Cuando el holandés Gijsbert Huijink intentó instalar placas solares en su casa de Banyoles, en la provincia catalana de Girona, descubrió un laberinto jurídico que criminalizaba el autoconsumo energético. “Si me quería conectar a la red para rellenar las baterías y para volcar mi sobrante tenía que pagar un dineral”, aseguraba Gijsbert Huijink en una entrevista.¹ Huijink cocinó una dulce venganza colectiva: fundó Som Energia,² la primera cooperativa energética de España. Con ayuda de su esposa, sus alumnos en la universidad y algunos amigos, Gijsbert puso la primera piedra para cambiar el mercado energético español. Som Energia ha pasado de los 150 contratos iniciales de 2010 a 125.589 en marzo de 2021,³ y es la cooperativa energética de mayor crecimiento de Europa. Cientos de ayuntamientos han contratado ya sus servicios y decenas de nuevas cooperativas de energía están replicando su modelo.

Som Energia tiene una característica que marca diferencias con buena parte del ambientalismo. No es apenas un proyecto reactivo: es propositivo. No apuesta por la protesta, sino por la acción. No se queda en la defensa de unos ideales, sino que los pone en práctica. No se limita a criticar un orden económico basado en los combustibles fósiles: pone en marcha uno nuevo. No solo denuncia la injusticia de unas normas, sino que experimenta con nuevas formas de democracia. No apuesta por lo individual: busca la sostenibilidad con recetas comunitarias y en red.

Som Energía fue una de las 32 iniciativas que participaron en la primera edición del Premio del Público Ciudades Transformadoras y el Atlas de Utopías, la peculiar coopetición⁴ lanzada por el Transnational Institute (TNI) en 2018, que ha completado ya tres ediciones⁵ y encarna a la perfección el espíritu que permea a todas ellas. Los proyectos ganadores⁶ de este premio son un refrescante mosaico de “utopías reales”. Utopías en marcha, pragmáticas, asumibles. Utopías simples que satisfacen deseos simples, como apunta Rutger Bregman en su ensayo Utopías para realistas.⁷ “Utopías reales”.⁸

¿Qué características comparten las iniciativas del Atlas de Utopías?⁹ ¿Qué horizontes despliegan?  

Una respuesta comunitaria a la contaminación del agua / Cochabamba, Bolivia

Desde que en 1516 Tomás Moro describiera en su libro Utopía una isla con un sistema político, social y legal perfecto, esa palabra ha provocado ríos de tinta. La humanidad comenzó entonces a proyectar sus deseos hacia el futuro. La mitología que explicaba el pasado –mitos fundacionales, leyendas– se canalizó hacia el futuro, creando la utopía. Su forma más exaltante llegó en El principio esperanza, publicado en la década de 1950 por Ernst Bloch, donde se superpusieron los mitos modernos de la utopía, la revolución y el arte.¹⁰ La utopía está en el horizonte. Sirve para caminar.¹¹

Sin embargo, desde que Francis Fukuyama proclamase en 1992 el fin de la historia,¹² emergió un presente claustrofóbico gobernado por la economía global. El desplome de los gobiernos comunistas, según dicho autor, consagraba a la democracia liberal como única alternativa posible. El futuro empezó a no estar a la altura de las expectativas de tantos siglos utópicos. El futuro perdió brillo inspirador. Los horizontes posibles se difuminaron. Los sueños grandilocuentes de la modernidad se deshilacharon, tal vez por su desmesurada ambición. La utopía se desinfló. Como apunta Franco Bifo Berardi en Después del futuro,¹³ la técnica se ha revelado una divinidad despótica que anula el futuro, transformando el tiempo en una ilimitada generación de fragmentos idénticos.

El Atlas de Utopías es una bocanada energizante para un mundo que se quedó sin la gran utopía. Y una prueba palpable de que las “utopías reales” están en marcha. Nos encontramos no ya con una utopía mayúscula, sino con decenas, centenares, miles de micro utopías en red.¹⁴ Micro utopías en las que los encuentros humanos tejen territorios. Micro utopías concretas que activan lo que la socióloga argentina Maristella Svampa denomina “comunidades de afinidad”.¹⁵  Comunidades que se recrean y se reproducen a sí mismas en el proceso de su hacer. Cuando la vecindad de San Pedro Magisterio, un barrio de la ciudad boliviana de Cochabamba, se organizó para la construcción y gestión de una planta de aguas residuales, se reforzó la gestión comunitaria del ciclo del agua y del propio barrio.¹⁶ La Fundación Abril, con el apoyo de varias organizaciones, hizo posible la instalación de una planta de tratamiento de aguas en el barrio. El proceso se transformó en una herramienta educativa (sesiones en los colegios), de acción política y de cohesión social. La gestión comunitaria del agua desde un territorio desborda a su vez el paradigma de lo público. Las finalistas de todas las ediciones del premio Ciudades Transformadoras, del que se nutre el Atlas de Utopías, son utopías situadas en el territorio y en las comunidades y están ancladas en la esfera más propicia para poner en práctica estas micro utopías: la local.

En su libro Decir no no basta, la periodista canadiense Naomi Klein desmenuza la importancia de la creación y afirmación de un mundo nuevo. La reacción contra un sistema es insuficiente. “El ‘no’ no es suficiente. Debe ser un sí y debe haber confianza en el sí. Hay que proponer una alternativa que genere confianza. Lo primero es diseñar alternativas reales, que no solo sean creíbles, sino inspiradoras y excitantes”.²⁵ La demanda propositiva de Klein dialoga con una de las frases más míticas de Buckminster Fuller: “Nunca cambias las cosas combatiendo la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga obsoleto el modelo existente”.²⁶ Un mundo se combate con un mundo. Una visión, con otra visión. Las micro utopías en red, a diferencia de la utopía, visibilizan un nuevo sistema, un nuevo mundo tejido con mecanismos y hábitos de reconocimiento mutuo.

La eco aldea irlandesa Cloughjordan, finalista de la edición 2020 del Premio Ciudades Transformadoras, camina en la dirección del sí holístico de Naomi Klein. Y enuncia un mundo completo. No se limita a denunciar el crecimiento ilimitado y no sostenible de las ciudades, sino que pone en práctica un modelo de transición basado en las comunidades y el consumo de proximidad. Gracias al diseño de bajas emisiones de sus 55 viviendas, a un sistema de calefacción urbana neutral en carbono, a una granja comunitaria, a un centro empresarial ecológico y a una planta de tratamiento planificada de lechos de juncos, Cloughjordan tiene la huella ecológica más baja de Irlanda. El mundo propio de la eco aldea está interconectado y multiplicado por numerosas actividades educativas.

La ecocomuna Cloughjordan modela la transición hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono / Cloughjordan, Irlanda

Aunque en el sí y la afirmación de un mundo resida la viabilidad del nuevo sistema, existen casos en los que una acción es “no” y “sí” simultáneamente. Algunas de las iniciativas del Atlas de Utopías reúnen la poco habitual característica de la resistencia creativa. Cuando una acción consigue ser “sí” (creación) y “no” (resistencia), la micro utopía visibiliza al máximo la potencia transformadora del nuevo modelo. El caso de las mujeres trabajadoras de la industria beedi (cigarros) en la ciudad india de Solapur hace patente cómo la resistencia contra la especulación y la infravivienda acabó dando forma a un mundo. Tras años de luchas y de organización de cooperativas, las mujeres cigarreras consiguieron fundar la RAY Nagar Cooperative Housing Federation,²⁷ la mayor cooperativa de vivienda de Asia. En 2015, los gobiernos locales accedieron a construir 30.000 viviendas asequibles para las cigarreras y las trabajadoras textiles en el barrio marginal de Kumbhari. El proyecto incluye espacios al aire libre, así como terrenos para establecer servicios comunitarios, escuelas y hospitales. El Gobierno estatal y el federal contribuyeron con la construcción del tendido eléctrico, una subestación eléctrica y tanques de agua. Kumbhari renace con los nuevos servicios públicos y la apertura de nuevas tiendas. El mercado de verduras Kranti Chowk es uno de los más vibrantes de Solapur.

Una asociación de mujeres trabajadoras construye decenas de miles de viviendas / Solapur, India

El filósofo Bertrand Russell, a su manera, llegó a declinar la definición categórica de la utopía: No es una utopía acabada lo que deberíamos desear, sino un mundo donde la imaginación y la esperanza estén vivas y activas.²⁸ Tras el derrumbe del gran relato de la utopía moderna, el gran potencial de lo utópico no reside tanto en la concreción y la descripción de una realidad cerrada por venir, como en posibilitar que el mundo esté necesariamente poblado de mundos, como insiste desde hace décadas el neozapatismo. Un mundo que pueda ser habitado por la esperanza. Tal vez por eso, Ernst Bloch se esforzara tanto en estudiar la esperanza que persiste hasta en situaciones terroríficas gracias a lo que denomina “imágenes deseo” o “imágenes anhelo”. Imágenes que sirven de prototipos para pasar fronteras. Imágenes cargadas de emociones. Emociones positivas que,²⁹ aunque no conduzcan a acciones tan urgentes como las negativas, acaban abriendo y ampliando el rango de pensamientos y acciones.

De las iniciativas del Atlas de Utopías emanan “imágenes deseo” que, de alguna manera, hacen deseable un mundo nuevo. Ya sean niños participando en la limpieza de un río en Cochabamba o un grupo de cigarreras yendo en autobús público a su fábrica de Solapur, las “imágenes deseo” desplazan el horizonte de lo posible. Emocionan. Y ensanchan, conectando las micro utopías en red puestas en marcha por las más diversas comunidades. El sí de Naomi Klein es inviable si apenas es un modelo teórico. El no no basta. Un sí emitido desde la teoría, tampoco. El sí tiene que estar habitado por prácticas políticas y ciudadanas, por narrativas, por imaginarios, por símbolos nuevos, por valores compartidos, por emociones, por nuevos sentidos comunes, por visiones del mundo, por sistemas económicos alternativos. Los espacios acogedores para el encuentro, un nosotros abierto (el jiwasa de los aimaras), los lemas agregadores (el “somos el 99%” de Occupy Wall Street) y las emociones positivas compartidas desbordan el principio esperanza de Bloch. La acción colectiva multiplica la esperanza hacia un futuro que puede ser habitado en común. Y hay menos incertezas en ese futuro, porque está controlado por las comunidades.

Por ello, escribe Andrea de la Serna en el artículo Un común por venir,³⁰ no debemos ya depositar las esperanzas de la revolución en un horizonte futuro, sino generar las condiciones para darnos el horizonte que queramos. Para saltar el muro del fin de la historia y vislumbrar algo de esperanza, la humanidad debe restituir la confianza en las fuerzas del presente. Cuando aparezca un desvío, por pequeño que parezca, tenemos que potenciarlo, alimentarlo, hacerlo respirar. Organizar encuentros, cuidarnos en comunidad, crear “imágenes deseo” en todas partes.

Birgitta Jónsdóttir, poetisa y fundadora del Partido Pirata islandés, destaca la importancia de enunciar un futuro poblado de imágenes y visiones de esperanza: “Si la gente tiene que elegir entre miedo y esperanza, suele elegir esperanza. El futuro no va a ser una única visión, será un collage de visiones. Necesitamos un pensamiento inclusivo sobre el futuro”.³¹

Durante décadas la guerra contra las drogas se ha impuesto en gran parte del mundo a través de un modelo prohibicionista, que apunta a eliminar la producción, comercialización y consumo de una serie de sustancias psicoactivas de origen vegetal, restringiéndolas a usos medicinales y científicos. Desde entonces, los estados, así como instituciones internacionales, han invertido ingentes sumas de dinero y movilizado recursos y capital humano para alcanzar ese ideal de un “mundo libre de drogas”.

En 1961 se firmó la Convención Única sobre Estupefacientes en Nueva York, un tratado internacional que contiene el marco legal para el control de drogas a nivel mundial, que fue complementado con los Convenios de 1971 y 1988. Estos tres tratados internacionales son los derroteros de las políticas de drogas y contienen las medidas para delimitar todos los aspectos de la producción, el comercio y la posesión de ciertas sustancias.

Una de las estrategias allí dispuestas ha sido identificar y erradicar los cultivos de usos ilícitos siendo la materia prima para la elaboración de cannabis, cocaína y heroína. Para llevar a cabo este control, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) estableció desde 1999 el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), un instrumento para monitorear y analizar la extensión, la dinámica y el impacto de los cultivos ilícitos, así como la productividad, el rendimiento y los precios. Hoy el SIMCI opera en países con presencia de cultivos de coca en Bolivia, Colombia y Perú; de amapola en Afganistán, México y Myanmar; y mediciones de cannabis en Marruecos y Nigeria.¹

Durante las dos décadas de existencia de esta herramienta, existen críticas y reparos de fondo sobre los informes de monitoreo y su uso como insumo político. Los resultados de estos son la fuente más importante de información para el diseño de políticas de control de la oferta, particularmente la erradicación forzada, que opera bajo la lógica según la cual, al identificar y erradicar la fuente de producción, los precios de las drogas incrementan en el mercado ilegal y, por en ende, se desincentiva el consumo. Para esto, UNODC trabaja en conjunto con entidades gubernamentales de los países para la elaboración de informes anuales sobre la situación de cultivos ilícitos en sus territorios.

No obstante, poco se ha avanzado en la disminución de la oferta ni tampoco en su uso. Por el contrario, hay más disponibilidad de drogas y creció el consumo de ellas, pero además los operativos de destrucción de cultivos en sus distintas formas causaron el desplazamiento de comunidades, enfrentamientos entre cultivadores y fuerzas de orden, encarcelamiento masivo y violaciones de derechos humanos. Evidentemente son legitimas las preguntas que surgen sobre la efectividad del sistema de monitoreo: ¿Son las mediciones y las interpretaciones en los informes suficientes para explicar fenómenos y contextos tan complejos y particulares, que llevan a ciertos países o regiones a cultivar o producir estas sustancias? ¿Es posible abordar estos fenómenos desde un enfoque meramente cuantitativo y unidimensional? ¿Existen mejores usos para ese sistema de medición?

Para esto, este documento presenta un análisis crítico de los informes de monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), en su enfoque y propósito, con el fin de examinar dicho mecanismo de medición, para hacer un balance sobre la efectividad de sus direcciones y elementos. Este informe explora los impactos y resultados del sistema tanto en sus propias metas y objetivos, así como en su pertinencia e incidencia en las esferas de diseño y decisión de políticas públicas de drogas. Para dicho análisis, este documento se enfoca en los casos de Perú, Colombia y Bolivia, los tres principales países productores de coca en el mundo y que, por su cercanía regional, permiten comparar la forma en que el SIMCI allí opera.

A continuación, se hace un breve recuento del inicio del SIMCI y las razones detrás de la implementación de esta herramienta. Luego se presenta un análisis de cada uno de los países resumiendo el trabajo de Hugo Cabieses (Perú); Diego Giacoman,  (Bolivia); y Ricardo Vargas,  (Colombia).² Por último, se presentan unas recomendaciones que permitan incluir en los informes los contextos particulares de cada región, los factores estructurales de cada país que han llevado a sus ciudadanos campesinos al cultivo de estas plantas y de esta forma ofrecer alternativas reales de desarrollo que se ajusten a las necesidades de los cultivadores y/o comunidades que dependen de estos cultivos para subsistir.

El monitoreo de cultivos de coca que realiza la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), en coordinación con el gobierno boliviano, se inició en octubre de 2001 y en ese entonces únicamente se enfocó en el departamento de La Paz, con la implementación del proyecto denominado “Sistema de Manejo del Uso de Suelos y Monitoreo en los Yungas de La Paz”. En esta primera etapa se incluyeron diversos aspectos productivos además de las hectáreas de cultivos de coca. Dos años después se incrementó la cobertura geográfica del monitoreo al incluir el Departamento de Cochabamba, para lograr estimaciones de carácter nacional.²⁷ Hasta ese momento, el Gobierno de Estados Unidos había sido la única fuente de datos de cultivo de coca en Bolivia y se hacía urgente, para el sistema de fiscalización, contar con una fuente de información en la que el Estado Boliviano tuviera una participación activa.

NIño recogiendo plantas de coca arrancadas en zona de Caranavi. Fotografía Diego Giacoman

Desde la entrega del primer informe, cada año se han presentado estos reportes con la coordinación y aval del gobierno boliviano, identificándose algunas variaciones en la estructura de financiamiento y en los enfoques de las diferentes versiones.²⁸ En el gráfico siguiente, se pueden reconocer algunas de estas variaciones a lo largo de la historia de los reportes de monitoreo.

Hitos en la orientación y financiamiento de los Informes de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia

Fuente: Informes de Monitoreo de Cultivos de Coca de UNODC del 2004 al 2020.

En los primeros años de los informes, entre el año 2001 y 2003, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia proporcionó las imágenes satelitales para elaborar un mapa de uso del suelo de los Yungas de La Paz con el propósito de analizar actividades y potenciales de desarrollo existentes en los Yungas de La Paz, que luego fue utilizado por el Viceministerio de Desarrollo Alternativo como la principal fuente de información en la planificación de las políticas sectoriales. De manera similar, en su primera versión el informe incluía un mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que sugería la pertinencia de un análisis de la expansión de estos cultivos desde una mirada socio económica integral de la región de Yungas de La Paz.

Pero fue en 2004 cuando se presenta el primer reporte de cobertura nacional sobre cultivos de coca con la superficie de cultivos estimada para el año 2003 en los departamentos de Cochabamba y La Paz. El programa se implementó con el financiamiento de Reino Unido, España, Francia e Italia, y la participación de la División de Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos (NAS) en Bolivia en el suministro de las imágenes satelitales y ayuda logística. Cabe resaltar que en las primeras versiones de los informes de monitoreo de cultivos en Bolivia no se hace referencia al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDS SC) que, desde el año 2006 tiene una participación importante.

Según la siguiente relación, se observa que el VDA y el VDS SC pertenecen a dos ministerios y sectores distintos, aunque han terminado encontrándose en términos de competencias en torno al control y reducción de cultivos de coca. De manera general, se puede afirmar que se trata de 17 informes cuyo contenido, con algunas modificaciones, se ha estructurado en torno a cinco variables:

– Superficie sembrada. Estimada el 2019 en 25.000 ha. Se trata del dato más difundido y esperado de los informes. Supone una de valoración de efectividad de las políticas de control de cultivos de coca y es relevado como elemento central del informe a partir de la fotointerpretación de imágenes satelitales.

– Producción potencial. Estimada para hoja de coca secada al sol entre 37.000 y 46.100 tm, según estudios de rendimiento realizados el año 1993 por la DEA (Drug Enforcement Administration), 2005 por la UNODC y 2010 por el CONALTID (Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas del Estado Plurinacional de Bolivia.

– Valor estimado de comercialización y secuestro. Los datos del último informe permiten estimar un valor anual aproximado de hoja de coca en Bolivia entre los 375 y 461 millones de dólares. Se menciona también la cantidad de hoja de coca en mercados legales, estimado en 24.178 tm. De manera complementaria se reporta que el secuestro de hoja de coca alcanzó 331 tm.

– El flujo de hoja de coca hacia Argentina y el comercio que existe en el norte de aquel país es mencionado en varios informes entre el 2004 y 2014, aunque no se reporta información específica ni emiten análisis orientados a una formalización y regulación de ese mercado.

– Racionalización / erradicación. Estimada para el 2019 en 9.205 ha. Se considera importante mencionar que no se define la metodología de racionalización, únicamente se realiza una referencia según la que el Gobierno de Bolivia reportó 5.070 ha. de cultivo de coca voluntariamente erradicadas durante el año 2006.

En cuanto a la metodología de generación de información, los informes se basan en la interpretación visual de imágenes satelitales y procesos de validación tanto aérea como terrestre. La cuantificación de la superficie de cultivos de coca se basa principalmente en la utilización de imágenes de satélite de resolución espacial que ha oscilado, a lo largo de la historia de los informes, entre 10 y 0,50 metros. La fotogrametría se realiza en diferentes momentos de cada año procurando las fechas de menor nubosidad según se observa en cada versión. El análisis para cuantificar los cultivos de coca fue realizado a partir de las imágenes obtenidas aplicando técnicas de interpretación visual basadas en software especializado y especialistas en fotointerpretación.

En general, no se han tenido modificaciones sustanciales de las técnicas de relevamiento de información y de validación. Se ha preservado la prioridad de respaldar con información cuantitativa el cumplimiento de las políticas de reducción de cultivos y las modificaciones en la metodología de trabajo se ha dado por aspectos más coyunturales. Así se ha mantenido a pesar de que durante la primera gestión del presidente Evo Morales (2006- 2011) se sugirió una mirada más integral en la forma en que se llevarían adelante las políticas de control de cultivos de coca.

En su momento, el director ejecutivo de UNODC, Antonio María Costa, expresó: “Bolivia es uno de los países más pobres del mundo. En mi encuentro con el presidente Morales, hace algunas semanas, quedé impresionado por el énfasis que puso en su compromiso para reducir la pobreza y la necesidad del desarrollo alternativo. La reducción sostenida de la oferta boliviana de coca debe ir de la mano con la reducción de la pobreza y la mejora de la infraestructura, salud y educación. Los campesinos necesitan alternativas viables y de largo plazo al cultivo de coca. La substitución de cultivos, sin una estrategia efectiva de desarrollo alternativo, no funcionará. Es por lo tanto responsabilidad de la comunidad internacional – particularmente de los países consumidores de cocaína – asistir en forma más generosa a Bolivia, ayudando a que sus campesinos logren opciones de vida sostenibles, y también proporcionarles mayor acceso a mercados, haciendo a los productos agrícolas y forestales más atractivos para ellos”. A pesar de estas declaraciones, no se incluyeron en el monitoreo de cultivos de coca ninguno de los aspectos mencionados ni abrieron tampoco nuevas posibilidades metodológicas o conceptuales para los informes.

Por otra parte, el trabajo de coordinación técnica entre el Gobierno de Bolivia y el Programa de UNODC que elabora actualmente el informe, denominado BOL/Z68 se realiza, a través del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDS SC) y su Dirección General de Defensa Social (DIGEDES) y del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) a través de su Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Hoja de Coca (DIGPROCOCA) para el reporte de erradicación/racionalización. El reporte de los datos sobre comercialización y valores de mercado se coordina con DIGEDES y, además, con la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN) del VCDI. Según observaciones previas, se ha podido identificar que el esquema institucional supone dificultades para la fluidez de los intercambios de información técnica, uno de los aspectos que obstaculiza el uso de la información de monitoreo para un análisis social y productivo integral de los territorios.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede inferir que el informe se presenta como un elemento de la Lucha contra el Narcotráfico / Guerra contra las Drogas, que prioriza el cumplimiento de los acuerdos internacionales en relación con la reducción de los cultivos de coca y no como un elemento del desarrollo integral sostenible de las áreas productoras. Este sesgo se evidencia cuando la información que se presenta no es utilizada para orientar las inversiones y esfuerzos que se realizan para promoción del desarrollo social, productivo y para la consolidación y formalización de una economía legal de la coca, según el mandato de la Ley N° 906.

Al respecto, el ex coordinador de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, Sabino Mendoza, expresa que “los informes de monitoreo de cultivos podrían ser utilizados de una mejor manera si se los aplicase desde una mirada de desarrollo integral y no sólo de reducción de cultivos”. El énfasis de los indicadores hacia la “lucha contra el narcotráfico” no ha servido para orientar políticas de desarrollo, en cuanto la información recolectada en los informes monitoreo no es compartida con FONADIN y no aporta a la planificación del Desarrollo Integral Sostenible de las áreas productoras de coca.

Se puede inferir, también, que la falta de intercambio de información y la inexistencia de una mirada de desarrollo en el informe dificulta la construcción de un modelo regulatorio para los mercados legales de coca que podría tener como base el Control Social o autocontrol comunitario; un sistema de regulación de mercado que podría incluir protocolos, estándares de calidad, promoción de mercados y otras acciones orientadas a fortalecer los canales legales de comercio de hoja de coca; promoviendo desarrollo económico y reduciendo los flujos de hoja de coca hacía los mercados ilegales.

También se considera relevante observar que, en el informe del año 2007 por ejemplo, presentado en la gestión 2008, se incluye la definición de racionalización; concepto que utiliza el gobierno boliviano para explicar un cambio en la política de erradicación forzosa que gira hacia una reducción concertada de cultivos de hoja coca según acuerdos y programación conjunta entre las instituciones del gobierno y las organizaciones de cultivadores; no obstante, no se utiliza como una variable de reporte en ninguno de los informes.

Por otra parte, desde una perspectiva de las convenciones e instrumentos del sistema global de fiscalización a la hoja de coca, llama la atención que en ninguno de los informes de monitoreo se hace referencia a la reserva que logró el Estado Boliviano el año 2013 respecto del acullico de hoja de coca frente a lo establecido en la Convención de 1961. Este es, después de todo, un aspecto importante referido a la hoja de coca que no se ha reconocido ni analizado en ninguno de los informes.

Al igual que en el caso colombiano, los informes son presentados a la opinión pública como un reflejo de los éxitos o fracasos de las políticas atados únicamente al número de cultivos erradicados y constituyen un elemento de validación de la eficacia de las políticas de control de la oferta. De esta forma, en ocasiones los informes fungen como argumento político de los sectores de la oposición para descalificar los esfuerzos del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), al que han tildado de “narco gobierno”.

En general, las percepciones en torno a los informes de monitoreo no se profundizan en tanto que no se ha desarrollado un debate estratégico y técnico en una perspectiva amplia de regulación de mercados para la hoja de coca legal y de fortalecimiento de mecanismos participativos para la estabilización de áreas de cultivo. En este sentido, se ha hecho reiterativo que autoridades de gobierno y opositores celebren o deploren las tendencias de cada año sin tener mayor explicación de las causas.

Los informes tampoco abordan el problema de los recultivos y/o replantes, ni un análisis cruzado con cultivos alternativos o complementarios para un análisis económico que permita considerar la realidad de las familias en la toma de decisiones y la ampliación de las superficies de cultivos de coca. Esta mirada simplificadora desde una sola variable parece fortalecer la estigmatización de las comunidades campesinas que tienden a ser entendidas desde la superficie de estos cultivos.

Otro aspecto importante es reflexionar es la viabilidad y potencial de análisis cruzados con los resultados del Estudio de Demanda Integral de la Hoja de Coca financiado por la Unión Europea, que no aparecen en los informes de monitoreo. Por el contrario, las evaluaciones del informe tienden más a revisar los resultados y el cumplimiento de los compromisos internacionales, por lo que muchas revisiones terminan en requerir equipos y recursos para realizar la erradicación o racionalización de cultivos de coca, como lo expresó del ex viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, quien solicitó a la comunidad internacional la cooperación en equipos, especialmente para el transporte de personal antidroga.²⁹

Este recuento de los informes en los tres casos de estudio – Perú, Colombia y Bolivia – así como los usos e impactos que ha tenido el SIMCI en el diseño de políticas de drogas en estos países hacen necesario plantear una serie de recomendaciones que vayan más allá de la mirada unidimensional de los informes, y la mera recolección de datos sin un análisis profundo de las causas y los factores estructurales de cada territorio.

Los informes deben incorporar una perspectiva de derechos humanos, que no solo dé cuenta de las violaciones de derechos humanos que suceden durante las jornadas de erradicación, pero también reconocer los daños para la salud y los ecosistemas producto de las aspersiones con herbicidas como el glifosato. Es altamente llamativo – por decir lo menos – que UNODC guarde silencio total sobre estos temas como si no fueran parte del problema que se vive en los territorios, ni un tema de su incumbencia.

Los informes deben dar cuenta de las políticas de Estado para los cultivos de uso ilícito de cada país, y evitar modelos unificadores. Para el caso colombiano, el Acuerdo de Paz de 2016, celebrado por el Secretario General de Naciones Unidas e incorporado en la Constitución Nacional, debería tener un seguimiento en materia de cumplimiento de los puntos asociados al tema, como el punto 4 del Acuerdo y el programa de sustitución de cultivos que surgió del mismo.³⁰

Los informes deberían hacer un seguimiento a la política que se deriva del mismo y no limitarse a verificar las erradicaciones manuales. Para el caso de Bolivia, es importante dar cuenta de las políticas de desarrollo alternativo con coca, que bajo el slogan “Coca sí, Cocaína no”, el gobierno se comprometió a promover una industria de productos a base de la hoja de coca,³¹ aunque con poco éxito, como una estrategia de reducción de cultivos para uso ilícito.

Los informes en la actualidad se limitan a reseñar el comportamiento de esos espacios en términos del número de hectáreas de cultivos de uso ilícito, y una mirada fría y exclusivamente estadística la hora de seguir e informar sobre lo que sucede en esos territorios. En cambio, el SIMCI debería dar cuenta de la especificidad de las políticas para las áreas especiales (áreas protegidas, resguardos indígenas y territorios afrodescendientes) así como enfoques diferenciados en términos de género y población.

Para comunidades indígenas y territorios afros se requiere introducir un capítulo étnico y dar cuenta de los obstáculos y las disparidades que existen en estas poblaciones. Reconocer sus usos tradicionales y el derecho a tal uso, tiene que estar reflejado en los informes. Para ello, los informes deberían recoger las voces de las comunidades, es decir, para no violentar su autonomía y no reducirlas a meros informantes de datos para calcular rendimientos. Se requiere, para esto, un abordaje desde la base en el que las comunidades sean partícipes de los procesos tanto de sustitución de cultivos, así como de los proyectos de desarrollo alternativo.

Debido a que los informes son el único instrumento de UNODC para el control de los cultivos de uso ilícito, estos no pueden ser usados como insumo para proyectos de desarrollo. Asumir el desarrollo alternativo o la sustitución de cultivos en términos de instrumento para reducir áreas de siembras para uso ilícito es un enfoque que limita los balances de los problemas ambientales y que ignora los factores estructurales que han llevado a ciertas poblaciones a depender de los cultivos ilícitos como único medio de subsistencia. De allí la necesidad de reconocer los problemas socioeconómicos subyacentes asociado al modelo agrario. Los seguimientos de UNODC deben privilegiar indicadores sociales clave como el ordenamiento territorial y ambiental, la solución de conflictos de uso del suelo, el acceso a educación, salud, condiciones de vías de acceso, mercados, acceso a crédito, balance de las políticas públicas para el sector agropecuario en las zonas dependientes de cultivos de uso ilícito, investigación técnica y mejoras en la calidad de vida. Seguir en una obsesión de cifras, como hasta ahora, alrededor de las alzas y bajas de las áreas de cultivos de uso ilícito, es un despropósito que muestra las serias limitaciones de la estrategia de reducción de la oferta.

Por último, es necesario recordar los compromisos en términos de desarrollo alternativo y enfoque integrado que se adoptaron en la declaración política de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU, UNGASS 1998,³² para la eliminación de los cultivos de uso ilícito, y de la cual surgió el sistema de monitoreo. Retornar al objetivo inicial de UNGASS y aplicar los compromisos allí expuestos es esencial no sólo para la reducción de la oferta sino para la salvaguarda de los ecosistemas y las poblaciones más vulnerables que han sufrido el peso del prohibicionismo y la guerra contra las drogas.

En 2018, 100 empresas transnacionales representaban el 60 por ciento del capital acumulado en la economía de los océanos. De esas 100 empresasⁱ, un sorprendente 86 por ciento se dedicaba a actividades de extracción de gas y petróleo mar adentro y transporte marítimo. Con el objetivo de recuperar los niveles anteriores a la pandemia, se prevé que las inversiones de gas y petróleo mar adentro alcanzarán los US$ 155.000 millones este año, más del doble de las inversiones previstas en energía eólica mar adentro de aquí a 2025ⁱⁱ. Otros sectores también se están expandiendo rápidamente. El turismo de cruceros ha tenido un fuerte repunte y ahora permite a sus clientes elegir entre clases de yoga en el Polo Norte o acampar en las dunas de Qatar.ⁱⁱⁱ La acuicultura, ahora la industria alimentaria de más rápido crecimiento en el mundo, se ha vuelto un blanco de inversión lucrativo para fondos y especuladores que comercian bonos verdes o invierten en programas de “financiación sostenible de la deuda”.^iv

Sin embargo, en cuanto a la dinámica de inversión agregada, la sala de mando de la economía mundial de los océanos sigue estando fuertemente controlada por los sectores de la energía fósil y el transporte marítimo.

Estadísticas económicas e informes recientes sobre la economía de los océanos han pintado un panorama sombrío sobre el auge de un pequeño número de empresas transnacionales en un espacio del que dependen 3.000 millones de personas para su subsistencia. Pero eso no es todo. Las principales transnacionales del mundo están consolidando progresivamente el poder empresarial, lo que supone un fuerte aumento de varios cuasi oligopolios. Justo antes de la pandemia, el sector del transporte de contenedores se consolidó en tres mega alianzas. Juntas, controlan alrededor del 80 por ciento del comercio mundial de contenedores.^v Incluso en un momento en que las cadenas de suministro mundiales han estado bajo constante presión desde 2020, –lo cual provocó que muchos anunciaran el fin de la globalización tal como la conocíamos– la principal empresa de logística danesa, Maersk, anunció las mayores ganancias de su historia en el primer trimestre de 2022.^vi Esto fue precedido por un año en que se registraron más fusiones y adquisiciones empresariales que nunca antes en el mundo,^vii

impulsadas por inyecciones de los bancos centrales y adquisiciones gubernamentales financiadas por la deuda. Huelga decir que un porcentaje cada vez más reducido de mega transnacionales controla una proporción cada vez mayor de la economía de los océanos.

Sin embargo, quizá resulte aún más preocupante la cuestión de la participación accionaria y las vinculaciones entre empresas. Un examen detallado revela que las 100 principales empresas transnacionales están profundamente interconectadas entre sí, y ocultan estructuras de propiedad detrás de una compleja red de empresas matrices y subsidiarias registradas en centros financieros extraterritoriales especializados en el sector.^viii Asimismo, BlackRock, Vanguard y State Street –tan solo tres de las cinco mayores gestoras de activos del mundo, todas con sede en los Estados Unidos– tenían el 24% de las acciones de estas empresas. ^ix BlackRock, la indiscutida número 1, recientemente sobrepasó el límite de 10 billones de dólares en activos que gestiona^x. En comparación, se calculó que el producto interno bruto de la eurozona en 2020 fue de 13 billones de dólares.^x Esta notable acumulación de derechos de accionistas y conocimientos privilegiados permite a estas empresas establecer las condiciones en las cuales funciona la economía de los océanos y su trayectoria futura. Su dirección actual puede deducirse de la propuesta sobre el clima que BlackRock presentó a sus accionistas en 2022, en la que especifica que la empresa utilizará el poder de voto de los accionistas autorizados para priorizar sus intereses financieros de largo plazo y, al hacerlo “apoyará proporcionalmente menos [propuestas sobre el clima] en este período de asamblea anual que en 2021, dado que no consideramos que estén en consonancia con el interés financiero de largo plazo de nuestros clientes”. ^xi

Imagen de eridelrivero de Pixabay

Las repercusiones políticas de esta concentración extraordinaria de propiedad y control del capital no puede pasar inadvertida, en un año en que la ministra de Cooperación Internacional de Noruega ^xii ha denominado el “Súper Año de los Océanos”, un término utilizado por el Foro Económico Mundial en 2021

en referencia a que este año se celebrarán varias cumbres internacionales y empresariales sobre diferentes variaciones del tema de una economía de los océanos sostenible y el 40° aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). En los últimos seis meses, ya se convocaron una serie de reuniones, entre las que se destacan la Cumbre Mundial del Océano de The Economist (evento virtual), la cumbre “Un Océano” en Brest y la cumbre “Nuestro Océano” en Palau. Como cabía esperar, un tema transversal ha sido la financiarización de la economía de los océanos y la expansión de las finanzas como una cura ostensible para los muchos males sociales y ecológicos del océano. La reciente Conferencia del Clube de Lisboa, por ejemplo, concluyó con las siguientes declaraciones reveladoras del Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Océanos:

             “…confiamos en que lo fondos comenzarán a fluir a la escala necesaria para permitir la transición mundial hacia una verdadera economía azul sostenible…el dinero habla, y si el Director Ejecutivo de BlackRock dice que hay que aprovechar la corriente cuando es favorable, el viaje a nuestro destino de una economía de valor cero neto parece aún más auspicioso” .^xiii (Peter Thomson, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Océanos.)

La siguiente en la lista es la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas que se celebrará en Lisboa del 27 de junio al 1° de julio. El borrador final de la declaración de los líderes negociada antes de la conferencia refuerza una incursión aún más profunda en la financiarización de los océanos, alentada por los diversos eventos previos organizados por empresas. Entre sus diversas promesas, los líderes se comprometen a:

“explorar, elaborar y promover soluciones financieras innovadoras para impulsar la transformación hacia economías sostenibles basadas en los océanos […], incluido a través de asociaciones entre el sector público y privado e instrumentos del mercado de capital, […] así como incorporar los valores del capital natural marino en la adopción de decisiones y abordar las barreras al acceso a financiación”.^xiv

Sin embargo, mientras los gobiernos utilizarán los diversos eventos paralelos de la reunión para entablar vínculos más fuertes con los sectores empresarial y bancario en un intento por “curar el mar”, a los movimientos sociales les preocupa la tendencia sin precedentes hacia el “acaparamiento de los océanos”.^xv Muchos temen que a la magnitud de este acaparamiento se sume la captura empresarial de los procesos de adopción de decisiones en el sistema de las Naciones Unidas. ^xvi

Es así que se plantea la pregunta de cómo la presencia abrumadora de las empresas y los intereses financieros en la Conferencia afectarán la adopción democrática de decisiones en la gobernanza mundial de los océanos. Es decir, ¿cómo podemos interpretar la gran participación de actores que están a la vanguardia del actual entusiasmo de los “inversores azules” con la frontera oceánica “sin explotar”? ¿Su liderazgo ayudará a resolver las urgentes crisis ecológica, nutricional y social? ¿O podría, en cambio, facilitar la intensificación de la apropiación de recursos, la explotación impulsada por el valor para los accionistas y una marginación de las poblaciones que dependen de los océanos para su subsistencia? Y, por último, pero no menos importante: ¿podemos esperar que la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas aborde estas preguntas e inquietudes de manera significativa y equitativa que implique algo más que una nueva ronda de promesas de “lavado azul”?

La preparación de la conferencia ha llevado años. El proceso comenzó con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo de 2019.^xvii La resolución establece las reglas del proceso preparatorio y la convocatoria de la conferencia, incluidas las oportunidades para que la sociedad civil pueda participar en la elaboración del programa de la conferencia. El Presidente de la Asamblea General creó una lista de actores no estatales que participarán en sesiones de planificación clave. Mientras que movimientos sociales y sindicatos son excluidos, empresas transnacionales, bancos, organizaciones conservacionistas y filantrópicas ocupan un lugar destacado en la lista.^xviii La resolución alienta además al “sector privado, las instituciones financieras, las fundaciones y otros donantes…a que apoyen los preparativos de la Conferencia mediante contribuciones voluntarias” como forma de cerrar la brecha de financiamiento para la Conferencia.^xix

En términos generales, la política excluyente que es parte del proceso es un testimonio de las limitaciones democráticas de la gobernanza de múltiples partes interesadas’^xx – un acontecimiento en la gobernanza mundial que los movimientos sociales han criticado desde hace tiempo porque destruye progresivamente los cimientos democráticos del sistema de las Naciones Unidas. En el período previo a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, más de 1.000 movimientos y ONG de todo el mundo firmaron una carta para denunciar la toma de control de la cumbre por parte de las empresas:

“La Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas no se basa en el legado de las Cumbres mundiales [de las Naciones Unidas] sobre la alimentación  anteriores, que dieron lugar a la creación de mecanismos de gobernanza alimentaria globales, innovadores, inclusivos y participativos basados en los derechos humanos…La próxima Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios es un ejemplo ilustrativo de cómo las plataformas impulsadas por las empresas, en estrecha cooperación con gobiernos afines y funcionarios de la ONU de alto nivel, tienen la intención de utilizar las Naciones Unidas para apoyar y legitimar una transformación de los sistemas alimentarios favorable a las empresas, mientras promueven al mismo tiempo, nuevas formas de gobernanza de múltiples partes interesadas para consolidar aún más la influencia corporativa en las instituciones públicas a nivel nacional y de la ONU”^xxi

Se prevé que la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas que se celebrará en Lisboa, al igual que su precursora en 2017, producirá un torrente de compromisos voluntarios. En la última conferencia se realizaron más de 1.400 compromisos, por lo que fue prácticamente imposible realizar un seguimiento coherente, y mucho menos independiente, de ellos. Se suponía que estos compromisos contribuirían al resultado del “beneficio triple” de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU, es decir, beneficioso para la economía, el medio ambiente y las personas. Un estudio de la División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sugiere que las promesas financieras suman un total de 25.000 millones de dólares para programas multianuales.^xxii Si bien inicialmente parece ser una gran suma de dinero, no es nada en comparación con la magnitud de las inversiones en proyectos tradicionales de “economía marrón de los océanos”, que mantienen el statu quo. Por ejemplo, ExxonMobile acaba de anunciar su objetivo de canalizar 10.000 millones de dólares en una única expedición de exploración en alta mar, frente a la costa de Guyana.^xxiii

No obstante, también hay razones de peso para dudar que quienes realicen promesas esta vez estén a la altura de estas nobles aspiraciones. El análisis de las Naciones Unidas reconoce que la naturaleza diversa de los compromisos plantea algunos desafíos para el seguimiento y la vigilancia, y que no hay mecanismos para garantizar que los compromisos no afectarán negativamente a otras iniciativas y partes interesadas, por ejemplo, las personas más vulnerables, o para asegurar la participación de grupos subrepresentados.^xxiv La idea de los compromisos voluntarios para lograr los objetivos de desarrollo sostenible no es nueva. Los “compromisos de múltiples partes interesadas” para el desarrollo sostenible se presentaron en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002 como un mecanismo para complementar los compromisos asumidos por los Estados Miembros de las Naciones Unidas.^xxv

Sin embargo, tras 20 años, aún no hay un instrumento que asegure que estos compromisos voluntarios contribuirán a la Agenda de Desarrollo Sostenible; el seguimiento sigue siendo un gran desafío; y si bien los montos totales comprometidos pueden parecer llamativos, siguen siendo insignificantes en comparación con los programas de inversión de las empresas transnacionales más grandes.

Gobiernos, líderes empresariales, organizaciones filantrópicas, ONG ambientalistas y otros se reunirán en Lisboa bajo la consigna de Aumentar la acción por el océano basada en la ciencia y la innovación para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14.^xxvi

Entre los temas que se discutirán figuran la pesca, la acuicultura, la compensación de las emisiones de carbono, las zonas marinas protegidas y la energía renovable. Sin embargo, el gran tema que no se menciona –el gas y el petróleo– y otros desarrollos que han enfrentado oposición, como la minería costera y en alta mar, quedaron relegados al programa de los eventos paralelos. Además, la participación de los movimientos sociales será marginal; muchas organizaciones de la sociedad civil de diversas partes del mundo han tenido dificultades para participar. Si bien los movimientos de pescadores han sido invitados, las profundas asimetrías de poder e información entre estas mayorías marginadas, en un extremo de la mesa, y los actores estatales y empresariales, en el otro, sugiere que su presencia servirá simplemente para cumplir el requisito de participación.

Global Justice Association tweet @GlobJustAssoc

Los movimientos sociales están entre la espada y la pared: tienen la opción de participar –y, al hacerlo, brindar legitimidad a la conferencia y a su carácter de espacio con múltiples partes interesadas– o boicotearla, oponerse o defender su posición desde “fuera”. Debido a las lealtades de los medios empresariales, esta última opción claramente acarrea el riesgo de que sean ignorados o dejados de lado por “no colaborar”. En este sentido resulta elocuente, por ejemplo, la cobertura fragmentada del Tribunal Internacional de los Pueblos sobre el Impacto de la Economía Azul, que tuvo lugar en 2020 en seis países del océano Índico.^xxvii

Esta serie de tribunales proporcionaron documentación detallada, incluidos testimonios de testigos, sobre los efectos devastadores del reciente expansionismo de la economía azul en las poblaciones costeras y los pescadores; temas que están prácticamente ausentes del proyecto de declaración de los líderes de la Conferencia de 2022.

En la Conferencia sobre los Océanos de 2017, los dos principales movimientos mundiales de pescadores –el Foro Mundial de Pueblos Pescadores y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca–, que representan a más de 100 organizaciones de pescadores y a 20 millones de personas que dependen del sector en todo el mundo, afirmaron que la trayectoria actual era un llamamiento claro al “acaparamiento de los océanos”, es decir, la captura por parte de actores poderosos de la adopción de decisiones fundamentales, incluido el poder de decidir cómo y para qué se utilizan, conservan y gestionan los recursos.^xxviii No obstante, decidieron no participar en la última conferencia, y resumieron el dilema en una declaración conjunta:

“En los últimos 25 años, se ha producido una transición progresiva del modelo de gobernanza basado en los derechos humanos, en el cual los Estados tenían obligaciones frente a los titulares de derechos humanos (es decir, la población), hacia un sistema poco definido basado en ‘asociaciones’ facilitado mediante diálogos de ‘múltiples partes interesadas’’^xxix

Las observaciones anteriores plantean una cuestión muy antigua que ahora se ha visto especialmente agravada: ¿cómo y quién debería gobernar los océanos? ¿Es función de las Naciones Unidas seguir procurando forjar asociaciones de ‘partes interesadas’ mediante compromisos voluntarios? ¿O deberían los Estados Miembros de las Naciones Unidas retirarse de la gobernanza de múltiples partes interesadas y volver a priorizar los acuerdos negociados entre Estados que reivindican los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos? Al intentar responder a estas preguntas, es importante tener en cuenta la distinción fundamental entre parte interesada o “titular de un interés” y titular de derechos. Lo primero significa un enfoque en el cual quien pueda afirmar que tiene un “interés” en el proceso podrá hablar en nombre de un grupo de múltiples partes interesadas. Mientras que los titulares de derechos son quienes consideran que la realización de sus derechos humanos está fundamentalmente vinculada a su derecho respecto del espacio y los recursos costeros y marinos, definido de manera social y consuetudinaria.^xxx Tomar en serio la situación piramidal y oligopólica de la economía mundial de los océanos implica necesariamente que el enfoque de gobernanza de múltiples partes interesadas adoptado en la conferencia de 2022 contribuirá a consolidar políticamente las desigualdades económicas en detrimento de los titulares de derechos que son marginados.

En lugar de que los jefes de Estado se reúnan para apoyar las propuestas del sector privado, la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas debería facilitar diálogos abiertos y transparentes que reconozcan adecuadamente a quienes pueden verse perjudicados como consecuencia de la concentración de poder en la economía de los océanos. Para empezar, esto podría implicar un regreso al espíritu de las negociaciones previas a la Convención sobre el Derecho del Mar en las décadas de 1970 y 1980, donde se lograron acuerdos entre Estados y alianzas estatales sobre un gran número de asuntos políticos, económicos y ecológicos, y donde la presencia de movimientos de liberación y observadores de la sociedad civil era más que el simple cumplimiento de un requisito. La negociación actual de un instrumento vinculante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional –el Tratado sobre la Diversidad Biológica en las Zonas Marinas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional– podría haber reavivado este espíritu. Sin embargo, más allá de poner al descubierto problemas de transparencia en su última reunión de marzo de 2022 –de la que se excluyó a los observadores– también ilustra otro problema: el de la fragmentación de la gobernanza de los océanos. ^xxxi

Nuevos procesos a menudo reemplazan a los acuerdos existentes, dividiendo el océano en un sinfín de dominios ecológicos y políticos que requieren una enormidad de recursos para su seguimiento y documentación.

El resultado es una arquitectura de gobernanza poco transparente que ofrece mayor espacio de maniobra a empresas transnacionales y grupos de múltiples partes interesadas técnicamente bien informados, mientras que no permite que las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales sigan el ritmo. Para algunos sectores, la opción más prudente sería fortalecer los acuerdos vigentes. En el contexto de la pesca, por ejemplo, la adopción de decisiones debería regresar al ámbito de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el órgano de las Naciones Unidas donde inicialmente se negociaron y aprobaron las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala. De hecho, los movimientos de pescadores han dicho que estas “directrices en sí mismas se basan en los principios básicos de las Naciones Unidas de justicia, respeto, derechos humanos, tolerancia y solidaridad y en las normas y principios internacionales de derechos humanos”. Los movimientos han reiterado la importancia de tomar en serio las Directrices, así como otros instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas:

‘Su elaboración [de las directrices] se parece a un proceso legítimo, democrático liderado a nivel nacional, y las propias directrices se basan en los principios básicos de las Naciones Unidas de justicia, respeto, derechos humanos, tolerancia y solidaridad, y en las normas y principios internacionales de derechos humanos. Expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a la gestión de la FAO en el proceso de elaboración de las Directrices de Pesca en Pequeña Escala’^xxxii

WORLD ECONOMIC FORUM/swiss-image.ch/Photo Michael Buholzer (CC BY-NC-SA 2.0)

Cada año, el control de la economía mundial de los océanos se está consolidando aún más en manos de menos empresas transnacionales e instituciones financieras, que son más grandes que nunca. Resulta evidente que la concentración de influencia económica provoca una centralización del control del espacio, la tecnología y la propiedad intelectual marítimos que profundiza las contradicciones económicas.^xxxiii

Tras decenios de fusiones y adquisiciones, el 60 por ciento de las actividades económicas ahora está en manos de apenas 100 empresas, mientras que los mayores ingresos se concentran en el sector del gas y el petróleo, seguido por el sector del transporte marítimo –incluidas las actividades portuarias–, el turismo, la pesca industrial y la energía eólica en alta mar. Las nuevas inversiones de gran escala en la economía de los océanos por parte de las empresas transnacionales de mayor valor, como Saudi Aramco, Petrobas o ExxonMobile, con el apoyo de los principales gestores de activos, se suman a la fuerte presión sobre los recursos y a la mayor competencia por el espacio marítimo. Es dentro de este proceso de reinversión del capital y acumulación centrada en los accionistas que los pescadores de pequeña escala, las poblaciones costeras y asalariadas son excluidas de la participación económica y la adopción de decisiones, y muchas pierden acceso a los espacios de los que depende para su subsistencia.

En un aparente desconocimiento de esta realidad económica, al invitar a las “partes interesadas”, la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas crea la ilusión de que ambas partes están en el mismo nivel. Mediante la adopción de un enfoque de múltiples partes interesadas, la conferencia intenta promover los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, alentando a los participantes a proclamar compromisos voluntarios. Sin embargo, mientras que la conferencia puede ser histórica en cuanto a los compromisos financieros, aún queda por verse si logrará cumplir el programa de los ODS de “no dejar a nadie atrás”. Teniendo en cuenta que aún no existe un mecanismo funcional para garantizar el cumplimiento de los compromisos y que el seguimiento sigue siendo un gran desafío, no parece muy probable que la próxima ronda de compromisos voluntarios contribuya a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y las necesidades económicas de la mayoría.

Cuando el Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Océanos este año elevó las expectativas para la Conferencia de Lisboa, al citar al Director Ejecutivo de BlackRock de que había que aprovechar la corriente cuando es favorable,^xxxiv también reafirmó la fe de la conferencia en la gobernanza de múltiples partes interesadas y los compromisos voluntarios. Sin embargo, más de 1.000 movimientos y ONG advirtieron sobre los peligros de esta trayectoria en una carta en la que condenaron una conferencia similar de las Naciones Unidas en 2021, en la que hacían referencia al impulso de las Naciones Unidas de “…una gobernanza de múltiples partes interesadas para consolidar aún más la influencia corporativa en las instituciones públicas a nivel nacional y de la ONU”.^xxxv

Para que la gobernanza de los océanos sea justa y transparente, el primer paso fundamental será reconocer los desequilibrios económicos de la economía mundial de los océanos y la consiguiente distribución del poder político. Asegurar que la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas no se convierta en otra oportunidad para el lavado azul dependerá, entonces, de que los líderes estatales y otros responsables de la adopción de decisiones resuelvan de manera urgente las deficiencias profundas del proceso político actual.

Este artículo se centra en el papel que ha desempeñado el programa de titulación de tierras del Estado colombiano como ayuda para que las comunidades sustituyan sus cultivos de drogas ilícitas por alternativas lícitas. La autora entrevistó a más de 80 campesinos de comunidades que en el pasado fueron productoras de coca, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño, y realizó 30 entrevistas a dirigentes del sector.

La violencia que acompaña a la erradicación forzada de cultivos de coca en Colombia es devastadora y costosa. Las fumigaciones aéreas con glifosato y los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados que procuran proteger el tráfico de drogas ilícitas tienen consecuencias desastrosas para todas las personas que conviven en sus comunidades con los cultivadores de coca. Y no existe evidencia de que esta opción económica y políticamente costosa siquiera funcione. La producción de cocaína sigue en auge en Colombia, a pesar de los esfuerzos por reducir la cantidad de plantaciones de coca y la superficie de tierra destinada a ese fin. En 2020, la producción de cocaína creció un 8 % en Colombia, aunque la superficie dedicada al cultivo de coca se redujo un 7 %.1

Por lo tanto, las autoridades políticas que insisten en que la solución más evidente para el comercio de drogas ilícitas es la reducción de la oferta de cultivos de coca deberían considerar darle más énfasis a una estrategia que no sea punitiva.

Colombia gasta alrededor de 1300 millones de pesos colombianos (unos 270 millones de dólares estadounidenses calculados con la tasa de cambio a la fecha) por año para incentivar a los agricultores a cambiar voluntariamente sus cultivos de drogas ilícitas por alternativas lícitas. El cálculo de esos costos es complejo porque existen diferentes estimaciones sobre el precio del glifosato y su eficacia, y algunas cifras oficiales incluyen los costos de seguridad asociados a los esfuerzos de erradicación.2 Sin embargo, esta parece una suma muy moderada cuando la comparamos con los 8000 millones de pesos gastados en el intento de erradicar por la fuerza estos cultivos ilícitos.

El argumento a favor de una mayor inversión en los programas de Desarrollo Alternativo sería más convincente si su porcentaje de éxito fuera más notable e indiscutible. Menos de la mitad de los esfuerzos de Colombia dirigidos a alentar a los agricultores a abandonar pacíficamente sus cultivos de coca han sido efectivos. Por ejemplo, entre 2006 y 2015, aproximadamente un tercio de la tierra utilizada para la producción de coca recibió algún tipo de inversión para alentar a los campesinos a pasarse a formas lícitas de agricultura. De esa superficie, solo cerca del 40 % se mantenía sin cultivos de coca tres años después. Aun así, en parte de esas tierras también se aplicaron programas de erradicación forzada, por lo que cuesta discernir si los incentivos positivos fueron el motivo de que no se volviera a sembrar coca en ese lapso de tres años.

Otro motivo por el que no se favorece el Desarrollo Alternativo y sí la guerra contra las drogas es que no es tarea sencilla hallar la mejor manera de motivar a los agricultores para que reemplacen voluntariamente sus cultivos de drogas ilícitas. Los subsidios a corto plazo mediante proyectos específicos pueden resultar atractivos en el ámbito local, pero sin inversión en infraestructura, acceso a los mercados y los servicios públicos no producen resultados duraderos. Algunos argumentan que inyectar dinero en comunidades pobres sin abordar problemas de desarrollo más amplios puede ser aún más problemático. Esto puede generar incentivos perversos para aquellos campesinos que procuran cumplir los requisitos para recibir los subsidios. Puede agriar la relación del Estado con los cultivadores considerados no aptos para los subsidios y, posiblemente, impulsarlos a cultivar coca en su lugar. Son pocos los agricultores preparados para renunciar a los altos rendimientos inmediatos que ofrecen los cultivos de coca, mientras esperan que inversiones a largo plazo en las tierras les brinden una salida realista del comercio ilícito.

Es cierto que las autoridades han recorrido un largo camino desde la concepción del Desarrollo Alternativo en la década de 1960, cuando se pagaba en efectivo a los campesinos de amapola en Tailandia. En el mejor de los casos, esta estrategia logró trasladar gradualmente la producción de opio a otros lugares, específicamente a Myanmar. En Colombia hubo varios intentos de introducir diseños de programas de Desarrollo Alternativo más avanzados que las simples transferencias de efectivo. Quizás los más conocidos sean el Programa Familias Guardabosques (que funcionó hasta 2013) y Proyectos Productivos (hasta 2016). Ambos fueron bien vistos, ya que combinaron programas de transferencias condicionadas de efectivo con inversiones en infraestructura y proyectos de capacitación. Pero dados los crecientes niveles de producción de coca en todo el país, el éxito de estos programas podría considerarse fugaz y en gran medida ineficaz a largo plazo.

De esta manera, las autoridades siguen buscando la mejor manera de apoyar a los agricultores de coca para que puedan construir medios de vida viables y duraderos en la agricultura lícita. Un enfoque relativamente novedoso para el Desarrollo Alternativo es el de otorgarles títulos de propiedad de la tierra a los cultivadores de drogas ilícitas. El mecanismo por el cual los títulos de propiedad evitarían que los productores cultiven coca en el futuro aún no se ha determinado. Sin embargo, es una política que se ha utilizado en Afganistán, Perú y Bolivia, y ahora en Colombia. Entre 2015 y 2018, Colombia invirtió 4,7 millones de dólares en el envío de equipos de abogados y topógrafos a comunidades productoras de coca en los departamentos de Antioquia, Cauca, Putumayo y Nariño, con el fin de medir las parcelas de los agricultores y actualizar o expedir sus documentos de registro de tierras. Hay incertidumbre sobre el impacto del programa Formalizar para Sustitutir en ese período, con unos estimados bajos de 1300 familias beneficiadas por la transferencia formal de la propiedad de la tierra, al igual que estimados altos de 7000 familias beneficiadas. En algunos lugares se trató de tierras clasificadas como baldíos, es decir, tierras de propiedad estatal en sitios remotos, que fueron privatizadas. En otros sitios, las tierras ya eran parcelas de propiedad privada que se fragmentaron y cambiaron de propiedad de manera informal, y gradualmente quedaron desfasadas del registro de propiedad.

La evidencia que indicaría que la titulación de tierras disuade a los agricultores de cultivar coca en Colombia no es concluyente. Un estudio realizado por Muñoz-Mora, Tobón y d’Anjou en 2018 halló una relación negativa entre los títulos de propiedad de la tierra y la superficie dedicada a la producción de coca en el país. Pero estos resultados se basan en una muestra de 192 municipios, que constituyen un 17 % del total de 1123 municipios a nivel nacional, donde el Estado de derecho y la presencia estatal era más fuerte porque allí se aplicaron políticas del Plan Colombia durante ese período y, por lo tanto, estuvieron más expuestos a la vigilancia y aplicación de la ley. La correlación entre los derechos de propiedad informal y la producción de drogas ilícitas en estos municipios no es muy informativa ya que aproximadamente el 65 % de las tierras rurales de Colombia son de propiedad informal.3 Y más del 40 % de los pequeños productores rurales, que generan el 70 % de la producción agrícola lícita de Colombia, no tienen títulos de propiedad de la tierra.4 Por lo tanto, es posible que este estudio sobrestime la importancia que tiene la titulación de las tierras para el éxito de la agricultura lícita.

Mi investigación se enfocó en una mejor comprensión, desde la perspectiva de los excultivadores de coca, del papel que tiene la titulación de tierras (si es que existe) para ayudarlos a pasarse a alternativas lícitas de la coca. A continuación, describiré la manera en que, primero, concebí una hipótesis del mecanismo por el cual los títulos de propiedad de la tierra podrían apoyar el Desarrollo Alternativo, y luego realicé una extensa investigación de campo para comprobar esa hipótesis. Después de presentar mis resultados, concluiré con algunas repercusiones para la política de Desarrollo Alternativo.

Formalizar Para Sustituir Office in Rosas, Cauca

De lo que sabemos sobre los derechos de propiedad y cómo influyen en los resultados económicos, deduje cuatro formas en las que la titulación de tierras podría, en teoría, apoyar el Desarrollo Alternativo. A continuación, brindaré un breve resumen de cada mecanismo teórico y explicaré cuál se sostiene como más probable.

Capacidad de transferencia de la tierra

Los títulos de propiedad pueden mejorar la capacidad de los campesinos para arrendar, vender y comprar tierras.5 Esto repercute  considerablemente en su capacidad de atraer inversiones.6 Y tener más posibles compradores dispuestos a pagar más por la tierra impulsa el mercado de las tierras.7 Todo esto coloca a los propietarios de tierras en una mejor posición para vender o arrendar sus parcelas, y para buscar mayores ganancias en otros lugares si así lo desean, y en última instancia, pone a la tierra en manos de quienes mejor pueden invertir en ella.8 La idea es que, con una mayor inversión en la tierra, las alternativas lícitas a la coca serán más rentables, lo que significa que los esfuerzos de Desarrollo Alternativo serán más efectivos.

Sin embargo, el problema con esta teoría es que pasa por alto otros factores que pueden afectar la capacidad de transferencia de la tierra, como la calidad de los terrenos y las normas sociales que impiden que las personas compren y vendan tierras. Estudios realizados en India y China concluyeron que, como sucede en muchos países en desarrollo, la tierra es el mayor bien que tienen los agricultores porque la valoran como un conjunto de activos: además de una fuente de ingresos también les brinda un hogar, seguridad alimentaria, una red social, estatus social y una pensión para toda la familia.9 Por ejemplo, cuando el Estado indio le ofreció a campesinos pobres de Singpur, un pueblo de Bengala Occidental, una fuerte suma de dinero por sus tierras (para construir allí una fábrica de automóviles), los agricultores se mostraron reacios a vender. Sentían que no estaban capacitados para otra cosa que la agricultura, y no tenían la seguridad de que gastarían con cautela la suma de dinero en cuestión. Su tierra era lo único que les daba garantía de subsistir.10 De esa manera, es esperable un comportamiento similar en otros países en desarrollo, como Colombia, donde la mayoría de los campesinos están capacitados exclusivamente para la agricultura. Por lo tanto, una mayor capacidad de transferencia de la tierra en comunidades que están en transición de cultivos ilícitos a lícitos no significa que los agricultores querrán vender sus tierras porque, sin el capital de sus parcelas rurales, estarían incapacitados.

Balboa, Cauca. Algunos excultivadores de coca logran trasladarse a zonas urbanas, como las de la foto, para encontrar trabajo alternativo como obreros de la construcción, cocineros, comerciantes o conductores de mototaxi.

Aumento del valor de la tierra

Los títulos de propiedad pueden aumentar el valor de la tierra, ya que incluye el valor de los recursos utilizados en la adquisición de los trámites legales. La propiedad jurídica de la tierra, por lo tanto, funciona como una herramienta de ahorro y brinda un seguro para la familia.11 Esto puede resultar en un cambio de conducta que agrega valor adicional a la tierra. En primer lugar, los agricultores pueden destinar más recursos a sus tierras. Cuantos menos recursos se gasten en proteger lo que es de uno, más se podrá invertir en sacarle ganancia. Un ejemplo clásico es cómo el alambre de púas aumentó en el siglo XIX la capacidad de los agricultores estadounidenses para proteger sus llanuras de la invasión de los acaparadores de tierras, lo que resultó en niveles de desarrollo económico más elevados.12 Y asegurarles a los inversionistas que su propiedad no será fácil de arrebatar ayuda a tranquilizarles que, si invierten en ella, no correrán el riesgo de perderlo todo. Por lo tanto, es posible que la introducción de los títulos de propiedad de la tierra ayude a los campesinos a operar en un entorno más pacífico, permitiéndoles prestar toda su atención a su empresa agrícola.

Además, los agricultores pueden invertir en más cultivos a largo plazo, lo que reduce su dependencia de la coca. En ocasiones este argumento se conoce como “seguro”.13 Los cultivadores con alta incertidumbre sobre su futuro acceso a la tierra, y que sienten el riesgo de ser desplazados por la fuerza, no tienen incentivos para invertir a largo plazo en riego, reforestación y cultivos perennes, como el cacao en grano, por ejemplo.14 Un estudio sobre derechos de propiedad e inversión en Ghana concluyó que, aunque los derechos sobre la tierra no eran significativos para las decisiones de inversión, están levemente asociados con la inversión en los cultivos a largo plazo.15 Lo mismo halló un estudio realizado en Brasil. En los lugares donde las invasiones de tierras eran más frecuentes también era menor la producción de cultivos a largo plazo.16 Por lo tanto, la titulación de tierras en un contexto donde antes se cultivaban drogas ilícitas podría alentar a los agricultores a comprometer más recursos a largo plazo, por ejemplo, plantando cultivos perennes en lugar de cultivos comerciales rápidos, como la coca.17

No obstante, aunque los exagricultores de coca tengan la opción de plantar cultivos a largo plazo para obtener mayores ganancias, este mecanismo teórico no abarca los diversos factores adicionales que llevan a los campesinos a buscar ganancias inmediatas y un ingreso constante con las plantaciones de coca, que pueden rendir hasta tres o cuatro cosechas al año.18

Mayor innovación agrícola

La titulación podría aumentar la libertad que tienen los agricultores para elegir el uso que le dan a sus tierras.19 Es posible que esto signifique que los campesinos que se ven obligados a cultivar coca consideran que la ley respalda sus derechos sobre la tierra si optan por no participar en el comercio ilícito. Si los títulos permiten a los propietarios utilizar sus tierras más libremente, pueden hacer que sus parcelas sean más productivas y, por lo tanto, más fáciles de transferir de la producción de drogas a la agricultura lícita. El título de propiedad podría tranquilizar a los agricultores que podrían haber sentido temor de hacer un uso lícito de sus tierras porque se sintieron obligados a cultivar coca por parte de grupos fuera de la ley, ya que implica que no les pueden quitar sus tierras en el caso de que opten por plantar cultivos lícitos.

Sin embargo, esta teoría supone que la innovación genera formas más rentables del uso de la tierra. A veces, se requiere acción colectiva para mejorar el desempeño económico.20 En otras palabras, las personas quizá deban ponerse de acuerdo sobre cómo usar la tierra para que todos puedan cosechar los beneficios de una mayor productividad. Entonces, si la libertad para innovar significa que la tierra no se use de manera homogénea, puede limitar una mayor productividad de la misma. Los agricultores podrían estar mejor si no trabajaran independientemente unos de otros, debido a las posibles economías de escala en el uso de la tierra. Más concretamente, muchos campesinos no están obligados a plantar coca pero eligen el cultivo porque comercialmente tiene más sentido. Según la UNODC, solo cerca del 2 % de los cultivadores de coca trabajan bajo coacción, dado que la mayoría se dedica al negocio ilícito exclusivamente con fines de lucro.21

Terreno montañoso aislado con cultivos de coca en Nariño.

Presunción de una mayor seguridad en la tenencia de la tierra

Los tres mecanismos anteriores presuponen que el título de propiedad de alguna manera brinda una mayor seguridad en la tenencia de la tierra. Abundan las investigaciones académicas que correlacionan la tenencia segura de la tierra rural con una mayor productividad económica.22 Sin embargo, trazar un vínculo entre la titulación y una mayor seguridad de la tierra es problemático por tres motivos. En primer lugar, la titulación no siempre aumenta la seguridad de la tierra en la práctica. Hay un sinfín de ejemplos de sistemas informales de derechos de propiedad que se aplican mediante normas sociales e igual de bien, si no mejor, que mediante la ley.

En segundo lugar, la evidencia que relaciona la seguridad de la tierra con una mayor inversión en esta es irregular. Algunos estudios sugieren una posible causalidad inversa entre seguridad de la tenencia de la tierra e inversión porque la inversión puede fortalecer a esta última.23 Medir la seguridad de la tenencia de la tierra también es difícil por razones metodológicas. Y gran parte de la investigación sobre la relación causal entre la seguridad de la tenencia de la tierra y la inversión se ha concentrado en África, donde el sistema de derechos de propiedad suele ser comunal, con circunstancias muy específicas. Por lo tanto, la evidencia que relaciona una mayor seguridad de la tenencia con una mayor productividad de la tierra sigue en discusión.

En tercer lugar, y quizás lo más importante para este estudio, la seguridad de la tenencia de la tierra ya existe en muchas de las comunidades que cultivan coca. Esto significa que, además de las debilidades específicas analizadas, los tres mecanismos anteriores tampoco se sostienen como mecanismos teóricos válidos sobre cómo los títulos de propiedad pueden apoyar el Desarrollo Alternativo porque dan por supuesto que los títulos de propiedad aumentan la seguridad de la tenencia de la tierra.

Mayor acceso al crédito

Existe un último mecanismo que no presupone que la titulación implique mayor seguridad en la tenencia de la tierra. Esta teoría señala que los títulos de propiedad permiten a los agricultores usar sus tierras como garantía y, por lo tanto, acceder a préstamos comerciales del sistema bancario legal, lo que a su vez les ayuda a invertir en sus tierras y obtener mayores ganancias con alternativas lícitas a la coca. Esta es una extensión del famoso argumento del economista Hernando de Soto, que la titulación de la tierra aumenta el acceso de los propietarios al crédito porque permite a las personas usar sus tierras como garantía para solicitar préstamos bancarios. De Soto argumenta que, si los países son pobres, es porque carecen de las instituciones necesarias – a saber, los derechos formales de propiedad – para desbloquear el capital y el potencial económico de los bienes. En sus palabras, “es la propiedad formal la que proporciona el proceso, las formas y las reglas que fijan las posesiones en condiciones que nos permitan realizarlas como capital activo”.24 Por lógica, con un título de propiedad, los agricultores pueden usar la tierra como garantía para acceder a préstamos. Y estos proporcionan a los campesinos el capital necesario para invertir en sus tierras o emprender un negocio lícito del que sacar provecho. Como sucede con los tres mecanismos anteriores, se da por hecho que, si la inversión es rentable, los agricultores dependerán menos de la producción de coca para ganarse la vida.

El inconveniente de este mecanismo es que presupone que, con una mayor inversión en alternativas lícitas a la coca, las tierras de los agricultores generarán sin duda mayores ganancias que las que rinden los cultivos de coca. No obstante, esta fue la explicación más popular y recurrente utilizada por las diversas autoridades que entrevisté, que mostraban su entusiasmo por el uso de la titulación de tierras para el Desarrollo Alternativo.

Tres resultados clave se destacan en esta investigación. En primer lugar, los títulos de propiedad tienen un valor simbólico considerable para los agricultores, pero no son esenciales para acceder a préstamos con el fin de invertir en usos lícitos alternativos de sus tierras. En segundo lugar, relativamente pocos cultivadores pretendían tener títulos de propiedad para obtener créditos, y muchos de quienes obtuvieron préstamos oficiales utilizando sus tierras como garantía no los emplearon para invertir en las mismas. En tercer lugar, en varios casos en que los campesinos accedieron al crédito con el uso de sus títulos de propiedad, eso no redujo la dependencia que tenían de los ingresos de los cultivos de coca y, aunque parezca contradictorio, algunos de ellos saldaron sus préstamos con las ganancias obtenidas con los cultivos de coca en otros lugares. Veamos cada uno de estos resultados con mayor detalle.

Querer un título no es lo mismo que necesitarlo

Hubo muy poca resistencia a la titulación de las tierras en estas zonas. Cuando se les preguntó si querían un título de propiedad, la mayoría de los entrevistados dijo que sí. El principal motivo aludido fue la “tranquilidad” y que “ahora nadie se la puede quitar”. Asociaron los títulos de propiedad con la garantía de que sus herederos serían propietarios de sus tierras sin problemas. El deseo de titulación de las tierras también surge de la satisfacción de poder transformar su relación con el Estado. Los agricultores, que en el pasado percibían al Estado como su enemigo, querían sentir que ahora estaría de su lado y que los respaldaría. Y los títulos de propiedad de la tierra parecían cada vez más solicitados por temor de perderse algo importante. A medida que más personas solicitaban títulos de propiedad, más personas sin título sentían la necesidad de obtener uno.

Esto no sorprende. No hace falta ser una persona entendida en la materia para apreciar que, en un contexto de conflicto histórico por las reformas agrarias, los títulos de propiedad se han convertido en un símbolo de justicia. Simbolizan la reparación por parte del Estado de los daños a los campesinos sin tierra, que durante décadas han tratado de ganarse la vida sin apoyo estatal y muchas veces han recurrido a las FARC, entre otros grupos armados, para presionar al Estado para que redistribuya la tierra de manera más equitativa. Los títulos de propiedad atraen la presencia del Estado e indican el fin del conflicto. Y los títulos en zonas antes controladas por las FARC invitan a la gente a adherir al Estado de derecho.

Pero querer, o incluso merecer, un título no es lo mismo que necesitarlo para acceder a un préstamo. Los agricultores aún no percibían los títulos de propiedad de la tierra como esenciales para pedir dinero prestado. Existían numerosas fuentes de crédito disponibles para los agricultores que carecían de títulos de propiedad. Además de las empresas de crédito privadas (p. ej., Contactar), organizaciones benéficas (p. ej., Fundación Mundo Mujer) y asociaciones agrícolas prestan dinero a los agricultores para invertir en sus tierras. Quizás lo más sorprendente es que incluso el Banco Agrario de Colombia otorgó pequeños créditos a agricultores con una posesión informal de la tierra. En general, existía la sensación de que la titulación de tierras en sí misma generaba una nueva cultura en que los bancos solicitaban los títulos de propiedad como requisito previo para las solicitudes de préstamos.

Sin lugar a dudas, los agricultores de Cauca, Nariño y Putumayo consideraron que los títulos de propiedad de la tierra eran esenciales ahora para acceder a préstamos bancarios mayores de los que podrían obtener como propietarios informales de tierras, como explicó este agricultor: “[antes de tener titulo] saque un crédito [de doce millones de pesos] al Banco Agrario, saque un crédito en el cual, con ese crédito me puse a sembrar pimienta… el Banco Agrario, si tú tienes ehhh, solo una compraventa no te presta más de doce millones de pesos, y si ya tú tienes formalizada ya tu tierra, tienes un título y tienes  una escritura… puedes hipotecar tu tierra te prestan más…[con un titulo] a mí me pueden prestar hasta cincuenta millones” (Pedro, 42 años).

Activos de la tierra no considerados aptos como garantía ni para grandes inversiones

Pero los agricultores no querían pedir préstamos mayores solo porque podían. Aproximadamente la mitad de los campesinos que entrevisté no tenían la intención de pedir crédito una vez que obtuvieran el título de propiedad de la tierra. Consideraban que ser aptos para obtener préstamos mayores ya era un fin en sí mismo, y la posesión del título de propiedad de alguna manera facilitaría la venta de la tierra si en el futuro quisieran vender. Pero en su mayoría no tenían interés en solicitar mayores préstamos bancarios, como lo describió Arturo. A aquel agricultor de 55 años, le ofrecieron un título de propiedad gratis, como a muchos otros de su zona. Dijo que nunca tuvo problemas relacionados con la tierra ni tuvo que defender su derecho a la tierra ante vecinos u otras personas. Pero se alegró de conseguir el título, aunque todavía le debía dinero al propietario, que también vivia en la zona. Arturo sentía que el título le ayudaba a acceder al crédito, pero sin embargo aun no habia querido conseguir un préstamo porque preferiría no entrar en deuda.

Tierra árida en una vereda de Mercaderes, Cauca

Los agricultores eran reacios a contraer deudas a largo plazo, por distintos motivos. A veces vivían en tierras menos fértiles y no tenían la seguridad de poder convertir los préstamos en ganancias, como una entrevistada me lo contó. Ella vivía en tal incertidumbre con respecto al empleo y el agua que sentia que no podía darse el lujo de sacar un crédito. Todo ingreso que tenía se destinaba a la educación de sus hijos. Me contaba, “No [he sacado un crédito] porque es muy duro para uno sacar un crédito, yo le temo, las deudas no me gustan. Uno a veces se mira a gatas con la situación, que a veces el marido tiene trabajo a veces no tiene, entonces y uno con hijos estudiando tiene que estar, cualquier pesito corra….Mmm, yo tengo tres hijos entonces me queda duro” (Mirta M, 42 años). A veces, los campesinos eran mayores y, por lo tanto, menos dispuestos a correr el riesgo de tener que saldar un préstamo dada su menor esperanza de vida. En algunos casos tuvieron malas experiencias con usureros y prestamistas informales y preferían evitar endeudarse. Y algunos temían que si usaban como garantía su tierra, a menudo su única posesión, se la quitaran, como fue la experiencia de otro agricultor. Sabalon, 60 años, se endeudó mucho porque usó gran parte de su crédito para pagar su atención médica y para la educación universitaria de sus hijas. Ahora ellas viven en Pasto, una es contadora y la otra empresaria, pero está desempleada. Y el año anterior, Sabalon había tenido que vender su terreno para pagar las deudas.

Hubo una revelación interesante sobre la otra mitad que sí quería tener títulos de propiedad para conseguir préstamos mayores. Estos tendían a estar en una buena posición para invertir en cosas que no fueran para su consumo inmediato. Habían acumulado mejores y mayores posesiones de tierra, a menudo con ahorros obtenidos de la época en que cultivaban coca. O vivían en lugares bien adaptados a las alternativas lícitas a la coca, entre ellos sitios próximos a infraestructura vial, o en zonas aptas.

Vivienda de un acaudalado exagricultor de coca en Putumayo.

Por ejemplo, en Esperanzas del Mayo, Mercaderes, los agricultores tenían acceso a suelo seco y estaban cerca de la carretera, por lo que tenían la certeza de que los préstamos les ayudarían a cultivar limoneros rentables. En Linares, Nariño, donde anteriormente hubo una gran inversión en máquinas fresadoras, los cultivadores cercanos a la carretera querían préstamos para plantar caña de azúcar. En Santiago de la Selva, donde hubo inversión privada en infraestructura de transporte y almacenamiento, todos los campesinos tenían interés en comprar vacas lecheras con sus préstamos y creían que eso les permitiría ganarse la vida.

En otros sitios, como Balboa, en Cauca, y Los Andes, en Nariño, los agricultores esperaban que los préstamos les dieran la rentabilidad necesaria a sus plantaciones de café para poder subsistir, pero algunos todavía albergaban dudas, como señaló Fernando, un campesino de 48 años. El contaba que en su vereda, la producción de café era costosa. Decía que es “muy duro para sembrar café porque… primero que todo los abonos son muy caros para sembrar café, en este momento un bultico de abono vale 110, 120, [unos 34,50 dólares] más que una arrobita de café vale $70.000 pesos [unos 22 dólares], entonces para uno comprarse dos bultos de abono tiene que meterlo casi lo de tres arrobas de café, entonces por eso pues, yo tenía la tierrita y la vendí, la herencia que mi papá me dejó y yo cogí y vendí un poco hace poquito para yo trabajar así, tengo por acá abajo una cafeterita y otra para arriba…más alto, pero poquitos, tengo por ahi unos 2000 palitos no más”. Asi que Fernando sacó un préstamo y tuvo que vender algunas parcelas de tierra porque el precio del café es demasiado bajo para pagar los insumos de producción. Contaba que estaba perdiendo el ánimo como productor de café y si el precio del café no subía, tendría que encontrar otra forma de pagar el préstamo, probablemente con insumos de hoja de coca. “Digamos en este momento una arroba de coca puede valer $15.000, hay pelaos que se cogen 15, 20 arrobas [al dia], entonces dicen no, pues quien se pone así a ganar, pues por aquí vale un día $15.000, $18.000 pesos … pues cuando café si se camella”.

Sin embargo, numerosos agricultores tenían una serie de prioridades muy distintas sobre la manera de gastar el dinero. Cerca de dos tercios de quienes sí habían sacado créditos oficiales usando su tierra como garantía, o que tenían la intención de hacerlo, no querían el préstamo para invertir en su tierra. En cambio, pretendían gastar ese dinero en mejoras de la casa, alimentos, atención médica o la educación de sus hijos. En algunos casos trágicos, los campesinos optaron por invertir sus ingresos disponibles, así como los préstamos, en pirámides financieras fraudulentas.

Ahora bien, esto plantea una presunción clave que albergamos sobre el uso de la titulación de tierras para facilitar el Desarrollo Alternativo. La agricultura no siempre es considerada la forma de inversión más productiva en algunas de estas comunidades productoras de coca en el pasado. Los agricultores identificaron muchos motivos. Los más evidentes son las macrobarreras a las formas alternativas de comercio y agricultura, entre ellas la ubicación geográfica remota y la infraestructura marginal. El clima y la calidad del suelo son considerados inadecuados para las alternativas lícitas. En parte, los campesinos lo explican por los cambios climáticos, por la erosión resultante de la producción intensiva de coca y la fumigación con glifosato. De hecho, el efecto de los aditivos y tensoactivos en el suelo está bien documentado.26 La mayoría de estos campesinos poseían menos de dos hectáreas de tierra que labraron para cultivar coca pero no para competir con la agroindustria.27

Una persona camina por un camino de tierra en una vereda de Putumayo donde se cultivó coca en el pasado.

Los agricultores también se quejaron de que los costos de producción de todo lo que no fuera agricultura de subsistencia eran demasiado altos. Esto se debe en parte al incremento del costo de los alimentos y de los jornaleros, y a una mayor necesidad de pesticidas para fertilizar la tierra. Según los entrevistados, muchas personas abandonaron el campo y se mudaron a zonas urbanas desde la época de bonanza de la coca, por lo que había menos agricultores en la vuelta. Un dato interesante que surgió de las entrevistas fue cuánto más pequeñas se habían vuelto las familias en apenas una generación, lo que posiblemente se sumó a una mayor demanda de jornaleros para ayudar a trabajar la tierra. Y, por último, los campesinos hablaron de factores de riesgo de inversión comunes, como la incertidumbre en los precios de los cultivos, el efecto del contrabando de productos agrícolas y problemas de salud, como forma de explicar por qué era mal negocio invertir préstamos en sus tierras.

Por lo tanto, para aquellos que carecen de otra cosa que la agricultura de subsistencia como alternativa más realista a la plantación de coca, no tiene sentido invertir en la tierra con un préstamo. En lugar de liberar dinero para que los cultivadores de coca prosperen como agricultores de alternativas lícitas, los créditos otorgados en base a la titulación pueden usarse para el consumo. Y, de manera alarmante, en lugar de aumentar los ingresos de los agricultores, pueden exponerlos a una deuda que algunos no podrán pagar.

Dependencia constante de los cultivos de drogas

Este punto me lleva al último resultado: es posible que los títulos de propiedad de la tierra no reduzcan la dependencia que tienen los agricultores de los ingresos derivados de la coca y, en el peor de los casos, pueden contribuir a perpetuarla. Para conseguir dinero rápido y fácil, la coca sigue siendo la opción preferida por muchos. Como se mencionó anteriormente, los campesinos sienten aversión a la deuda por numerosos motivos. Y la hoja de coca es una forma rápida de complementar sus ingresos, pagar la educación de sus hijos o saldar sus deudas. Así, algunos cultivadores, incluso con títulos de propiedad, expresaron abiertamente su decisión, o intención, de volver a la producción de drogas ilícitas. Un agricultor y padre de dos niños me dijo que las oportunidades agrícolas cerca a su casa son escasas y como jornalero, le pagan de 15 mil a 20 mil pesos [de 4,8 a 6,3 dólares] diarios, mientras que como raspachín gana entre 100 mil y 120 mil pesos [de 31,8 a 38,2 dólares] por día. Y aún con cultivos propios, dijo: “Lo que me da la caña me dejará por ahi, por ahi unos 300 [mil pesos] mensuales me dará ¿no? Por unos 6 meses porque ahí pa allá después de que usted corte tiene que esperar un año para que eso se levante pa volverlo a hacer el proceso y entonces por eso me toca ir por allá [a rapar coca]….Cada 15, vengo estoy una semana y me voy otra vez [a raspar coca]… Porque mis gastos son, así y eso que uno es pobre sinceramente y uno se gasta 800 [mil pesos] mensuales, y eso no me los voy a ganar, si lo que yo tengo [café y caña de azúcar] no me da nada, me daba algo muy poco. Entonces yo tengo que irme por allá….la gente del campo va por allá [a raspar coca] por necesidad, no por nada más”. Me explicó que producir una arroba de panela cuesta 17 mil pesos [unos 5,4 dólares] y se vende a 35 mil pesos [11 dólares] y lleva todo un año procesar esa arroba, por lo que no vale la pena el esfuerzo cuando “la coca le digo que se da en un montón de piedras” (Meregildo, 38 años).

Sin las plantaciones de coca, a algunos agricultores no les alcanzaba para ganarse la vida solo con la tierra, por lo que complementaban su nueva ocupación lícita en la zona con ganancias obtenidas de la coca en otros lugares. Hortencia, 45 años, agricultora y madre cabeza de familia, me comentó que los cultivos de coca continúan siendo su principal fuente de ingresos. Se gasta alrededor de 50 000 pesos [unos 16 dólares] por semana. Y aunque solía tener un empleo en un restaurante local, cuando su vereda abandonó la producción de coca, el negocio también quebró. Entonces, decidió intentar vender yogur localmente, pero no da abasto y su fuente principal de ingreso desde entonces ha sido trabajando como raspachina.

Los cultivadores que decidieron reanudar su trabajo con la coca lo hacían labrando sus propias plantaciones en otro lugar o trabajando como raspachines. Al cultivar la coca lejos de sus hogares protegían sus cultivos alimentarios de posibles fumigaciones aéreas con glifosato y reducían el riesgo de que la violencia derivada de los grupos armados se acercara a sus hogares. Trabajar como raspachines implicaba una ocupación de menor riesgo económico porque ofrecía un salario diario y no requería inversión, pero también pagaba menos dinero, era un trabajo más arduo e implicaba traslados arriesgados.

A menudo, los más jóvenes preferían la última opción, como confirmó  Carmen, 43 años. Esta campesina me cuentó que los que se quedan en la vereda sienten una fuerte tentación de volver a sembrar coca, y unas cinco o seis personas que ella conoce, ya lo hacen. Según Carmen, cerca de 20 jóvenes siguen trabajando como raspachines y empleadas domésticas en empleos temporales. Uno de sus hijos sacó algunos préstamos y tiene un pequeño cibercafé. El otro trabaja en un supermercado. Cada dos o tres meses van a recolectar coca para ganar algo de dinero extra y pagar los préstamos. Me cuentó que no siempre es la gente de su vereda la que sale a buscar trabajo como cocaleros sino que hay personas que vienen en busca de trabajadores para sus plantaciones de coca.

Zonas remotas de Nariño donde los agricultores cultivan coca lejos de sus hogares.

Se ha calculado que el 0,6 % de los agricultores que reciben subsidios con fines de Desarrollo Alternativo retoman su trabajo con la coca.28 Yo sugeriría que esta cifra subestima el número de campesinos dedicados a esa tarea, ya que se recaba de quienes son “atrapados” trabajando con cultivos ilícitos, y no de quienes consideran volver a cultivar coca o que no son “atrapados” haciéndolo.

El punto es que una fracción de los agricultores que entrevisté admitieron que habían saldado sus préstamos basados en títulos de propiedad con los ingresos de la coca, como se reconoció expresamente Hipólito, 72 años. Me relató que el INCORA [antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria] hacia muchos anos le había ofrecido un título de propiedad con el que pudo acceder a un préstamo del Banco Mundial para comprar 14 cabezas de ganado vacuno y un toro. Dijo que era lo único para lo que prestaban dinero. Pero luego comenzó a sembrar coca en tres hectáreas de su tierra y con eso paguó el préstamo rápidamente. 

Como se analizó anteriormente, el propósito de los títulos de propiedad para el Desarrollo Alternativo es ofrecer a los agricultores acceso a préstamos mayores para que puedan prosperar con sustitutos lícitos de la coca en sus tierras. Pero a veces los créditos no funcionan según lo previsto. Por lo tanto, no debería sorprender que, si los campesinos a quienes les ofrecen títulos de propiedad los usan para sacar préstamos mayores y aun así no prosperan en sus inversiones, simplemente acumularán mayores deudas. A los agricultores en esta situación les esperan dos resultados. O se declaran en bancarrota o buscan una ocupación más rentable para saldar sus préstamos. Para muchos, la segunda opción implica retomar su trabajo cultivando coca en otros lugares.

¿Por qué es importante esta investigación? A nivel práctico, este estudio presenta una falla en la lógica de la titulación de tierras para el Desarrollo Alternativo. No hay atajos hacia el desarrollo. Los títulos de propiedad de la tierra no reempl4) Iemand die met zichzelf ingenomen iazan la inversión a largo plazo en la infraestructura local de las zonas donde la coca es el cultivo más rentable. Este punto se planteó en otros estudios que argumentan que la elegibilidad para los préstamos bancarios no supera las barreras estructurales del desarrollo económico.29

Terreno en Putumayo donde antes se cultivaba coca y donde persisten importantes barreras para que los campesinos accedan al mercado.

En un nivel más teórico, este estudio plantea interrogantes sobre el argumento de De Soto referido a que los derechos de propiedad formales y, en consecuencia, la economía formal, son una panacea para la pobreza. Por un lado, los derechos de propiedad informales son muy eficaces para el crecimiento de la economía local.30 Por otro lado, la deuda formal no elimina la pobreza. Este estudio destaca lo problemático que es basar una política en esa idea. La mercantilización de la tierra para cumplir con la economía crediticia y el intento de superar la pobreza mediante préstamos privados implican que los agricultores, en lugar del Estado, asuman el costo de la tierra improductiva. Los subsidios estatales destinados al medio rural o los programas de macroinversión pueden ser una forma más estratégica de distribuir ese costo de manera más equitativa.

Podría decirse que, en el contexto de las zonas rurales desfavorecidas de Colombia, donde es habitual que los campesinos recurran al crédito para mantenerse entre cosecha y cosecha, poner a su disposición mayores préstamos bancarios mediante títulos de propiedad incluso podría favorecer los intereses de los prestamistas hipotecarios en lugar de los prestatarios, como ha sugerido Bromley (2008) en otros contextos. La medida en que los bancos pueden beneficiarse con los cultivos de coca es un ámbito que requiere más investigación. Como ha demostrado este estudio, algunos agricultores eligen saldar sus préstamos de esa manera.

Mis observaciones arrojan luz sobre la situación de los cultivadores de coca que vivían en veredas donde los agricultores no se vieron obligados a comenzar a cultivar coca (o a continuar haciéndolo) por parte de grupos fuera de la ley, y donde la titulación de tierras se había ofrecido específicamente como un incentivo de Desarrollo Alternativo. Como toda investigación cualitativa, toda generalización a partir de las observaciones que aquí se presentan corresponde a quien lee.31 Este estudio no se propuso ser estadísticamente representativo, porque una investigación con un grupo reducido de participantes nunca puede serlo.32 Mi investigación no representa a los municipios en su conjunto y evidentemente no puede generalizarse para representar la experiencia de las comunidades afrodescendientes e indígenas de Colombia, que tienen sistemas de derechos de propiedad comunal.

Pero este estudio revela que el valor de los títulos de propiedad de la tierra puede ser más simbólico que financiero. Solo alrededor de la mitad de los agricultores entrevistados querían un título para acceder a préstamos mayores, y solo algunos de ellos pudieron convertirlo en ganancia. Contrario a la lógica, la titulación de la tierra no se excluye mutuamente con la participación de los agricultores en el tráfico de drogas ilícitas. Esto demuestra que en algunas zonas de Colombia, poseer título de propiedad y acceder a préstamos mayores no cambia las reglas del juego para los cultivadores de coca.

¿Cuáles son las repercusiones de este estudio para las autoridades políticas? En un país donde los agricultores rurales han exigido, durante décadas, una forma más igualitaria de distribución de la tierra, la concesión de la propiedad formal por parte del Estado a los campesinos sin tierra es sin duda un triunfo. Sería una ceguera política descartar de plano la titulación de tierras por el inmenso valor simbólico que posee. Sin embargo, la titulación no resuelve la producción de drogas ilícitas y, lo que es más, corre el riesgo de contribuir al “efecto globo” de la producción de esas drogas. Difundir los conocimientos técnicos sobre el cultivo de coca en lugares nuevos e intensificarlos en otros puede exacerbar el problema a largo plazo. En sitios vulnerables, puede dificultar que los agricultores abandonen el cultivo de la hoja de coca.

Si el objetivo de la titulación de tierras es estimular el Desarrollo Alternativo, entonces se necesita una estrategia más refinada. Un paso sensato en este sentido podría ser que las autoridades eviten exagerar la importancia que tienen los préstamos en sus esfuerzos por despertar el interés de los agricultores de coca en solicitar los títulos de propiedad. Alentar a los agricultores a obtener créditos siendo improbable que estos mejoren la productividad de sus tierras solo frustrará sus esperanzas y minará la credibilidad de los programas de Desarrollo Alternativo. Esta es una lección que hemos aprendido de los programas de microfinanzas en África.33 Las autoridades que tengan interés en continuar con la titulación de tierras para el Desarrollo Alternativo, quizás consideren dejarles en claro a los agricultores con títulos de propiedad que no se les quitarán sus tierras si no logran hacer ganancias. Esto ayudaría a reducir la presión sobre los campesinos para sumarse al comercio de drogas ilícitas en otros sitios con el fin de saldar sus deudas.

En 2020 recordamos el décimo aniversario de las protestas multitudinarias que tuvieron lugar en Alejandría (Egipto) en junio de 2010, contra el asesinato del joven egipcio Khaled Mohamed Saeed¹ en manos de la policía, y el comienzo de la tercera intifada saharaui en el campamento de Gdeim Izik² (territorio ocupado del Sáhara Occidental) en octubre de 2010. En esa oportunidad hablamos de cómo, en nuestra opinión, estos acontecimientos marcaron el comienzo de un período de cambios profundos.

Un año más tarde (en 2011) una ola de revueltas se propagó en todo Oriente Medio y la región del Norte de África, en lo que pasó a denominarse la “Primavera Árabe”³. Estos levantamientos sacudieron al mundo. Las revoluciones de Túnez y Egipto dieron lugar a alzamientos históricos en el Norte de África y en otras partes. La población de esos países celebró el derrocamiento de los dictadores Ben Ali y Mubarak, y vislumbró un futuro de cambios significativos en sus vidas. En estos levantamientos, al igual que en muchas instancias revolucionarias, se liberó mucha energía; había una efervescencia, un sentimiento inigualable de renovación y cambio en la conciencia política.

La población de la región conoce muy bien el estereotipo racista y el cliché despectivo encarnados en la falsedad simplista de que los “árabes y los musulmanes no son aptos para la democracia y son incapaces de autogobernarse”. El dominio imperial y colonial de la región dio lugar a que algunos la percibieran como una entidad homogénea que puede reducirse sistemáticamente a conceptos negativos. Si se la observa a través de este cristal distorsionador, la región evoca imágenes de conflicto y guerras, dictadores despiadados y poblaciones pasivas, terrorismo y extremismo, así como ricas reservas de petróleo y grandes desiertos. El imaginario orientalista y la representación rígida del “otro”, así como el poder de “bloquear narrativas” son rasgos característicos de la violencia política y geográfica generada por el imperialismo⁴.

Los levantamientos rompieron con muchos de estos estereotipos y derribaron muchos mitos. Los vientos revolucionarios que comenzaron a soplar en 2011 se propagaron de Túnez a Egipto, Libia, Siria, Yemen, Bahrein, Jordania, Marruecos y Omán. La experiencia emancipadora fue contagiosa, ya que inspiró a personas de todo el mundo: activistas en Madrid, Londres y Nueva York del movimiento Occupy o Indigados estaban orgullosos de “caminar como un egipcio”. Aunque en los últimos 30 o 40 años hemos observado intentos de deslegitimar cambios significativos y radicales a través de revoluciones debido a las deficiencias y la derrota de intentos descolonizadores en diversas partes del Sur global –y a pesar de que los ataques contrarrevolucionarios siempre intentarán destruir la voluntad de las personas– las revoluciones y los levantamientos por la emancipación continúan (y continuarán en el futuro).

Para los autores del presente artículo, al igual que para un sinnúmero de activistas, el orgullo y la esperanza que estos acontecimientos generaron siguen siendo profundamente personales y políticos. Esta experiencia política formativa ha moldeado nuestra vida profesional, nuestro activismo y nuestra visión del mundo. Participamos en conferencias y mesas redondas en las que celebramos y analizamos estos acontecimientos históricos, marchamos en protesta junto a nuestros pueblos y participamos en diversas iniciativas solidarias. Hablamos, debatimos y discrepamos con amigos y compañeros. Algunas veces nos llenamos de esperanza, otras nos sentimos tristes y desanimados. Sobre todo, aprendimos mucho: la práctica revolucionaria ofrece una fuente única de conocimientos.

No obstante, no podemos negar que lo que empezó como un levantamiento inspirador contra el autoritarismo y las condiciones socioeconómicas opresivas para reclamar pan, justicia y dignidad se convirtió en violencia y caos, en polarizaciones profundas, contrarrevolución e intervención extranjera. Los diversos movimientos de la región se toparon con fuerzas autoritarias y contrarrevolucionarias arraigadas decididas a suprimirlos. Todos estos movimientos se enfrentaron a la resistencia del Estado, a menudo sumada a la interferencia extranjera y del capital internacional. El golpe militar en Egipto terminó por reinstaurar una forma de dictadura mucho más despiadada y represiva. Las brutales guerras civiles en Siria, Libia y Yemen y la represión en países del golfo Pérsico como Bahrein son ejemplos de la lógica cruel de la guerra subsidiaria que recuerda mucho a los sistemas coloniales, muy conocidos por la población de la región. Túnez, que había parecido ser la excepción en estos acontecimientos trágicos, ahora está en una posición muy frágil. Además, las profundas polarizaciones (por ejemplo, entre laicistas e islamistas) ha distraído a la población de los problemas socioeconómicos clave que estaban en el núcleo de los levantamientos.

Algunos comentaristas políticos de los medios de comunicación hegemónicos han sostenido que la “Primavera Árabe” dio lugar a un “invierno islamista” (dado que las fuerzas islamistas llegaron al poder en algunos países). Algunas voces progresistas han sido menos pesimistas y han presentado una perspectiva histórica más matizada, según la cual estos acontecimientos deben interpretarse como parte de un proceso revolucionario de largo plazo, con altibajos, períodos de radicalización, contratiempos y contrarrevolución. Hubo quienes reivindicaron esta última opinión cuando, ocho años después de los acontecimientos de 2010 y 2011, se intensificó el proceso revolucionario en la forma de una segunda ola de levantamientos en Sudán, Argelia, Irak y el Líbano (2018-2021) y con el regreso a primera plana de la lucha heroica e interminable de los palestinos, todo lo cual revela la determinación del pueblo de seguir luchando por sus derechos y soberanía.

Todos estos acontecimientos trascendentales ocurridos entre 2010 y 2021 han abierto nuevos horizontes que han permitido a las personas expresar su descontento y exigir cambios y reformas radicales, y han obligado a casi todos los gobiernos de la región a ceder en cuestiones políticas y económicas.

Cuando nos embarcamos en este proyecto, nuestro principio orientador fue el papel importante que ocupa la memoria en nuestros movimientos por la justicia y la libertad, y la tarea fundamental de mantener un archivo. Nuestra memoria política no es un proceso automático, como la memoria muscular, sino que está determinada por las condiciones políticas y económicas en las que existimos. El fomento de la afinidad política y el mantenimiento de los vínculos radicales no ocurren en forma aislada, deben alimentarse, mantenerse vivos. Es preciso reflexionar sobre ellos y mantener un registro. Los aniversarios brindan la oportunidad de hacer todo esto y ese es precisamente el objetivo de este proyecto, que incluye webinarios y podcasts, además de los artículos aquí compilados. Todo ello nos ayuda a ver lo concreto, en medio de lo que a veces son debates demasiado abstractos, y conocer algunos casos menos visibles.

Uno de los objetivos de este proyecto ha sido cuestionar una serie de percepciones erróneas sobre la región, su población y las revueltas y levantamientos. Una de ellas fue el intento de los medios de comunicación internacionales y hegemónicos, los gobiernos de Occidente y las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, de mostrar a los levantamientos como simples revueltas contra el autoritarismo que solamente reclamaban los tipos de democracia y libertades políticas anquilosadas que existen en los países industriales de Occidente. Este marco se aleja de todo análisis de clase y tiende a desvincular lo político de lo económico, ignorando las demandas socioeconómicas fundamentales de pan, justicia social, dignidad y soberanía de los pueblos. Pero esta interpretación errónea –o distorsión, para ser más precisos– no termina allí. Los comentaristas de los medios hegemónicos de Occidente denominaron a los levantamientos de Túnez y Egipto “revoluciones de Facebook y Twitter”, exagerando el papel que desempeñaron las redes sociales en fomentarlos. Otro enfoque dominante, pero no menos superficial, fue el demográfico, que interpretó las revueltas como fundamentalmente levantamientos de jóvenes contra la generación más vieja, producto de una “masa juvenil” en los países afectados.

Más de diez años después, las interpretaciones hegemónicas del aniversario de los levantamientos no han aportado mucho al análisis. Varios informes y artículos periodísticos se refieren a revoluciones fallidas y perdidas y a promesas incumplidas. Sin embargo, el tono dominante queda reflejado en el título de un artículo del periódico The Guardian publicado en diciembre de 2020, en el que se hace referencia a Mohamed Bouazizi, el vendedor de frutas que se inmoló y catalizó los levantamientos árabes: “Nos arruinó: 10 años más tarde, los tunecinos maldicen al hombre que inició la Primavera Árabe”. La narrativa que se propone es de desolación y desesperanza: el levantamiento no valió la pena, habría sido mejor permanecer encadenados y en la pobreza. Es necesario cuestionar y deconstruir una interpretación de este tipo para ofrecer una lectura más matizada y menos idealista (más materialista) de la revolución y lo que ella supone. Varios investigadores y activistas progresistas críticos han hecho hincapié en la importancia de reconocer las complejidades de la dinámica revolucionaria y sus crisis, deficiencias e incluso fallas inevitables⁵. Esto implica ver a las revoluciones imbuidas de tendencias contrarrevolucionarias e invadidas por fuerzas reaccionarias. El hecho de que las personas de la región sigan realizando revueltas es prueba de esta complejidad. En definitiva, las ideas de las personas sobre las revoluciones tienen un impacto fundamental en los resultados de esos acontecimientos cuando de hecho ocurren; de ahí la necesidad de reflexionar y aprender de revoluciones pasadas.

A lo largo de este proyecto hemos intentado crear espacio para la reflexión crítica: hemos priorizado un enfoque inclusivo con respecto a diferentes opiniones disciplinarias y énfasis políticos y, en el proceso, brindamos una plataforma a las voces más jóvenes, a las voces femeninas y locales de la región; lo mínimo que podemos hacer. Esperamos haber evitado dicotomías rígidas y posturas fariseas con respecto a poseer “la verdad” –un deseo que surge de nuestro rechazo de estilos y comportamientos sectarios y polémicos, que puede fácilmente convertirse en ataques personales. Un resultado de esta colaboración ha sido aprender a discrepar y trabajar de manera respetuosa con compañerismo y continuar la discusión de manera constructiva. Quien estudia los temas que se presentan en este proyecto sabrá muy bien cómo los efectos nefastos de posiciones arraigadas (“campismo”) han debilitado las posibilidades progresistas de participación significativa a lo largo de los años. A menudo hemos sido testigos de cómo los debates sobre Siria o Libia, por ejemplo, se convierten en discusiones binarias (a menudo falsas) profundamente polarizadas, que alienan a los participantes e impiden debates productivos sobre estrategias revolucionarias y solidaridad internacional. En última instancia, se pondrá a prueba en nuestros movimientos cómo podemos reconciliar determinadas posturas (por ejemplo, el antiautoritarismo frente al antiimperialismo), pero nunca deberíamos absolvernos de nuestro deber de argumentar en contra de posiciones políticas selectivas. La lucha por la libertad en un caso debe estar al servicio, y no a expensas, de la lucha por la libertad en otro. Los participantes marroquíes y saharauis de uno de nuestros webinarios expresaron esto de manera poderosa.

Los aniversarios tienen un poder simbólico y pueden ser buenas oportunidades para hacer un balance de lo sucedido y reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos. También pueden ser momentos dinámicos para reflexionar sobre cómo avanzar. Nuestro objetivo no es recordar los tiempos mejores que ya pasaron o idealizar estos acontecimientos históricos importantes. Sino que, en este proyecto esperamos acercarnos más al espíritu de las revoluciones, su energía creativa, sus contradicciones y deficiencias y sus enemigos.

Obviamente, este proyecto tiene algunas lagunas, aspectos que no se han incluido. Ello se debe, por un lado, a nuestras propias limitaciones de trabajo y tiempo y, por otro, a los límites del proyecto en sí, cuya razón de ser está vinculada con un momento determinado en el tiempo. En realidad, los procesos revolucionarios siempre están inconclusos. Lo mismo ocurre con la práctica política, que incluye escribir acerca de revoluciones. Y, a pesar de que no procuramos abarcarlo todo cuando abordamos una región tan vasta, esperamos ofrecer aquí un pantallazo general, en la voz y en el idioma de su gente. Hemos intentado presentar un análisis progresista que pueda contribuir a profundizar nuestros conocimientos sobre la región, con la esperanza de que ello nos permita aprender de los errores pasados y seguir luchando por un cambio perseguido desde hace mucho tiempo en las condiciones políticas y socioeconómicas opresivas actuales.

Nuestros recuerdos de los acontecimientos increíbles de los últimos diez años han sido fundacionales. Nos sentimos privilegiados de haber sido testigos de personas que actuaron con un vigor y una valentía políticos que solamente pueden describirse como “históricos”. Nuestras mentes se han iluminado y nuestros espíritus se han elevado gracias al sinnúmero de hombres y mujeres comunes y corrientes que se atrevieron a decir “la gente quiere” [al sha’b yourid] y que se alzaron en circunstancias sin precedentes. Heredamos su legado y el precio enorme de llegar a un momento crítico del que ni los amigos ni los enemigos de la revolución pueden regresar. Hay pocas cosas tan poderosas como cuando las personas comunes y corrientes de clase trabajadora superan todos los obstáculos y hacen tambalear los verdaderos cimientos del statu quo.

“Lo personal es político” proclama una máxima feminista. El lema de la lucha de las personas con discapacidad reza: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. En el espíritu de estos dos mensajes agradecemos de todo corazón a las y los colaboradores de este proyecto, que ofrecieron sus puntos de vista como académicos y activistas de y desde la región. Y rendimos homenaje a los caídos, los heridos, los prisioneros políticos y las personas que siguen luchando. Dedicamos esta obra a ellos y a quienes han sacrificado sus vidas por pan, justicia y dignidad.

A más de 10 años de los levantamientos de 2011 en Oriente Medio y el Norte de África, ¿cómo podemos entender sus causas profundas?¹ En aquel entonces, muchos comentaristas y responsables de la elaboración de políticas respondieron a esta pregunta refiriéndose al simple mantra de “libertad política y económica”. Si bien gran parte del mundo pareció haberse alejado de estructuras estatales autoritarias en la década de 1990 y 2000, Oriente Medio había permanecido en gran medida inmerso en la autocracia y el régimen monárquico: “la región menos libre del mundo”, como se la describe en la introducción de un destacado estudio sobre política en el mundo árabe². Según este enfoque, el problema reside en el efecto sofocante del autoritarismo en los mercados capitalistas, que impidieron el surgimiento de un sector privado dinámico y frenaron el potencial económico de la región. El descontento popular expresado en las calles de Oriente Medio en 2011 podía, entonces, entenderse como un deseo de alcanzar sistemas políticos “libres” y economías “libres”.

En este sentido, el entonces Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, observó en un importante discurso político sobre Oriente Medio, pronunciado en mayo de 2011, que la región necesitaba “un modelo en el cual el proteccionismo dé lugar a la apertura, las riendas del comercio pasen de las manos de unos pocos a las manos de la mayoría y la economía genere empleos para los jóvenes. Por consiguiente, el apoyo de Estados Unidos a la democracia se basará en asegurar la estabilidad financiera, promoviendo la reforma e integrando mercados competitivos entre sí y a la economía mundial”. Del mismo modo, el presidente del Banco Mundial en ese momento, Robert Zoellick, sostuvo que las revueltas en Túnez ocurrieron debido al exceso de “papeleo”, que impedía a las personas participar libremente en los mercados capitalistas. Los responsables de la formulación de políticas de Occidente han reiterado este argumento básico sin cesar desde 2011, los Estados autocráticos sofocan la libertad económica y los “mercados libres” son fundamentales para toda transición sostenida para salir del autoritarismo. Como parte de este discurso, los gobiernos de Occidente y las instituciones financieras internacionales se refunden como actores benignos y benevolentes, listos para apoyar la “transición” a la democracia y dispuestos a brindar los conocimientos tecnocráticos necesarios para construir mercados económicos abiertos.

A continuación, se argumenta que este modo habitual de enmarcar la economía política de Oriente Medio es falso. Si bien es cierto que las estructuras políticas de la región eran (y siguen siendo) extremadamente autoritarias, este tipo de sistema político refleja directamente cómo ocurrió el desarrollo capitalista en la región en los últimos decenios. Los cambios económicos de gran alcance iniciados en la década de 1980 en virtud de los paquetes de ajuste estructural, que contaron con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, fueron fundamentales para esta trayectoria de desarrollo. Obligados por estos acuerdos, los gobiernos árabes transitaron la década de 1990 y 2000 reorientando sus economías de conformidad con principios impulsados por el mercado. Las políticas adoptadas en la región eran un poco diferentes de las halladas en otras partes del mundo: la priorización del crecimiento del sector privado, la austeridad fiscal, la apertura al flujo de capital extranjero, la privatización y la desregulación de los mercados (incluido el mercado de trabajo). No había una contradicción fundamental entre estas políticas económicas y el autoritarismo político, sino que, de hecho, la apertura de los mercados y la incorporación constante de políticas neoliberales en la región dependían precisamente de líderes autoritarios (como es aún el caso). Fue fundamental que este proceso contara con el pleno apoyo de los gobiernos occidentales, que aplaudieron el ascenso al poder de líderes autocráticos en la región en la década de 1980 y siguieron elogiando la dirección de sus políticas económicas en los decenios anteriores a 2011. 

Todo análisis de Oriente Medio en la actualidad debe comenzar por mencionar la centralidad de la región en la economía mundial. La zona, que durante mucho tiempo fue una encrucijada comercial estratégica, adoptó especial importancia tras el descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos a comienzos del siglo XX. El petróleo y el gas se convirtieron en productos básicos esenciales que apuntalaron la producción industrial y el transporte modernos después de la Segunda Guerra Mundial y, en este contexto, el control y la influencia en la región configuraron el equilibrio de rivalidades mundiales en el período de la posguerra. Estados Unidos, que surgió como el poder dominante en ese momento, adjudicó especial importancia a forjar relaciones privilegiadas con los países de la región.

En las décadas de 1950 y 1960 la región se volvió más importante en la economía mundial y, al mismo tiempo, llegaron al poder movimientos nacionalistas árabes en Egipto, Yemen, Argelia, Siria e Irak. Estos nuevos gobiernos derrocaron a regímenes aliados de los poderes coloniales anteriores e intentaron seguir modelos económicos basados en formas estadistas de desarrollo, enfatizando el control nacional de la industria, el apoyo a la educación y el empleo para los diplomados universitarios, subvenciones para los bienes de consumo básicos, como los alimentos, y el control público de la tierra y otros recursos. No obstante, a pesar de la frecuente referencia al “socialismo árabe” por parte de estos nuevos gobiernos, su estrategia económica aún era en gran medida de orientación capitalista³. Estas políticas dieron lugar a una mejora de las condiciones de vida de gran parte de la población de la región, pero también se caracterizaron por formas de gobierno represivas destinadas a impedir toda acción política independiente.

Los gobiernos de Occidente, encabezados por Estados Unidos, inicialmente se enfrentaron a estas luchas nacionalistas mediante el fortalecimiento de las relaciones con tres aliados regionales clave: Arabia Saudita, Irán e Israel. En el golfo Pérsico, el monarca saudí, el rey Saúd, había dependido durante mucho tiempo del apoyo político y militar de Estados Unidos y estaba muy dispuesto a socavar el nacionalismo árabe a través del poder de corrupción de los ingresos petroleros. La financiación saudí de movimientos favorables a Occidente en la región permitió a estas fuerzas negar todo vínculo directo con los gobiernos de Occidente. También se alentó al Gobierno saudí a utilizar el Islam como un contrapeso regional de las ideas nacionalistas y de izquierda, organizar “cumbres islámicas” que aseguraran la influencia saudí y cuestionaran el papel de Egipto como Estado árabe líder. Comenzó una guerra propagandística virulenta entre los gobiernos de Arabia Saudita y Egipto. Este conflicto subsidiario con Egipto se intensificó al máximo durante el octavo año de la guerra civil en el norte de Yemen, cuando Arabia Saudita era el principal partidario de las fuerzas monárquicas británicas que habían sido derrocadas en 1962, mientras Egipto apoyaba a los movimientos republicanos organizados en contra de la monarquía destituida.

En el caso de Irán, Estados Unidos (y el Servicio de Inteligencia Secreto o M16, de Gran Bretaña) orquestó un golpe de Estado contra el primer ministro iraní Mohammad Mosaddegh en 1953, que puso en el poder a un Gobierno partidario de Occidente, fiel a la monarquía iraní, encabezado por el sah Mohammad Reza Pahlavi. Estados Unidos concibió explícitamente a Irán como su base de control principal en la región del golfo Pérsico. De hecho, en un informe de la empresa RAND –un destacado grupo de estudios estrechamente vinculado con responsables de la elaboración de políticas en Washington–se observaba que Irán podía “ayudar a lograr muchos de los objetivos que consideramos deseables sin necesidad de intervenir en la región”⁴. Este papel quedó demostrado de manera convincente en 1973 con el envío de fuerzas militares iraníes a Omán para ayudar a los soldados británicos a reprimir la rebelión de Dhofar, una lucha poderosa de los movimientos de izquierda en la península arábiga. Los soldados iraníes, que contaban con helicópteros y otras armas suministradas por Estados Unidos, lograron reprimir la rebelión. El apoyo militar estadounidense a Irán aumentó considerablemente a partir de 1973, alcanzando más de 6.000 millones de dólares al año entre 1973 y 1975. Esta relación cercana continuó hasta 1979, cuando la revolución iraní derrocó a la monarquía de Pahlavi y retiró a Irán de la esfera de influencia de Estados Unidos en la región.

Otra importante transición de poder estadounidense en la región fue el Estado de Israel. A través de su colonialismo de colonos, Israel comenzó a existir como Estado en 1948 mediante la expulsión de tres cuartas partes de la población palestina originaria de sus hogares y territorios. Debido a su inextricable dependencia de apoyo externo para seguir siendo viable en un entorno hostil, se podía contar con Israel como un aliado mucho más fiable que cualquier Estado árabe. En la década de 1950, el principal apoyo externo de Israel había provenido de Gran Bretaña y Francia. Pero en la guerra de 1967, el ejército israelí derrotó a las fuerzas armadas egipcias y sirias y ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza, la península (egipcia) del Sinaí y los altos del Golán (sirios). La derrota israelí de los Estados árabes alentó a Estados Unidos a consolidarse como su principal mecenas, a través del suministro anual de miles de millones de dólares en equipamiento militar y apoyo financiero.

La victoria de Israel en 1967 constituyó un momento decisivo en la evolución del nacionalismo árabe. Mientras que los regímenes favorables a Occidente siguieron siendo cuestionados desde abajo por diversos movimientos radicales, y nuevos gobiernos nacionalistas llegaron al poder en Yemen Meridional (1967), Irak (1968) y Libia (1969), la victoria de Israel fue un golpe devastador a las nociones de unidad y resistencia árabe que se habían cristalizado más claramente en Egipto durante el régimen de Nasser. La derrota militar se vio reforzada simbólicamente por la muerte de Nasser en 1970 y la llegada al poder de Anwar Sadat, que posteriormente revirtió muchas de las políticas más radicales de Nasser. La prioridad que Estados Unidos otorgó a su relación con Israel quedó de manifiesto en 1973, cuando estalló otra guerra entre Israel y la coalición de Estados árabes encabezada por Egipto y Siria. A pesar de los avances iniciales de estos dos países al comienzo de la guerra, el envío de equipamiento militar estadounidense de última generación terminó por consolidar la victoria de Israel.

Durante este período de transformación económica, las grandes y persistentes desigualdades se pusieron de manifiesto en la propiedad y el control de la riqueza, el acceso a los recursos y mercados, y el ejercicio del poder político. Mientras la tasa de desempleo se mantenía elevada, la pobreza aumentaba y había niveles considerables de desposesión rural, una pequeña capa de la población de la región se beneficiaba considerablemente de las nuevas políticas económicas. La privatización y los nuevos mercados ofrecían oportunidades lucrativas para los grupos empresariales bien conectados que participaban en ámbitos como el comercio, las finanzas y la especulación inmobiliaria. Las élites estatales y militares también tenían un poder económico considerable, ya que estaban construyendo una red de relaciones muy poco transparentes con grupos de capital privado¹¹. Estos patrones de desigualdad eran sostenidos mediante regímenes autoritarios y represión estatal. De hecho, es imposible separar las estructuras políticas altamente autocráticas de la región de las políticas (y los resultados) de los modelos de desarrollo basados en el mercado, implementadas a partir de la década de 1980.

Un ejemplo importante de estos patrones puede observarse en las estadísticas de trabajo y empleo. Antes de la crisis económica mundial de 2008, la tasa media de desempleo oficial en Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez era más elevada que en cualquier otra región del mundo. Los jóvenes y las mujeres fueron los más afectados por el desempleo –alrededor de una quinta parte de las mujeres árabes y una cuarta parte de los jóvenes de la región estaban desempleados. Estas cifras ocultan grandes desigualdades regionales: en la subregión del Máshreq (Egipto, Jordania, Irak, Siria, Líbano y Cisjordania y la Franja de Gaza), más del 45 por ciento de las mujeres jóvenes estaban desempleadas en 2011, más del doble del porcentaje de hombres jóvenes desempleados. Oriente Medio también ocupó el último lugar en el mundo en cuanto a índice de participación en el mercado de trabajo, ya que menos de la mitad de la población de la región era considerada parte de la fuerza laboral. Tan solo alrededor de una tercera parte de los jóvenes y un 26 por ciento de las mujeres tenían trabajo o buscaban empleo. Esta profunda marginación de los jóvenes y las mujeres tuvo repercusiones sociales profundas en países donde los hombres de edad avanzada monopolizaban el poder político.

En los mercados de trabajo de la región también había una prevalencia generalizada de trabajo informal y precario. En 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informó que el crecimiento del trabajo informal en Egipto, Marruecos y Túnez era de los más rápidos del mundo (alcanzó entre un 40 y un 50 por ciento del empleo no agrícola). En Egipto, tres cuartas partes de las personas que ingresaron por primera vez al mercado de trabajo entre 2000 y 2005 formaban parte del sector informal, un aumento respecto de tan solo una quinta parte a comienzos de la década de 1970¹². Estas tendencias no solo afectaron el carácter del empleo, sino que además tuvieron repercusiones importantes en el modo de utilizar el espacio urbano y los tipos de movimientos sociales y políticos que surgieron en Oriente Medio – los gobiernos veían con mucha desconfianza y sospecha a los habitantes de asentamientos informales hacinados en ciudades como El Cairo, Casablanca, Argel y Beirut.

Estos resultados extremadamente desiguales de los mercados de empleo y de trabajo contribuyeron al empeoramiento de los niveles generales de pobreza en la región. La proporción de la población sin medios para procurarse nutrición básica y artículos no alimentarios esenciales (el “margen superior del umbral de la pobreza”) fueron en promedio de alrededor del 40 por ciento en Jordania, Marruecos, Siria, Túnez, Mauritania, Líbano, Egipto y Yemen en los 10 años anteriores a los levantamientos¹³. Los resultados en materia de salud y educación también reflejaron un acceso desigual a los servicios públicos y a la ayuda social. Entre 2000 y 2006, alrededor de una quinta parte de los niños de Egipto y Marruecos exhibían un estancamiento en el crecimiento como resultado de la malnutrición. En los países del Máshreq, la desnutrición aumentó de un 6,4 por ciento en 1991 a un 10,3 por ciento en 2011. En 2010, antes de los levantamientos, un sorprendente 30 por ciento de los adultos de la región eran analfabetos (la cifra aumentaba a 40 por ciento en el caso de las mujeres mayores de 15 años). El acceso a la educación también estaba marcado por desigualdades evidentes. La UNESCO observó que “En Egipto, una de cada cinco personas [niños] más pobres no ingresan en absoluto en la escuela primaria, en tanto que casi todos los niños ricos llegan hasta el segundo ciclo de la enseñanza secundaria”.

Cabe destacar, sin embargo, que además de este deterioro generalizado de las condiciones sociales en las décadas de 1990 y 2000, muchas de las principales economías de la región estaban experimentando tasas de crecimiento muy elevadas y se las elogiaba como casos exitosos de reforma económica, que otros países del Sur global debían imitar. Por ejemplo, en el informe Doing Business 2008, el Banco Mundial calificó a Egipto como el “principal reformador del mundo” y siguió calificándolo entre los 10 principales reformadores del mundo hasta el derrocamiento de Mubarak. Del mismo modo, en el examen de políticas de desarrollo (Development Policy Review) del Banco Mundial de 2010 sobre Túnez, se elogiaba al país por sus “reformas estructurales estables y su buena gestión macroeconómica” que le habían asegurado a Túnez un lugar “entre los países de mejor rendimiento en el grupo de economías emergentes” y posibilitaron “logros envidiables” para la población pobre del país. Las políticas de las instituciones financieras internacionales siguen estando marcadas por este tipo de apoyo a gobiernos autoritarios en gran parte de Oriente Medio (como el régimen de Sisi en Egipto) –un hecho que es fundamental recordar a la luz de los intentos de estas instituciones de reescribir su historial en la región.   

Las políticas económicas impuestas por las instituciones financieras internacionales en Oriente Medio en las décadas de 1990 y 2000 no solo reconfiguraron las estructuras sociales a escala nacional, sino que además precipitaron nuevas jerarquías económicas y políticas a nivel regional. Una característica fundamental de estas jerarquías emergentes fue el creciente peso de los seis Estados del golfo arábigo (Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán) en la economía política regional –y el vínculo entre la acumulación de capital en el golfo y los procesos de formación de clase y Estado en otras partes de la zona.

Tomados en conjunto, los Estados del golfo arábigo tienen características que los distinguen del resto de la región. Todos ellos son monarquías, cuyos recursos de hidrocarburos (petróleo y gas natural) ricos y relativamente baratos convirtieron al golfo en un lugar central de la estrategia de Occidente en Oriente Medio a lo largo del siglo XX. Al mismo tiempo, las estructuras sociales de las monarquías del golfo difieren considerablemente de las de otras partes de Oriente Medio. La más significativa es la contratación en los países del golfo de un gran número de trabajadores migrantes temporales, la mayoría provenientes de Asia Meridional y en menor medida de los países árabes vecinos, que ahora representan más de la mitad de los 56 millones de habitantes de los países del golfo Pérsico. Si se los considera como porcentaje de la fuerza de trabajo, los habitantes no nacionales representan entre el 59 y el 86 por ciento de la población empleada de Arabia Saudita, Omán, Barhein y Kuwait, y del 92 al 95 por ciento de la población empleada de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Estos trabajadores y trabajadoras migrantes, a quienes se niegan derechos laborales, políticos y civiles, han sido fundamentales en los patrones de crecimiento urbano y acumulación de capital en el golfo Pérsico; también han sostenido la “segmentación vertical” de las sociedades del golfo, donde los ciudadanos participan en la vigilancia y el control de poblaciones migrantes a través del sistema de kafala (patrocinio).¹⁴

En los últimos decenios, la creciente demanda internacional de hidrocarburos del golfo Pérsico –sostenida por el incremento prácticamente continuo del precio del petróleo de 2000 a mediados de 2014– ha aumentado enormemente los niveles de riqueza de la zona¹⁵. Esto ha contribuido a nutrir el desarrollo de grandes conglomerados capitalistas en el golfo, estrechamente vinculados con las monarquías en el poder y el Estado, cuyas actividades abarcan sectores como la construcción y el desarrollo inmobiliario, procesos industriales (especialmente acero, aluminio y cemento), la venta minorista (incluido el comercio de importación y la propiedad de centros comerciales) y las finanzas.

Si bien gran parte del capital excedente del golfo se ha invertido en América del Norte y Europa, grandes cantidades también terminaron en países árabes vecinos en la década de 2000¹⁶. No es un dato menor que esta expansión regional del capital del golfo Pérsico se basara en los programas de ajuste estructural mencionados anteriormente y la subsiguiente liberalización y apertura a la inversión extranjera directa en muchos países árabes en la década de 1990 y 2000. Como consecuencia de ello, el capital del Golfo fue un principal beneficiario del giro neoliberal en la región en general y estuvo íntimamente relacionado con la propiedad y el control del capital en todo Oriente Medio.

Estas jerarquías regionales son fundamentales para entender el impacto de la crisis económica mundial de 2008 y 2009 en Oriente Medio. Como se ha observado, en los años anteriores a la crisis, la región ya afrontaba niveles muy elevados de desigualdad social y económica. Además de los problemas de desempleo juvenil, exclusión social y pobreza, el aumento de los costos de los alimentos y la energía ejercían una presión considerable en los medios de subsistencia de muchas familias¹⁷. Como consecuencia del aumento de los precios de las importaciones, los gobiernos árabes afrontaban grandes dificultades para mantener los niveles de subsidios que ya habían reducido; al mismo tiempo, aumentó el costo de vida de las familias más pobres. Esto provocó un gran aumento del número de personas que vivían en la pobreza en la región: según un cálculo del Banco Africano de Desarrollo, un total de 1,11 millones de personas adicionales habían caído por debajo del umbral de la pobreza en Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Yemen inmediatamente antes de la crisis económica mundial de 2008.

Cuando se desató la crisis de 2008-2009, estos patrones de desarrollo económico influyeron en el modo en que las diferentes partes de la región experimentaron las turbulencias a nivel mundial. Los Estados no exportadores de petróleo fueron afectados gravemente por la caída pronunciada en la demanda mundial de bienes, como los productos agrícolas, textiles, la vestimenta y otras manufacturas. Al mismo tiempo, el envío de remesas al exterior disminuyó a medida que la crisis afectaba a la agricultura, la construcción y los sectores de baja calificación en Europa, donde se encontraban muchos migrantes árabes (documentados e indocumentados). Por último, la liberalización financiera durante el período neoliberal había expuesto a muchos países a posibles fluctuaciones en los flujos de capital extranjero, en particular el gasto del turismo y la inversión extranjera directa.

No obstante, en el golfo Pérsico la crisis se vivió de otra manera. Los países de esa zona fueron sacudidos inicialmente por una caída breve en los precios del petróleo de julio a diciembre de 2008 (y una caída asociada de la demanda mundial), así como por un retiro del flujo de capital extranjero que provocó que estallaran las burbujas inmobiliarias de esos países (especialmente en Dubai). Sin embargo, en respuesta a ello, los conglomerados empresariales amenazados por la crisis iniciaron programas amplios de gasto en el sector inmobiliario y en proyectos de infraestructura (concentrados en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos). Además, las monarquías del golfo lograron aprovechar su dependencia estructural de los trabajadores migrantes temporales para trasladar la carga de la crisis a los países vecinos, la contratación de trabajadores nuevos disminuyó y los trabajadores contratados podían ser enviados de regreso a sus países debido a la cancelación de proyectos. En 2010, los precios del petróleo habían vuelto a aumentar, consolidando así la salida de los países del golfo de la crisis mundial.

Tomadas en conjunto, estas diferentes trayectorias regionales de la crisis mundial implicaron que los Estados del golfo Pérsico quedaran mejor posicionados en la región tras la crisis de 2008, mientras que los países árabes afrontaron crecientes cargas fiscales y sociales. En este contexto por primera vez hubo manifestaciones masivas en Túnez en diciembre de 2010, que se propagaron rápidamente a toda la región. En la primera fase de estas protestas en 2011 los regímenes de Ben Ali en Túnez y de Mubarak en Egipto fueron derrocados. Los gobiernos de Siria, Bahrein, Jordania, Argelia, Omán, Marruecos, Yemen y Libia también se enfrentaron a levantamientos y protestas en oposición a los patrones de gobierno autocráticos y contra el deterioro de las condiciones socioeconómicas que experimentaba gran parte de la población. En este sentido, los levantamientos se oponían a las políticas económicas fuertemente promovidas por las instituciones financieras internacionales de Occidente en los decenios anteriores, así como a las estructuras políticas con las que estaban asociadas. Por supuesto que no todas las personas que participaron en los levantamientos pensaban en las manifestaciones de este modo, pero la consigna omnipresente de aish, hurriyah, ‘adalah ijtima’iyah (pan, libertad y justicia social) pone de manifiesto esta fusión de las esferas económica y política.

A pesar de las aspiraciones de quienes participaron en las luchas extraordinarias de 2011, la extrema polarización de la riqueza y el poder en la región no ha cambiado fundamentalmente. Un estudio reciente ha concluido que Oriente Medio es la región más desigual del mundo: el 10 por ciento de las personas ricas, con ingresos elevados, poseen el 64 por ciento del ingreso total, en comparación con el 37 por ciento en Europa Occidental, el 47 por ciento en los Estados Unidos y el 55 por ciento en Brasil¹⁸. La brecha es aún más pronunciada en el caso de la población ultra rica de la región: la porción de ingresos del 1 por ciento más rico es de alrededor del 30 por ciento en Oriente Medio, en comparación con el 12 por ciento en Europa Occidental, el 20 por ciento en los Estados Unidos, el 28 por ciento en Brasil, el 18 por ciento en Sudáfrica, el 14 por ciento en China y el 21 por ciento en la India¹⁹. Estos niveles de desigualdad sin precedentes se dan tanto a nivel regional, entre los países ricos del golfo Pérsico y el resto de Oriente Medio, como al interior de cada uno de los países.

Estos niveles elevados de desigualdad son consecuencia directa de los modelos de desarrollo basados en el mercado, aplicados en los últimos decenios, que se han mantenido básicamente iguales tras los levantamientos y que siguen siendo promovidos por las principales instituciones financieras internacionales. Estas continuidades quedaron claramente demostradas por la Alianza de Deauville liderada por esas instituciones, una iniciativa iniciada en mayo de 2011 en la cumbre del G8 celebrada en Francia, que prometió más de 40.000 millones de dólares en préstamos y otro tipo de ayuda a los países Árabes “en transición”. La premisa principal de la Alianza era redoblar el esfuerzo para la apertura del mercado en cinco países específicos: Egipto, Túnez, Jordania, Marruecos y Libia, con objetivos como “eliminar los impedimentos estructurales”, alentar un “sector privado dinámico” como “el motor principal para la creación de empleos” y lograr la “integración económica regional y mundial, que es clave para el desarrollo económico”. Así, y de modo sorprendentemente similar a cómo las crisis política y económica de las décadas de 1970 y 1980 abrieron paso al ajuste estructural en la región, las crisis posteriores a 2011 fueron consideradas una oportunidad para ampliar las trayectorias en materia de políticas de los regímenes anteriores. Como observó el Banco Europeo de Inversiones no mucho tiempo después del derrocamiento de Ben Ali y Mubarak, “los momentos de cambio político también pueden ser una oportunidad para reforzar o mejorar marcos institucionales existentes”.

Con el apoyo de iniciativas como la Alianza Deauville, las instituciones financieras internacionales han adoptado medidas desde 2011 para ampliar su posición en la región con la oferta de nuevos acuerdos de préstamos y otras formas de asistencia. Instituciones con larga trayectoria como el Banco Mundial o el FMI han liderado este proceso, mientras trabajan junto a otras instituciones que comenzaron a operar en la región apenas en el último decenio (como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo). Las discusiones en curso en torno a la reconstrucción posterior al conflicto en países como Siria, Yemen, Libia e Irak también han estado marcadas por el mismo tipo de lógica impulsada por el mercado y, como la historia lo demuestra una y otra vez, las consecuencias de la guerra, el conflicto y la crisis (incluida la actual pandemia mundial) son a menudo consideradas como una oportunidad para reacomodar acuerdos de poder y acelerar el cambio económico.

Diez años más tarde, la experiencia de los levantamientos de 2011 demuestra que no alcanza con centrarse únicamente en demandas políticas (como nuevas elecciones o corrupción gubernamental) sin abordar al mismo tiempo el poder social y económico del capital (en el plano nacional, regional y mundial). No puede haber una ruptura fundamental con las estructuras estatales autoritarias bajo un sistema económico que sigue promoviendo el crecimiento descontrolado y los denominados “libres mercados” a expensas de la justicia social y la igualdad. Una de las principales debilidades de las revueltas de 2011 fue no haber reconocido esta lección estratégica. Pero ciclos más recientes de protesta política, especialmente los levantamientos de 2018-2021 en el Líbano, Sudán, Argelia, Marruecos e Irak parecen haber aprendido de la experiencia de 2011, dado que vinculan explícitamente el cuestionamiento de las élites políticas autocráticas con la necesidad de revertir las profundas desigualdades en el control y la distribución de la riqueza. En este sentido, mientras siguen sin alcanzarse las aspiraciones de 2011, las lecciones, experiencias y anhelos de ese momento serán una parte indeleble de las próximas luchas.

Introducción: “La gente un día quiso la vida y el destino respondió” ¹

A metros del tristemente célebre Ministerio del Interior de la ciudad de Túnez, la gente está congregada en la Avenida Bourguiba para hablar de la situación política. Por la noche se forman filas ordenadas; hay un clima de optimismo. Durante el día, hay marchas de diferentes clases y sectores, y hay una campaña a favor de la destitución de ex funcionarios públicos. Todo el mundo habla de política en todas partes, algo que antes era tabú.

El recuerdo de estos fragmentos de los acontecimientos posteriores al derrocamiento de Ben Ali el 14 de febrero de 2011 evoca la grandeza de esos “días que sacudieron al mundo” (como John Reed describió a la Revolución rusa). Diez años más tarde, muchas personas en Túnez y en otras partes del mundo aún se preguntan: ¿lo que ocurrió en Túnez fue una verdadera revolución, un levantamiento fugaz o una “conspiración extranjera”? ¿O acaso fue –en palabras de Samir Amin respecto de los acontecimientos ocurridos en Egipto ese mismo año– “más que un levantamiento y menos que una revolución”? Y si fue esto último, ¿cómo podemos explicar las continuas protestas y los enfrentamientos con la policía de la juventud marginada en el interior del país y los barrios populares en la periferia de la capital? ¿Acaso la respuesta es simplemente “Túnez” –como afirmaron algunos egipcios que lamentaban el regreso de la dictadura en su país, en referencia a la “excepción tunecina”? ¿Cuál es la verdad detrás de la “excepción tunecina”, si se la compara con las revoluciones fallidas en Libia, Egipto, Bahrein, Yemen y Siria? Y, ¿qué ocurrió con el presunto éxito de la revolución y la transición democrática?

Para responder a estas preguntas es fundamental examinar en primer lugar el período anterior a la revolución.

Sin duda, el desempleo juvenil y la marginación regional fueron las principales razones del estallido de la intifada tunecina a finales de 2010. El suicidio público del vendedor ambulante Mohamed Bouazizi en la localidad de Sidi Bouzid, en el centro de Túnez, fue una expresión de la creciente frustración de la juventud desempleada en zonas marginadas, que había suscitado la proliferación de protestas en los años anteriores: la revuelta de la cuenca minera de Gafsa en 2008 y las manifestaciones en Skhira y Ben Gardane en 2010. Según cifras, la tasa de desempleo aumentó en este período. A pesar de los intentos de los organismos de estadística del régimen dictatorial de promover una tasa de desempleo del 13 por ciento, el desempleo juvenil alcanzó al menos un 31 por ciento. Esas cifras reflejan el fracaso del régimen neoliberal de Ben Ali, cuya política económica se basaba en aumentar el número de diplomados universitarios calificados para que trabajaran en el sector privado, atraer la inversión extranjera y en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, firmado en 1995. En lugar de resolver el problema del desempleo, el acuerdo destruyó el sector textil y dejó a casi medio millón de trabajadores sin empleo.

Una de las consecuencias del fracaso de estas políticas de desarrollo fue haber destinado la mayoría de las inversiones importantes en infraestructura pública y el sector privado a las provincias costeras, a expensas de las del interior del país. Es así que se adoptaron las mismas medidas económicas que los colonizadores franceses habían adoptado para facilitar el saqueo. En gran medida, ello explica el aumento del índice de pobreza y la tasa de desempleo en las zonas no costeras². Y también explica la revolución del 17 de diciembre, que estalló en Sidi Bouzid, en el centro de Túnez, se extendió a Kasserine, una provincia vecina, y luego a otras provincias marginadas, hasta llegar a los barrios más pobres de las periferias urbanas, donde las condiciones de vida son muy difíciles.

Tras el éxito temprano del régimen de Ben Ali (llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1987) en eliminar a su principal opositor político, el movimiento Ennahda, el régimen intentó obtener legitimidad popular a través de la adopción de medidas de desarrollo que beneficiaban a las zonas más aisladas. Ello incluyó la construcción de carreteras y el tendido de cañerías y redes eléctricas. Sin embargo, el carácter propagandístico y temporal de lo que los medios estatales llamaron “logros” pronto quedó de manifiesto, mientras el régimen aplicaba las mismas políticas de “desarrollo” que habían fracasado. Para empeorar las cosas, Ben Ali permitió que miembros de su familia sanguínea y política asumieran el control de diversas empresas del sector público y estuvieran a cargo de sus presupuestos, además de controlar las transacciones públicas y dilapidar los fondos de los bancos estatales, para su rápido enriquecimiento personal. Ello dio lugar a la acumulación casi total de capital en manos de una minoría de familias casadas entre sí (que conforman el 21 por ciento de la economía de Túnez, según un informe del Banco Mundial). También contribuyó a que la oposición al régimen se ampliara a un sector de la burguesía al que se había privado de la capacidad de competir en varios sectores lucrativos. Con el aumento de la tasa de desempleo entre diplomados universitarios a mediados de la década de 2000 (que alcanzó el 22 por ciento, según cifras oficiales dudosas), el régimen perdió credibilidad entre grandes segmentos de la clase media.

A medida que la furia en Túnez se entrelazó y multiplicó, el suicidio público de Bouazizi suscitó protestas populares en todo el país.

Se puede decir que Bouazizi representaba a un amplio estrato social del país: los jóvenes que perdieron acceso a la educación y fueron excluidos del pequeño y extremadamente selectivo mercado de trabajo. La “actividad ilegal” de la cual la policía de Sidi Bouzid acusaba a Bouazizi es muy común en muchas provincias tunecinas y se suele utilizar contra personas en barrios urbanos pobres. Sin embargo, el caso de Bouazizi se destaca por haber ocurrido en una región principalmente agrícola, donde los productores de pequeña escala sufrían (y aún sufren) marginación y sus tierras son expropiadas en beneficio de la burguesía agraria (especialmente de la provincia de Sfax). Unos meses antes del incidente de Bouazizi, pequeños productores de la localidad de Regueb realizaron una sentada en Sidi Bouzid para denunciar el intento del Banque Nationale Agricole de robar sus tierras, y fueron reprimidos por la policía. Se puede decir, entonces, que los levantamientos comenzaron cuando un vendedor ambulante y campesinos privados de los medios (agrícolas) de producción se negaron a obedecer las leyes del mercado que los obligan a estar empleados y formar parte del ejército de reserva del capital.

Los levantamientos pronto se extendieron al resto de los distritos de Sidi Bouzid, como Menzel Bouzaiane, Meknassy y Regueb, donde hubo más mártires. Más tarde se extendió a las provincias vecinas de Kasserine, Siliana y El-Kef, donde se daba la misma dinámica social: jóvenes desempleados, privados de medios de producción agrícola (que es fundamental para el desarrollo de una región que carece de actividad industrial), que hallaron en manifestarse contra el asesinato de otro joven la oportunidad de expresar su rechazo a las mismas políticas de marginación de las que eran víctimas.

Estas protestas pronto contaron con el apoyo de activistas locales y sindicalistas afiliados a las oficinas regionales de la Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT) –el sindicato más grande y más importante del país, que defiende principalmente los intereses de la clase media vinculada a los empleos en el sector privado– en una expresión del deterioro de las condiciones de vida de esta porción específica de la clase media. La sensibilización política y las aspiraciones democráticas de gran parte de los dirigentes sindicales locales contribuyeron a la creación de las consignas del levantamiento, entre las cuales la más importante era: “El empleo es un derecho, banda de ladrones”.

Tras la represión sangrienta por parte del régimen, la ira se extendió a todo el país y a la “oposición democrática” de la izquierda parlamentaria, la Unión General de Estudiantes de Túnez (UGET), círculos sindicales, abogados politizados, defensores de derechos humanos y universidades y, más tarde, a la capital y las calles. Estos partidos y segmentos de la sociedad, que representan principalmente a una pequeña burguesía educada, hallaron que era el momento oportuno para deshacerse del autoritarismo político y la opresión que se habían impuesto a diversas clases sociales.

No obstante, estos movimientos fueron suprimidos rápidamente o acorralados por la fuerza policial. Lo que inclinó la balanza a favor del levantamiento fue, sin duda, que la juventud de los barrios populares en las periferias urbanas se sumó al movimiento. Este grupo social marginado, una de las peores víctimas del régimen, que no tenía riqueza ni privilegios que perder, fue el que se enfrentó a la policía del régimen y quemó su sede. Pero pagó el precio: hubo decenas de mártires en barrios aledaños a la capital, de norte a sur, especialmente El-Karam El Gharbi, donde los jóvenes desempeñaron un papel fundamental en amenazar a Ben Ali el día que “huyó” (el 14 de febrero), y en Sousse y Sfax y otras partes.

El impulso de los jóvenes de los barrios populares y las zonas marginales aumentó a medida que los dirigentes sindicales, presionados por sus afiliados, comenzaron a comprender la importancia de esta coyuntura histórica. La filial de la UGTT en Sfax convocó una huelga general el 12 de enero. La huelga fue un éxito, y la marcha multitudinaria y los enfrentamientos violentos con la policía el mismo día marcaron un punto de inflexión muy importante que sacudió los cimientos del régimen. Posteriormente, hubo una convocatoria similar de las oficinas regionales del mismo sindicato para realizar una huelga general en la capital el 14 de enero. Mientras tanto, Ben Ali cometió el grave error de intentar apaciguar a los tunecinos con un discurso pronunciado el 13 de enero. Además de intentar sobornar a parte de la oposición democrática al ofrecerles cargos en el gobierno de transición (que algunos aceptaron después del 12 de enero), Ben Ali parecía estar confundido cuando se dirigió al pueblo en dialecto tunecino por primera vez. Si bien en dos discursos anteriores había utilizado amenazas y se había referido a su “determinación”, ahora afirmaba que “entendía a todas las personas, ya fueran de la oposición, desempleados o empresarios”. El dictador afirmó que algunas personas lo habían “engañado”, librándose de toda responsabilidad por los disparos contra manifestantes, y prometió libertades públicas, que no buscaría la reelección y que responsabilizaría a los “corruptos”. Tras el discurso, Ben Ali anunció y ejecutó una serie de medidas para disminuir la censura de los medios de comunicación con el fin de apaciguar a la población.

Estos lamentables intentos de Ben Ali de contener el daño y renovar su imagen fracasaron. La mañana memorable del 14 de enero comenzó con un aumento de las protestas en la capital. Cuando las fuerzas policiales se retiraron para dar paso a las fuerzas armadas, más personas salieron a la calle. En un momento histórico, la multitud inundó la avenida Habib Bourguiba. Allí, miles de personas realizaron una sentada frente a la sede del Ministerio del Interior para exigir la “caída del régimen” y la renuncia de Ben Ali. La manifestación, encabezada por abogados y activistas políticos, duró casi todo el día, antes de que se suscitaran enfrentamientos con la policía durante el cortejo fúnebre de un mártir de uno de los barrios populares.

Este mismo patrón se repitió en casi todas las ciudades del país, que se convirtieron en campos de batalla entre manifestantes y la fuerza policial. En un momento, los manifestantes atacaron y quemaron las casas de la familia política de Ben Ali. En vista de esta situación explosiva, los familiares directos y políticos de Ben Ali huyeron del país porque temían por sus vidas. Según interrogatorios filtrados con funcionarios militares y de seguridad, y literatura que examina los acontecimientos de ese día, parecería que parte del entorno de Ben Ali, incluido su yerno Marouane Mabrouk y el director de la guardia presidencial Ali Seriate, le informó de inminentes ataques contra el palacio. Ello forzó al dictador a huir junto con su familia a Arabia Saudita, con la esperanza de regresar pronto y retomar el control de la situación.

El movimiento Ennahda ganó las elecciones el 23 de octubre de 2011, tras veinte años de sufrir persecución por parte del régimen. Sin dudas, el apoyo financiero de Qatar y el apoyo político de Turquía desempeñaron un papel fundamental en la victoria. El movimiento no solo se benefició de un discurso religioso de fácil difusión, sino también de su condición de víctima de la dictadura del régimen. Tras la victoria electoral, Ennahda formó una alianza con dos partidos de centroizquierda, pero de hecho parecía más cercano a los sectores de centro-derecha: el partido Congreso para la República (CPR) y el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL). Esta alianza de tres partidos fue denominada la troika.

Ennahda siguió gobernando hasta diciembre de 2014. A continuación se resumen los acontecimientos más importantes de su mandato:

• Al comienzo, Ennahda intentó afrontar los vestigios de la ex RCD. Se alejó de su discurso de “limpieza revolucionaria” y decidió realizar acuerdos en materia política, de medios de comunicación, seguridad y economía con sectores del régimen anterior.
• Al mismo tiempo, el partido participó en una batalla peligrosa con la porción de la sociedad que quería conservar el legado de laicidad y las victorias sociales de Túnez (especialmente las de las mujeres), al proponer un primer proyecto de constitución que contenía artículos reaccionarios. El movimiento también abrió la puerta a las corrientes salafistas, que se aprovecharon de las nuevas libertades y de la debilidad del Estado, y utilizó a estas corrientes en su lucha contra los opositores liberales y de izquierda.

En un momento en que los partidos políticos que representaban a la burguesía compradora tradicional estaban fragmentados tras la disolución de la RCD y ante el fracaso de los nuevos partidos neoliberales de representar los intereses de esa burguesía, algunos partidos de izquierda y la corriente nacional progresista intentaron unir fuerzas en el “Frente Popular para el Logro de los Objetivos de la Revolución” en un intento de sumarse a las protestas sociales cada vez más intensas en algunas regiones. Pronto aumentó la tensión entre el Ennahda y Nidaa Tounes (que había sido fundado por Beji Caid Essebsi al reunir elementos aislados de la RCD), que estaba implícitamente aliado al sindicato nacional UGTT. Mientras tanto, el Frente Popular se unió a este último grupo, en algunos casos para defender las libertades y los derechos de la mujer y, en otros, para rechazar el neoliberalismo de los nuevos líderes del Gobierno. Sin embargo, la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (UTICA), históricamente la principal organización de la burguesía, inicialmente pareció haber elegido la neutralidad. En apariencia, las tensiones se centraban en cuestiones culturales y de identidad, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era una lucha de poder entre una nueva élite que intentaba controlar las funciones estatales y la vieja élite que se negaba a renunciar a sus privilegios y cargos.

Las nuevas condiciones afectaron severamente a las instituciones estatales, incluidos los servicios de seguridad e inteligencia, lo que permitió que grupos salafistas se organizaran, armaran y llevaran a cabo operaciones terroristas. El asalto de la Embajada de los Estados Unidos por manifestantes salafistas tras la proyección de una película que se burlaba del profeta Mahoma fue un punto de inflexión, al igual que el asesinato de Chokri Belaid, un importante líder del Frente Popular, el 6 de febrero de 2013. Este líder de izquierda se había destacado por su discurso contra el movimiento Ennahda y su fuerte activismo a favor de las protestas sociales. Por lo que todas las miradas acusadoras apuntaron al movimiento Ennahda, al que se responsabilizó de su asesinato.

Tras el asesinato de Belaid, hubo manifestaciones masivas. Esta situación confundió a Ennahda, que presionó a su primer ministro y líder del partido, Hamadi Jebali, a que cediera a los reclamos de la oposición de formar un gobierno tecnócrata liderado por él, sin la aprobación del líder del partido, Rached Ghannouchi, quien lo consideró un “golpe contra la legitimidad”. La dirigencia de Ennahda nombró primer ministro al ministro del Interior, Ari Laarayedh, en reemplazo de Jebali, y accedió a nombrar a algunos ministros “tecnócratas”. Estos cambios no calmaron las tensiones entre las élites. Es así que continuaron las manifestaciones sindicales y sociales, entre ellas una manifestación contra un impuesto a los taxistas y a los transportistas.

Ennahda ahora se enfrentaba a un entorno regional hostil, como el golpe de Estado de Al Sisi que había derrocado al Gobierno de los Hermanos Musulmanes en Egipto tres semanas antes, y también sufría presión popular a nivel nacional, como una sentada para exigir su renuncia, organizada por el Frente de Salvación, una alianza de Nidaa Tounes y el Frente Popular, que contaba con el apoyo de la burguesía “modernista”⁹ y sus medios de comunicación. La sentada frente a la asamblea constituyente duró más de un mes y finalmente Ennahda se vio obligado a aceptar su derrota. Ghannouchi se reunió con Caid Essebsi en París, bajo la mediación de empresarios y políticos de derecha y con el aval del Gobierno francés, y alcanzaron un acuerdo mediante el cual Ennahda entregaría el control del Gobierno a cambio de la aprobación de una constitución consensuada y de poner fin lo antes posible a las funciones de la asamblea constituyente. Es así que, a través de un “diálogo nacional” (con el patrocinio de organizaciones nacionales y del G8) se acordó que un “tecnócrata”, Mehdi Jomaa, ex director de Hutchinson (afiliada a la empresa francesa Total) sería el primer ministro hasta que se celebraran elecciones en 2014.

Al concluir el acuerdo, que fue elogiado a nivel local e internacional como un logro histórico, se salvó la trayectoria de la “transición democrática” y finalmente se acordó la nueva constitución. Sin embargo, la situación de las clases populares y la soberanía del Estado empeoró. Mehdi Jomaa, que había sido nominado por el presidente de UTICA, asumió el poder, y las huelgas de trabajadores organizadas por la UGTT terminaron “milagrosamente”, especialmente en el sector privado. Además, se aprobaron nuevas leyes y acuerdos que exacerbaron la dependencia de Túnez del capital extranjero (especialmente la ley mediante la cual se privatizó la producción de energía solar) y se negoció un amplio acuerdo de libre comercio entre Túnez y la UE. Las instituciones financieras internacionales y las organizaciones liberales de la sociedad civil presionaron para que se garantizara que la nueva constitución incluyera algunos capítulos que socavaban la soberanía del país y del pueblo. Quizá el más alarmante de todos fue el capítulo sobre el equilibrio fiscal¹⁰. Con la bendición imperialista, este breve período de transición allanó el camino para la siguiente fase de coaliciones de derecha.

Es imposible pasar por alto aquí la “doctrina del shock” de Naomi Klein. Klein explica cómo los poderes imperialistas y sus instituciones financieras internacionales –con la complicidad de la burguesía local– se aprovechan de acontecimientos devastadores en un determinado país (desastres naturales, golpes de Estado y guerras) para colocar a “tecnócratas” en el poder a fin de que implementen políticas neoliberales que la población consideraba inaceptables. Del mismo modo que la Escuela de Chicago se aprovechó del golpe de Estado de Pinochet en Chile y de la invasión de los Estados Unidos en Irak, en Túnez se recurrió a asesinatos y terrorismo para promover esas políticas. Esto plantea preguntas legítimas sobre los posibles vínculos entre movimientos terroristas en Oriente Medio y los poderes imperialistas.

El mandato de Mehdi Jomaa culminó con la celebración de elecciones legislativas y presidenciales. El partido Nidaa Tounes logró una victoria arrolladora mediante la cual obtuvo la mayoría en el Parlamento y su líder, Beji Caid Essebsi, fue electo presidente. Ennahda quedó segundo en el parlamento, mientras que el Frente Popular quedó en tercer lugar. La malicia competitiva y electoral entre Nidaa Tounes y Ennahda dio lugar a lo que pasó a conocerse como el “Acuerdo de los dos jeques” (en referencia a Essebsi y Ghannouchi), mediante el cual los dos antiguos opositores se convirtieron en aliados en un Gobierno cuyo líder fue nombrado por Caib Essebsi.

Durante este período, el Estado tunecino venció a los movimientos terroristas (después de muchas operaciones sangrientas, entre las cuales la más peligrosa fue el intento de establecer un emirato salafista en Ben Gardane), mientras que las protestas sociales experimentaron una gran transformación cuantitativa y cualitativa. Durante estos años, las sentadas de jóvenes desempleados se ampliaron a ciudades y provincias para exigir empleo y el desarrollo de las regiones marginadas. No obstante, a partir de 2015, las luchas sociales comenzaron a cambiar. Cabe destacar el caso de Jemna, una pequeña ciudad del suroeste del país, cuya población libró una importante batalla con la ayuda de grupos y organizaciones de izquierda. La población de Jemna reclamó la tierra del oasis, que había pasado a manos del Estado (para ofrecerlo al capital privado), y comenzó a gestionarla de manera colectiva para el beneficio de la población. Ello permitió que por primera vez en el país hubiera una discusión sobre la situación de la agricultura, la soberanía alimentaria y los modos de producción (o el “modelo de desarrollo” en el discurso de los medio hegemónicos). De forma similar, a través de la heroica batalla contra la empresa de producción de gas, Petrofac, la juventud desempleada de las islas Kerkennah planteó la cuestión del empleo desde una perspectiva nueva, arrojando luz en el modo de gestionar y distribuir la riqueza energética. Asimismo, en el marco de la campaña “¿Dónde está el petróleo?”, activistas exigieron transparencia respecto de la extracción de combustibles fósiles en el país. Por mencionar otro ejemplo, a pesar de la distorsión de los medios de comunicación y la brutalidad policial, hubo una batalla en la provincia de Tatouine en 2017, en la cual los jóvenes se manifestaron en el desierto en un área conocida como “El Kamour”, ubicada en una intersección por la que pasan camiones de una empresa petrolera extranjera, para reclamar el derecho de la población local de beneficiarse de los recursos naturales de su región, que son explotados por empresas extranjeras. Estos manifestantes y otros comenzaron a utilizar nuevos eslóganes de movilización, como “nacionalización de la riqueza”, recordando el legado histórico de sus ancestros y la lucha contra los colonizadores franceses.

No obstante, los dos Gobiernos electos desde 2014 ignoraron estas demandas. El régimen mantuvo las mismas medidas neoliberales y siguió los preceptos de los poderes imperiales y sus instituciones financieras internacionales. Continuó las políticas de obtener préstamos extranjeros, implementar medidas de austeridad y privatizar las instituciones del sector público. El Gobierno de Youssef Chahed adoptó decisiones controvertidas que amenazaron la soberanía del Estado y los derechos de las clases populares. Una de ellas fue la nueva ley del banco central, que afianzó aún más la “independencia” del banco respecto del Estado, así como el comienzo de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Túnez (ALECA).

Esta fase fue un importante punto de inflexión en la lucha de clases en Túnez. Las clases populares habían aprendido de la experiencia y las luchas anteriores que no se puede lograr nada a menos que se ataque directamente al capital, en lugar de únicamente presionar a las instituciones estatales incapacitadas, que son los peones de la burguesía local a nivel nacional y de los poderes imperiales y las instituciones financieras a nivel internacional.

Ante la incapacidad de la izquierda tradicional de unir a las clases populares y canalizar sus luchas políticamente, no sorprende que no lograra ganarse la confianza de los votantes en las elecciones legislativas y presidenciales (aunque cabe señalar que un porcentaje considerable de estas clases había perdido interés en las elecciones). Como consecuencia de su creciente frustración con los diferentes partidos políticos y con el sistema “democrático” en su totalidad, las clases populares depositaron su confianza en quienes, en su opinión, estaban en contra del sistema, eran independientes de los partidos corruptos y tenían las manos limpias. Es así que se dio un extraño giro de los acontecimientos en octubre de 2019: un profesor universitario de derecho constitucional asumió la presidencia de la república. 

Además de la frustración de las clases populares y la búsqueda de un “salvador íntegro”, se puede entender la llegada al poder de un candidato que estaba por fuera de la política como la “última esperanza” de la pequeña burguesía conservadora, especialmente quienes habían anhelado reivindicar el “estado de bienestar social” desde la década de 1970, cuando comenzaron a ponerse de manifiesto las consecuencias de las decisiones neoliberales de Túnez.

En cuanto asumió la presidencia, Kais Saied se involucró en una lucha acalorada contra la mayoría parlamentaria, liderada por Ennahda, y sus dos aliados de derecha: la Coalición de la Dignidad (un grupo de demagogos culturalmente conservadores) y el movimiento Corazón de Túnez (un grupo de oportunistas, encabezado por el empresario corrupto Nabil Karoui). Al mismo tiempo, el Partido Constitucional Libre, encabezado por Abir Moussi (abogada del régimen de Ben Ali) intentó heredar lo que quedaba del Partido Nidaa Tounes, que se había desmoronado tras la muerte de su fundador Caid Essebsi el 25 de julio de 2019, en medio de su campaña electoral con Ennahda contra Saied.

Entre tanto, las protestas sociales siguieron ampliándose y diversificándose. Cada vez contaban con más participación de pequeños agricultores (por ejemplo en las protestas en Al Houaidia y Ouled Jaballah). Además, se suscitaron los enfrentamientos anuales de invierno entre los jóvenes pobres de los barrios populares y las fuerzas policiales. El invierno de 2020-2021, diez años después de la revolución, fue un período de descontento generalizado en los barrios populares cercanos a la capital y algunas regiones marginadas del interior del país, que contó con apoyo considerable de grupos de jóvenes y de izquierda.

Los tunecinos estaban enfurecidos con el Gobierno de Hichem Mechichi por su mal manejo de la pandemia de COVID-19¹¹. Decenas de personas morían cada día como consecuencia de un sistema de salud pública colapsado y un Gobierno que no se atrevió a usar instalaciones de salud privadas o imponer un confinamiento total por temor a perjudicar los intereses de la burguesía.

Esta mezcla de furia y frustración estalló el 25 de julio de 2021 en manifestaciones para exigir la disolución del Parlamento. Las protestas estaban especialmente dirigidas hacia el movimiento Ennahda, al que se responsabilizó de la situación y se quemaron varias de sus filiales regionales. Ante la ausencia de una alternativa revolucionaria capaz de organizar a este movimiento, Kais Saied consideró que era un momento oportuno para anunciar un estado de “amenaza inminente” ese mismo día. Es así que interpretó el artículo 80 de la Constitución en forma arbitraria, disolvió el Gobierno, suspendió el Parlamento, puso fin a la inmunidad para sus miembros y asumió el control de los poderes legislativo y ejecutivo (e incluso de parte del poder judicial), aunque prometió que no limitaría las libertades. El estado de algarabía y alivio popular generado por estas medidas excepcionales (aún en vigor al momento de redactar el presente artículo en agosto de 2021) reflejan el alcance de la denominada “excepción” democrática tunecina. Confirmó una vez más que la libertad es como un espejismo a la sombra de una democracia representativa dominada por los poderes imperialistas y del capital, y carece de contenido social o soberano.

En el presente artículo he demostrado cómo el levantamiento popular en Túnez iniciado el 17 de diciembre de 2010 por personas marginadas del interior del país y jóvenes de barrios pobres no se convirtió en una revolución –en el sentido de un cambio radical en el modo de producción seguido de la construcción de sistemas culturales, políticos y de valores diferentes. Se podría decir que fue una revolución que comenzó con eslóganes que expresaban demandas populares y terminó con demandas políticas que concernían fundamentalmente a la pequeña burguesía y, consiguientemente, fracasó. El proceso fallido de convertir un levantamiento en una revolución (o la derrota de la revolución) comenzó el día en que las fuerzas contrarrevolucionarias lograron dispersar a los manifestantes de la casba, luego de que la burocracia sindical y algunos partidos de izquierda lograran convencerlos de que aceptaran las migajas de la democracia liberal. Ello culminó en las elecciones del 23 de octubre de 2011, en medio de la hegemonía de los medios capitalistas y bajo la tutela imperial, encarnada por las resoluciones de la Conferencia de Deauville y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Fue entonces que se sustituyó la “vía revolucionaria” por la “vía de transición democrática” –hacia más neoliberalismo y dependencia de los centros imperiales.

¿Qué nos depara el futuro? Es difícil predecir qué ocurrirá en la próxima fase de la travesía de Túnez. En medio de un paisaje político dividido (incluido en la izquierda) entre quienes denunciaron el “golpe” de Kais Saied y quienes lo consideran como una corrección del trayecto o una respuesta parcial a la voluntad popular que merece apoyo fundamental, llevar a cabo iniciativas depende únicamente de Saied. No presta mucha atención a las opiniones de los partidos políticos o la sociedad civil y, en cambio, parece contar con gran apoyo popular, convencido de que tiene una tarea histórica divina: satisfacer los deseos de la población. En lugar de su eslogan electoral “la gente quiere” y su proyecto político para cambiar el régimen de una democracia parlamentaria adaptada a una democracia presidencial localizada no partidista, Saied no parece tener una visión para adoptar las decisiones económicas y políticas necesarias para salvar a Túnez. En medio de condiciones económicas y financieras difíciles, esta situación abre la puerta a la intervención extranjera (especialmente evidente en el apoyo del eje saudita-emiratí¹², aliado a la entidad sionista).

Además, la ausencia de una organización política institucionalizada que entienda a la sociedad y ayude al presidente sobre el terreno, lo vuelve casi totalmente dependiente de los informes de las instituciones estatales y los servicios de seguridad. Si no logra hallar soluciones lo antes posible para brindar vivienda y servicios de salud básicos a las clases populares, Saied podría allanar el camino para que sus opositores –que se vieron perjudicados por lo ocurrido después del 25 de julio– lo derroquen. Lo que es más peligroso es que este momento podría aprovecharse para lanzar otro golpe de Estado en su contra o podría caer en la tiranía y la dependencia excesiva de los aparatos estatales para reprimir a las clases que lo ven como la “última esperanza” del país.

Por su parte, a la izquierda no le queda alternativa después de haber desaprovechado muchas oportunidades para obtener apoyo popular en los últimos años –a menos que logre deshacerse de sus delirios culturales elitistas y piense seriamente en formas de involucrase con las clases populares.

Cuando se habla de la revolución egipcia de enero de 2011 no se suele mencionar al movimiento obrero, sino que, en general, se centra la atención en la idea de una rebelión juvenil impulsada por las redes sociales. Sin embargo, para entender el trayecto de la revolución es necesario abordar el papel que desempeñó el movimiento de los trabajadores.

Inmediatamente después del derrocamiento de Mubarak el 11 de febrero de 2011, las luchas de los trabajadores parecían ser un factor independiente dentro del proceso revolucionario, separadas de la juventud de la Plaza Tahrir o de los activistas de las redes sociales o incluso de las fuerzas políticas opositoras al régimen. A pesar de la retirada de los manifestantes de la Plaza Tahrir y de los crecientes llamamientos de destacadas figuras políticas a la población egipcia para que “regresen a trabajar” y “vuelvan a hacer girar la rueda de producción”, millones de trabajadores llevaron la revolución a sus lugares de trabajo¹. Se libraron batallas feroces contra los “restos del régimen” en instituciones gubernamentales y en los sectores público y privado². Estas huelgas y manifestaciones continuaron la ola de luchas de los trabajadores que habían comenzado antes de la caída de Mubarak y que, del 6 al 11 de febrero, se expandieron a las filiales de la empresa Suez Canal Company, la Autoridad de Transporte Público de El Cairo, las oficinas de correos, las instituciones gubernamentales, las fábricas militares, las instituciones mediáticas del régimen y otros lugares de trabajo.

La ampliación de la lucha revolucionaria al lugar de trabajo puso en cuestión los esfuerzos de las fuerzas reformistas, tanto islamistas como liberales, de limitar el significado de “revolución” a la reforma constitucional y la elaboración de mecanismos electorales. Mediante estas luchas para “purgar a las instituciones” los trabajadores descubrieron que era imposible separar la lucha política contra el antiguo partido de gobierno de la lucha por la justicia social³.

En ocasiones este descubrimiento tuvo resultados radicales: por ejemplo, en el Hospital Manshiyet al-Bakri en El Cairo, los trabajadores destituyeron al director, eligieron a uno nuevo e intentaron implementar mecanismos de democracia directa, en lugar de democracia representativa, mejorando así la atención de los pacientes⁴. Los trabajadores del aeropuerto de El Cairo obligaron a que se contratara a un director civil por primera vez (en lugar de uno militar) y los trabajadores del gobierno local de Alejandría despidieron a un general no electo de su cargo de dirigente del consejo barrial. En septiembre de 2011, los docentes organizaron una de las mayores huelgas en la historia de Egipto, no solo para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo para sí mismos, sino también para que se reformara el plan de estudios y para que la carga de las clases privadas dejara de recaer en los ciudadanos⁵. Estos ejemplos señalan la importancia de la “acción recíproca” entre los aspectos económicos y políticos de la lucha de clases, como señala Rosa Luxemburgo en Huelga de Masas, Partido y Sindicato⁶.

En el presente artículo se sostiene que este proceso de acción recíproca desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del proceso revolucionario en Egipto. También se argumenta que un modo de entender la contrarrevolución es considerarla como una acción recíproca inversa, en la cual el aspecto político de la lucha de clases tiende a dirigirse hacia la reproducción de la tiranía y los mecanismos de represión y explotación, como pudo observarse en Egipto a partir del último trimestre de 2012. También se intentará aclarar por qué la acción colectiva espontánea no es, en sí misma, suficiente para profundizar la interacción entre los aspectos económicos y políticos de una revolución, especialmente en el contexto de un enfrentamiento con el Estado. Los revolucionarios deben ganarse el apoyo de muchos activistas de la clase trabajadora en torno a una visión política de su papel en la revolución que reconozca la importancia de profundizar e intensificar el proceso revolucionario, especialmente durante el enfrentamiento con órganos del Estado, a fin de abrir espacio al empoderamiento del movimiento de los trabajadores y aumentar su impacto político. Esta visión difiere de las perspectivas que proponen la separación del movimiento de los trabajadores de la política y de la idea de que el papel de sus dirigentes es proteger a los trabajadores de la politización. También se diferencia de la visión de las huelgas y protestas como un arma que la oposición puede utilizar en la lucha contra el régimen, en lugar de un elemento integral en el proceso de emancipación de la clase trabajadora. El artículo se centra, en cambio, en los desafíos para la clase trabajadora de expresar una perspectiva política como clase “para sí”, como proponía Karl Marx.

El comienzo del movimiento egipcio de solidaridad con la segunda intifada (levantamiento) palestina en 2000 probablemente sea el punto de partida adecuado para analizar los acontecimientos que culminaron en la revolución de enero de 2011. Ello se debe a dos motivos. En primer lugar, el florecimiento del movimiento de solidaridad con Palestina ocurrió después de un largo período de apatía entre la población egipcia, durante el cual las formas de protesta social y política habían desaparecido, mientras el régimen utilizaba la retórica de la “lucha contra el terrorismo” para controlar a la oposición y evitar manifestaciones. El segundo motivo es el alcance geográfico y el marco cronológico del movimiento en apoyo a la intifada palestina, en el que participaron universidades, escuelas, partidos políticos y asociaciones de profesionales, que organizaron protestas en muchas provincias del país, ampliando la participación de las élites políticas a las zonas populares. La gran extensión geográfica del movimiento y su prolongada duración a lo largo de tres años, de septiembre de 2000 a marzo de 2003, brindaron una excelente oportunidad para desarrollar mecanismos institucionales, atrayendo a nuevas generaciones de jóvenes a la actividad política.

El movimiento de solidaridad con Palestina también allanó el camino al movimiento en contra de la guerra de los Estados Unidos en Irak, a través de los vínculos establecidos entre las fuerzas políticas y los sindicatos de profesionales, que habían interactuado en apoyo de la intifada palestina. El movimiento de protesta contra la invasión estadounidense en Irak en 2003 fue un punto de inflexión en el desarrollo de la movilización política de la población egipcia por dos motivos. En primer lugar, hubo una movilización de masas muy exitosa, especialmente cuando comenzó la guerra el 20 y 21 de marzo. Al comenzar la agresión, gran parte de la población respondió a la convocatoria de la Coalición contra la Invasión de Irak de realizar manifestaciones. Miles de personas se manifestaron en la Plaza Tahrir en El Cairo durante las primeras horas de la invasión. Las manifestaciones culminaron únicamente cuando las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente a los manifestantes por la noche. Al día siguiente, un viernes, las manifestaciones comenzaron después de la oración en varias mezquitas, la mayor de ellas en al-Azhar. Si bien las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes, algunos lograron llegar a la periferia de la Plaza Tahrir, donde las fuerzas de seguridad nuevamente reprimieron la protesta y detuvieron a un gran número de personas. La respuesta del régimen alcanzó nuevos niveles de violencia: las fuerzas de seguridad bloquearon la entrada a la mezquita de al-Azhar el 21 de marzo, inundaron el patio con gases lacrimógenos y arrestaron a un gran número de fieles que intentaban manifestarse. Este nivel de violencia puso de relieve la importancia de la lucha por la democracia y la apertura de un espacio público para la protesta y la acción política.

Las señales cada vez más claras de que Gamal Mubarak reemplazaría a su padre en la presidencia en 2004 hicieron que el proyecto de reforma democrática se volviera más urgente y dieron lugar a la creación de coaliciones para exigir democracia y rechazar la herencia de poder. La más significativa de ellas fue el Movimiento Egipcio para el Cambio (Kifaya), creado en diciembre de 2004. Además, surgieron otros movimientos, entre los que se destacan la Juventud por el Cambio; Artistas y Escritores por el Cambio; y Periodistas por el Cambio.

Estos acontecimientos contribuyeron a que los jóvenes asociados al movimiento político de masas desde 2000 integraran nuevos grupos: por ejemplo, un grupo que en 2006 defendía el movimiento de los jueces por la independencia judicial. Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, el surgimiento de canales satelitales no controlados por el Estado y el crecimiento de periódicos privados en ese período, las ideas de cambio, reforma y democracia tenían una oportunidad sin precedentes para propagarse y tener un impacto.

No obstante, durante estos años iniciales el régimen podía absorber el impacto, a pesar de que el movimiento había comenzado a expresar críticas contra el propio Mubarak –algo que para la oposición había estado prohibido durante todo su mandato desde 1981. En 2005, la esperanza de cambio había comenzado a difuminarse tras la reelección de Mubarak y, al año siguiente, el régimen logró controlar las protestas de los jueces. Más tarde, en 2006, el régimen aprobó reformas constitucionales que habrían permitido a Gamal Mubarak heredar el poder.

El movimiento de los trabajadores hizo que la población egipcia volviera a salir a las calles tras la retirada de las movilizaciones políticas contra el régimen a partir de 2006. Si bien los eslóganes y las demandas del movimiento de los trabajadores no fueron tan radicales como la movilización política (que criticaba al presidente y se oponía a que el hijo de Mubarak, Gamal, heredara el poder), profundizaron la práctica de la democracia y desarrollaron mecanismos institucionales y de movimientos que beneficiaron enormemente al movimiento político.

Los acontecimientos relacionados con el 6 de abril de 2008 fueron un punto de inflexión en el desarrollo del movimiento político de masas en Egipto e ilustran la acción recíproca entre el movimiento de los trabajadores y la movilización política. Los trabajadores de Mahalla habían anunciado su decisión de realizar una huelga ese día, para exigir (entre otras cosas) un aumento del salario mínimo nacional. Las fuerzas políticas de la oposición, encabezadas por Kifaya (que reunía a la mayoría de las fuerzas que impulsaban un cambio), convocaron una huelga general en todo el país ese mismo día. Finalmente, ni la huelga general ni la huelga de Mahalla tuvieron lugar (esta última fue suspendida por las fuerzas de seguridad), pero el 6 de abril estalló un levantamiento popular contra el aumento de los precios y la pobreza en Mahalla. Durante los tres días de protestas, la multitud destruyó fotografías de Mubarak y el primer ministro se vio obligado a visitar la localidad y la fábrica en un intento de calmar los ánimos, ofreciendo algunas concesiones a los trabajadores y la población local.

Muchas de las características del movimiento de los trabajadores tendrían una influencia directa en la revolución de enero de 2011: la ocupación de plazas públicas, la organización de comités para provisiones, negociaciones y para proteger las instalaciones, y la amplia participación de las mujeres. Los medios de comunicación y las redes sociales difundieron estas prácticas entre toda la sociedad, pasando orgánicamente del ámbito del movimiento de los trabajadores al ámbito más amplio de la revolución.

Cuando estalló la revolución en enero de 2011, el movimiento de los trabajadores había logrado avances significativos en cuanto a su organización y movilización. Su impacto en la sociedad era considerable: las sentadas en el lugar de trabajo y el corte de calles por parte de los trabajadores se habían convertido en parte de la cultura de protesta contemporánea y se consideraba que el movimiento era uno de los factores principales que podía lograr un cambio en Egipto. A pesar de estos avances, debido a la ausencia de organizaciones de trabajadores independientes con suficiente peso social o experiencia política, la participación de los trabajadores en el levantamiento popular a comienzos de la revolución de 2011 adoptó fundamentalmente dos formas. La primera fue la apertura de un “segundo frente” con el estallido de una gran ola de huelgas y sentadas (que continuaron después de la caída de Mubarak mediante batallas para destituir a miembros del partido de gobierno de puestos de dirección). La segunda fue a través de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en las calles, las plazas y los barrios populares, en que las fuerzas de seguridad hirieron de bala a varios trabajadores.

Por supuesto que los trabajadores estaban entre la multitud de manifestantes el 25 de enero y en los días siguientes, pero en ese período no hubo una presencia distintiva de trabajadores. Tras la imposición de toques de queda prolongados, a los trabajadores les resultaba difícil congregarse en los lugares de trabajo, en su mayoría cerrados por las autoridades, que decretaron un feriado. Sin embargo, en cuanto se relajó el toque de queda, el movimiento de los trabajadores comenzó a dejar su marca en la revolución. En Suez, por ejemplo, trabajadores de más de 10 empresas convocaron una sentada el 6 de febrero, entre ellas en cuatro empresas subsidiarias de Suez Canal Company y Lafarge Cement and Glass Company. Los trabajadores de Telecom Egipto también anunciaron una sentada, mientras que trabajadores de limpieza en Giza comenzaron una sentada y una huelga, bloqueando una de las carreteras principales a la zona, como hicieron los trabajadores de la empresa de hilado y tejeduría Abu-al-Siba’i en Mahalla.

La primera ola importante de protestas de trabajadores duró del 6 al 11 de febrero e incluyó acciones generalizadas que afectaron a casi todos los sectores de la economía. La huelga de los trabajadores de Telecom Egipto se amplió a los trabajadores de las centrales telefónicas públicas, que organizaron numerosas protestas en El Cairo y las provincias. Los trabajadores de los talleres ferroviarios y garajes de autobuses de la Autoridad de Transporte Público de El Cairo también participaron en las huelgas y protestas. Los empleados postales se reunieron para protestar frente a la oficina de correos en la plaza Ataba en el centro de El Cairo y su movimiento pronto se expandió a otras provincias. Lugares de trabajo fundamentales como el aeropuerto o las fábricas de producción militar también se vieron afectados, al igual que las empresas petroleras y textiles en Helwan, al sur de El Cairo, y la provincia de Behera. Los trabajadores del sector de la salud también se sumaron: los enfermeros de los hospitales en Assiut, Kafr El Zayyat y Qasr al-Aini, en el Instituto del Corazón de El Cairo, anunciaron que realizarían huelgas. Los trabajadores de la imprenta y el personal administrativo de la revista estatal Rose el-Youssef se negaron a permitir el ingreso a su sede del redactor en jefe y del jefe del directorio (ambos cercanos al régimen). Mientras tanto, empleados de la Universidad de los Trabajadores, un centro de formación público para los cuadros sindicales del régimen, ya había declarado una huelga y encerrado al jefe, al vicepresidente de la ETUF y a un miembro del partido de Gobierno.

Es así que, en los días previos a la caída de Mubarak, en Egipto ocurrió algo similar a una huelga general, sin un núcleo organizador central. Sin embargo, el movimiento de los trabajadores en su conjunto no declaró su apoyo directo a la revolución. Algunos trabajadores alzaron eslóganes de apoyo a la revolución y coreaban cantos contra el régimen, pero sus demandas eran principalmente económicas o sindicales. A pesar de ello, es imposible ignorar el proceso de acción recíproca entre la revolución y el movimiento de los trabajadores. Cabe destacar que en las zonas de clase trabajadora, donde el movimiento de los trabajadores había surgido antes de la revolución, como Suez, Mahalla y Alejandría, los levantamientos populares fueron más enérgicos y eficaces.

El número de trabajadores asesinados durante el levantamiento es la prueba más contundente de la contribución de la clase trabajadora a la revolución. El movimiento de los trabajadores no solo allanó el camino para la revolución, sino que además desempeñó un papel fundamental en garantizar su victoria. Es difícil obtener datos sobre todos los mártires de la revolución, pero las estadísticas arrojan luz sobre este tema. Según la Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos, hubo 841 mártires. Lamentablemente, no hay datos sobre la ocupación de la mayoría de ellos⁹, pero un comité del Sindicato de Periodistas Egipcios recopiló datos de alrededor de 279 mártires y registró la ocupación de 120 de ellos. De los 120, 74 eran trabajadores y el resto eran estudiantes o profesionales. Fuentes disponibles señalan que los trabajadores conformaron un gran porcentaje de las personas asesinadas o heridas: en los casos en que se indica el lugar de residencia, la mayoría provenía de barrios pobres. Los datos relativos a los heridos durante la revolución confirman el mismo patrón. Según información recopilada por la Asociación de Héroes y Heridos de la Revolución, de 4.500 personas heridas, el 70 por ciento eran trabajadores sin calificación y un 12 por ciento eran trabajadores con calificación intermedia. El resto estaba integrado por estudiantes (el 11 por ciento) y personas con un grado de calificación más elevado (7 por ciento). Fueron los trabajadores y la población pobre quienes pagaron el precio más alto con su propia sangre durante la revolución egipcia y su sacrificio hizo posible la caída de Mubarak.

El fin del régimen de Mubarak marcó el inicio de una nueva etapa en el movimiento de los trabajadores. Tras la caída del régimen, las protestas de los trabajadores se aceleraron y ampliaron y se creó un gran número de sindicatos independientes. Además de las demandas de aumento salarial y mejores condiciones de trabajo, las protestas de los trabajadores reclamaban cambios politizados más profundos, como responsabilizar a jefes corruptos, reabrir empresas públicas inactivas, renacionalizar las empresas privatizadas durante el régimen de Mubarak, un mayor salario mínimo nacional y el derecho de sindicación¹⁰.

La ola de huelgas y sentadas en la primera etapa de la revolución representó una fusión parcial de los aspectos sociales y políticos de la lucha revolucionaria. Al mismo tiempo, planteó una amenaza grave a las fuerzas contrarrevolucionarias y especialmente a las fuerzas militares y el aparato de seguridad en el centro del antiguo régimen. Estas fuerzas ahora volvían a trabajar para separar los aspectos políticos y económicos de la revolución. Se dio una clara paradoja: a pesar del impacto del movimiento de los trabajadores en la revolución, como se mencionó anteriormente, tras la caída de Mubarak el movimiento de los trabajadores no siguió desempeñando la misma función, no configuró la trayectoria de la revolución. Por el contrario, en cuanto Mubarak salió de la escena comenzaron los ataques contra el movimiento de los trabajadores. Una de las primeras decisiones adoptadas (el 24 de marzo de 2011) por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que asumió el poder tras el derrocamiento de Mubarak, fue prohibir las huelgas y juzgar a los huelguistas en tribunales militares. Además, se inició una amplia campaña contra el movimiento de los trabajadores en diferentes medios de comunicación, en la que se etiquetó a las protestas de los trabajadores de “sectoriales”, en lugar de parte de la trayectoria general de la revolución.

Muchos activistas de corrientes islamistas y liberales reformistas que se habían opuesto al régimen anterior participaron en campañas mediáticas contra las huelgas de los trabajadores y sus demandas “sectoriales”. Los únicos defensores del movimiento de los trabajadores fueron la izquierda revolucionaria y los nuevos sindicatos independientes. La mayoría de las fuerzas de la juventud revolucionaria se centraron en las luchas en las plazas, sin ser conscientes de que las luchas de los trabajadores podían profundizar y ampliar el proceso revolucionario mediante enfrentamientos con el régimen dentro de las instituciones y empresas públicas en un intento de purgarlas de los restos del antiguo partido de gobierno¹¹.

Tras las elecciones parlamentarias en noviembre de 2011 y enero de 2012 (en las que se eligió un Gobierno islamista) y la victoria del candidato de la Hermandad Musulmana Mohamed Morsi en las elecciones presidenciales de junio de 2012, ocurrió una polarización política entre las fuerzas islamistas y laicistas. Las fuerzas laicistas interpretaron el deterioro de la condiciones económicas y sociales como una señal del fracaso de los islamistas en dirigir el país y no como consecuencia de las políticas que se habían implementado desde la era de Mubarak y que continuaron durante el Gobierno de Morsi. Por su parte, la Hermandad Musulmana interpretó el empeoramiento de la situación como una señal de conspiración del aparato estatal contra Morsi, y no como una consecuencia de su apoyo a algunas de las mismas políticas económicas que había aplicado el antiguo régimen y que provocaron el estallido de la revolución.

Con la creación del Frente de Salvación Nacional¹² y su papel de liderazgo en la oposición a la Hermandad Musulmana, las cuestiones sociales y económicas pasaron pronto a un segundo plano. El Frente fue anunciado en noviembre de 2012 por varias fuerzas políticas, entre ellas reformistas y personas cercanas al régimen de Mubarak, para resistir el intento del Presidente Mohamed Morsi de modificar la constitución. El Frente centró sus esfuerzos en restaurar el prestigio del Estado y la legitimidad de sus instituciones, como el poder judicial, el ejército y la policía. Por consiguiente, a pesar de que las luchas de los trabajadores continuaron en 2012 y comienzos de 2013, disminuyeron las posibilidades de coordinar los objetivos del movimiento de los trabajadores con las luchas políticas en las calles y plazas.

El cambio más significativo en la trayectoria de la revolución lo constituyeron los acontecimientos posteriores a la caída de Mohamed Morsi el 30 de junio de 2013¹³. La represión cada vez mayor contra el movimiento de los trabajadores fue una transformación importante. Pero aún más peligroso fue que una sección considerable de los sindicatos independientes anunciara su apoyo al régimen y a una moratoria a las huelgas en una declaración conjunta de la ETUF y la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes. La amenaza contenida en el anuncio no era que ponía fin a las protestas de los trabajadores, –estas continuaron, aunque a un ritmo más lento– sino que implicaba una transformación del papel de los sindicatos independientes. Pasaron de luchar por liberar el movimiento sindical del dominio estatal, a apoyar al nuevo régimen, echando por la borda los logros más importantes alcanzados por el movimiento de los trabajadores desde 2006.

Ello resaltó la contradicción entre la escala del movimiento de los trabajadores y la profundidad de su impacto antes y durante del levantamiento popular de enero de 2011 y su debilidad política tras la caída de Mubarak. Al intentar explicar esta contradicción no basta simplemente con hablar del dominio de las fuerzas reformistas o las limitaciones impuestas por la polarización islamista-laicista en la escena política, a pesar de que ambos contribuyeron a crearla. Sino que, la contradicción debe entenderse mediante un análisis de las deficiencias dentro del propio partido de los trabajadores, tanto en cuanto a sus conexiones con el ámbito político, como en relación con cuestiones de organización y el papel de sus dirigentes, que carecían de experiencia y coherencia.

Cabe destacar que el movimiento de los trabajadores sufrió retrocesos durante la década de 1990 e incluso a comienzos de la década de 2000. En este período, muchos activistas con experiencia desaparecieron del movimiento de los trabajadores y de los sindicatos, y no fueron reemplazados por una nueva generación. Cuando el movimiento de los trabajadores volvió a alzarse después de 2006, había perdido gran parte de la experiencia adquirida durante los períodos anteriores. Los líderes de los trabajadores formados a partir de 2006 constituían un cuadro nuevo que no había acumulado experiencia en la labor sindical (en el sentido de participación en la lucha por los intereses de los trabajadores en el lugar de trabajo) o en la labor política. Ello se diferenciaba de la experiencia del cuadro de trabajadores formados en la década de 1980, que en general estaban vinculados a partidos y organizaciones de izquierda. Ello fue precisamente lo que provocó la separación entre el movimiento de los trabajadores y la política en general y, en algunos casos, generó hostilidad hacia la acción política entre activistas del movimiento de los trabajadores.

Al mismo tiempo, la izquierda, que históricamente contribuyó a construir el movimiento de los trabajadores, atravesaba un momento de debilidad e incoherencia. Las organizaciones y los partidos de la izquierda tradicional prácticamente se habían disuelto tras la caída de la Unión Soviética, mientras que las organizaciones de la nueva izquierda aún se encontraban en una etapa de desarrollo incipiente, en circunstancias hostiles. Por otro lado, los sindicatos independientes estaban en proceso de creación y su capacidad de organización no estaba del todo desarrollada. No habían logrado afianzarse entre los trabajadores de base. Es por ello que cuando estalló la revolución en enero de 2011, y el sindicato de recaudadores del impuesto a la propiedad, el sindicato de técnicos de la salud, el sindicato de docentes y el sindicato de trabajadores jubilados se reunieron en la Plaza Tahrir para fundar la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, no formaron una institución coherente con una base sólida entre la masa de trabajadores comunes.

La separación entre los aspectos políticos y sociales de la lucha de los trabajadores se manifestó en dos niveles principales durante la revolución. En primer lugar, las fuerzas revolucionarias no lograron conquistar a un gran número de activistas de la clase trabajadora en torno a una visión política centrada en el papel de la clase trabajadora en la revolución y la importancia de profundizar y radicalizar el proceso revolucionario, especialmente en relación con el enfrentamiento con el Estado, de modo de abrir un espacio para que el movimiento de los trabajadores tuviera un impacto político. En segundo lugar, la falta de experiencia de los propios sindicatos independientes constituyó otro obstáculo. El modelo de sindicación dominante no era lo suficientemente radical y carecía de mecanismos democráticos en el lugar de trabajo y entre amplias secciones de trabajadores de base¹⁴. Este problema surgió a pesar de la creación de los primeros sindicatos independientes en medio de huelgas masivas, que aportaron experiencias importantes en la organización del movimiento de trabajadores.

La deficiencia de estas experiencias obedece a la falta de una práctica política basada en los principios de organización de la clase trabajadora, que no se limita únicamente al ámbito de la economía, sino que abarca también la capacidad de los trabajadores de emanciparse en el ámbito político. Esta capacidad puede alcanzarse mediante la participación en causas políticas –como la solidaridad con el pueblo palestino o el apoyo a la liberación de la mujer, o las luchas contra el sectarismo religioso o la defensa del medio ambiente. Implica fundamentalmente involucrarse en estas causas políticas como trabajadores y no simplemente como ciudadanos en las calles o votantes en las urnas.

Durante la primera fase de la revolución, las luchas de los trabajadores comenzaron a derribar los límites que separaban el aspecto social del aspecto político de la revolución. Las demandas de los trabajadores pasaron de centrarse en temas económicos a enfrentarse a representantes del régimen en el lugar de trabajo y en las instituciones públicas. Sin embargo, el carácter espontáneo de este proceso no bastó para mantener la influencia de los trabajadores organizados durante el proceso revolucionario, debido a la falta de un vínculo orgánico con las movilizaciones revolucionarias que se basara en la clase trabajadora. Ello demuestra la importancia de la organización política y no solamente sindical para asegurar que el peso del movimiento de los trabajadores influya en la trayectoria de cambio.

El 20 de febrero de 2011, por primera vez en la historia, Marruecos fue testigo del nacimiento de un movimiento de masas cuyas demandas políticas incluían la reforma del sistema político del país. El hecho de que su eslogan principal se refería a “derrocar la corrupción y la tiranía” permitió a escritores liberales reducir el alcance político del movimiento a una protesta contra estructuras externas a la lógica del mercado, ocultando así las causas socioeconómicas del levantamiento. Simultáneamente a las protestas del movimiento surgieron luchas sociales, la más destacada de ellas fue la lucha de los pequeños productores de remolacha azucarera en la región de Dukkala (Sidi Bennour) y la lucha de los desempleados de la Meseta de Fosfato (Juribga), además de los movimientos contra el desempleo en Rabat y las huelgas que se organizaron en todo el país. Sin embargo, debido a la falta de convergencia entre estas luchas sociales y el movimiento político, el régimen pudo capear la tormenta revolucionaria que azotaba a la región. No obstante, el gran logro del movimiento 20 de Febrero (y de la ola revolucionaria) fue cambiar el ánimo de las masas. Se dieron cuenta de que los tiranos no permanecen en el poder para siempre, algo que en diferente medida dio impulso a las protestas laborales, populares y juveniles posteriores a 2011.

Lo ocurrido en 2011 fue el resultado de relaciones sociales y políticas específicas entre las diferentes clases y el Estado. En particular, estas dinámicas marcaron la división entre los terratenientes y las clases populares. Las políticas neoliberales aplicadas en Marruecos desde la década de 1980 –a través del Programa de Ajuste Estructural y la ola de privatizaciones– beneficiaron a la burguesía y a los terratenientes, permitiéndoles expropiar una gran parte de la riqueza nacional. Al mismo tiempo, la burguesía agrícola y los latifundistas aumentaron su posesión de tierra a medida que disminuyó la propiedad del Estado y la agricultura de subsistencia se deterioró.¹

Adam Hanieh ha observado que “[en 2004] el 70 por ciento de los productores rurales pasaron a ser propietarios de tan solo el 24 por ciento de la tierra, a un promedio de menos de 5 hectáreas por finca, mientras que menos del 1 por ciento de los agricultores controlaba el 15 por ciento de la tierra, con más de 50 hectáreas cada uno”².

Desde el punto de vista político, la monarquía logró reconvertir a la oposición y garantizar que la transición de poder de Hasán II a Mohamed VI en 1999 transcurriera sin complicaciones. La cooperación entre una parte importante de la oposición liberal y los sindicalistas burócratas garantizó la paz social para la monarquía, y se firmó un “acuerdo social” en agosto de 1996.

Durante la transición neoliberal los jefes se convirtieron en actores políticos por derecho propio, ya sea mediante asociaciones de profesionales o a través de su participación directa en instituciones representativas. Los jefes reformularon su papel en este período, mediante la creación de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) el 16 de abril de 1995.

La transición neoliberal transformó el sistema de gobierno, que pasó de la monarquía de Hasán II –erigida sobre una base social de grandes terratenientes y notables rurales, en que la corrupción generalizada era una de las formas de acumulación de capital privado– a la monarquía de Mohamed VI, basada en capitalistas de gran escala, que actúan en connivencia con el capital imperial y del Golfo.

A finales del siglo XX, 40 años de opresión habían provocado la devastación política y económica de las zonas rurales de Marruecos. Tras la derrota del Ejército de Liberación Nacional en 1958, los pequeños agricultores quedaron sin voz en medio de la hegemonía de notables rurales, el Ministerio del Interior y la Gendarmería Real de Marruecos.

De modo similar, la clase trabajadora marroquí era (y sigue siendo) una no entidad política, surgió tras decenios de Gobierno de Hasán II y carece de estructura política propia; la burguesía nacionalista había tenido control exclusivo de la lucha por la independencia; y el Partido Comunista de Marruecos, que se había negado a reclamar la independencia, posteriormente se transformó en un partido liberal a favor de la monarquía (actualmente se denomina Partido del Progreso y el Socialismo).

En la década de 1960, mientras estaba en conflicto con el sector de izquierda del movimiento nacional, la monarquía intentó asegurar la armonía social mediante la movilización de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Marruecos (UMT), ayudando así a enriquecerlos. A finales de la década de 1970, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) recuperó una parte del movimiento sindical y creó su propio sindicato, la Confederación Democrática del Trabajo (CDT). La Unión Socialista de Fuerzas Populares utilizó a la CDT para entrar en conflicto con la monarquía, logrando así reformas constitucionales y la obtención de una porción del poder.

Los ataques neoliberales ocurridos a partir de la década de 1980 debilitaron a la clase trabajadora, desmantelaron sus bastiones tradicionales y disminuyeron el número de trabajadores en instituciones públicas como consecuencia de la privatización. Sumado a ello, el neoliberalismo debilitó y flexibilizó las relaciones laborales mediante contratos de tiempo determinado, externalización, subcontratación y contratos de pasantías semi pagas –aprobados oficialmente en el Código del Trabajo de 2003.

El movimiento sindical perdió sus afiliados estables: sus dirigentes comenzaron a depender cada vez más del Estado y a formar parte de sus instituciones, como la Cámara de Consejeros, las comisiones reales, los consejos constituyentes, entre otros. Los dirigentes sindicales internalizaron la lógica de la inevitabilidad en la que se basa el neoliberalismo, haciendo todo lo posible para eliminar la resistencia de los trabajadores e impedir la amenaza de un levantamiento.

A comienzos del siglo XXI se produjo una despolitización de la lucha popular y obrera, mediante la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano en 2005. Esta iniciativa –que es parte de la estrategia del Banco Mundial, creada a mediados de la década de 1990, para combatir la pobreza– intentaba dar un rostro social al neoliberalismo, mientras impedía toda forma de resistencia a las políticas neoliberales. La iniciativa, que implicaba establecer decenas de miles de asociaciones de desarrollo en poblados y ciudades, aumentó la popularidad de la monarquía. Estas asociaciones fueron la base del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), creado a mediados de 2008 por Fouad Alí Himma, un amigo del rey y ex ministro de Estado del Ministerio del Interior.

Ese era el contexto del equilibrio de poder cuando Mohamed Bouazizi se inmoló en Túnez en diciembre de 2010, iniciando una conflagración regional. Sin embargo, en Marruecos las llamas encendieron la mecha de una bomba social y política que antes se había desactivado.

El movimiento de masas del 20 de febrero duró apenas un año. Sus primeras manifestaciones estallaron el 20 de febrero de 2011. La monarquía llevó a cabo un referéndum constitucional el 1 de julio de 2011 y se celebraron elecciones en noviembre de ese año. Con la creación de un gobierno simbólico el 3 de enero de 2011, dirigido por el partido islamista Justicia y Desarrollo, el movimiento se evaporó y se dividió en grupos de individuos aislados, convirtiéndose en un simple aniversario que se conmemora cada año.

En este sentido, el impulso político en Marruecos se había detenido hacía tiempo cuando la contrarrevolución resultó vencedora en otras partes de la región árabe en marzo de 2013, especialmente con la guerra civil en Siria y el golpe de al Sisi en Egipto.

Como se ha afirmado, la victoria de la monarquía ante el movimiento 20 de Febrero suele atribuirse a la rápida respuesta de Mohamed VI a sus demandas, en su discurso del 9 de marzo de 2011¹⁰. Sin embargo, esta afirmación tergiversa la realidad. De hecho, el régimen oprimió al movimiento de protesta desde un comienzo. El 20 de febrero, se hallaron los cadáveres carbonizados de 5 manifestantes en una sucursal del Banque Populaire en el centro de la ciudad de Alhucemas. Karim Chaib murió en Sefrú por torturas infligidas por la policía. El 20 de junio, el activista Kamal Ammari también murió por torturas policiales en Safí, al igual que Mohamed Boudroua (un activista desempleado) y Kalam al Hassani (un activista de una asociación de desempleados del Rif) el 14 y el 27 de octubre, respectivamente.

Apenas un día después del estallido de las protestas, el rey Mohamed VI rechazó el reclamo del movimiento de una reforma constitucional, refiriéndose a sus demandas como “demagogia”. Una semana más tarde, recurrió a una medida que rara vez ha sido reconocida: hizo que su asesor Mohamed Motassim se reuniera con dirigentes sindicales en su domicilio el 27 de febrero. Esta reunión aisló al movimiento sindical del Movimiento 20 de Febrero. En referencia a ello, Touria Lahrach, dirigente de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), dijo al programa Medi1 el 23 de octubre de 2014: “Si no tuviéramos ningún sentido de ciudadanía, habríamos salido a las calles con los manifestantes el 20 de febrero. En cambio, como sindicalistas, nos sentamos en la mesa de negociación y firmamos un acuerdo el 26 de abril”¹¹. La monarquía y los dirigentes sindicales habían aprendido la lección de la experiencia de Túnez, donde la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) había apoyado la revolución; por lo tanto, aunaron esfuerzos para evitar que eso ocurriera en Marruecos.

Posteriormente, el Estado realizó una serie de concesiones que habrían sido inimaginables si las llamas de la revolución no se hubieran estado propagando en la región en ese momento. El gasto público aumentó un 15,9 por ciento en 2011, mientras el Estado adoptó la medida de emplear a más de 4.000 diplomados universitarios y decidió hacer la vista gorda a la construcción sin obtención de permisos y a la “invasión” de vendedores ambulantes. 

El rey también solicitó ayuda financiera y alivio de la deuda para 200.000 productores agrícolas. El 26 de abril de 2011 afirmó: “No importa cuán elevado sea el costo financiero de estas medidas, nuestro principal objetivo es priorizar a los pequeños agricultores en el desarrollo humano y rural”¹². Ello no puso de manifiesto a una monarquía de algún modo arraigada en la consciencia marroquí, sino un conflicto en el cual la monarquía tuvo que realizar concesiones para detener al movimiento de protesta.

Tras separar al movimiento de su presunta base social, el rey centró su atención en la “batalla constitucional”. En su discurso de 9 de marzo de 2011 no afirmó responder a los reclamos del Movimiento 20 de Febrero, sino que presentó estas medidas como una consolidación sistemática de las “victorias institucionales” anteriores y como una mejora del “modelo de desarrollo democrático”.

La monarquía aprobó la nueva constitución utilizando los métodos habituales de movilización e intervención del Ministerio del Interior y el Ministerio de Habices y Asuntos Islámicos, y mediante la represión de las manifestaciones del Movimiento 20 de Febrero contra la constitución. Se celebraron elecciones legislativas en noviembre de 2011, en las que el partido islamista Justicia y Desarrollo estableció un gobierno (simbólico). Es así que la monarquía pudo afirmar que había respondido a las demandas populares, mientras cedía ante la estrategia de los Estados Unidos respecto de las revoluciones en la región, que se basaba en una “transición democrática sin complicaciones” e incluía a los islamistas en la repartición del poder.  

Muchos responsabilizaron a la población marroquí de este giro en los acontecimientos, dado que la ciudadanía votó al partido Justicia y Desarrollo. Sin embargo, más allá de los porcentajes de votación y el modo en que se calculan, las elecciones son un mecanismo central de los contextos pre revolucionario y revolucionario. Cuando las masas despiertan y abren los ojos a la vida política en una situación de prolongado retraso político y ausencia de una fuerza revolucionaria, buscan una fórmula política sencilla que exprese directamente sus aspiraciones mediante la superioridad numérica. Algunos sectores de las masas creyeron las promesas del partido Justicia y Desarrollo sobre una “reforma en la estabilidad” y “combatir la corrupción”. Al emitir sus votos a favor del partido, intentaron castigar a los partidos que habían estado antes en el poder.

En última instancia, el Movimiento 20 de Febrero puso fin a una prolongada era política caracterizada por la polarización entre la monarquía y los partidos que surgieron del movimiento burgués nacional en la década de 1960. El poder electoral de este último disminuyó –especialmente el de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP)– y la izquierda radical se vio debilitada. En este contexto, se estableció una nueva forma de polarización entre la monarquía y el Islam político. Sin embargo, al igual que en el primer caso, esa polarización no reflejó (ni refleja) un conflicto de clases, sino más bien una rivalidad política basada en una dinámica de clase similar. Esta dinámica consiste en hallar la mejor vía para asegurar el buen funcionamiento del capitalismo y la subordinación de las clases populares. En este contexto, era predecible que todo levantamiento revolucionario se enfrentaría a movimientos que representan al Islam político, movimientos que estarían preparados para cooptar políticamente el levantamiento, como ocurrió en Egipto y Túnez en 2011.

En 2011, Mohamed VI nombró una comisión que se encargaría de proponer y establecer los límites de toda enmienda constitucional. Ruqayyah Moussaddaq, catedrática de ciencia política y derecho constitucional de la Universidad Mohamed V en Rabat ha ofrecido uno de los análisis más agudos de la Constitución de 2011, al describirla como una “constitución discrecional” y afirmar que “La nueva constitución es un retroceso en nuestra trayectoria política y constitucional”¹³. En virtud de la Constitución de 2011, la autoridad del rey no está sometida a la constitución, sino a su propio poder discrecional; por lo tanto, puede otorgarse a sí mismo autoridad para modificar la constitución sin celebrar un referéndum (artículo 174 de la Constitución).

Sin embargo, mientras Moussaddaq se centra en los aspectos formales de la constitución, en su conclusión pierde de vista las repercusiones económicas o de clase. La Constitución de 2011 preserva el poder económico de la monarquía y otorga al rey la facultad exclusiva de nombrar empresas e instituciones “estratégicas” y a sus directores. El gabinete ministerial, liderado por el rey, tiene la facultad de determinar el “enfoque estratégico de la política del Estado”. Los discursos del rey tienen fuerza legislativa vinculante, pero no así el programa de Gobierno.

El artículo 35 de la nueva constitución estipula que la propiedad privada, la iniciativa empresarial y la libre competencia están asegurados. Tras años de aplicar políticas neoliberales, la monarquía utilizó las reformas constitucionales para afianzar las medidas de austeridad en la constitución (artículo 77).

Además, el Estado también puso en práctica los reclamos de los patrones respecto de las políticas impositivas: la carga tributaria disminuyó, especialmente mediante el principal impuesto a las ganancias empresariales, que se redujo de un promedio del 30 al 10 por ciento, y se aplica al 79 por ciento de las empresas sujetas a impuestos. Una vez más, el Gobierno cumplió en gran medida los deseos de los empresarios y los directores generales¹⁴.

Para financiar el déficit presupuestario –que se debe, en parte, al tratamiento fiscal favorable otorgado a la directiva empresarial– el Estado se endeudó aún más. El siguiente cuadro resume la relación entre la deuda y el PIB entre 2012 y 2016:¹⁵

Esta dinámica provocó una intensificación del ataque neoliberal contra los servicios públicos y la clase trabajadora. A finales de 2011, el Estado demolió miles de asentamientos clandestinos y retiró a los vendedores ambulantes de los espacios públicos de Marruecos. En 2012, el jefe de Gobierno, Abdelilah Benkirán, se negó a implementar un decreto sobre la contratación de diplomados universitarios desempleados, firmado el 20 de julio de 2011 por el ex primer ministro Abbas el Fassi. En 2016, se redujeron los gastos del fondo social en alrededor de 15.000 millones de dírhams (aproximadamente 1.300 millones de euros). 

Como parte de este proyecto de “reforma del servicio público”, y como consecuencia de la presión del Banco Mundial, desde 2013 el Estado ha aplicado una lógica de austeridad neoliberal –basada en la proliferación de contratos de trabajo de duración determinada, la eliminación de empleos en el sector público, la reducción de salarios y la reforma de los planes de jubilaciones. El objetivo último es reproducir las relaciones laborales del sector privado en el sector público.

Estas políticas han suscitado luchas sociales y laborales, pero el Estado, en cooperación con las burocracias sindicales y la burguesía, ha logrado frenar esas luchas mediante concesiones parciales, que no hacen nada para detener el ataque neoliberal. Estas concesiones no solo han sido temporales, sino que además se han revertido fácilmente mediante medidas correctivas del Estado. En ese contexto, se han socavado algunas de las libertades conquistadas. Por ejemplo, el Código de Prensa y Publicación, aprobado el 10 de agosto de 2016, dio lugar a que se entablaran un gran número de juicios basados en publicaciones en las redes sociales. Se arrestó a periodistas sobre la base de acusaciones falsas (entre ellos Taoufiq Bouachrine, Souleiman Raissouni y Omar Radi), se reprimió a los movimientos del Rif y Yerada (2017-2018) y se condenó a sus manifestantes a penas de prisión prolongadas. Además, la fuerza policial mató a un manifestante, Imad Attabi, en Alhucemas en julio de 2017 y a Abdellah Hajili, otro manifestante durante una protesta en oposición a los contratos de corta duración en mayo de 2019. Mientras tanto, se está por ratificar una ley que restringiría el derecho de huelga de la clase trabajadora. 

La lucha popular no se detuvo con el Movimiento 20 de Febrero. Continuaron los enfrentamientos, en los cuales la Asociación Nacional de Diplomados en Paro desempeñó un papel fundamental.

El Rif es una región única en Marruecos. Tras el Tratado del Protectorado de 1912, el Rif se anexó al poder colonial español, pero un movimiento de liberación encabezado por AbdelKrim al-Jattabi derrotó a España y sentó las bases de una república. El imperialismo español era muy retrógrada; dejó el Rif en las mismas condiciones que cuando ingresó. Tras la independencia de Marruecos en 1956, el Rif se volvió a anexar a una zona de Marruecos que había estado bajo el dominio francés y que estaba mucho más desarrollada. Los francos reemplazaron a los pesos y el Gobierno de Rabat reemplazó al Gobierno local. 

Ello provocó el levantamiento de 1958, que fue reprimido por el régimen con la ayuda del ejército y el lanzamiento de ataques aéreos. Un levantamiento ocurrido en 1984 fue reprimido de manera similar. La región permaneció marginada dentro de Marruecos y la población se vio obligada a recurrir al “micro contrabando” hacia los enclaves de Ceuta y Melilla en España, la emigración a Europa o el cultivo de cannabis. El aumento de las restricciones a la migración y la represión del contrabando a partir de 2011 desencadenaron una crisis en la región.

El momento álgido de la crisis ocurrió en octubre de 2016, cuando Mouhcine Fikri, un pescador, murió triturado cuando intentaba recuperar su pescado de un camión de basura, luego de que la policía lo confiscara y lo arrojara allí. Estallaron manifestaciones de inmediato en toda la región del Rif, que continuaron entrado el 2017 y culminaron como consecuencia de la represión el 20 de julio de ese año. Varios manifestantes fueron enjuiciados y condenados arbitrariamente, entre ellos, el líder del movimiento de protesta, Nasser Zefzafi, que recibió una pena de 20 años de prisión.

Los manifestantes del Rif reclamaban el desarrollo de la región (carreteras, atención de salud, educación), pero debido a su especificidad histórica, el movimiento también tenía repercusiones políticas específicas. A diferencia de otras luchas en Marruecos, que suelen estar dirigidas a las instituciones de la monarquía (el Gobierno, el Parlamento y los partidos políticos), el movimiento del Rif se enfrentó directamente a la monarquía, a la que responsabilizó de su situación. Los manifestantes no alzaron la bandera de Marruecos, sino que alzaron la bandera de la revolucionaria y anticolonial República del Rif. 

La monarquía marroquí se presenta como un modelo de estabilidad política en una región que se ha visto devastada por guerras civiles. De ese modo intenta aumentar los beneficios de su cooperación de largo plazo con el imperialismo –principalmente francés y estadounidense– y el sionismo.

En un informe de octubre de 2020, el Banco Mundial criticó la demora en establecer una zona de libre comercio en la región árabe. En referencia a la ocupación de Palestina y la cuestión del Sáhara Occidental, afirmó: “El conflicto israelí respecto de Cisjordania y Gaza, y las relaciones tensas entre Marruecos y Argelia, entre otros, impiden el desarrollo de un frente más unido entre los países de Oriente Medio y el Norte de África”¹⁶.

Con respecto al imperialismo mundial, Palestina y el Sáhara Occidental son cuestiones heredadas del período de luchas anticoloniales y regímenes “progresistas” de la Guerra Fría. Desde entonces, los cambios económicos y políticos en la región árabe y el continente africano han llevado al poder a regímenes y élites que se apartaron de las historias de liberación nacional de sus países y han cumplido con las instituciones internacionales y el capitalismo mundial. Estos regímenes, junto con el imperialismo global, empezaron a considerar que las cuestiones de Palestina y el Sáhara Occidental impedían la integración económica de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y la propia integración de la región con el capitalismo mundial.

El régimen marroquí es plenamente consciente del cambio radical del contexto. La monarquía se benefició de la crisis económica mundial de 2008 y se presentó al capital como “mediador” ejemplar capaz de operar en el continente. También se benefició de los levantamientos de 2011 en la región y ahora figura como un modelo de régimen políticamente estable que protege los intereses imperiales, como las preocupaciones con respecto a la migración clandestina y el terrorismo. De hecho, tras la pandemia de COVID19, la monarquía se beneficiará de la disminución de las cadenas de valor mundiales y su redistribución a nivel regional.

Además, la promoción por parte del régimen del discurso de “integridad territorial” y “soberanía” ahistórica, tanto a nivel interno como externo, procura mantener estas ganancias económicas e intereses políticos. Esta estrategia se pone de manifiesto en las maniobras del Estado con respecto al Sáhara Occidental, un tema central para la monarquía que además está en el núcleo de las transformaciones regionales. Con la caída del más férreo defensor de la República Saharaui, Muammar Gaddafi, y la propia crisis del régimen argelino, el régimen marroquí ha asumido una posición de liderazgo en el tema.

Durante casi diez años, la monarquía ha llevado a cabo una estrategia económica de transformar a Marruecos en una plataforma de lanzamiento para las inversiones imperiales en África. El régimen utiliza capital marroquí para influenciar a los países imperialistas a adoptar una opinión sobre el Sáhara Occidental favorable a Marruecos. Esos países prefieren un régimen estable que pueda garantizar sus intereses y su saqueo económico de África.

Quizá la mayor victoria política de la monarquía en este contexto haya sido su regreso a la Unión Africana en 2017, 32 años después de la salida de Marruecos de la Organización de la Unidad Africana¹⁷. El regreso de Marruecos contó con el apoyo generalizado e incondicional de los Estados miembros de la Unión Africana, lo cual refleja el cambio en el equilibrio de poder continental. Al mismo tiempo, el régimen marroquí aprobó una política para desarrollar relaciones económicas con países con los que no tenía vínculos, con la intención de que cambiaran su postura con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental.

Asimismo, las Naciones Unidas se han inclinado a favor de adoptar el punto de vista del Estado marroquí en sus informes, especialmente cuando la tarea de celebrar un referéndum sobre la autodeterminación ha pasado a un segundo plano: las Naciones Unidas elogian el plan de autonomía de Marruecos y enfatizan una y otra vez la importancia de una zona de amortiguación y de negociar una solución, mientras rechazan los cambios e instan a la celebración de un censo neutral de las poblaciones de los campamentos de refugiados, entre otros. Todo ello es objeto de quejas frecuentes del Frente Polisario.

Después de que el Frente bloqueara el cruce de Guerguerat en la frontera con Mauritania a finales de 2020, el régimen marroquí estableció nuevos “hechos sobre el terreno”, iniciando un cordón de seguridad para garantizar el cruce de la frontera –y, por consiguiente, incumpliendo el cese del fuego negociado a través de las Naciones Unidas en septiembre de 1991. En respuesta a ello, el Frente Polisario declaró la guerra. Sin embargo, hubo muy pocas disputas y estas no afectaron de modo alguno al régimen marroquí. En este período, la monarquía aprovechó las contradicciones internas del Frente Polisario, que se derivan de que dejó de ser un movimiento de liberación nacional para convertirse en un aparato estatal, la República Árabe Saharaui Democrática. El Frente Polisario ahora tiene una gran burocracia (una fuerza policial, un ejército y un cuerpo diplomático), aunque sobrevive únicamente gracias a la ayuda externa y, de hecho, depende por completo del ejército argelino; estos cambios se asemejan a los ocurridos en la Organización para la Liberación de Palestina. En su libro Eastern Cauldron, publicado en 2004, Gilbert Achcar habla de la decadencia del Frente Polisario, a la que describe como una “larga marcha hacia atrás”¹⁸. Tanto el Frente Polisario como la Organización para la Liberación de Palestina se convirtieron en un aparato estatal sin territorio; ambos procuran tierras para ejercer el poder estatal, mientras dependen casi por completo de la llamada comunidad internacional y de su legitimidad.

La diplomacia monárquica respecto del Sáhara Occidental se ha vuelto más agresiva, beneficiándose de la competencia imperial en el continente africano. Tras décadas de extorsión, la monarquía se ha convertido en el extorsionista: Rabat ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para retirar a sus embajadores de otros países en protestas sobre el tema, como hizo Alemania en mayo de 2021, tras una declaración del ministro de Relaciones Exteriores del país sobre el reconocimiento del ex presidente Trump del Sáhara Occidental como territorio marroquí, y España, un mes más tarde, cuando el Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática estuvo hospitalizado en ese país. Consecuentemente, la monarquía marroquí aprovechó su función de guardia de la frontera de la UE (con respecto a limitar la migración clandestina del continente africano hacia Europa) para presionar a España a que permitiera la migración de cientos de menores al enclave de Ceuta. Debido a la débil posición de España en el imperialismo mundial, las victorias diplomáticas y la posición económica del régimen pueden redundar en la consolidación interna y externa de la monarquía, superando así el efecto de la Marcha Verde de 1975. Ello ocurrirá sin duda si la monarquía logra que España realice concesiones, aunque sea tan solo en la forma de un acuerdo diplomático (del tipo firmado entre Gran Bretaña y China en 1889 con respecto a Hong Kong).

Recientemente, los objetivos de Marruecos en el Sáhara Occidental se han mezclado con el apoyo de los Estados Unidos, tras la normalización de las relaciones con Israel. Las relaciones de la monarquía marroquí con Israel han continuado desde su independencia formal. En su libro, Lineages of Revolt (2013), Adam Hanieh describe el desarrollo de las relaciones entre los Estados árabes, incluido Marruecos, en el contexto de la estrategia imperial de transformar a Oriente Medio y el Norte de África en una zona de libre comercio e inversión. 

En octubre de 2000, el régimen marroquí se vio obligado a cerrar una “oficina de enlace” israelí en Rabat, ante la presión de la solidaridad popular con la segunda intifada palestina. No obstante, el equilibrio de poder ahora se inclina a favor de las fuerzas contrarrevolucionarias en la región árabe. Tras haber obtenido victorias políticas como consecuencia de haber campeado la tormenta del 20 de febrero y debido a su mayor peso y estatus regionales entre los poderes imperiales, el régimen ha logrado normalizar abiertamente sus relaciones con el Estado sionista: firmó un acuerdo a tal efecto el 10 de diciembre de 2020, bajo los auspicios de los Estados Unidos.

La monarquía jamás había logrado un consenso interno y externo como el establecido recientemente –ostenta sus victorias como Aquiles. Sin embargo, mientras Aquiles tenía una sola debilidad, la monarquía tiene dos: la primera es la crisis social en ebullición que está intentando contener; y la segunda es la crisis económica mundial que se avecina y sus repercusiones para las aspiraciones de la monarquía de desempeñar la función de guardián del capital mundial, invadiendo los mercados y saqueando la riqueza de África.

El imperialismo y los regímenes autocráticos se benefician de separar las luchas populares de las laborales. El proceso revolucionario de 2011 constituyó una oportunidad para la liberación colectiva de la región. Las primeras señales del Movimiento 20 de Febrero fueron manifestaciones en solidaridad con el pueblo tunecino y egipcio frente a sus respectivas embajadas. Sin embargo, a pesar de que hubo otras manifestaciones, se pasó de las calles al ámbito constitucional. Y con la victoria de la contrarrevolución, la solidaridad internacional se ha centrado en las luchas de países específicos.

A más de diez años de esos grandes procesos revolucionarios, es evidente que la liberación de los pueblos de la región requerirá una perspectiva magrebí, árabe y africana conjunta. De lo contrario, las clases trabajadoras y populares de la región no podrán superar a las clases dominantes y a sus regímenes, que únicamente han afianzado sus relaciones con el capital y con Israel.

En Marruecos, las cuestiones sociales –el desempleo, el desarrollo periférico, la falta de soberanía alimentaria, los servicios públicos deficientes, la concentración de la propiedad de la tierra y la desigualdad– probablemente serán los detonantes de las luchas futuras. La gravedad de las crisis sanitaria y económica ha caldeado los ánimos y una vez que estén a punto de ebullición, estallarán en las narices de quienes han provocado la crisis: los grandes capitalistas (o jefes) y el Estado.

Esta próxima lucha quizá logre aprovechar la experiencia política adquirida en Marruecos en los últimos decenios. Si, de lo contrario, no se aprovechan esos recursos en las próximas batallas, el descontento social probablemente alcance un atolladero político: será reprimido fácilmente y no recibirá más que las migajas de la oposición burguesa, que contribuirá a salvar al régimen a cambio de que este satisfaga sus reclamos de reforma política y democratización en pequeñas dosis.

Un frente de trabajadores unificado y popular es fundamental para evitar un desastre. Por lo tanto, es necesario crear vínculos de cooperación entre diversos grupos (sindicatos, comités coordinadores y movimientos contra el desempleo) para hacer frente a los ataques de la directiva. La unidad es fundamental y debería ampliarse a otros sectores de la población trabajadora: es decir, a los pequeños productores en ciudades y poblados, estudiantes, etcétera. De no ser así, estos grupos solamente formarán una multitud pasiva, que dependerá de la caridad del régimen o actuará como una reserva para las fuerzas reaccionarias que tienen las mismas aspiraciones de clase que el régimen: mantener el modelo socioeconómico vigente, mientras se mitigan sus peores efectos a través de la filantropía esporádica.

El Movimiento 20 de Febrero no solo expuso a su predecesor, sino que además es una guía sobre lo que puede deparar el futuro. La separación de los aspectos políticos de los sociales y económicos del movimiento constituyó su ruina. Un movimiento que combine estos tres elementos (político, social y económico) podría lograr victorias en materia de libertades políticas y, al mismo tiempo, derribar al neoliberalismo y avanzar hacia una democracia verdaderamente inclusiva. Esta democracia también incluiría a quienes defienden el republicanismo, el laicismo y la independencia saharaui. En lugar del reformismo anhelado por la oposición liberal y de corte reaccionario religioso, el fin último debería ser derogar la Constitución neoliberal de 2011 y establecer una asamblea constituyente mediante la cual el pueblo marroquí pueda elegir su propio destino por primera vez en la historia. 

Esa es la tarea de las vanguardias del movimiento popular y de los trabajadores, que deben, en primer lugar, alcanzar su independencia política de toda manifestación de la oposición burguesa. Quien se identifique con el proyecto histórico de liberación de la clase trabajadora puede desempeñar un papel importante y contribuir a este gran objetivo.

La ola de levantamientos en el Norte de África y Asia Occidental en los últimos diez años sorprendió a expertos y académicos por igual. Según ellos, el argumento a favor de un cambio democrático se había descartado hacía mucho tiempo y, en cambio, se insistía en la “resiliencia del autoritarismo” y el “excepcionalismo” de la región en relación con las tendencias mundiales, incluida la democratización. Desde entonces se ha escrito mucho acerca de las causas profundas, el impacto y la trayectoria de los levantamientos. Aunque el presente artículo se centra en gran medida en Estados individuales, uno de los resultados de los levantamientos ha sido la mayor participación de actores regionales en varios países, que contribuyen a estabilizar el sistema político para beneficio propio. Los levantamientos, tanto en la primera como en la segunda ola, representaron una gran esperanza de cambio e hicieron públicas las demandas de justicia social y económica. Esa esperanza estuvo acompañada de muchos contratiempos, frustración y contrarrevoluciones. El papel de los actores regionales ha sido fundamental en esta dinámica.

Más concretamente, una serie de actores regionales, entre ellos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía e Irán, intervinieron rápidamente para defender sus intereses, socavar a los opositores y consolidar su poder en la región. En lugar de analizar los levantamientos y sus consecuencias en Estados individuales, un análisis comparativo más amplio nos permite examinar a los actores que han surgido y sus mecanismos de intervención en el plano regional. En el siguiente análisis, centraré la atención en las intervenciones en Yemen y Libia tras los levantamientos de 2011. Si bien los levantamientos en ambos Estados tuvieron trayectorias diferentes, una constelación similar de actores regionales intervino militar, financiera y diplomáticamente para intentar asegurar que se instalaran líderes favorables a ellos. El presente aporte, que se centra en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, examina los diversos modos de intervención utilizados –incluidas las campañas militares directas, el uso de terceros países, los paquetes de ayuda financiera y humanitaria– que contribuyeron a alcanzar un resultado regional que, lamentablemente, ha apuntalado el statu quo contra la esperanza inicial de cambio ofrecida por los levantamientos.

A medida que se suscitaron levantamientos en un Estado tras otro, amenazando a líderes individuales, los actores regionales consolidados comprendieron esta amenaza, pero la interpretaron como una oportunidad para intervenir y así poder influenciar en su trayectoria. En las guerras que ocurrieron tras los levantamientos en Siria y Libia, por ejemplo, se implementaron diversas formas de intervención militar, como el suministro de armas para apoyar a diversas facciones internas.

Dentro del conjunto de actores internacionales y regionales que competían por el dominio regional, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que hasta hace poco tenían las posturas geopolíticas más cercanas, dirigieron o participaron en una serie de campañas militares (directa o indirectamente), la más conocida de ellas en Yemen. Actuaron para mantener el control y preservar el statu quo, inicialmente interviniendo en el Consejo de Cooperación del Golfo y apoyando a los regímenes en Omán y Bahrein –en este último caso, desplegaron la Fuerza del Escudo de la Península para apoyar al Rey Hamad a reprimir manifestantes que se oponían a su régimen.

A menudo se olvida que el régimen de Arabia Saudita también se apresuró a reprimir las protestas internas en la región de Qatif, en el este del país, y en ciudades más pequeñas como al-Awamiyah y Hofuf. Las manifestaciones, organizadas por la minoría chiita del país, inicialmente estaban dirigidas contra la intervención de la Fuerza del Escudo de la Península en Bahrein, pero también se relacionaban con agravios internos. En los Emiratos Árabes Unidos también hubo protestas internas, pero en una escala mucho menor: en 2011 un grupo redactó una petición para reformar el Consejo Nacional Federal, que incluía el reclamo del sufragio universal. La respuesta fue más vigilancia y la detención de los activistas partidarios de la reforma.

Es así que, en ese momento, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a sentir el efecto dominó de los levantamientos y podían ver cómo estos, especialmente en Omán y Bahrein, estaban promoviendo la disidencia dentro de sus territorios. Motivados por una rivalidad más amplia con Irán por el dominio geopolítico y el deseo de disminuir la amenaza de la Hermandad Musulmana, intentaron intervenir de diferentes maneras para influir en la trayectoria de los levantamientos.

Las diversas intervenciones militares llevadas a cabo por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos contaron con apoyo financiero a fin de asegurar sus objetivos en materia de política exterior, especialmente a través de paquetes de ayuda a Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez¹.

Para entender la violencia y la escala de las intervenciones de ambos países en respuesta a los levantamientos es necesario realizar un análisis más amplio de la región, más allá de Estados individuales, especialmente a la luz del aumento de las tensiones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, por un lado, e Irán, por otro. Está claro que los regímenes saudí y emiratí adoptaron un enfoque multidimensional, incorporando campañas militares y la alineación de la ayuda extrajera a los intereses del capital privado en esos Estados. Las intervenciones de la alianza entre ambos países también copiaron en gran medida los métodos –tanto militares, como en cuanto a herramientas discursivas– de la intervención estadounidense en la región, lo cual pone de relieve la relación histórica de los Estados Unidos como mecenas de estos regímenes y, a su vez, las conexiones internacionales de la industria armamentista, la circulación de equipamiento y técnicas militares y los modelos de contrainsurgencia^2,3. Esas normas de contrainsurgencia, aplicadas por la coalición encabezada por Arabia Saudita, se pusieron de manifiesto de la manera más cruda en Yemen. El caso de este país también pone de relieve el enfoque multidimensional de la intervención, que ha implicado la aplicación de fuerza militar directa y la utilización de terceros mientras, al mismo tiempo, se brinda ayuda a zonas controladas por la coalición y se la utiliza como forma de influencia política.

De modo similar a los levantamientos en el resto de la región, manifestantes en Libia salieron a las calles a protestar contra la represión extrema del Estado y el estancamiento de la economía. Envalentonados por los acontecimientos en Túnez y Egipto, organizaron manifestaciones contra el arresto de Fathi Terbil en Benghazi, el abogado defensor de los familiares de las personas asesinadas en Abu Salim, una cárcel del régimen con muy mala reputación. A medida que se intensificaron las protestas, el régimen respondió con violencia: las fuerzas de seguridad dispararon directamente a la multitud y se llevó a cabo una campaña de detenciones masivas. Sin embargo, muchas ciudades del este del país escaparon del control militar, dado que el ejército huyó o cambió de bando. Muchas armas fueron abandonadas y confiscadas por la población, que las utilizaron para protegerse después de las declaraciones de Gaddafi contra lo que se ha denominado la Revolución del 17 de Febrero. Las fuerzas opositoras a Gaddafi formaron un Consejo Nacional de Transición en febrero de 2011.

Tras la militarización del levantamiento por parte del régimen y el temor de que las fuerzas militares de Gaddafi ingresaran a las ciudades que se habían opuesto a él, hubo llamamientos a favor de la intervención de la OTAN. Se aprobó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para establecer una zona de prohibición de vuelos en Libia y el uso de “todos los medios necesarios” para proteger a los civiles. La misión de la OTAN se justificó mediante el uso de lenguaje relacionado con la defensa de civiles y el principio de la “responsabilidad de proteger” a la población. Sin embargo, los Estados de Occidente que instaron a la intervención habían entablado relaciones con el régimen de Gaddafi en los diez años anteriores. Su régimen había sido clave en el programa de rendición extraordinaria de los Estados Unidos y había firmado acuerdos con la Unión Europea para prevenir la migración a Europa a través de Libia⁶. Cuando la UE le dio la espalda a Gaddafi, su principal estrategia fue promover cínicamente la idea de que sin él los inmigrantes “inundarían” Europa. A pesar de la retórica utilizada, la intervención de la OTAN estuvo menos relacionada con las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen, que con el hecho de que las potencias de la OTAN percibieron el debilitamiento del régimen como una oportunidad para obtener más ganancias geopolíticas con un régimen aún más favorable que el impredecible Gobierno de Gaddafi. Cabe destacar que la intervención fue promovida por Estados como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que participaron junto a las misiones de la OTAN e hicieron lo necesario para asegurar que se aprobara la resolución de las Naciones Unidas sobre la intervención. El régimen de Gaddafi se vio debilitado por la acción directa de la OTAN, especialmente por una campaña de bombardeos contra instalaciones militares e infraestructura clave, que provocó directamente su derrocamiento.

Si bien el caso de Libia difiere considerablemente del de Yemen, guardan algunas similitudes, como el impacto desestabilizador de los actores regionales. Tras decenios de régimen de Gaddafi, no había una sola entidad política coherente que pudiera asumir el poder y los espacios iniciales de los levantamientos, donde el movimiento popular había planteado reclamos progresistas, rápidamente fueron reemplazados por facciones militarizadas más poderosas. Como consecuencia de la lucha de poder interno entre múltiples milicias pequeñas, los poderes regionales se insertaron en el proceso para intentar frustrar las demandas revolucionarias y asegurar que no cambiara la distribución de poder a escala regional. Se produjo una ruptura de la gobernanza entre dos bandos opositores; cada uno de ellos contaba con el apoyo de actores regionales diferentes: un bando apoyaba a una agrupación de milicias fieles al General Haftar, afín a la CIA, bajo la consigna del Ejército Nacional Libio; mientras que el otro mando era fiel al Gobierno de Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli. Este último contaba con el apoyo de las Naciones Unidas, Turquía y Qatar, mientras que las fuerzas de Haftar contaban con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Francia y Egipto. Según informes presentados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en septiembre de 2020, ocho países habían violado el embargo de armas impuesto a Libia, y en un informe del Consejo de 8 de marzo de 2021 se considera que el embargo de armas de 2011 fue “totalmente ineficaz”. El informe documentaba el envío por parte de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía de aeronaves de transporte, drones, misiles tierra-aire y vehículos blindados.

Más recientemente, hubo intentos de reconciliación entre las principales facciones de Libia, pero el problema de los grupos militares extranjeros y las armas sigue teniendo un peso importante. El 23 de octubre de 2020, el Ejército Nacional Libio y el Gobierno de Acuerdo Nacional alcanzaron un acuerdo de cese del fuego mediante el cual se exigía a todos los combatientes extranjeros que se retiraran de Libia en un plazo de tres meses. Se formó un Gobierno de unidad interino y se programó la celebración de elecciones en 2021. Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos hicieron todo lo posible para armar a Haftar a fin de asegurar que tuviera una posición sólida en toda negociación y acuerdo futuros. Si bien el deseo de los Emiratos (y de otros países) de que Haftar obtuviera una victoria arrolladora no se concretó, aún controla una gran parte del territorio de Libia.

Sigue siendo difícil evaluar cuáles serán los acuerdos de poder en Libia. Algunos libios desplazados internos han comenzado a regresar a sus hogares, pero la economía local ha sido prácticamente destruida. Una porción significativa de las conversaciones entre las facciones libias se trata de cómo se organizará la economía y, lo más importante, cómo se distribuirán los ingresos provenientes del petróleo. Este es uno de los temas más controvertidos y está relacionado con los motivos de los levantamientos: los manifestantes reclamaban una distribución más igualitaria de los recursos entre la población, en lugar de que se beneficiara a pequeños círculos pertenecientes a las élites. Lamentablemente, no es la mayoría de los libios, sino un conjunto de actores internacionales y regionales los que orientan e influencian estos nuevos acuerdos.

Los casos yemení y libio fueron instancias claras de intervención militar. Sin embargo, además de las operaciones militares, la ayuda fue fundamental para la alianza saudí-emiratí, dado que ambos Estados destacaron sus donaciones humanitarias y prometieron paquetes de ayuda para asegurar sus alianzas. Por ejemplo, cuando aumentaron los ataques militares contra Yemen, tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos siguieron siendo los principales proveedores de asistencia humanitaria, enviando ayuda a zonas bajo su control, mientras aplicaban un bloqueo en los territorios controlados por los huzíes. La intervención militar directa estuvo de la mano de los paquetes de ayuda financiera, las inversiones en infraestructura y la ayuda humanitaria. De hecho, el enfoque en el conflicto y la destrucción en gran parte de las evaluaciones de los levantamientos en Yemen y Libia ha tendido a oscurecer los espacios de construcción e inversión, que fueron tan importantes en el logro de resultados geopolíticos como las acciones militares.

Mucho antes de los levantamientos, los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo tenían grandes inversiones en sectores clave en toda la región, incluida la agricultura, la banca y la construcción⁷. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, han vinculado su ayuda extranjera a las políticas de inversión que ayudan a grupos de capital nacional emiratíes a ingresar a mercados regionales, especialmente en los sectores inmobiliario, agrícola y de infraestructura. En 2008, el Gobierno estableció la Oficina Emiratí para la Coordinación de Ayuda Extranjera (OCFA) como un grupo de organizaciones benéficas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que aprovechó en gran medida los conocimientos especializados de los organismos de las Naciones Unidas y contaba con personal internacional. La mayoría de la asistencia emiratí en el extranjero está destinada al desarrollo, en lugar de la ayuda humanitaria, fundamentalmente en la forma de asistencia bilateral a gobiernos, incluidas las donaciones de mercancías como gas y petróleo. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, “la asistencia extranjera de los Emiratos Árabes Unidos buscará oportunidades para trabajar con el sector privado, en particular con empresas que operan en el país, y para fomentar el comercio y la inversión en países en desarrollo”.

La asistencia otorgada por los Emiratos a Egipto ofrece un ejemplo de cómo este tipo de ayuda se ha utilizado para intentar influenciar y gestionar los resultados políticos después de los levantamientos, y para estabilizar los espacios de inversión. La elección de la Hermandad Musulmana paralizó la ayuda emiratí a Egipto (y Qatar asumió el papel de donante principal): tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos temían la apertura de la Hermandad Musulmana hacia Irán y su papel destacado en Turquía. Tras el golpe de Estado contra el Presidente Morsi, el general del ejército y actual presidente de Egipto, Abdelfatá Al Sisi, asumió el poder. Esta fue una clara reorientación de la lealtad de Qatar hacia la alianza entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, ambos países han inyectado ayuda para apoyar al régimen de Al Sisi. Además de esta ayuda, los Emiratos Árabes Unidos abrieron el espacio a inversiones del sector privado en Egipto, mediante la creación de un equipo de tareas de ambos países y la contratación de una consultora privada para que elaborara un plan para atraer la inversión privada a Egipto. En 2014, el equipo de tareas solicitó nada menos que a Tony Blair que asesorara a Al Sisi sobre la reforma económica. Es así que se celebró una conferencia de donantes en 2014, con el auspicio de los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. Parte de las recomendaciones de la conferencia consistieron en garantizar mejores condiciones de inversión, incluido mediante la reforma de la legislación en materia de inversión en Egipto. Ello demuestra cómo la ayuda oficial ha funcionado junto con los intereses de inversión del sector privado en estos países del Golfo.

Solemos pensar en los levantamientos en el contexto de Estados, revoluciones y contrarrevoluciones y cambio de liderazgo. Sin embargo, también es útil tener en cuenta la importancia de la región para el comercio mundial de petróleo y mercancías en la ruta de Asia y Europa, y analizar los modos en que los diferentes actores compiten para garantizar rutas comerciales en el océano Índico a través del mar Rojo y hacia el canal de Suez. Esto es evidente en el caso de Yemen ya que, debido a su ubicación estratégica, brinda a los grupos que controlan el país la posibilidad de bloquear una de las rutas comerciales más militarizadas del mundo⁸. En los últimos diez años ha habido un gran impulso para construir mega puertos en la península arábiga. En ese sentido, varios Estados del Consejo de Cooperación del Golfo intentaron llevar el comercio directamente a sus territorios, lejos de la ciudad portuaria de Jebel Ali, en Dubai, que domina la región. Además de mantener una fuerte presencia en islas yemeníes clave, los Emiratos Árabes Unidos también han desarrollado una creciente red de puertos comerciales en el Cuerno de África, que suelen asociarse con suministros de equipamiento para formación militar y policial o para bases militares. Desde la prolongada concesión del puerto de Ayn Sujna en la entrada sur del canal de Suez, hasta la inversión en el puerto de Berbera en la autoproclamada República de Somalilandia surge una historia importante. En Somalilandia, Dubai Ports World, un conglomerado y operador portuario internacional con sede en Dubai, firmó una concesión por 30 años en mayo de 2016 para el puerto de Berbera, que incluye la construcción de un parque logístico y una zona franca. En 2018, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que también construirían una base militar junto a las instalaciones de Dubai Ports World. Asimismo, el ejército emiratí tiene un acuerdo de 30 años para la concesión del puerto de aguas profundas de Asab, en Eritrea. Esos puertos no solo son importantes para el comercio, sino también para librar guerras. El puerto de Asab fue crucial para el papel que desempeñaron los Emiratos en Yemen, ya que fue la plataforma de lanzamiento de sus operaciones. Se desplegaron soldados de Asab a Adén, incluidos hombres de nacionalidad sudanesa y eritrea contratados por el ejército emiratí.

El control de esta ruta comercial tan importante que conecta a Europa y Asia tiene repercusiones duraderas. Las potencias regionales están compitiendo para impedir la competencia futura, mientras facilitan la integración con la red “Una Franja, Una Ruta” propuesta por China. Estas rutas comerciales nos dan una idea de cómo se construye el poder económico y militar regional más amplio. La visión dominante de desarrollo no se trata únicamente de Estados aislados, sino que también implica vincular los desarrollos en materia de infraestructura, la ayuda y el militarismo para controlar la zona desde el Golfo y el Cuerno de África hasta el canal de Suez, a fin de permitir a actores como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, controlar e influenciar de manera significativa la circulación de mercancías en las zonas costeras, como Sudán, Djibouti, Eritrea, Somalia y Somalilandia.

Además de realizar importantes compras de armamento y de evadir los embargos de armas, desde la década de 1990, los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado una industria armamentística nacional, en cooperación con empresas extranjeras. Las armas fabricadas en el país se exportan a aliados y, de ese modo, contribuyen a la militarización de la región. En los últimos diez años, los Emiratos Árabes Unidos mejoraron considerablemente su producción, centrándose en la fabricación de vehículos blindados, buques y drones. En 2019, el país consolidó su industria de defensa como parte de EDGE, un grupo de empresas que adquirió a sus predecesoras Emirates Defence Industries (EDIC), Emirates Advanced Investments Group (EAIG), Tawazun Holding y una serie de empresas más pequeñas. Sus cinco áreas principales de operación son plataformas y sistemas, misiles y armas, ciber defensa, guerra e inteligencia electrónica y apoyo a misiones. En 2020, EDGE fue clasificada como una de las 25 principales empresas armamentistas a nivel internacional. Según Pieter Wezeman, investigador principal del programa de gasto militar y de armas de SIPRI: “EDGE es un buen ejemplo de cómo la elevada demanda de productos y servicios militares junto con el deseo de depender menos de proveedores extranjeros están impulsando el crecimiento de empresas armamentistas en Oriente Medio”. Esta industria de armas localizada ha influenciado y seguirá influenciando la trayectoria de los conflictos en la región. 

Esta situación también debe analizarse a la luz de los acuerdos de normalización y la apertura hacia Israel, que representan un cambio regional importante debido a que se ha intensificado la circulación de armas y tecnologías de vigilancia. Los acuerdos para normalizar las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, denominados Acuerdos de Abraham, no marcaron el inicio de las relaciones entre los dos Estados, pero las intensificarán y harán más visibles. Antes del acuerdo, en 2018, los medios informaron de una demanda entablada en Israel y Chipre contra la empresa de espionaje israelí NSO por haber vendido el programa Pegasus a los Emiratos Árabes Unidos. En ese momento, los Emiratos habían utilizado el programa para registrar conversaciones en teléfonos inteligentes de disidentes emiratíes y miembros de la realeza qatarí y somalí. Además, habían adquirido equipamiento de vigilancia de empresas privadas israelíes (ubicadas fuera de Israel), entre ellos el sistema Falcon Eye, que integra la tecnología de reconocimiento facial con programas de escaneo biométrico de rostros para su análisis e identificación. El sistema recibe una retransmisión en directo del equipamiento de vigilancia visual que controla la red de carreteras. Falcon Eye es gestionado por la empresa Asia Global Technology (AGT), con sede en Suiza y propiedad del ex agente de inteligencia israelí Mati Kochavi. Por lo tanto, a pesar de que en teoría las conexiones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel estaban prohibidas en ese momento (antes del acuerdo de normalización formal), se realizaron acuerdos clandestinos. Es posible que esas conexiones aumenten con el nuevo acuerdo. Esta normalización hace que el aparato represivo del Estado israelí sea más accesible. (Cabe observar que Israel prueba la tecnología en los palestinos antes de venderla a los Emiratos Árabes Unidos, lo que, a su vez amplía su uso en el resto de la región.) 

Si bien Arabia Saudita no está tan avanzada en la fabricación de armas locales como los Emiratos Árabes Unidos, el país está intentando disminuir su dependencia de las armas internacionales. En 2021, se anunció que Arabia Saudita invertiría 20.000 millones en la industria de armas local en los próximos años, el 50 por ciento de los cuales provendrán de fuentes locales de aquí a 2030. En ese sentido, las Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI) firmaron un acuerdo en febrero de 2021 para establecer una empresa de riesgo compartido con la estadounidense Lockheed Martin a fin de mejorar las capacidades de fabricación de defensa de Arabia Saudita. SAMI es propiedad del Fondo de Inversión Pública del Estado saudita y tendrá el 51 por ciento de las acciones de la empresa. Del mismo modo, a pesar de que el Gobierno de Biden congeló la venta de algunas armas a Arabia Saudita debido a la guerra en Yemen, el aumento general de la capacidad militar y la colaboración de las empresas no se han detenido.

Esta tendencia de aumentar la capacidad militar es perfectamente coherente con el uso de los Emiratos y Arabia Saudita de terceros países. Esas armas fabricadas localmente generan aún más conflicto, dado que son obsequiadas a terceros o aliados en la región y fuera de ella. Los embargos impuestos en situaciones como la de Libia y los tratados internacionales en torno a la circulación de armas pueden evadirse a través del control local de la producción. Huelga decir que los miles de millones de dólares que se gastan en adquirir armas y en producir armas locales podrían utilizarse de mejor manera en una región afectada por la pobreza generalizada.

Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos han aplicado una política exterior agresiva para promover sus intereses en el Norte de África, Asia Occidental y el Cuerno de África, mientras limitan la disidencia interna. En los próximos años intentarán influenciar los programas de reconstrucción en Siria, Yemen, Libia e Irak, después de la enorme destrucción provocada por las guerras en esos países. Aunque no siempre están totalmente alineados, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se están preparando para intervenir y elaborar estos programas de reconstrucción e influir política y económicamente en esos Estados. Ello implicará paquetes de ayuda específicos, proyectos de infraestructura y alentar la privatización y la participación de conglomerados saudíes y emiratíes en las economías de estos países.

En las décadas de 1960 y 1970, la izquierda en la región afirmaba que uno de los pilares del dominio continuo de los Estados Unidos eran los regímenes reaccionarios en la península arábiga. La participación de estos países en la represión de movimientos de izquierda y de los levantamientos no es ninguna novedad. Sin embargo, la importancia de su capital ha aumentado a medida que la economía política de la región se ha inclinado hacia la apertura de mercados. Su poder militar ha aumentado del mismo modo mediante la venta de armas y la contratación de generales de ejércitos de Occidente en puestos de jerarquía para asesorar operaciones militares. Al mismo tiempo, el uso de terceros financiados y armados para representar a estos Estados se está convirtiendo en una característica dominante de sus intervenciones, tanto en Yemen como en Libia. No obstante, su dominio no debe darse por sentado. A la alianza saudí-emiratí, que tiene sus propias diferencias internas, le sigue resultando difícil controlar territorios, incluso a través de terceros. De hecho, cuando la situación para los diferentes levantamientos era desalentadora y parecía que la coerción había vencido, surgió una luz de esperanza en una nueva ola de protestas. Debido a que el statu quo no ha cambiado y a que siguen sin abordarse los agravios iniciales de los manifestantes, será difícil para cualquier alianza regional o internacional mantener el control de la región, aunque en el intento seguirá provocando destrucción y sufrimiento incalculables.