¿Por qué “aún no ha caído”?
Lecciones de la revolución sudanesa
Muzan Alneel
10 junio 2022
A comienzos de diciembre de 2018, estallaron protestas en Sudán contra la dictadura de Omar al Bashir. Después de una semana de sentadas para exigir su renuncia en abril de 2019, Omar al Bashir fue derrocado, tras casi 30 años en el Gobierno. Sin embargo, los revolucionarios sudaneses no se detuvieron allí: siguieron manifestándose ante el Comando General (la sede de las Fuerzas Armadas sudanesas) para reafirmar su compromiso de seguir protestando hasta que se cumplieran sus demandas y se lograron los cambios deseados. El 3 de junio de 2019, en la 29ª noche de Ramadán, las fuerzas de seguridad sudanesas reprimieron brutalmente todas las sentadas de forma simultánea, cometiendo una masacre.
A continuación, se firmó un acuerdo de reparto de poder entre el Consejo Militar (integrado por el ex consejo de seguridad de al Bashir, que ha liderado el país desde su caída) y la coalición opositora (las Fuerzas de la Declaración por la Libertad y el Cambio (FCC)). En virtud del acuerdo, el Gobierno cívico-militar gobernará Sudán durante un período de transición de tres años.
Desde el anuncio del Gobierno de transición, Sudán ha experimentado diversos cambios políticos y económicos, incluida la firma de acuerdos de paz con diferentes movimientos armados del país, la retirada de Sudán de la lista de Estados Unidos de países que patrocinan el terrorismo y la ratificación de algunas leyes y la enmienda de otras. Al mismo tiempo, las protestas nunca se detuvieron: han ocurrido al menos dos veces al mes durante este período.
Un canto que se ha escuchado durante las protestas en Sudán y que se ha convertido en parte de la vida diaria es “aún no ha caído”, una frase que sigue a la convocatoria del levantamiento de diciembre de 2018 “Que caiga de una vez”, en referencia al régimen dictatorial. La frase “aún no ha caído” es una expresión clara del rechazo de los manifestantes de la situación actual en el país y de su voluntad de seguir manifestándose. Otros cantos incluyen: “caiga o no, de aquí no nos moveremos” y “no ha caído aún, el Gobierno sigue siendo militar”.
Para entender el significado de estos cantos, es necesario entender en primer lugar por qué los sudaneses creen que el régimen aún no ha sido derrocado. Es necesario 1) entender por qué los sudaneses se alzaron en primer lugar y qué querían derrocar cuando cantaban “que caiga de una vez”; 2) entender la realidad actual del Gobierno sudanés y su evolución con respecto a los objetivos del levantamiento, que se derivan del primer punto; y (si buscamos la justicia económica y social para Sudán); 3) pensar en las formas en que los levantamientos sudaneses pueden (y deben) seguir logrando sus objetivos ante la contrarrevolución que está teniendo lugar en la actualidad.
El presente artículo intenta abordar estos tres puntos principales para enriquecer la conversación revolucionaria internacional sobre las lecciones que pueden extraerse de la revolución sudanesa. Aprender estas lecciones puede ayudarnos a lograr los objetivos de la revolución y también enriquecer las luchas mundiales por un mundo más justo.
¿Por qué se alzaron los sudaneses?
A comienzos de diciembre de 2018, estallaron enfurecidas manifestaciones en diferentes ciudades sudanesas. La difícil situación económica, que obligó a la gente a hacer cola para comprar pan y combustible, había encendido un ánimo general de furia. La ciudad de Atbara fue el centro de la manifestación más importante, organizada por estudiantes de la Escuela Industrial, que protestaban porque los sándwiches a’amiya (el desayuno que consumen habitualmente los sudaneses más pobres) se habían vuelto inasequibles debido al aumento del precio del pan. Los estudiantes marcharon hasta la sede del partido de Gobierno, el Partido del Congreso Nacional1, e incendiaron el edificio. Las fotografías de la sede del partido en llamas circularon rápidamente entre la población sudanesa. El edificio era idéntico a las sedes del partido en otras partes del país: suntuoso, de color verde y ubicado de manera provocadora en una zona pobre y subdesarrollada. La imagen generó esperanza y la posibilidad de derrocar al Gobierno de pronto pareció más realista, a pesar del arsenal de los servicios de seguridad y su represión de los manifestantes.
Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades y Sudán ingresó en un ciclo permanente de protestas: el Estado mataba, ejercía violencia, arrestaba a manifestantes, censuraba las redes sociales y utilizaba diferentes formas de restricción y toque de queda, que a su vez incitaba más protestas. Al mismo tiempo, la violencia económica continuaba en la forma de inflación sostenida, carencia de servicios y la eliminación de subsidios estatales, lo cual inspiró el canto en una manifestación: “Gobierno de hambre, Gobierno de pobreza, que caiga de una vez”.
Si bien los manifestantes expresaron su furia en 2018, los problemas económicos se remontan a mucho antes, surgen de políticas económicas con una larga historia. Algunas de esas políticas habían sido implementadas por el régimen del Consejo del Comando Revolucionario para el régimen de la Salvación Nacional de Omar al Bashir, mientras que otras habían sido implementadas por regímenes anteriores. Desde el golpe del 30 de junio de 1989, el Gobierno de la Salvación Nacional había adoptado políticas de liberalización y privatización, incluida la retirada de los servicios públicos. Debido a que el historial islámico del partido de Gobierno lo llevó a adoptar una postura opositora a los “poderes principales” (fundamentalmente, Estados Unidos y la Unión Europea), implementó políticas económicas neoliberales sin poder beneficiarse de la ayuda de las instituciones financieras internacionales. La liberalización otorgó poder al Frente Islámico Nacional, –predecesor del Partido del Congreso Nacional de al Bashir– cuyos cuadros suministraron y se beneficiaron de los servicios públicos que el Estado había abandonado, como la educación y la atención de la salud. Es así que, el régimen pudo desviar los ingresos del tesoro estatal a los bolsillos de los cuadros de su partido.
La historia del Gobierno de la Salvación estuvo marcada por una serie de políticas económicas fallidas y decisiones cortoplacistas, como la venta de los activos del Gobierno, el abandono del suministro de servicios y la apertura a la privatización de la educación y la atención de la salud. Estas políticas provocaron protestas multitudinarias en la década de 1990. Hacia finales de esa década, motivado por el embargo impuesto por Estados Unidos a Sudán en 1998, el régimen entabló relaciones con empresas chinas para que actuaran como socios en operaciones de perforación petrolífera en el país. Al mismo tiempo, el régimen hizo lo posible para volver a formar parte del sistema financiero mundial. Mantuvo negociaciones con los sucesivos Gobiernos estadounidenses para que levantaran el bloqueo económico. Como parte de este proceso, el país accedió a participar en negociaciones con el Movimiento de Liberación Popular de Sudán para poner fin a la guerra civil en Sudán del Sur, la más larga en la historia del continente2.
El amplio acuerdo de paz que puso fin a la guerra dio comienzo a un período durante el cual los fondos públicos y para el desarrollo se utilizaron para la construcción; se contrató a empresas, servicios de campos petrolíferos y proyectos conexos sudaneses y extranjeros. La perforación de petróleo aumentó en el sur del país, donde los oleoductos bombeaban petróleo a Puerto Sudán, en el mar Rojo. Hubo un auge económico, que se manifestó en la estabilidad de la moneda y una proliferación de los proyectos de construcción, incluidas carreteras y proyectos de infraestructura (siempre marcados por escándalos de corrupción y la desaparición de fondos públicos). No obstante, el auge no estuvo acompañado de ninguna mejora en el suministro de servicios básicos, instalaciones públicas o proyectos de desarrollo, y no hubo intentos serios de establecer proyectos de desarrollo o de servicios en el sur, ni de crear un plan nacional de justicia social y económica.
Este trato otorgado a las regiones sudanesas –mediante el cual el Gobierno dilapidó sus recursos, pero se abstuvo de participar en actividades de desarrollo y suministro de servicios– no era un fenómeno nuevo. Antes de la independencia de 1956, los servicios de educación y atención de la salud siempre habían estado centralizados en Jartum (la capital de la administración centralizada) y sus alrededores. La red de carreteras de Sudán reflejaba este centro de gravedad: convergían en la capital política y prácticamente no había carreteras entre ciudades que no pasaran por Jartum. Lo mismo ocurría con las redes de electricidad y otros servicios. Después de la independencia, los Gobiernos no cambiaron el enfoque colonial que priorizaba asegurar la frontera sur de Egipto, las fuentes del Nilo y las exportaciones agrícolas baratas de Sudán, mientras recortaban los servicios públicos a un mínimo, limitándolos a regiones que administraban la riqueza, en lugar de generarla.
Por consiguiente, no resulta sorprendente que la población del sur –o, de hecho, cualquier otra población sudanesa– optara por la independencia de la autoridad colonial de Jartum. En enero de 2011, cuando finalizó el período de transición de cinco años establecido en el acuerdo amplio de paz, la población de Sudán del Sur votó a favor de la separación.
Después de que Sudán del Sur declarara su independencia, resultó evidente que el Gobierno en Jartum no estaba preparado para esta nueva realidad. Su pérdida de control sobre el petróleo del sur provocó una crisis económica. En 2012, la moneda nacional se depreció a la mitad de su valor en un año. En respuesta a ello, el Gobierno adoptó de inmediato medidas de austeridad y anunció que suspendería los subsidios a los combustibles. Esta decisión suscitó protestas principalmente en universidades e institutos de educación superior. Hubo marchas semanales inspiradas en la Primavera Árabe, coordinadas a través de grupos en las redes sociales. Las protestas fueron reprimidas con violencia y arrestos, y en unos meses se detuvieron. Al año siguiente, en 2013, con la intención de evitar la profundización de la crisis económica, el Gobierno anunció que levantaría los subsidios a los combustibles por segunda vez. Sin embargo, esta vez lo hizo únicamente tras el anuncio de las vacaciones escolares, para limitar las protestas estudiantiles. Esta vez las manifestaciones tuvieron lugar en la periferia de la capital y el Gobierno respondió con un nivel de violencia diferente: dispararon balas reales contra los manifestantes en la capital en septiembre de 2013; cien personas fueron asesinadas en tres días. La violencia fue perpetrada por los janjaweed3, una milicia semigubernamental conocida por sus masacres genocidas en Darfur, cuya formación y existencia han contado con la ayuda parcial de generales sudaneses y servicios de seguridad nacional.
Ante estas protestas contra sus políticas de austeridad, el Gobierno procedió a buscar alianzas políticas para mantenerse en el poder. En enero de 2014, de conformidad con una propuesta de Princeton Lyman, ex enviado especial de los Estados Unidos en Sudán, al Bashir convocó un diálogo nacional. La propuesta preveía una alianza entre el régimen y la oposición, mediante la cual esta última renunciaría a sus intentos de derrocar al régimen a cambio del reparto de poder. En la política sudanesa, este enfoque se conoce como el “enfoque del aterrizaje suave”.
La propuesta de Lyman fracasó y el colapso económico continuó. Ante ello, el Gobierno recurrió al capital de los países del Golfo, cuya necesidad de tierra cultivable coincidió con la necesidad del régimen sudanés de apoyo económico. La subordinación de Sudán a los gobiernos del Golfo redundó en la transferencia de grandes extensiones de tierras sudaneses, de las que se expulsó a la población indígena, a capital del Golfo, y se extendió a su participación en la guerra de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en Yemen.
Durante este período continuaron las manifestaciones contra el Gobierno, que incluyeron protestas contra el acaparamiento de tierras, una huelga de dos días en 2016 contra la suspensión de los subsidios a los medicamentos y una huelga de periodistas en 2017 contra la confiscación de periódicos de las imprentas, entre otras.
En los pasajes anteriores se ha pintado un panorama de la situación económica en la que se encontraba Sudán en 2018. En este período el régimen transfirió los recursos del país a sus aliados internos y externos mediante el debilitamiento de las inversiones y las exportaciones baratas. Al mismo tiempo, no proporcionó servicios básicos de salud y educación a quienes de hecho producían la riqueza. El régimen utilizó el mismo enfoque para abordar el fracaso económico del país: aplicar medidas de austeridad y depender de los ciudadanos para hacer frente al fracaso económico.
Los levantamientos de la población sudanesa contra toda forma de medidas de austeridad en los diez años anteriores a diciembre de 2018 confirman que la ausencia de justicia económica fue, y sigue siendo, la principal fuerza impulsora de la revolución sudanesa. Los sudaneses se alzaron en una revuelta contra las privatizaciones, el retiro de los subsidios estatales, la ausencia de servicios y el aumento del precio del pan. Fueron estas políticas las que, el 19 de diciembre de 2018, hicieron que los estudiantes de la Escuela Industrial de Atbara salieran a las calles.
¿Cómo puede interpretarse la realidad actual de Sudán?
Para entender la realidad actual de Sudán y el régimen que está en el poder (el Gobierno de transición), es necesario entender sus componentes y su integración.
Como se mencionó, la población sudanesa se manifestó en diferentes ciudades del país bajo la consigna “Que caiga de una vez” –en rechazo absoluto a toda forma de acuerdo de compromiso con el régimen actual. En julio de 2018, la Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA, por sus siglas en inglés) se estableció como sindicato, integrado por sindicatos paralelos (en su mayoría de trabajadores calificados), y proclamó su oposición a los sindicatos oficiales controlados por el régimen. En agosto de 2018, esta asamblea convocó una marcha hacia el Parlamento, que estaba programada para el 25 de diciembre de 2018, con el objetivo de exigir un aumento del salario mínimo. Cuando estallaron las protestas a principios de diciembre, y posteriormente se intensificaron, la SPA cambió el destino de su marcha al palacio presidencial y adoptó el llamamiento de derrocar al régimen. En enero de 2019, en la Declaración por la Libertad y el Cambio, la SPA expresó sus demandas e instó a la población sudanesa a que adoptara y empleara diversos métodos de lucha pacífica para lograrlas. Las demandas incluían la renuncia inmediata de al Bashir y su régimen, y la formación de un Gobierno de transición que estaría encargado de nueve tareas que incluían una reforma económica, política y jurídica. La declaración contó con la adhesión de la SPA y cuatro órganos que representaban a las principales alianzas de la oposición sudanesa. Posteriormente publicaron la declaración e invitaron a otros grupos a firmarla.
Si bien la SPA tuvo gran aceptación entre los manifestantes, que estaban deseando tener una nueva dirigencia, algunos de los signatarios de la declaración, entre ellos partidos políticos, eran menos populares. La hostilidad de la población sudanesa hacia los partidos políticos existentes era lógica y justificada: a lo largo de la historia del país, una y otra vez, estos partidos habían logrado acuerdos y se habían aliado con regímenes autocráticos a los que afirmaban oponerse y, una y otra vez, no habían alcanzado ninguno de estos objetivos, a pesar de justificar sus acuerdos de compromiso como el camino para lograrlos. Al mismo tiempo, la vía de desarrollo centralizada y desproporcionada de Sudán ha creado una gran brecha entre los centros de administración de la riqueza y las regiones del país en materia de educación, participación política y poder político. Es así que los partidos sudaneses representan a las élites creadas por esa realidad: son partidos comerciales y del capital agrícola, junto a partidos de effendis4 educados. Si bien algunos partidos, como el Partido Comunista Sudanés, en teoría han propuesto enfoques que promueven los intereses de las clases trabajadoras, su efecto ha diferido muy poco de los partidos capitalistas y sus formas políticas elitistas.
En este contexto está claro por qué los manifestantes prefirieron otras formas de organización, de comités de resistencia barriales a organizaciones profesionales. La popularidad de este tipo de organizaciones es el resultado de la alienación de la organización ideológica a favor de una organización geográfica o profesional. Este discurso naturalmente da lugar a llamamientos a la formación de un Gobierno “tecnocrático”, distanciado de la política (que la población ahora percibe como corrupta). La falta de una visión revolucionaria entre los manifestantes fue el resultado de la ausencia de un partido revolucionario capaz de teorizar sobre la revolución y de introducir un discurso en contraposición al dominante.
Cuando se publicó la Declaración por la Libertad y el Cambio, el 1 de enero de 2019, más de 20 sindicatos y grupos de diferentes facciones la firmaron. Se recolectaron más adhesiones en las semanas siguientes, alcanzando más de cien órganos signatarios. No obstante, la adopción de decisiones de las FCC seguía estando vinculada a los votos de los primeros cuatro órganos (la SPA y las principales coaliciones de los partidos de la oposición)5 . Es así que la SPA no desempeñó el papel revolucionario esperado de liberar la adopción de decisiones de las manos de las élites. Ello se debió a su integración y enfoque, al hecho de que estaba constituida por trabajadores de cuello blanco y que defendía sus intereses dominantes y elecciones de clase. Nuevamente, esta fue la consecuencia de la falta de un partido revolucionario organizado que pudiera ofrecer un análisis razonable a la población.
En los meses posteriores a enero de 2019, las protestas para exigir la caída del régimen continuaron en las ciudades y localidades sudanesas, con una amplia presencia de mujeres y niñas. Esta presencia daba cuenta, una vez más, del papel fundamental que desempeñó el factor económico en instigar el levantamiento, dado que las medidas de austeridad habían agravado las condiciones difíciles que atravesaban las mujeres, ya fuera debido a la disminución de las oportunidades laborales o a las consecuencias negativas de la falta de participación del Estado en el suministro de servicios.
La SPA instó a que se crearan comités de resistencia barriales, sobre la base de la experiencia anterior de los comités populares que se habían formado durante las protestas de 2013. Los comités se convirtieron en los principales héroes del levantamiento, ya que realizaron una excelente labor organizando protestas sobre el terreno. Justo antes de anunciar la huelga de un día en marzo de 2019, la SPA había instado a que se formaran comités de huelga o comités de resistencia dentro de instituciones específicas. Sin embargo, el alcance de las acciones de estos comités seguía limitándose a la resistencia sobre el terreno: se había alcanzado un consenso público implícito de que los comités debían trabajar en las calles para derrocar al régimen, mientras que los dirigentes políticos debían dedicarse a preparar un nuevo Gobierno y los detalles de la etapa posterior a la caída del régimen de al Bashir.
El 6 de abril de 2019 la población sudanesa marchó a sus respectivos complejos del Comando General del Ejército, donde anunció el inicio de las sentadas del Comando General, que dieron lugar a la caída de al Bashir el 13 de abril de 2019. Esto marcó una nueva etapa en el levantamiento. Se celebraron reuniones entre las FCC y el comité de seguridad de al Bashir, que había derrocado al ex presidente en un golpe de Estado y ahora gobernaba el país con la autodenominación de Consejo Militar. En estas reuniones se debía discutir la entrega del poder por parte del Consejo Militar, pero rápidamente se convirtieron en reuniones de “negociación”. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos apoyaban al Gobierno del Consejo Militar a través de su cobertura mediática e intentaban limpiar la imagen de sus miembros. El Consejo incluyó en sus filas a dirigentes de las fuerzas armadas durante el Gobierno de al Bashir, así como directores del servicio de seguridad y el ministro del Interior, además de las Fuerzas de Apoyo Rápido (el nuevo nombre otorgado a las milicias janjaweed).
No resulta sorprendente que los manifestantes rechazaran el Gobierno del Consejo Militar. Sin embargo, las negociaciones entre el Consejo y las FCC continuaron. Los Gobiernos de los países del Golfo apoyaban al Consejo Militar a través de fondos y cobertura mediática. Los embajadores de países de Occidente apoyaban una “transición pacífica por vía de la negociación”, promovida por centros de asesoramiento europeos y estadounidenses. Al mismo tiempo, los manifestantes atribuían el poder de los negociadores de las FCC a su propio compromiso con las sentadas y con otras formas de resistencia y protesta. Encabezaron marchas en y a través de ciudades y bloquearon calles cada vez que el Consejo Militar demoraba en negociar o insistía en condiciones que habían rechazado. Sin embargo, durante el período de negociaciones, las fuerzas de seguridad reprimieron las sentadas en reiteradas ocasiones. El 13 de mayo de 2019, en el octavo día de Ramadán, las fuerzas de seguridad atacaron la sentada del Comando General en Jartum, en lo que se conocería como la primera masacre de la revolución.
La masacre del octavo día de Ramadán provocó una ola de furia en las calles y provocó el rechazo absoluto de los manifestantes hacia el Consejo Militar. Los manifestantes cantaban “100% civil” contra las propuestas de negociación que en aquel entonces ofrecían un mandato conjunto entre líderes militares y civiles. También hubo llamamientos a una huelga general política, para obligar a los militares a entregar el poder. La dirigencia política de las FCC demoró en responder a los pedidos de huelga y algunos incluso se opusieron públicamente. Es así que se confirmó el temor en las calles de que los partidos de la élite cederían una vez más a su adicción de alcanzar una solución de compromiso y al temor a un cambio radical. Ello coincidió con reuniones entabladas entre los dirigentes de los partidos de las FCC y representantes gubernamentales de la Unión Europea y los Estados Unidos, y con reiteradas visitas a los Emiratos Árabes Unidos. El rechazo de los manifestantes a estas maniobras internacionales dudosas se vio reflejado en sus cantos y canciones, y en sus esfuerzos, expresados mediante sentadas en plazas y en sus plataformas, por asegurar que los representantes de la dirigencia política rindieran cuentas. En ese momento, gracias a su postura contraria a las negociaciones, el Partido Comunista Sudanés ganó una confianza pública considerable, al menos en comparación con el resto de las FCC. Sin embargo, el Partido Comunista no pudo escapar a su esencia elitista y sus políticas antirrevolucionarias y, en última instancia, prefirió mantener la alianza de la oposición en lugar de apoyar la revolución y protegerla de alcanzar un acuerdo.
La convocatoria a una huelga política de la SPA se realizó oficialmente tras semanas de presión por parte de organizaciones de base. Cuando finalmente la SPA anunció la huelga, las organizaciones declararon públicamente estar preparadas para la huelga6 y la publicitaron en sus discursos en las plazas donde realizaban las sentadas. La huelga política representó un enfrentamiento más intenso entre los manifestantes y el Consejo Militar. El Consejo arrestó a los huelguistas y amenazó con despedirlos y reemplazarlos, a medida que los países del Golfo aumentaban su apoyo financiero y mediático al Consejo. La huelga tuvo lugar el 28 y 29 de mayo de 2019 y paralizó por completo al país, incluidos sus aeropuertos, puertos marítimos, instituciones y mercados.
La huelga del 28 y 29 de mayo de 2019 – Revolucionarios en la calle muestran pancartas sobre la huelga a vehículos de las Fuerzas de Apoyo Rápido en Jartum. La pancarta dice: “¿Estás en huelga o eres del Umma? #GobiernoCivil (Partido Umma, uno de los principales partidos del país, que anunció su oposición a la huelga).
Una semana más tarde, en junio de 2019, el Consejo Militar respondió a la huelga con una serie de masacres. Los servicios de seguridad atacaron simultáneamente las sentadas de 14 ciudades sudanesas. Los testimonios de los sobrevivientes documentan escenas brutales de violación, tortura y asesinato. En algunos casos, ataron los cuerpos de muertos y sobrevivientes, les colocaron piedras y los arrojaron al Nilo. Como consecuencia de las masacres hubo más de 100 mártires y cientos de heridos y víctimas de violación, y aún continúa la búsqueda de los desaparecidos. A continuación, el Consejo Militar anunció su retirada de todas las negociaciones, afirmando que celebraría elecciones en seis meses. También suspendió los servicios de Internet en todo el país para asegurar que no hubiera acceso a los medios (aunque los sudaneses de la diáspora ayudaron a informar de la masacre). Esto no detuvo a los comités de resistencia barriales, que organizaron una marcha en rechazo del régimen militar. Más de 7 millones de hombres y mujeres sudaneses se manifestaron en campamentos de desplazados, ciudades y poblados el 30 de junio de 2019 para exigir un Gobierno civil. Gracias a la marcha del 30 de junio y al apoyo popular internacional a la revolución sudanesa, los militares recularon respecto de sus posturas anunciadas anteriormente de que celebrarían elecciones y rechazarían las negociaciones.
No obstante, el ejército siguió recibiendo generosas contribuciones internacionales. Los Gobiernos emiratí y saudí anunciaron fondos y préstamos para apoyar al Consejo Militar.
De modo similar, la Unión Africana envió a sus propios mediadores para instar al diálogo entre los dirigentes de la oposición y el Consejo Militar, que había provocado la masacre. Se llevó a cabo una coordinación interestatal de inversiones e intereses mediante las denominadas reuniones de los “Amigos de Sudán”, que comenzaron en Washington, D.C. en mayo de 2019. En las reuniones participaron Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Etiopía7. El grupo apoyó el reparto de poder entre los dirigentes civiles y el Consejo Militar. Su objetivo era asegurar un régimen que mantuviera sus inversiones existentes y aprovechar el momento de cambio para abrir oportunidades de inversión que anteriormente habían estado cerradas debido al bloqueo económico de los Estados Unidos contra Sudán o debido a que al Bashir no había llevado a cabo una liberalización absoluta. Básicamente, las posturas de estos Estados con respecto de Sudán no fueron diferentes de las posturas adoptadas respecto de otros movimientos por el cambio en la región, ya sea Egipto, Túnez, Argelia, etcétera. Todos ellos pueden denominarse los Estados contrarrevolucionarios.
Es así que se recurrió a la presión externa oficial para reforzar los mismos enfoques políticos y económicos contra los que los sudaneses se habían alzado. Pero sin un partido revolucionario, el discurso principal en las calles se redujo a justificar la asociación con los militares para evitar el derramamiento de sangre y detener la violencia. Del mismo modo, el acceso público a los detalles de las negociaciones y acuerdos se limitaba a la filtración ocasional de información, en lugar de declaraciones públicas oficiales, y los dirigentes políticos (las FCC) dedicaron más tiempo a reunirse con embajadores, delegados y mediadores extranjeros, que a dirigirse a la población. La ausencia de un liderazgo revolucionario tuvo como consecuencia que se desaprovecharan los logros de la resiliencia de los revolucionarios ante el Consejo Militar, y su oposición a la opresión posterior a la masacre. Circularon llamamientos para formar un Gobierno tecnocrático calificado, que excluyera a los partidos políticos traicioneros. Actores oportunistas de los partidos que integraban la FFC promovieron esos discursos para impedir un análisis de sus posiciones acordadas o de los intereses de sus aliados internacionales.
Como era previsible, este clima engendró al Gobierno actual, que es una asociación cívicomilitar patrocinada por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, financiada internacionalmente e integrada por ex empleados de organizaciones de desarrollo. Por lo tanto, este Gobierno es una expresión de las contrarrevoluciones económicas y políticas. En uno de sus primeros discursos públicos8, el primer ministro de Finanzas de la transición mencionó que el objetivo económico de la revolución sudanesa era sacar a Sudán de la crisis de la deuda. Esto representa un cambio y una distorsión absolutos de los objetivos de la revolución, que consistían en brindar justicia económica a la mayoría empobrecida de la población sudanesa y anular las medidas de austeridad. Es así que el pago de la deuda se convirtió en la principal justificación de los planes para eliminar los subsidios, dejar flotar la moneda e introducir inversiones extranjeras, de un modo muy similar a las políticas de al Bashir en sus últimos años. La única diferencia entre ese régimen y este es el apoyo internacional que recibe el Gobierno actual. El Gobierno de transición afirmó que un regreso al mercado internacional y el bienestar material imaginado que ello implicaría dependían de estas decisiones.
Un aspecto de este desarrollo contrarrevolucionario es la normalización de la ocupación sionista por parte del Gobierno de transición, como consecuencia de la presión estadounidense y emiratí, que ha confundido a la población sudanesa. Esta confusión surge del hecho de que el Gobierno de al Bashir había utilizado la causa palestina para movilizar a las masas en torno a un discurso yihadista, y a que la izquierda sudanesa no expresó de manera progresista su postura sobre la causa palestina, por considerarla una cuestión que concernía únicamente a los islamistas. A pesar de que el Partido Comunista Sudanés rechazó la normalización, no ha promovido la causa palestina. Por ejemplo, su declaración en la que condena la reunión entre el Teniente General Abdel Fattah al Burhan, jefe del Consejo Militar Transitorio, y Benjamin Netanyahu, entonces primer ministro del Estado israelí de la ocupación, en febrero de 2020, se centró en la autoridad de al Burhan, la ilegalidad de la reunión y su violación de la constitución, en lugar de ofrecer una perspectiva revolucionaria de la causa palestina.
Las repercusiones de la ausencia de un partido revolucionario vuelven a quedar claras aquí: ha creado un vacío con respecto al discurso progresista sobre cuestiones políticas internas y externas. También ha permitido que el Gobierno de transición presente fondos para el desarrollo y exenciones a la deuda como victorias económicas revolucionarias, a pesar del impacto de sus condiciones neoliberales devastadoras en las vidas de la mayoría de los sudaneses. Si bien el Partido Comunista Sudanés intenta ofrecer un discurso que rechace la liberalización, es incapaz de influenciar a las masas, que han perdido confianza en el partido como consecuencia de sus posturas fluctuantes y su insistencia en formar coaliciones con partidos reaccionarios, cuyas posturas critica en sus declaraciones. En el imaginario del público, este tipo de estrategia ha hecho del partido un estorbo que habla mucho, resuelve muy poco y carece de seriedad. Mientras tanto, a través de sus comités coordinadores y de diferentes alianzas, los comités de resistencia barriales han publicado declaraciones y opiniones contra la liberalización, pero carecen de experiencia política y han priorizado el mantenimiento del Gobierno de transición. Los comités de resistencia han expresado consignas como “Sí a la reforma de la vía revolucionaria, no al derrocamiento del Gobierno civil”, a fin de asegurar que el ejército no intente subirse a la ola de la protesta, como ocurrió en Egipto. No obstante, debido a sus decisiones contrarrevolucionarias en materia económica y de otra índole, el apoyo al Gobierno civil ha disminuido en forma constante.
Esta es, entonces, la situación actual del Gobierno de transición. Ex funcionarios de instituciones internacionales y dirigentes de la élite política de todo el espectro civil y armado, bajo el liderazgo del Consejo Militar, han implementado intereses a las inversiones y transferencia de recursos que benefician a los países del Golfo y al capital mundial. Como su predecesor, el Gobierno de transición favorece prioritariamente a los inversores capitalistas sudaneses e internacionales y ha dejado de proteger a la clase trabajadora y a la mayoría de la población sudanesa empobrecida. Cumplir los objetivos de justicia económica por los que luchó la revolución sudanesa es claramente imposible bajo este Gobierno de transición, dado que representa tendencias contrarrevolucionarias. O, como han dicho las masas sudanesas, “no ha caído aún”.
Posibles vías para la revolución sudanesa
La revolución debe continuar para detener la violencia económica contra la población sudanesa empobrecida. Ello requiere aprender lecciones de la revolución sudanesa, tanto de sus éxitos, como de sus deficiencias y fracasos. Un ejemplo de esto último es la presión pública que los comités de resistencia ejercieron en las instituciones para impedir que se aprobara la primera ley de presupuesto del Gobierno de transición, que procuraba eliminar por completo los subsidios a los combustibles. Después de que se anunciara la ley en diciembre de 2019, los comités presionaron para suspender su aplicación e instaron a que se celebrara una conferencia para hablar de políticas y prioridades económicas, que tuvo lugar en septiembre de 2020. Al mismo tiempo, crearon una red integrada por trabajadores de ministerios e instituciones gubernamentales, economistas y comités de resistencia barriales, como parte de su insistencia en una versión más democrática de la toma de decisiones en materia económica.
Las marchas consecutivas y las campañas para exigir justicia para los mártires masacrados durante la represión contra las sentadas también son un ejemplo de que los revolucionarios sudaneses han aprendido algunas lecciones sobre las relaciones de poder en Sudán. Algunos actores han intentado asegurar que el Gobierno de transición no criminalice a los líderes del Consejo Militar, a fin de mantener un entorno estable que aliente la inversión. Las campañas y marchas por la justicia son intentos de que la balanza se vuelva a inclinar hacia los objetivos revolucionarios.
Desde agosto de 2019 ha habido intentos (cada vez más serios) de crear alianzas organizadas entre diferentes grupos de comités de resistencia barriales, organizaciones de trabajadores y órganos sectoriales para oponerse a las políticas económicas perjudiciales de la transición. Estas alianzas no se habrían creado de no haber sido por las lecciones extraídas de la historia reciente sobre las decisiones adoptadas por dirigentes políticos de élite y sus inclinaciones. Junto con la organización interna de la resistencia, esas alianzas son un camino más claro hacia la creación de un frente basado en principios opuesto a las políticas contrarrevolucionarias. Ello podría dar lugar a la creación de un partido revolucionario o una organización que desempeñe parcialmente esa función.
Sin embargo, un escenario tan auspicioso que prevé una revolución sudanesa continua que se prolongue hasta alcanzar sus metas no debe distraernos de los peligros subyacentes de las alianzas contrarrevolucionarias mundiales. Derrocar a las alianzas contrarrevolucionarias transfronterizas solo será posible mediante una resistencia internacional. Ello implica consolidar la solidaridad mundial y tener canales de comunicación con comunidades que han sido perjudicadas por políticas de liberalización similares a las que se aplican actualmente en Sudán. También implica apoyar todas las formas de resistencia a regímenes autocráticos, especialmente aquellos que realizan intervenciones económicas directas en Sudán, que han invertido capitales en sus recursos. Los primeros de ellos son los países del Golfo, que son responsables de la mayor parte de las intervenciones contrarrevolucionarias. En esencia, la solidaridad transfronteriza no es diferente de las campañas de solidaridad “nacional”: del mismo modo que las poblaciones afectadas por la minería de oro en Sudán realizan alianzas con las personas afectadas por la perforación petrolífera en el país, aliados en torno a su reclamo conjunto de proteger al medio ambiente de los efectos de las industrias extractivas, también es posible e imperativo unir fuerzas con los intereses comunes de los mineros en Marruecos, por ejemplo, que reclaman condiciones de trabajo seguras, y con los activistas ambientales que luchan contra los impactos de la minería en Sudáfrica. Es igualmente posible e imperativo fortalecer los vínculos y la acción conjunta entre los diferentes frentes contra la liberalización en la región, incluidos los manifestantes en el Líbano y Túnez. En este marco, debemos rechazar las políticas coloniales que excluyen a las comunidades indígenas, un desafío que los sudaneses, cuyas tierras han sido acaparadas para beneficiar a los países del Golfo y las inversiones israelíes, comparten con los manifestantes malienses, que luchan contra las intervenciones coloniales francesas, y con los palestinos, que luchan contra la ocupación israelí y sus lacayos de la Autoridad Palestina y otros Gobiernos normalizadores. Estos son tan solo algunos ejemplos de intereses comunes entre los pueblos: son parte de un plan de liberación regional y mundial. Llevar a cabo este plan requiere un análisis económico que tenga en cuenta los intereses de todos los órganos influyentes de la región.
Por lo tanto, el camino para lograr los objetivos de la revolución sudanesa requiere una clase trabajadora sudanesa organizada, cuyo interés principal sea lograr los objetivos de la revolución. También requiere crear una alianza estratégica con quienes participan en la resistencia antiimperialista y comparten objetivos similares, dentro de Sudán y fuera de sus fronteras. Solo entonces “caerá”.
Traducción del árabe al inglés Yasmine Haj
Traducción del inglés al español Mercedes Camps
Ilustraciones: Fourate Chahal El Rekaby
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