalización de la marihuana, en concreto– dividían las aguas de la derecha. El candidato del Partido Colorado había descartado públicamente cualquier alianza con el líder de Cabildo Abierto –un militar admirador de Bolsonaro y caudillo de un partido con visible presencia de nostálgicos de la dictadura e integrantes de organizaciones neofascistas– y había declarado que no se oponía a la despenalización del aborto o al matrimonio igualitario. Por su parte, el candidato del Partido Nacional también había asegurado que no modificaría la agenda de derechos, pese a que su partido tiene una fuerte presencia de pastores evangélicos ultraconservadores que presionan en sentido contrario. Sin embargo, pocos minutos después del anuncio de los resultados de la primera vuelta, tanto el candidato del Partido Colorado como el líder de Cabildo Abierto anunciaron su disposición a integrar la misma coalición opositora para la segunda vuelta y anunciaron que harían campaña por el candidato del Partido Nacional.

Integrante de una cooperativa de vivienda por ayuda. Uruguay cuenta con una sociedad civil fuerte y estructurada, conformada por sindicatos, cooperativas, gremios estudiantiles, asociaciones feministas y ecologistas, y otras formas de organización popular. Foto: Daniel Chavez

Los desastres sociales, políticos y económicos provocados por el retorno al gobierno de las fuerzas regresivas en los países vecinos confirman que la diferencia entre la izquierda (más allá de su pureza ideológica o grado de radicalidad) y la derecha no es irrelevante. Basta ver el legado de los gobiernos liderados por Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil o Sebastián Piñera en Chile para prever los posibles impactos de una coalición de derecha gobernando en Uruguay, con muy previsibles recortes tanto en la calidad de vida de la mayoría de la población como en las posibilidades de expresión y movilización de las organizaciones populares para resistir la ofensiva del capital.7

Es claro que el resultado final de la elección presidencial no provocará un cambio sistémico en la política o en la economía de Uruguay. Muy pocos –si alguno– de quienes festejaron el ascenso de la izquierda al gobierno hace casi 15 años (incluyendo al autor de este texto) esperan que una victoria del Frente Amplio genere nuevas perspectivas para radicalizar el proyecto de la izquierda rumbo al socialismo o hacia la instauración de un modelo de gestión más participativo, más democrático o más ecológico. Las expectativas de muchos dirigentes y electores frenteamplistas, de vencer en noviembre, se limitan a sostener el proceso de crecimiento económico o al menos a enfrentar lo mejor que se pueda la inminente crisis internacional, que seguramente será más grave que la que estalló en el año 2008, manteniendo el poder de compra de los salarios y asegurando la continuidad de las actuales políticas sociales y la calidad de los servicios públicos.

En la larga marcha del Frente Amplio por las instituciones, gran parte del programa original de la izquierda ha sido relegado al cajón de la historia. Quienes hace 15 años confiaban (o confiábamos) en que el proyecto frenteamplista fuera más radical, hoy son (somos) más conscientes tanto de los límites impuestos por los condicionantes externos como por la falta de voluntad o de coraje en la dirigencia de la izquierda para enfrentar la hegemonía del capital transnacional o escapar de las herramientas normativas que lo protegen. Por ejemplo, muchos dirigentes de la izquierda que antes se oponían a los tratados de libre comercio o de protección de inversiones, al considerarlos instrumentos de subyugación de los países del Sur, este año aplaudieron la firma de un tratado entre el Mercosur y la Unión Europea con muy pocas beneficios para Uruguay y los otros miembros del bloque.

Si la derecha vence en la segunda vuelta del 24 de noviembre ya sabemos que el nuevo gobierno que asuma el poder en marzo de 2020 será muy diferente al actual. Esta no es una afirmación ideológica o sesgada: el propio Luis Lacalle Pou ha anunciado que, inmediatamente después de asumir la presidencia, enviaría al Parlamento una “ley de urgencia”, que incluiría cientos de artículos orientados a desmantelar muchos de los logros de la izquierda en el gobierno. Sus contenidos concretos no han sido anunciados (claramente para ocultar las intenciones reales, cuya enunciación precisa le restaría votos) y el propio Lacalle Pou ha anunciado que no serán explicitados hasta después del balotaje, pero los antecedentes de gobierno de los partidos de la oposición permiten anticipar recortes del gasto público y de los salarios muy similares a los programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la década de 1990.

Nevertheless, regardless of who is the winner in the run-off of November 2019, the political project of the Uruguayan left will no longer be the same. The loss of the parliamentary majority and the emergence of an extreme right party are clear signs of both the exhaustion of the style of government developed by the Frente Amplio in Uruguay and the crisis of progresismo (“progressivism”) in Latin America and the world more broadly. The uncertainty lies in the sense of the incoming change, in consideration of the contradictory ideological lines that coexist within the Uruguayan left: while some components of the Frente Amplio propose radicalising the left project and going back to its founding ideological roots, other components propose to accentuate and accelerate the movement towards the centre. Both trends have co-existed in the Frente Amplio since its own foundation, but in any case, either in a scenario of defeat and loss of the government or in one of victory and continuity of the government, it is unlikely this tension will be resolved.

La realidad regional y mundial del presente es muy diferente a la de hace 15 años, cuando el Frente Amplio asumió por primera vez el gobierno. Hugo Chávez y Néstor Kirchner han muerto. Evo Morales ha renunciado, ante la presión ejercida por la policía y el ejército y la fuerte movilización social de la derecha. Rafael Correa está semiexiliado en Europa. Donald Trump sigue ocupando la Casa Blanca. Un político neofascista, Jair Bolsonaro, gobierna en Brasil, y uno de sus admiradores lidera un nuevo partido en Uruguay. La demanda de materias primas que había alimentado las arcas públicas de los gobiernos latinoamericanos se ha reducido al mínimo. Una crisis económica y financiera a escala mundial más extensa y más devastadora que la de 2008 es cada día más inminente. A escala internacional, la izquierda uruguaya –en el gobierno o en la oposición– deberá enfrentar una fuerte ofensiva conservadora en la región y en el mundo. A escala nacional, deberá responder a las exigencias de recorte del gasto público del empresariado, a las exigencias de mutilación de derechos sociales de la ultraderecha empoderada en el Parlamento, y a las demandas y las movilizaciones de los sindicatos, las cooperativas de vivienda, los gremios estudiantiles y otras organizaciones populares que no aceptarán de forma pasiva la reversión de las conquistas del movimiento popular.