Un movimiento fluido

Los conflictos sociales, políticos y ambientales ligados a la gestión del agua en el mundo actual son clara muestra de las tensiones características de este momento histórico, en el que el sistema capitalista desata su voracidad por lo que considera “recursos energéticos, hídricos y minerales”. Este modelo neoliberal de acumulación tiene graves consecuencias para el tejido social, el acceso de la gente al agua, las cuencas hidrográficas y los territorios. Muchas regiones del planeta, incluyendo a México, son un campo de batalla, y lo que está en juego es la vida misma de las comunidades y de los ecosistemas. 

Vivimos en un mundo transnacional; una élite global corporativa maneja los flujos financieros y comerciales, la geopolítica, los grandes medios de comunicación; y la mayoría de nuestros gobiernos latinoamericanos son engranes de esa máquina. Esto impacta directamente las políticas de gestión hídrica: además de fomentar la privatización de los servicios de abasto y saneamiento de agua, se impulsan reformas estructurales que buscan asegurar la disponibilidad del líquido para la minería a cielo abierto y los emprendimientos energéticos (hidroelectricidad, extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica y cultivo de agrocombustibles). 

Sin embargo, los Estados pueden verse obligados (o están viéndose obligados) a abrir espacio político a otras maneras de concebir e instrumentar la gestión de las cuencas y el agua. 

Nevertheless, governments can and are being obliged to open up political space for other ways of approaching and organizing the management of watersheds and water.

Veremos aquí el caso de Agua para Tod@s Agua para la Vida, un ejemplo de cómo están gestándose futuros distintos al que el sistema hegemónico nos presenta como único posible. Quizá en todo el planeta están emergiendo futuros de carácter comunitario, solidario y sustentable; si en ocasiones resulta difícil percibirlos es, probablemente, porque son tan nuevos que faltan palabras para nombrarlos.

It may be that alternative futures – rooted in the community, solidarity-based and sustainable – are now emerging all over the world; if it sometimes seems difficult to see them, this is probably because they are so new that we as yet have not words for them.

Al ir estructurándose el proyecto corporativo de control del agua como elemento de la acumulación capitalista, y al hacerse visibles sus efectos sociales y ambientales, también van surgiendo otros proyectos, en los que el agua es concebida como un bien común, un elemento vital para los seres humanos y no humanos, y un sustento para la salud, la alimentación y diversas necesidades sociales básicas. Frente a las pretensiones de centralizar la toma de decisiones al servicio de la acumulación de riqueza y poder, surgen actores políticos que buscan instaurar formas de gobierno democráticas y descentralizadas donde las comunidades, a distintas escalas, asumen el control de la gestión del agua y las cuencas. Así va adquiriendo consistencia un poder alternativo, un poder emergente, un contrapoder, que cristaliza en organizaciones, instituciones, redes, programas, agendas de acción política, etc., desde la escala local hasta la mundial.

El agua se ha convertido en un campo de batalla y es, a la vez, un poderoso aglutinante político. Actores sociales y políticos con intereses muy distintos convergen cuando del agua se trata, llegando, inclusive, a la alta diplomacia. Una chispa aportada por el Gobierno boliviano encendió en 2010 toda una presión internacional que llevó a la firma, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Resolución que establece el derecho humano al agua y al saneamiento.

El agua se ha convertido en un campo de batalla y es, a la vez, un poderoso aglutinante político

Water has become a battleground, but it is also a powerful political glue. When water is at stake, it brings together social and political actors with very different interests, including high-level diplomats. In 2010, a spark lit by the Bolivian government ignited a conflagration of international pressure, leading to the signing of a UN General Assembly resolution that establishes the human right to water and sanitation.

El Gobierno mexicano suscribió dicha Resolución y, dos años después, el derecho humano al agua quedó plasmado en la Constitución mexicana, reconociéndose la necesidad de una nueva legislación del agua, capaz de garantizar el ejercicio de dicho derecho; la nueva ley habrá de llamarse Ley General de Aguas (LGA). El artículo 4 constitucional establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. […] El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines” (la cursiva es nuestra).

A raíz de esta reforma constitucional se produce en México un fenómeno muy poco común: la sociedad civil se organiza, sin pasar por los partidos políticos, para elaborar una iniciativa ciudadana de ley. Un grupo de profesionistas políticamente activos en distintos lugares del país convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil, comités comunitarios de agua e investigadores que desde años atrás ya veníamos movilizándonos a escala local, regional o de cuenca, para construir contrapoder en cuestiones ligadas a la gestión del agua. Consideramos que se trataba de una coyuntura favorable para avanzar hacia una más consistente coordinación de esfuerzos, con vistas a incidir políticamente a escala nacional, así como a potenciar, fortalecer y proteger las luchas regionales.

As a result of this constitutional reform, something very unusual took place in Mexico: civil society got organized, without going through the political parties, and drew up a citizens’ initiative for the law. A group of politically active professionals from around the country brought together various civil society organizations (CSOs), community water committees and researchers who had already been mobilizing for years at the local, regional or watershed level, to build counter-power on issues linked to water management. We believed it was the right time to move towards a more consistent coordination of our efforts, with a view to influencing national-level policy as well as to boost, strengthen and protect regional campaigns.

lo que nos convocó fue el propósito de construir lo que llamamos un buen gobierno del agua good governance of water

En diciembre de 2012 tuvo lugar un primer Congreso Nacional, al que asistimos cerca de 400 personas y así nació la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida (www.aguaparatodos.org.mx), en la cual ha venido participando quien esto escribe. No solo se planteó la redacción de una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (IC-LGA); en última instancia, lo que nos convocó fue el propósito de construir lo que llamamos un buen gobierno del agua, es decir una gestión democrática, participativa, descentralizada y sustentable del agua y las cuencas. Actualmente participan en Agua para Tod@s algunos sindicatos, centrales campesinas, comunidades eclesiales de base, periodistas y abogados, además de distintos comités comunitarios de agua, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

¿Cómo se tejen sinergias entre tan diversos actores? ¿Cómo se articulan distintas escalas temporales y espaciales de construcción de contrapoder? ¿Cómo dialogan y se complementan –o no– los distintos saberes, haceres y poderes que confluyen en Agua para Tod@s? Son cuestiones que aquí abordaremos; pero antes, veamos qué es lo que está en juego.

How can synergies be developed between such diverse actors? How can links be made between the different timescales and spaces where counter-power is built? How do the different knowledge bases, ways of working and powers that come together in Agua para Tod@s engage in dialogue and complement each other? These are some of the questions we will address here. But first, let’s look at what is at stake.

Nuestro país es sumamente contrastante en lo social, lo cultural y lo climático. Más de la mitad de la población vive en la pobreza, en tanto que algunas familias figuran entre las más acaudaladas del mundo. Hay una importante diversidad étnica, que se refleja, por ejemplo, en los 7,4 millones de hablantes de lenguas originarias, de las que hay más de 70; el náhuatl es la lengua materna de casi dos millones de personas y el maya, de más de 860 000. En cuanto a la diversidad climática e hídrica, todo el norte del país está expuesto a las sequías, mientras en el sur hay zonas que se inundan durante las temporadas de lluvias. Tres millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, y 40 millones sufren las consecuencias de la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

Son muy diversas las formas de organizar el abasto de agua. En las áreas rurales y semiurbanas de México, las comunidades suelen tener Comités de Agua, encargados de dar mantenimiento a los manantiales o pozos donde las familias se abastecen, y de convocar el trabajo comunitario para dotarse de infraestructura de almacenamiento y distribución del líquido. En el extremo opuesto están las gigantescas obras de infraestructura con que las megalópolis buscan resolver su abasto de agua y el drenaje de las aguas servidas.

La política hídrica mexicana ha tenido un carácter centralizador. El Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tiene el poder de concesionarlas o no. Aunque desde 2004 ha habido procesos de descentralización, estos no se han traducido en más participación social, comunitaria, sino del sector privado.

Mexico’s water policy has tended to be centralized. The federal government, through the National Water Commission (CONAGUA), has the power to award concessions. Although there have been processes of decentralization since 2004, they have not led to more social and community participation but rather to increased private-sector involvement.

La ineficacia de los organismos operadores municipales ha venido utilizándose como argumento a favor de la privatización de los servicios. Al mismo tiempo, como ya dijimos, el agua se convierte en elemento clave para los emprendimientos mineros y energéticos. Estas políticas vulneran el derecho al agua del 10 % de la población del país, afectaciones que están agudizándose por los ya mencionados contrastes climáticos, que podrían ir acentuándose como consecuencia del cambio climático global.

The ineffectiveness of municipal service operators has been used as an argument in favour of privatizing the services. At the same time, as we mentioned earlier, water is becoming a key factor in mining and energy projects. These policies infringe 10% of the Mexican population’s right to water, and the effects are aggravated by the above-mentioned climate extremes, which could be exacerbated as a result of global climate change.

In 2015, the Mexican federal government submitted its LGA bill to parliament. It was not approved, partly because of the regulatory infringements involved in the government’s attempt to fast-track the bill, and partly because citizens and some politicians were strongly opposed to it.

The government’s proposed law favoured privatization and the use of water by different types of megaprojects. It also perpetuated the ‘linear’ and ‘pipe-heavy’ features of the previous law: linear, because it continues to suggest that water management should be based on the extraction > transport > use > pollution > waste sequence rather than a cyclical arrangement; and ‘pipe-heavy’ because it proposes to build transport, pumping and drainage infrastructure, bringing water over great distances in order to supply homes and industries, with adverse, sometimes irreversible, effects on watersheds and the expropriated communities.

The Citizens’ Initiative for the General Water Law (IC-LGA), in contrast, is aimed at building water governance based on the ethical–political principles of sustainability, equity and participation.

The first states that we are responsible for guaranteeing access to water both for human communities and for all other species and ecosystems. The principle of equity obliges the state to guarantee that people can obtain the minimum quantity of water necessary to meet their day-to-day needs, regardless of their purchasing power, age, sex and place of residence. The principle of participation affirms that it is at the local level, in the management of springs, streams, wells and water intakes in each community or neighbourhood, where it is possible to reinforce people’s knowledge, their forms of organization and the mechanisms they use to plan, run and supervise water management. The commitment here is to decentralize knowledge and power.

People from very different sectors participated in drafting the IC-LGA: professionals from various organizations and civil society networks, and teams of academics who work with rural and urban communities on territorial management issues. In 2012 and 2013 the work was entrusted to commissions, which developed policy proposals for different thematic areas, including municipal water and sanitation systems, watershed management, aquifer protection, concession systems, water justice, the prevention of pollution, and water for food sovereignty. A team of lawyers translated these proposals into legal language and a final draft was agreed in 2014.

Grupo de trabajo sobre agua, 2016

Durante 2013 y 2014 se organizaron 99 foros públicos en distintas regiones del país, con la participación de organizaciones de base, asociaciones ciudadanas, instituciones académicas y algunos funcionarios de gobierno y legisladores. De esos foros surgieron propuestas que permitieron afianzar la iniciativa de ley. En febrero de 2015, la Iniciativa Ciudadana de LGA fue presentada a diputados y senadores en un acto público de entrega-recepción y ese mismo mes fue publicada en la Gaceta del Senado, respaldada con las firmas de 22 senadores de cuatro partidos políticos.

The process of drafting the IC-LGA and developing a national movement for good governance of water has involved dialogues between very different types of knowledge and discourses.

El proceso de elaboración de la IC-LGA y la conformación de un movimiento nacional por un buen gobierno del agua han conllevado diálogos entre saberes y discursos de muy distinta índole. Un ejemplo ilustrativo concierne a las distintas maneras de concebir y ordenar el territorio: el enfoque de cuenca, que acostumbran emplear los hidrólogos, los geógrafos y los ecólogos, puede ser muy diferente a la territorialidad mítica ancestral, la lógica de gestión productiva y el control agrario en que suele basarse la gestión territorial comunitaria; pero del diálogo entre ellos surgen aprendizajes muy útiles para unos y otros, y las posibles contradicciones se convierten en complementariedades. Asistimos a una ‘polinización cruzada’ entre el saber científico y los saberes arraigados de quienes trabajan en los territorios. En el ámbito de los derechos, se retroalimentan mutuamente las exigencias inmediatas de las comunidades con las reivindicaciones de quienes, en el ámbito nacional e internacional, luchan por mayor transparencia y contra la impunidad de las empresas transnacionales.

We witnessed a ‘cross-pollination’ between scientific knowledge and the deeply rooted practical knowledge of people working in the territories. In the area of rights, there is mutual feedback between the immediate requirements of communities and the demands of activists campaigning at the national and international level for greater transparency and against impunity for transnational corporations (TNCs).

Se trata de una propuesta bien fundamentada en términos técnicos, sociales, políticos, financieros y jurídicos. Señal de ello fue su adopción por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, durante un lapso de año y medio (2013-2014).

Para la gestión del agua (planeación, ejecución, vigilancia y sanción), la IC-LGA propone un diseño institucional conformado por instancias ciudadanizadas en distintas escalas, respetando los usos y costumbres de las poblaciones, en particular sus formas organizativas. Se busca asegurar el acceso de la gente al agua mediante una gestión integral de las cuencas, y se aplica el principio precautorio: cualquier actividad o proyecto que pudiera significar un riesgo para las comunidades, su territorio y sus aguas necesitará someterse a su consentimiento libre e informado.

Agua para Tod@s está potenciando y enlazando las corrientes de contrapoder que en la dimensión local, regional o institucional ya venían alimentando quienes en ella confluyen. La IC-LGA ha sido un elemento aglutinador, que se complementa con las estrategias para construir, en el aquí y el ahora, un buen gobierno del agua. (De hecho, sabemos que una ley no es suficiente para el ejercicio del contrapoder; numerosas leyes mexicanas, que podrían propiciar una gestión territorial participativa y sustentable, se quedan en el papel cuando la correlación fáctica de fuerzas les es desfavorable.) Pero veamos cuál ha sido la estrategia legislativa.

Water for All is strengthening and linking the different strands of counter-power to which those involved in them at the local, regional or institutional level were already contributing. The IC-LGA has helped to bring them together, as it complements strategies to build good governance of water in the here and now.

(We perfectly know that law and law enforcement may be very distant one from another; numerous Mexican laws, which could promote participatory and sustainable territorial management, are dead letter when the correlation of forces in real life is unfavourable to them.) But let’s look at what the legislative strategy involved.

Mexican law provides for two ways in which citizens can present policy proposals: the Citizens’ Initiative (which requires the support of nearly 110,000 citizens) and the People’s Consultation (which, when signed by 1.6 million citizens, makes it obligatory for parliament to study a proposed law).

Enough signatures – with the respective official identity card numbers – have now been collected to present the Citizens’ Initiative, thanks to the active participation in the campaign to gather signatures by a large number of community water systems, indigenous peoples, students, researchers, trade unions and rural organizations.

Agua para Tod@s ha seguido abriendo espacios de debate, tanto para ir sumando voluntades como para realizar ajustes que requiera la propuesta de ley. En 2015 y 2016, a convocatoria de cinco rectores universitarios, se llevó a cabo el Consenso Nacional por el Agua, proceso de análisis y propuestas con visión nacional e internacional. Se realizaron 23 eventos y foros de trabajo, en los que se generaron propuestas para fortalecer la IC-LGA y se involucró a nuevas organizaciones en su promoción y en la construcción del buen gobierno del agua.

Agua para todos in Congress

Water for All has reflected on the prospects for the different LGA proposals in the current pre-election political scenario (federal elections will be held in 2018). The Institutional Revolutionary Party (PRI) currently controls the executive branch of government and Congress, but its electoral prospects are gloomy and the ruling party itself is divided with regard to the LGA: the PRI has not accepted the federal government’s proposal.

Se trata de una cuestión política delicada. Las autoridades saben, por experiencia, que es riesgoso intentar una aprobación fast track de su propuesta de ley: los intentos realizados hasta ahora se han convertido en oportunidades para que Agua para Tod@s, aprovechando los reflectores de la prensa y la opinión pública, dé a conocer ampliamente su contrapropuesta. Es poco probable que el poder ejecutivo federal asuma el costo político de un posible rechazo a su Ley General de Aguas, lo cual permite suponer que será en el sexenio 2018-2024 cuando veremos enfrentarse, en las arenas legislativa y sociopolítica, a las distintas iniciativas de ley.

Dos elementos centrales tiene, en este ínterin, la estrategia de Agua para Tod@s: por un lado, se busca redactar e impulsar leyes estatales del agua inspiradas con la IC-LGA; desde 2016 organizaciones de 12 estados del país se han involucrado en este esfuerzo, y han realizado gestiones con diputados locales de diversos partidos para ir generando consensos. Por otro lado, como veremos enseguida, Agua para Tod@s intenta construir –aquí y ahora– un buen gobierno del agua. Para contextualizar, vale la pena hacer un breve recuento histórico.

The federal government is unlikely to want to incur the political cost of a possible rejection of its General Water Law, and we can therefore assume that it will be in the 2018–2024 government term that we will see the two proposals clash, in both the parliamentary and the socio-political arena.

In the meantime, the Water for All strategy has two key elements. First, it seeks to draft and lobby for state-level water laws that take their inspiration from the IC-LGA; since 2016, organizations in 12 of the country’s states have been involved in this effort, and talks have been held with local deputies from various parties to build consensus. Second, as we will see, Water for All is attempting to build good governance of water here and now. To put this in context, it is worth taking a brief look at recent history.

De la Revolución Mexicana se derivó una constitución agrarista (la de 1917). Durante el reparto agrario del siglo XX pasaron a manos campesinas 100 millones de hectáreas, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rural total del país. Se establecieron aproximadamente 30 000 ejidos y comunidades. El artículo 27 constitucional señala que las aguas, incluyendo las subterráneas, son de la nación; solo pueden usarse mediante concesión otorgada por el Ejecutivo federal. Pero a principios de la década de 1990 asumieron el poder los hijos de la escuela de Chicago y se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN, NAFTA en inglés), para lo cual el Gobierno promovió cambios en la ley minera, la forestal y la Ley de Aguas Nacionales. Se desconocieron los derechos históricos al agua, sustituyéndolos por un sistema único de concesiones que incluye mecanismos para su compra y venta. También se modificó el artículo 27 para establecer un mercado de tierras y desmantelar la propiedad social. Al entrar en vigor el TLCAN, se levantaron en armas las comunidades zapatistas en Chiapas.

Article 27 of the constitution states that water, including underground water, belongs to the nation; it can only be used when the federal government awards a concession. But in the early 1990s, the ‘Chicago boys’ took power and the government negotiated the North American Free Trade Agreement (NAFTA) with the US and Canada, which meant that it had to make changes to the mining law, the forestry law and the National Water Law.

Historical rights to water were put aside and replaced by a single concessions system that includes ways to buy and sell it. Article 27 was also modified to establish a land market and dismantle collective ownership of the ejidos. When NAFTA entered into force, the Zapatista communities in Chiapas rose up in arms…

There have been mobilizations all over the country by communities seeking to keep control of their land and water

A quarter of a century later, the ‘regularization’ of the land owned by ejidos and its transformation into private property has undoubtedly moved ahead. But there have also been mobilizations all over the country by communities seeking to keep control of their land and water and defend it against a range of threats, including energy and open-cast mining megaprojects.

Combining legal actions with physical control of the land and various other strategies, campaigns to defend water and territory have sprung up throughout Mexico. To support their campaigns, rural and indigenous communities have been making use of legal defence tools such as the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, which ruled: ‘1) before taking the decision to implement a project, the state must provide peoples and communities with complete information, which must include studies of the project’s social, cultural and environmental impact, and 2) before issuing any authorization and/or permit, the state must organize a consultation to obtain the community’s consent, and it must take place in the community’s language, abide by its usages and customs, and last as long as may be necessary’.

La legitimidad internacional del control comunitario sobre los territorios y el agua descansa en la Observación General 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en el Convenio 169 de la OIT, que pone en primer plano a los pueblos originarios, pero que también empieza a respaldar a los pueblos equiparables. Estos, en el caso de México, son los pueblos campesinos o urbanos con raíces culturales mesoamericanas.

En Chiapas, Oaxaca, Michoacán y la Sierra Norte de Puebla hay experiencias importantes de control comunitario del territorio. Un ejemplo notable es el del municipio poblano de Cuetzalan. En 2009, a raíz de afectaciones graves al suministro de agua provocadas por proyectos turísticos, se realizó una serie de talleres de diagnóstico comunitario con amplia participación popular y apoyo de un equipo de universitarios. En 2010 este equipo presentó en las comunidades los resultados del diagnóstico y puso a consulta una propuesta de ordenamiento territorial que definía una zonificación del municipio y establecía lo que puede o no hacerse en cada zona.

Después de 14 meses de trabajo, en sesión solemne del Cabildo, se aprobó un Ordenamiento Territorial Ecológico, que de esta manera adquirió un estatus de ley y que, desde entonces, permite a las comunidades protegerse de los proyectos energéticos y mineros impulsados por las instancias de gobierno y por diversas empresas.

Since then, it has enabled the communities to protect themselves against energy and mining projects promoted by the government and various companies.

Los esfuerzos de Agua para Tod@s y de las organizaciones regionales y comunidades que ahí confluimos van encaminados a construir una gestión democrática, participativa y sustentable del agua, en la cotidianidad de los espacios micro, abarcando, en la medida de lo posible, dimensiones meso, y manteniendo esfuerzos (como la campaña de firmas) para lograr transformaciones en lo macro.

Seis ejes estratégicos nos parecen fundamentales: el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua, la creación de instancias de contraloría ciudadana, la resistencia frente a los procesos de privatización, la cogestión de cuencas con participación ciudadana, la construcción de capacidades de presión política a partir de la opinión pública y el tejido de redes amplias a escala nacional e internacional. Abordaremos, ahora, cada uno de estos ejes, esperando proporcionar pistas para otros movimientos en México y otras regiones del continente y del mundo.

Profesionalización de los sistemas comunitarios de agua

We have already mentioned the water committees – types of organization that survive, as ‘use and custom’, in numerous communities in Mexico, enabling them to protect and maintain their water sources (wells, springs and streams). There are currently political tensions regarding these systems, and not just because of the attempts to privatize water supply services.

¿Existe hoy margen político para un control territorial directo por parte de las comunidades? Esto depende tanto de las correlaciones de fuerzas (tensiones y negociaciones entre las distintas partes con intereses en la gestión del agua) como del grado de organización de las propias comunidades. Agua para Tod@s enlaza varias experiencias regionales en las cuencas de la región central del país: la Ciudad de México y el Estado de México. Se han fomentado vínculos entre los sistemas comunitarios y algunas universidades que colaboran en la realización de diagnósticos, el monitoreo de la calidad de sus aguas, el diseño de sistemas de potabilización, y el mapeo y protección de sus zonas de recarga y descarga.

El control territorial directo por parte de las comunidades locales depende de la correlación de fuerzas entre las diferentes partes interesadas en la gestión del agua y de la organización de las comunidades.

Desde 2015 el Sistema de Agua Potable de Tecámac (Estado de México) convocó a integrantes de organismos comunitarios de agua y a investigadores y estudiantes universitarios a debatir en torno a la situación y necesidades de estos órganos. En un evento de ese año varias organizaciones deciden apostar por la profesionalización de los Comités. Les da ánimos un video sobre la lucha de Cochabamba, Bolivia, en 2000, que invita a “recuperar la confianza, la alegría, la transparencia, la reciprocidad y la lucha permanente en el trabajo colectivo de los grupos, así como la capacidad de gestionar y convivir con el agua como un ser vivo y no como un recurso”.

En 2016 Tecámac pone en marcha la Escuelita del Agua, que incluye cursos y talleres de formación y coaprendizaje para que quienes conforman los Comités de Agua de distintas regiones se doten de habilidades organizativas y técnicas (políticas de tarifas, distribución, sustentabilidad económica, manejo de infraestructura). Han tenido logros en el control democrático por parte de las asambleas de usuarios y la rendición de cuentas por parte de las mesas directivas electas.

Starting in 2015 the Tecámac Water System (in the State of Mexico) invited members of community water organizations, researchers and university students to discuss the situation and these organizations’ needs. In one event that year, several organizations decided to prioritize making the water committees more professional.

They were inspired by a video on the 2000 water war in Cochabamba, Bolivia, which encourages people to ‘restore trust, joy, transparency, reciprocity and the ongoing struggle in working collectively as a group, as well as the capacity to manage and live alongside water as a living being and not as a resource’.

In 2016 Tecámac launched the ‘Water School’, which runs training and shared learning courses and workshops so that the members of water committees from different regions can develop organizational and technical skills (on tariff policies, distribution, financial sustainability and infrastructure management). They have achieved successes with democratic control by users’ assemblies and accountability on the part of elected management committees.

Las contralorías ciudadanas

Citizens are being trained and acquiring capacities to oversee the performance of the authorities and denounce cases of failure to fulfill their responsibilities. Water for All’s member organizations are involved in cases in Tabasco, Puebla, Saltillo (Coahuila) and Mexico City, among others. In some Mexico City districts, such as Xochimilco and Iztapalapa, citizen oversight is aimed at preventing the excessive pumping of underground water, which has already caused serious subsidence.

At the national level, the introduction of an Anticorruption System in 2016 provided the formal institutional space required for the social auditing of water.

Alternativas a la privatización de sistemas municipales o metropolitanos

Ha venido reduciéndose el presupuesto de la CONAGUA para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El correspondiente a 2017 tuvo un recorte de 72 % en relación con el de 2016. Suponemos que estas restricciones económicas van encaminadas a ejercer presión sobre los organismos operadores para obligarlos a aceptar la participación privada.

Ya se han dado en México procesos de privatización de organismos operadores de agua en algunas poblaciones de los estados de Aguascalientes, Quintana Roo, Coahuila, Chiapas, Puebla y Veracruz. El incumplimiento de contratos y de las metas establecidas (con excepción de la eficiencia de cobranza, para lo cual se recurre a cortes de agua a los usuarios morosos), la información incongruente presentada por las empresas concesionarias, la falta de transparencia y la nula de respuesta de las autoridades ante las quejas de los usuarios, además de los arreglos subrepticios entre autoridades y socios privados, hacen suponer actos de corrupción.

La movilización de organizaciones de usuarios del agua ya logró la remunicipalización de dos de los organismos privatizados (el de Navojoa, Sonora, y el de Ramos Arizpe, Coahuila). Y donde esto no ha sido posible, están desarrollándose luchas importantes.

Espacios formales de participación ciudadana en la gestión de cuencas

Estipulan diversas leyes mexicanas mecanismos para la participación ciudadana en política pública. Desgraciadamente, su alcance es limitado, por falta de autonomía financiera y porque no son vinculantes: solo pueden hacer recomendaciones. Tal es el caso de los Consejos de Cuenca. No dan voto pero sí, a veces, voz a los distintos tipos de usuarios del agua (uso público urbano, agrícola, industrial, etc.) así como a otros sectores interesados (entre ellos, el académico).

Several members of Water for All participate in the Watershed Councils, or have done in the past, and they have managed to raise awareness in some of the councils. This became evident in 2016, when the National Water Commission (CONAGUA) organized a ‘consultation’ process on the LGA: several Watershed Councils insisted on the importance of including proposals from the IC-LGA.

Some regions have organizations that promote arrangements for the joint management of watersheds, whereby agreements are reached between rural communities and urban municipalities.

En algunas regiones hay organizaciones que impulsan esquemas de cogestión de cuencas, en los que se establecen convenios con comunidades rurales y municipios urbanos. Es el caso de la cuenca del río Pixquiac, en Xalapa, Veracruz. Los usuarios urbanos nos “corresponsabilizamos” del cuidado de la cuenca donde se genera el agua que usamos; se incluye en el pago por el servicio de provisión de agua una cuota con la que se constituye un fideicomiso, que a su vez permite financiar programas comunitarios encaminados a un manejo sustentable de la cuenca, que incluyen, por ejemplo, la creación de viveros forestales para la reforestación y la restauración de zonas degradadas, la diversificación de los sistemas productivos, el ecoturismo comunitario y la construcción de estufas ahorradoras de leña.

Presencia y visibilidad en el espacio público

Maintaining an active presence in public spaces for discussion and the widespread dissemination of information, both directly and through the mass media, has made it possible to inform public opinion that is in turn exerting political pressure. For example, publicizing the 72% cut in the federal budget allocated to the National Water Commission in 2017 (compared to the 2016 budget) made it possible to reveal the federal government’s plans to promote the ‘induced privatization’ of water and sanitation services.

The public has been informed about the problems, campaigns and viable alternatives. Cyber-activism has also been used, as in the case of the campaign on Change.org against the ‘Guidelines’ that would legalize the use of water for fracking.

Cartel de la gira de la caravana nacional en defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida

Ha habido concentraciones masivas en las calles y plazas, y recorridos como la Caravana Nacional en Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida (convocada por la Tribu Yaqui en 2015). Esta Caravana, siguiendo tres rutas, recorrió durante 10 días el país para confluir en la Ciudad de México. Participaron más de cien organizaciones, pueblos indígenas y movimientos sociales, recorriendo 85 poblaciones rurales y urbanas, y logrando visibilidad en los medios (más de 5000 notas en la prensa, TV y redes sociales). Estos actos masivos permiten aprender todos de todos y también alimentan las esperanzas, pues nos ayudan a recordar que no estamos solos. Si bien el contrapoder se construye en el espacio público, una de sus bases de sustento está en la dimensión subjetiva, donde se genera y se reproduce la motivación de participación.

These mass public events allow us all to learn from everyone else and they also boost our hopes, as they remind us that we are not alone. Although counter-power is built in the public space, one of its cornerstones is the subjective dimension, where the motivation to participate is developed and reproduced.

Redes nacionales e internacionales

The positioning of Water for All’s proposals and actions on the political agenda was achieved thanks to the links (solidarity, mutual support and coming together at key moments) developed with various rural organizations at the national level, universities, important trade unions such as the telephone workers’ union, and social-environmental networks (the Mexican Anti-Fracking Alliance, the movement of communities affected by dams and in defence of rivers, etc.). The relationship with the Mexican Centre for Environmental Law has also been fruitful.

También se tejen lazos en la dimensión internacional: con la RedVIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua), con la Red para el Agua Pública (Reclaiming Public Water) y con organizaciones europeas como Agua de Todos (Portugal), K136 (Tessaloniki, Grecia) y Acqua Benne Comune (Italia).

Gradually, with the help of ‘connecting agents’ (people or organizations familiar with different cultural, linguistic and organizational codes), different campaigning arenas are coming together.

La experiencia de Agua para Tod@s muestra los límites y alcances de la organización ciudadana para construir contrapoder. Un día podemos tener la satisfacción de ver suspendido (aunque sea de manera provisional) un proyecto minero o hidroeléctrico, y al día siguiente nos enteramos, con frustración y enojo, de la aprobación (sin consulta ni debate) de leyes que atentan, directamente, contra el derecho humano al agua. Cada vez más gente está alerta y se fortalece la capacidad organizativa en lo local y lo regional, pero subsisten las estructuras que permiten a las instituciones gubernamentales ejercer el poder de manera vertical.

¿Qué hemos aprendido, en términos de la construcción de contrapoder? Para comenzar, constatamos la importancia de combinar distintas estrategias; conjuntar las de tipo legislativo y la acción directa sobre los territorios; articular, de manera dialogal y complementaria, a una diversidad de actores, de culturas, de epistemes y de escalas espaciales y temporales. Paralelamente, ir construyendo saber transdisciplinario, a partir del diálogo entre saberes académicos y no académicos. De manera gradual ir articulando, también, distintas escalas: lograr que las luchas locales, arraigadas en territorios concretos, retroalimenten y sean retroalimentadas por los esfuerzos que realizan las organizaciones de la sociedad civil y los universitarios en las escalas regional, nacional e internacional. Tejer sinergias con las luchas por los derechos humanos, por el derecho a la alimentación y a la salud, por el derecho a la información y a la consulta, por el ambiente sano, por el derecho a la diversidad cultural.

En estos tiempos de políticas neoliberales y Estados amafiados, el principal aprendizaje apunta, quizá, a la importancia de mantener las esperanzas de poder construir futuros más sustentables y justos, en los que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho al agua y muchos otros derechos fundamentales.

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Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2018, editado en castellano por Transnational Institute (TNI) y FUHEM Ecosocial.

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Publicado originalmente en español en Alainet

There is a need to develop synergies with campaigns on human rights, for the right to food and health, for the right to information and consultation, for the right to a healthy environment and for the right to cultural diversity. What might appear as different struggles turn out to be, ultimately, the same and only one.

At this time of neoliberal policies and mafia states, the main lesson may be about the importance of keeping up our hopes of building a fairer, more sustainable future, where we can all exercise our right to water and many other fundamental rights.