En 2020 recordamos el décimo aniversario de las protestas multitudinarias que tuvieron lugar en Alejandría (Egipto) en junio de 2010, contra el asesinato del joven egipcio Khaled Mohamed Saeed¹ en manos de la policía, y el comienzo de la tercera intifada saharaui en el campamento de Gdeim Izik² (territorio ocupado del Sáhara Occidental) en octubre de 2010. En esa oportunidad hablamos de cómo, en nuestra opinión, estos acontecimientos marcaron el comienzo de un período de cambios profundos.

Un año más tarde (en 2011) una ola de revueltas se propagó en todo Oriente Medio y la región del Norte de África, en lo que pasó a denominarse la “Primavera Árabe”³. Estos levantamientos sacudieron al mundo. Las revoluciones de Túnez y Egipto dieron lugar a alzamientos históricos en el Norte de África y en otras partes. La población de esos países celebró el derrocamiento de los dictadores Ben Ali y Mubarak, y vislumbró un futuro de cambios significativos en sus vidas. En estos levantamientos, al igual que en muchas instancias revolucionarias, se liberó mucha energía; había una efervescencia, un sentimiento inigualable de renovación y cambio en la conciencia política.

La población de la región conoce muy bien el estereotipo racista y el cliché despectivo encarnados en la falsedad simplista de que los “árabes y los musulmanes no son aptos para la democracia y son incapaces de autogobernarse”. El dominio imperial y colonial de la región dio lugar a que algunos la percibieran como una entidad homogénea que puede reducirse sistemáticamente a conceptos negativos. Si se la observa a través de este cristal distorsionador, la región evoca imágenes de conflicto y guerras, dictadores despiadados y poblaciones pasivas, terrorismo y extremismo, así como ricas reservas de petróleo y grandes desiertos. El imaginario orientalista y la representación rígida del “otro”, así como el poder de “bloquear narrativas” son rasgos característicos de la violencia política y geográfica generada por el imperialismo⁴.

Los levantamientos rompieron con muchos de estos estereotipos y derribaron muchos mitos. Los vientos revolucionarios que comenzaron a soplar en 2011 se propagaron de Túnez a Egipto, Libia, Siria, Yemen, Bahrein, Jordania, Marruecos y Omán. La experiencia emancipadora fue contagiosa, ya que inspiró a personas de todo el mundo: activistas en Madrid, Londres y Nueva York del movimiento Occupy o Indigados estaban orgullosos de “caminar como un egipcio”. Aunque en los últimos 30 o 40 años hemos observado intentos de deslegitimar cambios significativos y radicales a través de revoluciones debido a las deficiencias y la derrota de intentos descolonizadores en diversas partes del Sur global –y a pesar de que los ataques contrarrevolucionarios siempre intentarán destruir la voluntad de las personas– las revoluciones y los levantamientos por la emancipación continúan (y continuarán en el futuro).

Para los autores del presente artículo, al igual que para un sinnúmero de activistas, el orgullo y la esperanza que estos acontecimientos generaron siguen siendo profundamente personales y políticos. Esta experiencia política formativa ha moldeado nuestra vida profesional, nuestro activismo y nuestra visión del mundo. Participamos en conferencias y mesas redondas en las que celebramos y analizamos estos acontecimientos históricos, marchamos en protesta junto a nuestros pueblos y participamos en diversas iniciativas solidarias. Hablamos, debatimos y discrepamos con amigos y compañeros. Algunas veces nos llenamos de esperanza, otras nos sentimos tristes y desanimados. Sobre todo, aprendimos mucho: la práctica revolucionaria ofrece una fuente única de conocimientos.

No obstante, no podemos negar que lo que empezó como un levantamiento inspirador contra el autoritarismo y las condiciones socioeconómicas opresivas para reclamar pan, justicia y dignidad se convirtió en violencia y caos, en polarizaciones profundas, contrarrevolución e intervención extranjera. Los diversos movimientos de la región se toparon con fuerzas autoritarias y contrarrevolucionarias arraigadas decididas a suprimirlos. Todos estos movimientos se enfrentaron a la resistencia del Estado, a menudo sumada a la interferencia extranjera y del capital internacional. El golpe militar en Egipto terminó por reinstaurar una forma de dictadura mucho más despiadada y represiva. Las brutales guerras civiles en Siria, Libia y Yemen y la represión en países del golfo Pérsico como Bahrein son ejemplos de la lógica cruel de la guerra subsidiaria que recuerda mucho a los sistemas coloniales, muy conocidos por la población de la región. Túnez, que había parecido ser la excepción en estos acontecimientos trágicos, ahora está en una posición muy frágil. Además, las profundas polarizaciones (por ejemplo, entre laicistas e islamistas) ha distraído a la población de los problemas socioeconómicos clave que estaban en el núcleo de los levantamientos.

Algunos comentaristas políticos de los medios de comunicación hegemónicos han sostenido que la “Primavera Árabe” dio lugar a un “invierno islamista” (dado que las fuerzas islamistas llegaron al poder en algunos países). Algunas voces progresistas han sido menos pesimistas y han presentado una perspectiva histórica más matizada, según la cual estos acontecimientos deben interpretarse como parte de un proceso revolucionario de largo plazo, con altibajos, períodos de radicalización, contratiempos y contrarrevolución. Hubo quienes reivindicaron esta última opinión cuando, ocho años después de los acontecimientos de 2010 y 2011, se intensificó el proceso revolucionario en la forma de una segunda ola de levantamientos en Sudán, Argelia, Irak y el Líbano (2018-2021) y con el regreso a primera plana de la lucha heroica e interminable de los palestinos, todo lo cual revela la determinación del pueblo de seguir luchando por sus derechos y soberanía.

Todos estos acontecimientos trascendentales ocurridos entre 2010 y 2021 han abierto nuevos horizontes que han permitido a las personas expresar su descontento y exigir cambios y reformas radicales, y han obligado a casi todos los gobiernos de la región a ceder en cuestiones políticas y económicas.

Cuando nos embarcamos en este proyecto, nuestro principio orientador fue el papel importante que ocupa la memoria en nuestros movimientos por la justicia y la libertad, y la tarea fundamental de mantener un archivo. Nuestra memoria política no es un proceso automático, como la memoria muscular, sino que está determinada por las condiciones políticas y económicas en las que existimos. El fomento de la afinidad política y el mantenimiento de los vínculos radicales no ocurren en forma aislada, deben alimentarse, mantenerse vivos. Es preciso reflexionar sobre ellos y mantener un registro. Los aniversarios brindan la oportunidad de hacer todo esto y ese es precisamente el objetivo de este proyecto, que incluye webinarios y podcasts, además de los artículos aquí compilados. Todo ello nos ayuda a ver lo concreto, en medio de lo que a veces son debates demasiado abstractos, y conocer algunos casos menos visibles.

Uno de los objetivos de este proyecto ha sido cuestionar una serie de percepciones erróneas sobre la región, su población y las revueltas y levantamientos. Una de ellas fue el intento de los medios de comunicación internacionales y hegemónicos, los gobiernos de Occidente y las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, de mostrar a los levantamientos como simples revueltas contra el autoritarismo que solamente reclamaban los tipos de democracia y libertades políticas anquilosadas que existen en los países industriales de Occidente. Este marco se aleja de todo análisis de clase y tiende a desvincular lo político de lo económico, ignorando las demandas socioeconómicas fundamentales de pan, justicia social, dignidad y soberanía de los pueblos. Pero esta interpretación errónea –o distorsión, para ser más precisos– no termina allí. Los comentaristas de los medios hegemónicos de Occidente denominaron a los levantamientos de Túnez y Egipto “revoluciones de Facebook y Twitter”, exagerando el papel que desempeñaron las redes sociales en fomentarlos. Otro enfoque dominante, pero no menos superficial, fue el demográfico, que interpretó las revueltas como fundamentalmente levantamientos de jóvenes contra la generación más vieja, producto de una “masa juvenil” en los países afectados.

Más de diez años después, las interpretaciones hegemónicas del aniversario de los levantamientos no han aportado mucho al análisis. Varios informes y artículos periodísticos se refieren a revoluciones fallidas y perdidas y a promesas incumplidas. Sin embargo, el tono dominante queda reflejado en el título de un artículo del periódico The Guardian publicado en diciembre de 2020, en el que se hace referencia a Mohamed Bouazizi, el vendedor de frutas que se inmoló y catalizó los levantamientos árabes: “Nos arruinó: 10 años más tarde, los tunecinos maldicen al hombre que inició la Primavera Árabe”. La narrativa que se propone es de desolación y desesperanza: el levantamiento no valió la pena, habría sido mejor permanecer encadenados y en la pobreza. Es necesario cuestionar y deconstruir una interpretación de este tipo para ofrecer una lectura más matizada y menos idealista (más materialista) de la revolución y lo que ella supone. Varios investigadores y activistas progresistas críticos han hecho hincapié en la importancia de reconocer las complejidades de la dinámica revolucionaria y sus crisis, deficiencias e incluso fallas inevitables⁵. Esto implica ver a las revoluciones imbuidas de tendencias contrarrevolucionarias e invadidas por fuerzas reaccionarias. El hecho de que las personas de la región sigan realizando revueltas es prueba de esta complejidad. En definitiva, las ideas de las personas sobre las revoluciones tienen un impacto fundamental en los resultados de esos acontecimientos cuando de hecho ocurren; de ahí la necesidad de reflexionar y aprender de revoluciones pasadas.

A lo largo de este proyecto hemos intentado crear espacio para la reflexión crítica: hemos priorizado un enfoque inclusivo con respecto a diferentes opiniones disciplinarias y énfasis políticos y, en el proceso, brindamos una plataforma a las voces más jóvenes, a las voces femeninas y locales de la región; lo mínimo que podemos hacer. Esperamos haber evitado dicotomías rígidas y posturas fariseas con respecto a poseer “la verdad” –un deseo que surge de nuestro rechazo de estilos y comportamientos sectarios y polémicos, que puede fácilmente convertirse en ataques personales. Un resultado de esta colaboración ha sido aprender a discrepar y trabajar de manera respetuosa con compañerismo y continuar la discusión de manera constructiva. Quien estudia los temas que se presentan en este proyecto sabrá muy bien cómo los efectos nefastos de posiciones arraigadas (“campismo”) han debilitado las posibilidades progresistas de participación significativa a lo largo de los años. A menudo hemos sido testigos de cómo los debates sobre Siria o Libia, por ejemplo, se convierten en discusiones binarias (a menudo falsas) profundamente polarizadas, que alienan a los participantes e impiden debates productivos sobre estrategias revolucionarias y solidaridad internacional. En última instancia, se pondrá a prueba en nuestros movimientos cómo podemos reconciliar determinadas posturas (por ejemplo, el antiautoritarismo frente al antiimperialismo), pero nunca deberíamos absolvernos de nuestro deber de argumentar en contra de posiciones políticas selectivas. La lucha por la libertad en un caso debe estar al servicio, y no a expensas, de la lucha por la libertad en otro. Los participantes marroquíes y saharauis de uno de nuestros webinarios expresaron esto de manera poderosa.

Los aniversarios tienen un poder simbólico y pueden ser buenas oportunidades para hacer un balance de lo sucedido y reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos. También pueden ser momentos dinámicos para reflexionar sobre cómo avanzar. Nuestro objetivo no es recordar los tiempos mejores que ya pasaron o idealizar estos acontecimientos históricos importantes. Sino que, en este proyecto esperamos acercarnos más al espíritu de las revoluciones, su energía creativa, sus contradicciones y deficiencias y sus enemigos.

Obviamente, este proyecto tiene algunas lagunas, aspectos que no se han incluido. Ello se debe, por un lado, a nuestras propias limitaciones de trabajo y tiempo y, por otro, a los límites del proyecto en sí, cuya razón de ser está vinculada con un momento determinado en el tiempo. En realidad, los procesos revolucionarios siempre están inconclusos. Lo mismo ocurre con la práctica política, que incluye escribir acerca de revoluciones. Y, a pesar de que no procuramos abarcarlo todo cuando abordamos una región tan vasta, esperamos ofrecer aquí un pantallazo general, en la voz y en el idioma de su gente. Hemos intentado presentar un análisis progresista que pueda contribuir a profundizar nuestros conocimientos sobre la región, con la esperanza de que ello nos permita aprender de los errores pasados y seguir luchando por un cambio perseguido desde hace mucho tiempo en las condiciones políticas y socioeconómicas opresivas actuales.

Nuestros recuerdos de los acontecimientos increíbles de los últimos diez años han sido fundacionales. Nos sentimos privilegiados de haber sido testigos de personas que actuaron con un vigor y una valentía políticos que solamente pueden describirse como “históricos”. Nuestras mentes se han iluminado y nuestros espíritus se han elevado gracias al sinnúmero de hombres y mujeres comunes y corrientes que se atrevieron a decir “la gente quiere” [al sha’b yourid] y que se alzaron en circunstancias sin precedentes. Heredamos su legado y el precio enorme de llegar a un momento crítico del que ni los amigos ni los enemigos de la revolución pueden regresar. Hay pocas cosas tan poderosas como cuando las personas comunes y corrientes de clase trabajadora superan todos los obstáculos y hacen tambalear los verdaderos cimientos del statu quo.

“Lo personal es político” proclama una máxima feminista. El lema de la lucha de las personas con discapacidad reza: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. En el espíritu de estos dos mensajes agradecemos de todo corazón a las y los colaboradores de este proyecto, que ofrecieron sus puntos de vista como académicos y activistas de y desde la región. Y rendimos homenaje a los caídos, los heridos, los prisioneros políticos y las personas que siguen luchando. Dedicamos esta obra a ellos y a quienes han sacrificado sus vidas por pan, justicia y dignidad.

A más de 10 años de los levantamientos de 2011 en Oriente Medio y el Norte de África, ¿cómo podemos entender sus causas profundas?¹ En aquel entonces, muchos comentaristas y responsables de la elaboración de políticas respondieron a esta pregunta refiriéndose al simple mantra de “libertad política y económica”. Si bien gran parte del mundo pareció haberse alejado de estructuras estatales autoritarias en la década de 1990 y 2000, Oriente Medio había permanecido en gran medida inmerso en la autocracia y el régimen monárquico: “la región menos libre del mundo”, como se la describe en la introducción de un destacado estudio sobre política en el mundo árabe². Según este enfoque, el problema reside en el efecto sofocante del autoritarismo en los mercados capitalistas, que impidieron el surgimiento de un sector privado dinámico y frenaron el potencial económico de la región. El descontento popular expresado en las calles de Oriente Medio en 2011 podía, entonces, entenderse como un deseo de alcanzar sistemas políticos “libres” y economías “libres”.

En este sentido, el entonces Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, observó en un importante discurso político sobre Oriente Medio, pronunciado en mayo de 2011, que la región necesitaba “un modelo en el cual el proteccionismo dé lugar a la apertura, las riendas del comercio pasen de las manos de unos pocos a las manos de la mayoría y la economía genere empleos para los jóvenes. Por consiguiente, el apoyo de Estados Unidos a la democracia se basará en asegurar la estabilidad financiera, promoviendo la reforma e integrando mercados competitivos entre sí y a la economía mundial”. Del mismo modo, el presidente del Banco Mundial en ese momento, Robert Zoellick, sostuvo que las revueltas en Túnez ocurrieron debido al exceso de “papeleo”, que impedía a las personas participar libremente en los mercados capitalistas. Los responsables de la formulación de políticas de Occidente han reiterado este argumento básico sin cesar desde 2011, los Estados autocráticos sofocan la libertad económica y los “mercados libres” son fundamentales para toda transición sostenida para salir del autoritarismo. Como parte de este discurso, los gobiernos de Occidente y las instituciones financieras internacionales se refunden como actores benignos y benevolentes, listos para apoyar la “transición” a la democracia y dispuestos a brindar los conocimientos tecnocráticos necesarios para construir mercados económicos abiertos.

A continuación, se argumenta que este modo habitual de enmarcar la economía política de Oriente Medio es falso. Si bien es cierto que las estructuras políticas de la región eran (y siguen siendo) extremadamente autoritarias, este tipo de sistema político refleja directamente cómo ocurrió el desarrollo capitalista en la región en los últimos decenios. Los cambios económicos de gran alcance iniciados en la década de 1980 en virtud de los paquetes de ajuste estructural, que contaron con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, fueron fundamentales para esta trayectoria de desarrollo. Obligados por estos acuerdos, los gobiernos árabes transitaron la década de 1990 y 2000 reorientando sus economías de conformidad con principios impulsados por el mercado. Las políticas adoptadas en la región eran un poco diferentes de las halladas en otras partes del mundo: la priorización del crecimiento del sector privado, la austeridad fiscal, la apertura al flujo de capital extranjero, la privatización y la desregulación de los mercados (incluido el mercado de trabajo). No había una contradicción fundamental entre estas políticas económicas y el autoritarismo político, sino que, de hecho, la apertura de los mercados y la incorporación constante de políticas neoliberales en la región dependían precisamente de líderes autoritarios (como es aún el caso). Fue fundamental que este proceso contara con el pleno apoyo de los gobiernos occidentales, que aplaudieron el ascenso al poder de líderes autocráticos en la región en la década de 1980 y siguieron elogiando la dirección de sus políticas económicas en los decenios anteriores a 2011. 

Todo análisis de Oriente Medio en la actualidad debe comenzar por mencionar la centralidad de la región en la economía mundial. La zona, que durante mucho tiempo fue una encrucijada comercial estratégica, adoptó especial importancia tras el descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos a comienzos del siglo XX. El petróleo y el gas se convirtieron en productos básicos esenciales que apuntalaron la producción industrial y el transporte modernos después de la Segunda Guerra Mundial y, en este contexto, el control y la influencia en la región configuraron el equilibrio de rivalidades mundiales en el período de la posguerra. Estados Unidos, que surgió como el poder dominante en ese momento, adjudicó especial importancia a forjar relaciones privilegiadas con los países de la región.

En las décadas de 1950 y 1960 la región se volvió más importante en la economía mundial y, al mismo tiempo, llegaron al poder movimientos nacionalistas árabes en Egipto, Yemen, Argelia, Siria e Irak. Estos nuevos gobiernos derrocaron a regímenes aliados de los poderes coloniales anteriores e intentaron seguir modelos económicos basados en formas estadistas de desarrollo, enfatizando el control nacional de la industria, el apoyo a la educación y el empleo para los diplomados universitarios, subvenciones para los bienes de consumo básicos, como los alimentos, y el control público de la tierra y otros recursos. No obstante, a pesar de la frecuente referencia al “socialismo árabe” por parte de estos nuevos gobiernos, su estrategia económica aún era en gran medida de orientación capitalista³. Estas políticas dieron lugar a una mejora de las condiciones de vida de gran parte de la población de la región, pero también se caracterizaron por formas de gobierno represivas destinadas a impedir toda acción política independiente.

Los gobiernos de Occidente, encabezados por Estados Unidos, inicialmente se enfrentaron a estas luchas nacionalistas mediante el fortalecimiento de las relaciones con tres aliados regionales clave: Arabia Saudita, Irán e Israel. En el golfo Pérsico, el monarca saudí, el rey Saúd, había dependido durante mucho tiempo del apoyo político y militar de Estados Unidos y estaba muy dispuesto a socavar el nacionalismo árabe a través del poder de corrupción de los ingresos petroleros. La financiación saudí de movimientos favorables a Occidente en la región permitió a estas fuerzas negar todo vínculo directo con los gobiernos de Occidente. También se alentó al Gobierno saudí a utilizar el Islam como un contrapeso regional de las ideas nacionalistas y de izquierda, organizar “cumbres islámicas” que aseguraran la influencia saudí y cuestionaran el papel de Egipto como Estado árabe líder. Comenzó una guerra propagandística virulenta entre los gobiernos de Arabia Saudita y Egipto. Este conflicto subsidiario con Egipto se intensificó al máximo durante el octavo año de la guerra civil en el norte de Yemen, cuando Arabia Saudita era el principal partidario de las fuerzas monárquicas británicas que habían sido derrocadas en 1962, mientras Egipto apoyaba a los movimientos republicanos organizados en contra de la monarquía destituida.

En el caso de Irán, Estados Unidos (y el Servicio de Inteligencia Secreto o M16, de Gran Bretaña) orquestó un golpe de Estado contra el primer ministro iraní Mohammad Mosaddegh en 1953, que puso en el poder a un Gobierno partidario de Occidente, fiel a la monarquía iraní, encabezado por el sah Mohammad Reza Pahlavi. Estados Unidos concibió explícitamente a Irán como su base de control principal en la región del golfo Pérsico. De hecho, en un informe de la empresa RAND –un destacado grupo de estudios estrechamente vinculado con responsables de la elaboración de políticas en Washington–se observaba que Irán podía “ayudar a lograr muchos de los objetivos que consideramos deseables sin necesidad de intervenir en la región”⁴. Este papel quedó demostrado de manera convincente en 1973 con el envío de fuerzas militares iraníes a Omán para ayudar a los soldados británicos a reprimir la rebelión de Dhofar, una lucha poderosa de los movimientos de izquierda en la península arábiga. Los soldados iraníes, que contaban con helicópteros y otras armas suministradas por Estados Unidos, lograron reprimir la rebelión. El apoyo militar estadounidense a Irán aumentó considerablemente a partir de 1973, alcanzando más de 6.000 millones de dólares al año entre 1973 y 1975. Esta relación cercana continuó hasta 1979, cuando la revolución iraní derrocó a la monarquía de Pahlavi y retiró a Irán de la esfera de influencia de Estados Unidos en la región.

Otra importante transición de poder estadounidense en la región fue el Estado de Israel. A través de su colonialismo de colonos, Israel comenzó a existir como Estado en 1948 mediante la expulsión de tres cuartas partes de la población palestina originaria de sus hogares y territorios. Debido a su inextricable dependencia de apoyo externo para seguir siendo viable en un entorno hostil, se podía contar con Israel como un aliado mucho más fiable que cualquier Estado árabe. En la década de 1950, el principal apoyo externo de Israel había provenido de Gran Bretaña y Francia. Pero en la guerra de 1967, el ejército israelí derrotó a las fuerzas armadas egipcias y sirias y ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza, la península (egipcia) del Sinaí y los altos del Golán (sirios). La derrota israelí de los Estados árabes alentó a Estados Unidos a consolidarse como su principal mecenas, a través del suministro anual de miles de millones de dólares en equipamiento militar y apoyo financiero.

La victoria de Israel en 1967 constituyó un momento decisivo en la evolución del nacionalismo árabe. Mientras que los regímenes favorables a Occidente siguieron siendo cuestionados desde abajo por diversos movimientos radicales, y nuevos gobiernos nacionalistas llegaron al poder en Yemen Meridional (1967), Irak (1968) y Libia (1969), la victoria de Israel fue un golpe devastador a las nociones de unidad y resistencia árabe que se habían cristalizado más claramente en Egipto durante el régimen de Nasser. La derrota militar se vio reforzada simbólicamente por la muerte de Nasser en 1970 y la llegada al poder de Anwar Sadat, que posteriormente revirtió muchas de las políticas más radicales de Nasser. La prioridad que Estados Unidos otorgó a su relación con Israel quedó de manifiesto en 1973, cuando estalló otra guerra entre Israel y la coalición de Estados árabes encabezada por Egipto y Siria. A pesar de los avances iniciales de estos dos países al comienzo de la guerra, el envío de equipamiento militar estadounidense de última generación terminó por consolidar la victoria de Israel.

Durante este período de transformación económica, las grandes y persistentes desigualdades se pusieron de manifiesto en la propiedad y el control de la riqueza, el acceso a los recursos y mercados, y el ejercicio del poder político. Mientras la tasa de desempleo se mantenía elevada, la pobreza aumentaba y había niveles considerables de desposesión rural, una pequeña capa de la población de la región se beneficiaba considerablemente de las nuevas políticas económicas. La privatización y los nuevos mercados ofrecían oportunidades lucrativas para los grupos empresariales bien conectados que participaban en ámbitos como el comercio, las finanzas y la especulación inmobiliaria. Las élites estatales y militares también tenían un poder económico considerable, ya que estaban construyendo una red de relaciones muy poco transparentes con grupos de capital privado¹¹. Estos patrones de desigualdad eran sostenidos mediante regímenes autoritarios y represión estatal. De hecho, es imposible separar las estructuras políticas altamente autocráticas de la región de las políticas (y los resultados) de los modelos de desarrollo basados en el mercado, implementadas a partir de la década de 1980.

Un ejemplo importante de estos patrones puede observarse en las estadísticas de trabajo y empleo. Antes de la crisis económica mundial de 2008, la tasa media de desempleo oficial en Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez era más elevada que en cualquier otra región del mundo. Los jóvenes y las mujeres fueron los más afectados por el desempleo –alrededor de una quinta parte de las mujeres árabes y una cuarta parte de los jóvenes de la región estaban desempleados. Estas cifras ocultan grandes desigualdades regionales: en la subregión del Máshreq (Egipto, Jordania, Irak, Siria, Líbano y Cisjordania y la Franja de Gaza), más del 45 por ciento de las mujeres jóvenes estaban desempleadas en 2011, más del doble del porcentaje de hombres jóvenes desempleados. Oriente Medio también ocupó el último lugar en el mundo en cuanto a índice de participación en el mercado de trabajo, ya que menos de la mitad de la población de la región era considerada parte de la fuerza laboral. Tan solo alrededor de una tercera parte de los jóvenes y un 26 por ciento de las mujeres tenían trabajo o buscaban empleo. Esta profunda marginación de los jóvenes y las mujeres tuvo repercusiones sociales profundas en países donde los hombres de edad avanzada monopolizaban el poder político.

En los mercados de trabajo de la región también había una prevalencia generalizada de trabajo informal y precario. En 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informó que el crecimiento del trabajo informal en Egipto, Marruecos y Túnez era de los más rápidos del mundo (alcanzó entre un 40 y un 50 por ciento del empleo no agrícola). En Egipto, tres cuartas partes de las personas que ingresaron por primera vez al mercado de trabajo entre 2000 y 2005 formaban parte del sector informal, un aumento respecto de tan solo una quinta parte a comienzos de la década de 1970¹². Estas tendencias no solo afectaron el carácter del empleo, sino que además tuvieron repercusiones importantes en el modo de utilizar el espacio urbano y los tipos de movimientos sociales y políticos que surgieron en Oriente Medio – los gobiernos veían con mucha desconfianza y sospecha a los habitantes de asentamientos informales hacinados en ciudades como El Cairo, Casablanca, Argel y Beirut.

Estos resultados extremadamente desiguales de los mercados de empleo y de trabajo contribuyeron al empeoramiento de los niveles generales de pobreza en la región. La proporción de la población sin medios para procurarse nutrición básica y artículos no alimentarios esenciales (el “margen superior del umbral de la pobreza”) fueron en promedio de alrededor del 40 por ciento en Jordania, Marruecos, Siria, Túnez, Mauritania, Líbano, Egipto y Yemen en los 10 años anteriores a los levantamientos¹³. Los resultados en materia de salud y educación también reflejaron un acceso desigual a los servicios públicos y a la ayuda social. Entre 2000 y 2006, alrededor de una quinta parte de los niños de Egipto y Marruecos exhibían un estancamiento en el crecimiento como resultado de la malnutrición. En los países del Máshreq, la desnutrición aumentó de un 6,4 por ciento en 1991 a un 10,3 por ciento en 2011. En 2010, antes de los levantamientos, un sorprendente 30 por ciento de los adultos de la región eran analfabetos (la cifra aumentaba a 40 por ciento en el caso de las mujeres mayores de 15 años). El acceso a la educación también estaba marcado por desigualdades evidentes. La UNESCO observó que “En Egipto, una de cada cinco personas [niños] más pobres no ingresan en absoluto en la escuela primaria, en tanto que casi todos los niños ricos llegan hasta el segundo ciclo de la enseñanza secundaria”.

Cabe destacar, sin embargo, que además de este deterioro generalizado de las condiciones sociales en las décadas de 1990 y 2000, muchas de las principales economías de la región estaban experimentando tasas de crecimiento muy elevadas y se las elogiaba como casos exitosos de reforma económica, que otros países del Sur global debían imitar. Por ejemplo, en el informe Doing Business 2008, el Banco Mundial calificó a Egipto como el “principal reformador del mundo” y siguió calificándolo entre los 10 principales reformadores del mundo hasta el derrocamiento de Mubarak. Del mismo modo, en el examen de políticas de desarrollo (Development Policy Review) del Banco Mundial de 2010 sobre Túnez, se elogiaba al país por sus “reformas estructurales estables y su buena gestión macroeconómica” que le habían asegurado a Túnez un lugar “entre los países de mejor rendimiento en el grupo de economías emergentes” y posibilitaron “logros envidiables” para la población pobre del país. Las políticas de las instituciones financieras internacionales siguen estando marcadas por este tipo de apoyo a gobiernos autoritarios en gran parte de Oriente Medio (como el régimen de Sisi en Egipto) –un hecho que es fundamental recordar a la luz de los intentos de estas instituciones de reescribir su historial en la región.   

Las políticas económicas impuestas por las instituciones financieras internacionales en Oriente Medio en las décadas de 1990 y 2000 no solo reconfiguraron las estructuras sociales a escala nacional, sino que además precipitaron nuevas jerarquías económicas y políticas a nivel regional. Una característica fundamental de estas jerarquías emergentes fue el creciente peso de los seis Estados del golfo arábigo (Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán) en la economía política regional –y el vínculo entre la acumulación de capital en el golfo y los procesos de formación de clase y Estado en otras partes de la zona.

Tomados en conjunto, los Estados del golfo arábigo tienen características que los distinguen del resto de la región. Todos ellos son monarquías, cuyos recursos de hidrocarburos (petróleo y gas natural) ricos y relativamente baratos convirtieron al golfo en un lugar central de la estrategia de Occidente en Oriente Medio a lo largo del siglo XX. Al mismo tiempo, las estructuras sociales de las monarquías del golfo difieren considerablemente de las de otras partes de Oriente Medio. La más significativa es la contratación en los países del golfo de un gran número de trabajadores migrantes temporales, la mayoría provenientes de Asia Meridional y en menor medida de los países árabes vecinos, que ahora representan más de la mitad de los 56 millones de habitantes de los países del golfo Pérsico. Si se los considera como porcentaje de la fuerza de trabajo, los habitantes no nacionales representan entre el 59 y el 86 por ciento de la población empleada de Arabia Saudita, Omán, Barhein y Kuwait, y del 92 al 95 por ciento de la población empleada de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Estos trabajadores y trabajadoras migrantes, a quienes se niegan derechos laborales, políticos y civiles, han sido fundamentales en los patrones de crecimiento urbano y acumulación de capital en el golfo Pérsico; también han sostenido la “segmentación vertical” de las sociedades del golfo, donde los ciudadanos participan en la vigilancia y el control de poblaciones migrantes a través del sistema de kafala (patrocinio).¹⁴

En los últimos decenios, la creciente demanda internacional de hidrocarburos del golfo Pérsico –sostenida por el incremento prácticamente continuo del precio del petróleo de 2000 a mediados de 2014– ha aumentado enormemente los niveles de riqueza de la zona¹⁵. Esto ha contribuido a nutrir el desarrollo de grandes conglomerados capitalistas en el golfo, estrechamente vinculados con las monarquías en el poder y el Estado, cuyas actividades abarcan sectores como la construcción y el desarrollo inmobiliario, procesos industriales (especialmente acero, aluminio y cemento), la venta minorista (incluido el comercio de importación y la propiedad de centros comerciales) y las finanzas.

Si bien gran parte del capital excedente del golfo se ha invertido en América del Norte y Europa, grandes cantidades también terminaron en países árabes vecinos en la década de 2000¹⁶. No es un dato menor que esta expansión regional del capital del golfo Pérsico se basara en los programas de ajuste estructural mencionados anteriormente y la subsiguiente liberalización y apertura a la inversión extranjera directa en muchos países árabes en la década de 1990 y 2000. Como consecuencia de ello, el capital del Golfo fue un principal beneficiario del giro neoliberal en la región en general y estuvo íntimamente relacionado con la propiedad y el control del capital en todo Oriente Medio.

Estas jerarquías regionales son fundamentales para entender el impacto de la crisis económica mundial de 2008 y 2009 en Oriente Medio. Como se ha observado, en los años anteriores a la crisis, la región ya afrontaba niveles muy elevados de desigualdad social y económica. Además de los problemas de desempleo juvenil, exclusión social y pobreza, el aumento de los costos de los alimentos y la energía ejercían una presión considerable en los medios de subsistencia de muchas familias¹⁷. Como consecuencia del aumento de los precios de las importaciones, los gobiernos árabes afrontaban grandes dificultades para mantener los niveles de subsidios que ya habían reducido; al mismo tiempo, aumentó el costo de vida de las familias más pobres. Esto provocó un gran aumento del número de personas que vivían en la pobreza en la región: según un cálculo del Banco Africano de Desarrollo, un total de 1,11 millones de personas adicionales habían caído por debajo del umbral de la pobreza en Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Yemen inmediatamente antes de la crisis económica mundial de 2008.

Cuando se desató la crisis de 2008-2009, estos patrones de desarrollo económico influyeron en el modo en que las diferentes partes de la región experimentaron las turbulencias a nivel mundial. Los Estados no exportadores de petróleo fueron afectados gravemente por la caída pronunciada en la demanda mundial de bienes, como los productos agrícolas, textiles, la vestimenta y otras manufacturas. Al mismo tiempo, el envío de remesas al exterior disminuyó a medida que la crisis afectaba a la agricultura, la construcción y los sectores de baja calificación en Europa, donde se encontraban muchos migrantes árabes (documentados e indocumentados). Por último, la liberalización financiera durante el período neoliberal había expuesto a muchos países a posibles fluctuaciones en los flujos de capital extranjero, en particular el gasto del turismo y la inversión extranjera directa.

No obstante, en el golfo Pérsico la crisis se vivió de otra manera. Los países de esa zona fueron sacudidos inicialmente por una caída breve en los precios del petróleo de julio a diciembre de 2008 (y una caída asociada de la demanda mundial), así como por un retiro del flujo de capital extranjero que provocó que estallaran las burbujas inmobiliarias de esos países (especialmente en Dubai). Sin embargo, en respuesta a ello, los conglomerados empresariales amenazados por la crisis iniciaron programas amplios de gasto en el sector inmobiliario y en proyectos de infraestructura (concentrados en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos). Además, las monarquías del golfo lograron aprovechar su dependencia estructural de los trabajadores migrantes temporales para trasladar la carga de la crisis a los países vecinos, la contratación de trabajadores nuevos disminuyó y los trabajadores contratados podían ser enviados de regreso a sus países debido a la cancelación de proyectos. En 2010, los precios del petróleo habían vuelto a aumentar, consolidando así la salida de los países del golfo de la crisis mundial.

Tomadas en conjunto, estas diferentes trayectorias regionales de la crisis mundial implicaron que los Estados del golfo Pérsico quedaran mejor posicionados en la región tras la crisis de 2008, mientras que los países árabes afrontaron crecientes cargas fiscales y sociales. En este contexto por primera vez hubo manifestaciones masivas en Túnez en diciembre de 2010, que se propagaron rápidamente a toda la región. En la primera fase de estas protestas en 2011 los regímenes de Ben Ali en Túnez y de Mubarak en Egipto fueron derrocados. Los gobiernos de Siria, Bahrein, Jordania, Argelia, Omán, Marruecos, Yemen y Libia también se enfrentaron a levantamientos y protestas en oposición a los patrones de gobierno autocráticos y contra el deterioro de las condiciones socioeconómicas que experimentaba gran parte de la población. En este sentido, los levantamientos se oponían a las políticas económicas fuertemente promovidas por las instituciones financieras internacionales de Occidente en los decenios anteriores, así como a las estructuras políticas con las que estaban asociadas. Por supuesto que no todas las personas que participaron en los levantamientos pensaban en las manifestaciones de este modo, pero la consigna omnipresente de aish, hurriyah, ‘adalah ijtima’iyah (pan, libertad y justicia social) pone de manifiesto esta fusión de las esferas económica y política.

A pesar de las aspiraciones de quienes participaron en las luchas extraordinarias de 2011, la extrema polarización de la riqueza y el poder en la región no ha cambiado fundamentalmente. Un estudio reciente ha concluido que Oriente Medio es la región más desigual del mundo: el 10 por ciento de las personas ricas, con ingresos elevados, poseen el 64 por ciento del ingreso total, en comparación con el 37 por ciento en Europa Occidental, el 47 por ciento en los Estados Unidos y el 55 por ciento en Brasil¹⁸. La brecha es aún más pronunciada en el caso de la población ultra rica de la región: la porción de ingresos del 1 por ciento más rico es de alrededor del 30 por ciento en Oriente Medio, en comparación con el 12 por ciento en Europa Occidental, el 20 por ciento en los Estados Unidos, el 28 por ciento en Brasil, el 18 por ciento en Sudáfrica, el 14 por ciento en China y el 21 por ciento en la India¹⁹. Estos niveles de desigualdad sin precedentes se dan tanto a nivel regional, entre los países ricos del golfo Pérsico y el resto de Oriente Medio, como al interior de cada uno de los países.

Estos niveles elevados de desigualdad son consecuencia directa de los modelos de desarrollo basados en el mercado, aplicados en los últimos decenios, que se han mantenido básicamente iguales tras los levantamientos y que siguen siendo promovidos por las principales instituciones financieras internacionales. Estas continuidades quedaron claramente demostradas por la Alianza de Deauville liderada por esas instituciones, una iniciativa iniciada en mayo de 2011 en la cumbre del G8 celebrada en Francia, que prometió más de 40.000 millones de dólares en préstamos y otro tipo de ayuda a los países Árabes “en transición”. La premisa principal de la Alianza era redoblar el esfuerzo para la apertura del mercado en cinco países específicos: Egipto, Túnez, Jordania, Marruecos y Libia, con objetivos como “eliminar los impedimentos estructurales”, alentar un “sector privado dinámico” como “el motor principal para la creación de empleos” y lograr la “integración económica regional y mundial, que es clave para el desarrollo económico”. Así, y de modo sorprendentemente similar a cómo las crisis política y económica de las décadas de 1970 y 1980 abrieron paso al ajuste estructural en la región, las crisis posteriores a 2011 fueron consideradas una oportunidad para ampliar las trayectorias en materia de políticas de los regímenes anteriores. Como observó el Banco Europeo de Inversiones no mucho tiempo después del derrocamiento de Ben Ali y Mubarak, “los momentos de cambio político también pueden ser una oportunidad para reforzar o mejorar marcos institucionales existentes”.

Con el apoyo de iniciativas como la Alianza Deauville, las instituciones financieras internacionales han adoptado medidas desde 2011 para ampliar su posición en la región con la oferta de nuevos acuerdos de préstamos y otras formas de asistencia. Instituciones con larga trayectoria como el Banco Mundial o el FMI han liderado este proceso, mientras trabajan junto a otras instituciones que comenzaron a operar en la región apenas en el último decenio (como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo). Las discusiones en curso en torno a la reconstrucción posterior al conflicto en países como Siria, Yemen, Libia e Irak también han estado marcadas por el mismo tipo de lógica impulsada por el mercado y, como la historia lo demuestra una y otra vez, las consecuencias de la guerra, el conflicto y la crisis (incluida la actual pandemia mundial) son a menudo consideradas como una oportunidad para reacomodar acuerdos de poder y acelerar el cambio económico.

Diez años más tarde, la experiencia de los levantamientos de 2011 demuestra que no alcanza con centrarse únicamente en demandas políticas (como nuevas elecciones o corrupción gubernamental) sin abordar al mismo tiempo el poder social y económico del capital (en el plano nacional, regional y mundial). No puede haber una ruptura fundamental con las estructuras estatales autoritarias bajo un sistema económico que sigue promoviendo el crecimiento descontrolado y los denominados “libres mercados” a expensas de la justicia social y la igualdad. Una de las principales debilidades de las revueltas de 2011 fue no haber reconocido esta lección estratégica. Pero ciclos más recientes de protesta política, especialmente los levantamientos de 2018-2021 en el Líbano, Sudán, Argelia, Marruecos e Irak parecen haber aprendido de la experiencia de 2011, dado que vinculan explícitamente el cuestionamiento de las élites políticas autocráticas con la necesidad de revertir las profundas desigualdades en el control y la distribución de la riqueza. En este sentido, mientras siguen sin alcanzarse las aspiraciones de 2011, las lecciones, experiencias y anhelos de ese momento serán una parte indeleble de las próximas luchas.

Introducción: “La gente un día quiso la vida y el destino respondió” ¹

A metros del tristemente célebre Ministerio del Interior de la ciudad de Túnez, la gente está congregada en la Avenida Bourguiba para hablar de la situación política. Por la noche se forman filas ordenadas; hay un clima de optimismo. Durante el día, hay marchas de diferentes clases y sectores, y hay una campaña a favor de la destitución de ex funcionarios públicos. Todo el mundo habla de política en todas partes, algo que antes era tabú.

El recuerdo de estos fragmentos de los acontecimientos posteriores al derrocamiento de Ben Ali el 14 de febrero de 2011 evoca la grandeza de esos “días que sacudieron al mundo” (como John Reed describió a la Revolución rusa). Diez años más tarde, muchas personas en Túnez y en otras partes del mundo aún se preguntan: ¿lo que ocurrió en Túnez fue una verdadera revolución, un levantamiento fugaz o una “conspiración extranjera”? ¿O acaso fue –en palabras de Samir Amin respecto de los acontecimientos ocurridos en Egipto ese mismo año– “más que un levantamiento y menos que una revolución”? Y si fue esto último, ¿cómo podemos explicar las continuas protestas y los enfrentamientos con la policía de la juventud marginada en el interior del país y los barrios populares en la periferia de la capital? ¿Acaso la respuesta es simplemente “Túnez” –como afirmaron algunos egipcios que lamentaban el regreso de la dictadura en su país, en referencia a la “excepción tunecina”? ¿Cuál es la verdad detrás de la “excepción tunecina”, si se la compara con las revoluciones fallidas en Libia, Egipto, Bahrein, Yemen y Siria? Y, ¿qué ocurrió con el presunto éxito de la revolución y la transición democrática?

Para responder a estas preguntas es fundamental examinar en primer lugar el período anterior a la revolución.

Sin duda, el desempleo juvenil y la marginación regional fueron las principales razones del estallido de la intifada tunecina a finales de 2010. El suicidio público del vendedor ambulante Mohamed Bouazizi en la localidad de Sidi Bouzid, en el centro de Túnez, fue una expresión de la creciente frustración de la juventud desempleada en zonas marginadas, que había suscitado la proliferación de protestas en los años anteriores: la revuelta de la cuenca minera de Gafsa en 2008 y las manifestaciones en Skhira y Ben Gardane en 2010. Según cifras, la tasa de desempleo aumentó en este período. A pesar de los intentos de los organismos de estadística del régimen dictatorial de promover una tasa de desempleo del 13 por ciento, el desempleo juvenil alcanzó al menos un 31 por ciento. Esas cifras reflejan el fracaso del régimen neoliberal de Ben Ali, cuya política económica se basaba en aumentar el número de diplomados universitarios calificados para que trabajaran en el sector privado, atraer la inversión extranjera y en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, firmado en 1995. En lugar de resolver el problema del desempleo, el acuerdo destruyó el sector textil y dejó a casi medio millón de trabajadores sin empleo.

Una de las consecuencias del fracaso de estas políticas de desarrollo fue haber destinado la mayoría de las inversiones importantes en infraestructura pública y el sector privado a las provincias costeras, a expensas de las del interior del país. Es así que se adoptaron las mismas medidas económicas que los colonizadores franceses habían adoptado para facilitar el saqueo. En gran medida, ello explica el aumento del índice de pobreza y la tasa de desempleo en las zonas no costeras². Y también explica la revolución del 17 de diciembre, que estalló en Sidi Bouzid, en el centro de Túnez, se extendió a Kasserine, una provincia vecina, y luego a otras provincias marginadas, hasta llegar a los barrios más pobres de las periferias urbanas, donde las condiciones de vida son muy difíciles.

Tras el éxito temprano del régimen de Ben Ali (llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1987) en eliminar a su principal opositor político, el movimiento Ennahda, el régimen intentó obtener legitimidad popular a través de la adopción de medidas de desarrollo que beneficiaban a las zonas más aisladas. Ello incluyó la construcción de carreteras y el tendido de cañerías y redes eléctricas. Sin embargo, el carácter propagandístico y temporal de lo que los medios estatales llamaron “logros” pronto quedó de manifiesto, mientras el régimen aplicaba las mismas políticas de “desarrollo” que habían fracasado. Para empeorar las cosas, Ben Ali permitió que miembros de su familia sanguínea y política asumieran el control de diversas empresas del sector público y estuvieran a cargo de sus presupuestos, además de controlar las transacciones públicas y dilapidar los fondos de los bancos estatales, para su rápido enriquecimiento personal. Ello dio lugar a la acumulación casi total de capital en manos de una minoría de familias casadas entre sí (que conforman el 21 por ciento de la economía de Túnez, según un informe del Banco Mundial). También contribuyó a que la oposición al régimen se ampliara a un sector de la burguesía al que se había privado de la capacidad de competir en varios sectores lucrativos. Con el aumento de la tasa de desempleo entre diplomados universitarios a mediados de la década de 2000 (que alcanzó el 22 por ciento, según cifras oficiales dudosas), el régimen perdió credibilidad entre grandes segmentos de la clase media.

A medida que la furia en Túnez se entrelazó y multiplicó, el suicidio público de Bouazizi suscitó protestas populares en todo el país.

Se puede decir que Bouazizi representaba a un amplio estrato social del país: los jóvenes que perdieron acceso a la educación y fueron excluidos del pequeño y extremadamente selectivo mercado de trabajo. La “actividad ilegal” de la cual la policía de Sidi Bouzid acusaba a Bouazizi es muy común en muchas provincias tunecinas y se suele utilizar contra personas en barrios urbanos pobres. Sin embargo, el caso de Bouazizi se destaca por haber ocurrido en una región principalmente agrícola, donde los productores de pequeña escala sufrían (y aún sufren) marginación y sus tierras son expropiadas en beneficio de la burguesía agraria (especialmente de la provincia de Sfax). Unos meses antes del incidente de Bouazizi, pequeños productores de la localidad de Regueb realizaron una sentada en Sidi Bouzid para denunciar el intento del Banque Nationale Agricole de robar sus tierras, y fueron reprimidos por la policía. Se puede decir, entonces, que los levantamientos comenzaron cuando un vendedor ambulante y campesinos privados de los medios (agrícolas) de producción se negaron a obedecer las leyes del mercado que los obligan a estar empleados y formar parte del ejército de reserva del capital.

Los levantamientos pronto se extendieron al resto de los distritos de Sidi Bouzid, como Menzel Bouzaiane, Meknassy y Regueb, donde hubo más mártires. Más tarde se extendió a las provincias vecinas de Kasserine, Siliana y El-Kef, donde se daba la misma dinámica social: jóvenes desempleados, privados de medios de producción agrícola (que es fundamental para el desarrollo de una región que carece de actividad industrial), que hallaron en manifestarse contra el asesinato de otro joven la oportunidad de expresar su rechazo a las mismas políticas de marginación de las que eran víctimas.

Estas protestas pronto contaron con el apoyo de activistas locales y sindicalistas afiliados a las oficinas regionales de la Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT) –el sindicato más grande y más importante del país, que defiende principalmente los intereses de la clase media vinculada a los empleos en el sector privado– en una expresión del deterioro de las condiciones de vida de esta porción específica de la clase media. La sensibilización política y las aspiraciones democráticas de gran parte de los dirigentes sindicales locales contribuyeron a la creación de las consignas del levantamiento, entre las cuales la más importante era: “El empleo es un derecho, banda de ladrones”.

Tras la represión sangrienta por parte del régimen, la ira se extendió a todo el país y a la “oposición democrática” de la izquierda parlamentaria, la Unión General de Estudiantes de Túnez (UGET), círculos sindicales, abogados politizados, defensores de derechos humanos y universidades y, más tarde, a la capital y las calles. Estos partidos y segmentos de la sociedad, que representan principalmente a una pequeña burguesía educada, hallaron que era el momento oportuno para deshacerse del autoritarismo político y la opresión que se habían impuesto a diversas clases sociales.

No obstante, estos movimientos fueron suprimidos rápidamente o acorralados por la fuerza policial. Lo que inclinó la balanza a favor del levantamiento fue, sin duda, que la juventud de los barrios populares en las periferias urbanas se sumó al movimiento. Este grupo social marginado, una de las peores víctimas del régimen, que no tenía riqueza ni privilegios que perder, fue el que se enfrentó a la policía del régimen y quemó su sede. Pero pagó el precio: hubo decenas de mártires en barrios aledaños a la capital, de norte a sur, especialmente El-Karam El Gharbi, donde los jóvenes desempeñaron un papel fundamental en amenazar a Ben Ali el día que “huyó” (el 14 de febrero), y en Sousse y Sfax y otras partes.

El impulso de los jóvenes de los barrios populares y las zonas marginales aumentó a medida que los dirigentes sindicales, presionados por sus afiliados, comenzaron a comprender la importancia de esta coyuntura histórica. La filial de la UGTT en Sfax convocó una huelga general el 12 de enero. La huelga fue un éxito, y la marcha multitudinaria y los enfrentamientos violentos con la policía el mismo día marcaron un punto de inflexión muy importante que sacudió los cimientos del régimen. Posteriormente, hubo una convocatoria similar de las oficinas regionales del mismo sindicato para realizar una huelga general en la capital el 14 de enero. Mientras tanto, Ben Ali cometió el grave error de intentar apaciguar a los tunecinos con un discurso pronunciado el 13 de enero. Además de intentar sobornar a parte de la oposición democrática al ofrecerles cargos en el gobierno de transición (que algunos aceptaron después del 12 de enero), Ben Ali parecía estar confundido cuando se dirigió al pueblo en dialecto tunecino por primera vez. Si bien en dos discursos anteriores había utilizado amenazas y se había referido a su “determinación”, ahora afirmaba que “entendía a todas las personas, ya fueran de la oposición, desempleados o empresarios”. El dictador afirmó que algunas personas lo habían “engañado”, librándose de toda responsabilidad por los disparos contra manifestantes, y prometió libertades públicas, que no buscaría la reelección y que responsabilizaría a los “corruptos”. Tras el discurso, Ben Ali anunció y ejecutó una serie de medidas para disminuir la censura de los medios de comunicación con el fin de apaciguar a la población.

Estos lamentables intentos de Ben Ali de contener el daño y renovar su imagen fracasaron. La mañana memorable del 14 de enero comenzó con un aumento de las protestas en la capital. Cuando las fuerzas policiales se retiraron para dar paso a las fuerzas armadas, más personas salieron a la calle. En un momento histórico, la multitud inundó la avenida Habib Bourguiba. Allí, miles de personas realizaron una sentada frente a la sede del Ministerio del Interior para exigir la “caída del régimen” y la renuncia de Ben Ali. La manifestación, encabezada por abogados y activistas políticos, duró casi todo el día, antes de que se suscitaran enfrentamientos con la policía durante el cortejo fúnebre de un mártir de uno de los barrios populares.

Este mismo patrón se repitió en casi todas las ciudades del país, que se convirtieron en campos de batalla entre manifestantes y la fuerza policial. En un momento, los manifestantes atacaron y quemaron las casas de la familia política de Ben Ali. En vista de esta situación explosiva, los familiares directos y políticos de Ben Ali huyeron del país porque temían por sus vidas. Según interrogatorios filtrados con funcionarios militares y de seguridad, y literatura que examina los acontecimientos de ese día, parecería que parte del entorno de Ben Ali, incluido su yerno Marouane Mabrouk y el director de la guardia presidencial Ali Seriate, le informó de inminentes ataques contra el palacio. Ello forzó al dictador a huir junto con su familia a Arabia Saudita, con la esperanza de regresar pronto y retomar el control de la situación.

El movimiento Ennahda ganó las elecciones el 23 de octubre de 2011, tras veinte años de sufrir persecución por parte del régimen. Sin dudas, el apoyo financiero de Qatar y el apoyo político de Turquía desempeñaron un papel fundamental en la victoria. El movimiento no solo se benefició de un discurso religioso de fácil difusión, sino también de su condición de víctima de la dictadura del régimen. Tras la victoria electoral, Ennahda formó una alianza con dos partidos de centroizquierda, pero de hecho parecía más cercano a los sectores de centro-derecha: el partido Congreso para la República (CPR) y el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL). Esta alianza de tres partidos fue denominada la troika.

Ennahda siguió gobernando hasta diciembre de 2014. A continuación se resumen los acontecimientos más importantes de su mandato:

• Al comienzo, Ennahda intentó afrontar los vestigios de la ex RCD. Se alejó de su discurso de “limpieza revolucionaria” y decidió realizar acuerdos en materia política, de medios de comunicación, seguridad y economía con sectores del régimen anterior.
• Al mismo tiempo, el partido participó en una batalla peligrosa con la porción de la sociedad que quería conservar el legado de laicidad y las victorias sociales de Túnez (especialmente las de las mujeres), al proponer un primer proyecto de constitución que contenía artículos reaccionarios. El movimiento también abrió la puerta a las corrientes salafistas, que se aprovecharon de las nuevas libertades y de la debilidad del Estado, y utilizó a estas corrientes en su lucha contra los opositores liberales y de izquierda.

En un momento en que los partidos políticos que representaban a la burguesía compradora tradicional estaban fragmentados tras la disolución de la RCD y ante el fracaso de los nuevos partidos neoliberales de representar los intereses de esa burguesía, algunos partidos de izquierda y la corriente nacional progresista intentaron unir fuerzas en el “Frente Popular para el Logro de los Objetivos de la Revolución” en un intento de sumarse a las protestas sociales cada vez más intensas en algunas regiones. Pronto aumentó la tensión entre el Ennahda y Nidaa Tounes (que había sido fundado por Beji Caid Essebsi al reunir elementos aislados de la RCD), que estaba implícitamente aliado al sindicato nacional UGTT. Mientras tanto, el Frente Popular se unió a este último grupo, en algunos casos para defender las libertades y los derechos de la mujer y, en otros, para rechazar el neoliberalismo de los nuevos líderes del Gobierno. Sin embargo, la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (UTICA), históricamente la principal organización de la burguesía, inicialmente pareció haber elegido la neutralidad. En apariencia, las tensiones se centraban en cuestiones culturales y de identidad, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era una lucha de poder entre una nueva élite que intentaba controlar las funciones estatales y la vieja élite que se negaba a renunciar a sus privilegios y cargos.

Las nuevas condiciones afectaron severamente a las instituciones estatales, incluidos los servicios de seguridad e inteligencia, lo que permitió que grupos salafistas se organizaran, armaran y llevaran a cabo operaciones terroristas. El asalto de la Embajada de los Estados Unidos por manifestantes salafistas tras la proyección de una película que se burlaba del profeta Mahoma fue un punto de inflexión, al igual que el asesinato de Chokri Belaid, un importante líder del Frente Popular, el 6 de febrero de 2013. Este líder de izquierda se había destacado por su discurso contra el movimiento Ennahda y su fuerte activismo a favor de las protestas sociales. Por lo que todas las miradas acusadoras apuntaron al movimiento Ennahda, al que se responsabilizó de su asesinato.

Tras el asesinato de Belaid, hubo manifestaciones masivas. Esta situación confundió a Ennahda, que presionó a su primer ministro y líder del partido, Hamadi Jebali, a que cediera a los reclamos de la oposición de formar un gobierno tecnócrata liderado por él, sin la aprobación del líder del partido, Rached Ghannouchi, quien lo consideró un “golpe contra la legitimidad”. La dirigencia de Ennahda nombró primer ministro al ministro del Interior, Ari Laarayedh, en reemplazo de Jebali, y accedió a nombrar a algunos ministros “tecnócratas”. Estos cambios no calmaron las tensiones entre las élites. Es así que continuaron las manifestaciones sindicales y sociales, entre ellas una manifestación contra un impuesto a los taxistas y a los transportistas.

Ennahda ahora se enfrentaba a un entorno regional hostil, como el golpe de Estado de Al Sisi que había derrocado al Gobierno de los Hermanos Musulmanes en Egipto tres semanas antes, y también sufría presión popular a nivel nacional, como una sentada para exigir su renuncia, organizada por el Frente de Salvación, una alianza de Nidaa Tounes y el Frente Popular, que contaba con el apoyo de la burguesía “modernista”⁹ y sus medios de comunicación. La sentada frente a la asamblea constituyente duró más de un mes y finalmente Ennahda se vio obligado a aceptar su derrota. Ghannouchi se reunió con Caid Essebsi en París, bajo la mediación de empresarios y políticos de derecha y con el aval del Gobierno francés, y alcanzaron un acuerdo mediante el cual Ennahda entregaría el control del Gobierno a cambio de la aprobación de una constitución consensuada y de poner fin lo antes posible a las funciones de la asamblea constituyente. Es así que, a través de un “diálogo nacional” (con el patrocinio de organizaciones nacionales y del G8) se acordó que un “tecnócrata”, Mehdi Jomaa, ex director de Hutchinson (afiliada a la empresa francesa Total) sería el primer ministro hasta que se celebraran elecciones en 2014.

Al concluir el acuerdo, que fue elogiado a nivel local e internacional como un logro histórico, se salvó la trayectoria de la “transición democrática” y finalmente se acordó la nueva constitución. Sin embargo, la situación de las clases populares y la soberanía del Estado empeoró. Mehdi Jomaa, que había sido nominado por el presidente de UTICA, asumió el poder, y las huelgas de trabajadores organizadas por la UGTT terminaron “milagrosamente”, especialmente en el sector privado. Además, se aprobaron nuevas leyes y acuerdos que exacerbaron la dependencia de Túnez del capital extranjero (especialmente la ley mediante la cual se privatizó la producción de energía solar) y se negoció un amplio acuerdo de libre comercio entre Túnez y la UE. Las instituciones financieras internacionales y las organizaciones liberales de la sociedad civil presionaron para que se garantizara que la nueva constitución incluyera algunos capítulos que socavaban la soberanía del país y del pueblo. Quizá el más alarmante de todos fue el capítulo sobre el equilibrio fiscal¹⁰. Con la bendición imperialista, este breve período de transición allanó el camino para la siguiente fase de coaliciones de derecha.

Es imposible pasar por alto aquí la “doctrina del shock” de Naomi Klein. Klein explica cómo los poderes imperialistas y sus instituciones financieras internacionales –con la complicidad de la burguesía local– se aprovechan de acontecimientos devastadores en un determinado país (desastres naturales, golpes de Estado y guerras) para colocar a “tecnócratas” en el poder a fin de que implementen políticas neoliberales que la población consideraba inaceptables. Del mismo modo que la Escuela de Chicago se aprovechó del golpe de Estado de Pinochet en Chile y de la invasión de los Estados Unidos en Irak, en Túnez se recurrió a asesinatos y terrorismo para promover esas políticas. Esto plantea preguntas legítimas sobre los posibles vínculos entre movimientos terroristas en Oriente Medio y los poderes imperialistas.

El mandato de Mehdi Jomaa culminó con la celebración de elecciones legislativas y presidenciales. El partido Nidaa Tounes logró una victoria arrolladora mediante la cual obtuvo la mayoría en el Parlamento y su líder, Beji Caid Essebsi, fue electo presidente. Ennahda quedó segundo en el parlamento, mientras que el Frente Popular quedó en tercer lugar. La malicia competitiva y electoral entre Nidaa Tounes y Ennahda dio lugar a lo que pasó a conocerse como el “Acuerdo de los dos jeques” (en referencia a Essebsi y Ghannouchi), mediante el cual los dos antiguos opositores se convirtieron en aliados en un Gobierno cuyo líder fue nombrado por Caib Essebsi.

Durante este período, el Estado tunecino venció a los movimientos terroristas (después de muchas operaciones sangrientas, entre las cuales la más peligrosa fue el intento de establecer un emirato salafista en Ben Gardane), mientras que las protestas sociales experimentaron una gran transformación cuantitativa y cualitativa. Durante estos años, las sentadas de jóvenes desempleados se ampliaron a ciudades y provincias para exigir empleo y el desarrollo de las regiones marginadas. No obstante, a partir de 2015, las luchas sociales comenzaron a cambiar. Cabe destacar el caso de Jemna, una pequeña ciudad del suroeste del país, cuya población libró una importante batalla con la ayuda de grupos y organizaciones de izquierda. La población de Jemna reclamó la tierra del oasis, que había pasado a manos del Estado (para ofrecerlo al capital privado), y comenzó a gestionarla de manera colectiva para el beneficio de la población. Ello permitió que por primera vez en el país hubiera una discusión sobre la situación de la agricultura, la soberanía alimentaria y los modos de producción (o el “modelo de desarrollo” en el discurso de los medio hegemónicos). De forma similar, a través de la heroica batalla contra la empresa de producción de gas, Petrofac, la juventud desempleada de las islas Kerkennah planteó la cuestión del empleo desde una perspectiva nueva, arrojando luz en el modo de gestionar y distribuir la riqueza energética. Asimismo, en el marco de la campaña “¿Dónde está el petróleo?”, activistas exigieron transparencia respecto de la extracción de combustibles fósiles en el país. Por mencionar otro ejemplo, a pesar de la distorsión de los medios de comunicación y la brutalidad policial, hubo una batalla en la provincia de Tatouine en 2017, en la cual los jóvenes se manifestaron en el desierto en un área conocida como “El Kamour”, ubicada en una intersección por la que pasan camiones de una empresa petrolera extranjera, para reclamar el derecho de la población local de beneficiarse de los recursos naturales de su región, que son explotados por empresas extranjeras. Estos manifestantes y otros comenzaron a utilizar nuevos eslóganes de movilización, como “nacionalización de la riqueza”, recordando el legado histórico de sus ancestros y la lucha contra los colonizadores franceses.

No obstante, los dos Gobiernos electos desde 2014 ignoraron estas demandas. El régimen mantuvo las mismas medidas neoliberales y siguió los preceptos de los poderes imperiales y sus instituciones financieras internacionales. Continuó las políticas de obtener préstamos extranjeros, implementar medidas de austeridad y privatizar las instituciones del sector público. El Gobierno de Youssef Chahed adoptó decisiones controvertidas que amenazaron la soberanía del Estado y los derechos de las clases populares. Una de ellas fue la nueva ley del banco central, que afianzó aún más la “independencia” del banco respecto del Estado, así como el comienzo de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Túnez (ALECA).

Esta fase fue un importante punto de inflexión en la lucha de clases en Túnez. Las clases populares habían aprendido de la experiencia y las luchas anteriores que no se puede lograr nada a menos que se ataque directamente al capital, en lugar de únicamente presionar a las instituciones estatales incapacitadas, que son los peones de la burguesía local a nivel nacional y de los poderes imperiales y las instituciones financieras a nivel internacional.

Ante la incapacidad de la izquierda tradicional de unir a las clases populares y canalizar sus luchas políticamente, no sorprende que no lograra ganarse la confianza de los votantes en las elecciones legislativas y presidenciales (aunque cabe señalar que un porcentaje considerable de estas clases había perdido interés en las elecciones). Como consecuencia de su creciente frustración con los diferentes partidos políticos y con el sistema “democrático” en su totalidad, las clases populares depositaron su confianza en quienes, en su opinión, estaban en contra del sistema, eran independientes de los partidos corruptos y tenían las manos limpias. Es así que se dio un extraño giro de los acontecimientos en octubre de 2019: un profesor universitario de derecho constitucional asumió la presidencia de la república. 

Además de la frustración de las clases populares y la búsqueda de un “salvador íntegro”, se puede entender la llegada al poder de un candidato que estaba por fuera de la política como la “última esperanza” de la pequeña burguesía conservadora, especialmente quienes habían anhelado reivindicar el “estado de bienestar social” desde la década de 1970, cuando comenzaron a ponerse de manifiesto las consecuencias de las decisiones neoliberales de Túnez.

En cuanto asumió la presidencia, Kais Saied se involucró en una lucha acalorada contra la mayoría parlamentaria, liderada por Ennahda, y sus dos aliados de derecha: la Coalición de la Dignidad (un grupo de demagogos culturalmente conservadores) y el movimiento Corazón de Túnez (un grupo de oportunistas, encabezado por el empresario corrupto Nabil Karoui). Al mismo tiempo, el Partido Constitucional Libre, encabezado por Abir Moussi (abogada del régimen de Ben Ali) intentó heredar lo que quedaba del Partido Nidaa Tounes, que se había desmoronado tras la muerte de su fundador Caid Essebsi el 25 de julio de 2019, en medio de su campaña electoral con Ennahda contra Saied.

Entre tanto, las protestas sociales siguieron ampliándose y diversificándose. Cada vez contaban con más participación de pequeños agricultores (por ejemplo en las protestas en Al Houaidia y Ouled Jaballah). Además, se suscitaron los enfrentamientos anuales de invierno entre los jóvenes pobres de los barrios populares y las fuerzas policiales. El invierno de 2020-2021, diez años después de la revolución, fue un período de descontento generalizado en los barrios populares cercanos a la capital y algunas regiones marginadas del interior del país, que contó con apoyo considerable de grupos de jóvenes y de izquierda.

Los tunecinos estaban enfurecidos con el Gobierno de Hichem Mechichi por su mal manejo de la pandemia de COVID-19¹¹. Decenas de personas morían cada día como consecuencia de un sistema de salud pública colapsado y un Gobierno que no se atrevió a usar instalaciones de salud privadas o imponer un confinamiento total por temor a perjudicar los intereses de la burguesía.

Esta mezcla de furia y frustración estalló el 25 de julio de 2021 en manifestaciones para exigir la disolución del Parlamento. Las protestas estaban especialmente dirigidas hacia el movimiento Ennahda, al que se responsabilizó de la situación y se quemaron varias de sus filiales regionales. Ante la ausencia de una alternativa revolucionaria capaz de organizar a este movimiento, Kais Saied consideró que era un momento oportuno para anunciar un estado de “amenaza inminente” ese mismo día. Es así que interpretó el artículo 80 de la Constitución en forma arbitraria, disolvió el Gobierno, suspendió el Parlamento, puso fin a la inmunidad para sus miembros y asumió el control de los poderes legislativo y ejecutivo (e incluso de parte del poder judicial), aunque prometió que no limitaría las libertades. El estado de algarabía y alivio popular generado por estas medidas excepcionales (aún en vigor al momento de redactar el presente artículo en agosto de 2021) reflejan el alcance de la denominada “excepción” democrática tunecina. Confirmó una vez más que la libertad es como un espejismo a la sombra de una democracia representativa dominada por los poderes imperialistas y del capital, y carece de contenido social o soberano.

En el presente artículo he demostrado cómo el levantamiento popular en Túnez iniciado el 17 de diciembre de 2010 por personas marginadas del interior del país y jóvenes de barrios pobres no se convirtió en una revolución –en el sentido de un cambio radical en el modo de producción seguido de la construcción de sistemas culturales, políticos y de valores diferentes. Se podría decir que fue una revolución que comenzó con eslóganes que expresaban demandas populares y terminó con demandas políticas que concernían fundamentalmente a la pequeña burguesía y, consiguientemente, fracasó. El proceso fallido de convertir un levantamiento en una revolución (o la derrota de la revolución) comenzó el día en que las fuerzas contrarrevolucionarias lograron dispersar a los manifestantes de la casba, luego de que la burocracia sindical y algunos partidos de izquierda lograran convencerlos de que aceptaran las migajas de la democracia liberal. Ello culminó en las elecciones del 23 de octubre de 2011, en medio de la hegemonía de los medios capitalistas y bajo la tutela imperial, encarnada por las resoluciones de la Conferencia de Deauville y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Fue entonces que se sustituyó la “vía revolucionaria” por la “vía de transición democrática” –hacia más neoliberalismo y dependencia de los centros imperiales.

¿Qué nos depara el futuro? Es difícil predecir qué ocurrirá en la próxima fase de la travesía de Túnez. En medio de un paisaje político dividido (incluido en la izquierda) entre quienes denunciaron el “golpe” de Kais Saied y quienes lo consideran como una corrección del trayecto o una respuesta parcial a la voluntad popular que merece apoyo fundamental, llevar a cabo iniciativas depende únicamente de Saied. No presta mucha atención a las opiniones de los partidos políticos o la sociedad civil y, en cambio, parece contar con gran apoyo popular, convencido de que tiene una tarea histórica divina: satisfacer los deseos de la población. En lugar de su eslogan electoral “la gente quiere” y su proyecto político para cambiar el régimen de una democracia parlamentaria adaptada a una democracia presidencial localizada no partidista, Saied no parece tener una visión para adoptar las decisiones económicas y políticas necesarias para salvar a Túnez. En medio de condiciones económicas y financieras difíciles, esta situación abre la puerta a la intervención extranjera (especialmente evidente en el apoyo del eje saudita-emiratí¹², aliado a la entidad sionista).

Además, la ausencia de una organización política institucionalizada que entienda a la sociedad y ayude al presidente sobre el terreno, lo vuelve casi totalmente dependiente de los informes de las instituciones estatales y los servicios de seguridad. Si no logra hallar soluciones lo antes posible para brindar vivienda y servicios de salud básicos a las clases populares, Saied podría allanar el camino para que sus opositores –que se vieron perjudicados por lo ocurrido después del 25 de julio– lo derroquen. Lo que es más peligroso es que este momento podría aprovecharse para lanzar otro golpe de Estado en su contra o podría caer en la tiranía y la dependencia excesiva de los aparatos estatales para reprimir a las clases que lo ven como la “última esperanza” del país.

Por su parte, a la izquierda no le queda alternativa después de haber desaprovechado muchas oportunidades para obtener apoyo popular en los últimos años –a menos que logre deshacerse de sus delirios culturales elitistas y piense seriamente en formas de involucrase con las clases populares.

Cuando se habla de la revolución egipcia de enero de 2011 no se suele mencionar al movimiento obrero, sino que, en general, se centra la atención en la idea de una rebelión juvenil impulsada por las redes sociales. Sin embargo, para entender el trayecto de la revolución es necesario abordar el papel que desempeñó el movimiento de los trabajadores.

Inmediatamente después del derrocamiento de Mubarak el 11 de febrero de 2011, las luchas de los trabajadores parecían ser un factor independiente dentro del proceso revolucionario, separadas de la juventud de la Plaza Tahrir o de los activistas de las redes sociales o incluso de las fuerzas políticas opositoras al régimen. A pesar de la retirada de los manifestantes de la Plaza Tahrir y de los crecientes llamamientos de destacadas figuras políticas a la población egipcia para que “regresen a trabajar” y “vuelvan a hacer girar la rueda de producción”, millones de trabajadores llevaron la revolución a sus lugares de trabajo¹. Se libraron batallas feroces contra los “restos del régimen” en instituciones gubernamentales y en los sectores público y privado². Estas huelgas y manifestaciones continuaron la ola de luchas de los trabajadores que habían comenzado antes de la caída de Mubarak y que, del 6 al 11 de febrero, se expandieron a las filiales de la empresa Suez Canal Company, la Autoridad de Transporte Público de El Cairo, las oficinas de correos, las instituciones gubernamentales, las fábricas militares, las instituciones mediáticas del régimen y otros lugares de trabajo.

La ampliación de la lucha revolucionaria al lugar de trabajo puso en cuestión los esfuerzos de las fuerzas reformistas, tanto islamistas como liberales, de limitar el significado de “revolución” a la reforma constitucional y la elaboración de mecanismos electorales. Mediante estas luchas para “purgar a las instituciones” los trabajadores descubrieron que era imposible separar la lucha política contra el antiguo partido de gobierno de la lucha por la justicia social³.

En ocasiones este descubrimiento tuvo resultados radicales: por ejemplo, en el Hospital Manshiyet al-Bakri en El Cairo, los trabajadores destituyeron al director, eligieron a uno nuevo e intentaron implementar mecanismos de democracia directa, en lugar de democracia representativa, mejorando así la atención de los pacientes⁴. Los trabajadores del aeropuerto de El Cairo obligaron a que se contratara a un director civil por primera vez (en lugar de uno militar) y los trabajadores del gobierno local de Alejandría despidieron a un general no electo de su cargo de dirigente del consejo barrial. En septiembre de 2011, los docentes organizaron una de las mayores huelgas en la historia de Egipto, no solo para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo para sí mismos, sino también para que se reformara el plan de estudios y para que la carga de las clases privadas dejara de recaer en los ciudadanos⁵. Estos ejemplos señalan la importancia de la “acción recíproca” entre los aspectos económicos y políticos de la lucha de clases, como señala Rosa Luxemburgo en Huelga de Masas, Partido y Sindicato⁶.

En el presente artículo se sostiene que este proceso de acción recíproca desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del proceso revolucionario en Egipto. También se argumenta que un modo de entender la contrarrevolución es considerarla como una acción recíproca inversa, en la cual el aspecto político de la lucha de clases tiende a dirigirse hacia la reproducción de la tiranía y los mecanismos de represión y explotación, como pudo observarse en Egipto a partir del último trimestre de 2012. También se intentará aclarar por qué la acción colectiva espontánea no es, en sí misma, suficiente para profundizar la interacción entre los aspectos económicos y políticos de una revolución, especialmente en el contexto de un enfrentamiento con el Estado. Los revolucionarios deben ganarse el apoyo de muchos activistas de la clase trabajadora en torno a una visión política de su papel en la revolución que reconozca la importancia de profundizar e intensificar el proceso revolucionario, especialmente durante el enfrentamiento con órganos del Estado, a fin de abrir espacio al empoderamiento del movimiento de los trabajadores y aumentar su impacto político. Esta visión difiere de las perspectivas que proponen la separación del movimiento de los trabajadores de la política y de la idea de que el papel de sus dirigentes es proteger a los trabajadores de la politización. También se diferencia de la visión de las huelgas y protestas como un arma que la oposición puede utilizar en la lucha contra el régimen, en lugar de un elemento integral en el proceso de emancipación de la clase trabajadora. El artículo se centra, en cambio, en los desafíos para la clase trabajadora de expresar una perspectiva política como clase “para sí”, como proponía Karl Marx.

El comienzo del movimiento egipcio de solidaridad con la segunda intifada (levantamiento) palestina en 2000 probablemente sea el punto de partida adecuado para analizar los acontecimientos que culminaron en la revolución de enero de 2011. Ello se debe a dos motivos. En primer lugar, el florecimiento del movimiento de solidaridad con Palestina ocurrió después de un largo período de apatía entre la población egipcia, durante el cual las formas de protesta social y política habían desaparecido, mientras el régimen utilizaba la retórica de la “lucha contra el terrorismo” para controlar a la oposición y evitar manifestaciones. El segundo motivo es el alcance geográfico y el marco cronológico del movimiento en apoyo a la intifada palestina, en el que participaron universidades, escuelas, partidos políticos y asociaciones de profesionales, que organizaron protestas en muchas provincias del país, ampliando la participación de las élites políticas a las zonas populares. La gran extensión geográfica del movimiento y su prolongada duración a lo largo de tres años, de septiembre de 2000 a marzo de 2003, brindaron una excelente oportunidad para desarrollar mecanismos institucionales, atrayendo a nuevas generaciones de jóvenes a la actividad política.

El movimiento de solidaridad con Palestina también allanó el camino al movimiento en contra de la guerra de los Estados Unidos en Irak, a través de los vínculos establecidos entre las fuerzas políticas y los sindicatos de profesionales, que habían interactuado en apoyo de la intifada palestina. El movimiento de protesta contra la invasión estadounidense en Irak en 2003 fue un punto de inflexión en el desarrollo de la movilización política de la población egipcia por dos motivos. En primer lugar, hubo una movilización de masas muy exitosa, especialmente cuando comenzó la guerra el 20 y 21 de marzo. Al comenzar la agresión, gran parte de la población respondió a la convocatoria de la Coalición contra la Invasión de Irak de realizar manifestaciones. Miles de personas se manifestaron en la Plaza Tahrir en El Cairo durante las primeras horas de la invasión. Las manifestaciones culminaron únicamente cuando las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente a los manifestantes por la noche. Al día siguiente, un viernes, las manifestaciones comenzaron después de la oración en varias mezquitas, la mayor de ellas en al-Azhar. Si bien las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes, algunos lograron llegar a la periferia de la Plaza Tahrir, donde las fuerzas de seguridad nuevamente reprimieron la protesta y detuvieron a un gran número de personas. La respuesta del régimen alcanzó nuevos niveles de violencia: las fuerzas de seguridad bloquearon la entrada a la mezquita de al-Azhar el 21 de marzo, inundaron el patio con gases lacrimógenos y arrestaron a un gran número de fieles que intentaban manifestarse. Este nivel de violencia puso de relieve la importancia de la lucha por la democracia y la apertura de un espacio público para la protesta y la acción política.

Las señales cada vez más claras de que Gamal Mubarak reemplazaría a su padre en la presidencia en 2004 hicieron que el proyecto de reforma democrática se volviera más urgente y dieron lugar a la creación de coaliciones para exigir democracia y rechazar la herencia de poder. La más significativa de ellas fue el Movimiento Egipcio para el Cambio (Kifaya), creado en diciembre de 2004. Además, surgieron otros movimientos, entre los que se destacan la Juventud por el Cambio; Artistas y Escritores por el Cambio; y Periodistas por el Cambio.

Estos acontecimientos contribuyeron a que los jóvenes asociados al movimiento político de masas desde 2000 integraran nuevos grupos: por ejemplo, un grupo que en 2006 defendía el movimiento de los jueces por la independencia judicial. Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, el surgimiento de canales satelitales no controlados por el Estado y el crecimiento de periódicos privados en ese período, las ideas de cambio, reforma y democracia tenían una oportunidad sin precedentes para propagarse y tener un impacto.

No obstante, durante estos años iniciales el régimen podía absorber el impacto, a pesar de que el movimiento había comenzado a expresar críticas contra el propio Mubarak –algo que para la oposición había estado prohibido durante todo su mandato desde 1981. En 2005, la esperanza de cambio había comenzado a difuminarse tras la reelección de Mubarak y, al año siguiente, el régimen logró controlar las protestas de los jueces. Más tarde, en 2006, el régimen aprobó reformas constitucionales que habrían permitido a Gamal Mubarak heredar el poder.

El movimiento de los trabajadores hizo que la población egipcia volviera a salir a las calles tras la retirada de las movilizaciones políticas contra el régimen a partir de 2006. Si bien los eslóganes y las demandas del movimiento de los trabajadores no fueron tan radicales como la movilización política (que criticaba al presidente y se oponía a que el hijo de Mubarak, Gamal, heredara el poder), profundizaron la práctica de la democracia y desarrollaron mecanismos institucionales y de movimientos que beneficiaron enormemente al movimiento político.

Los acontecimientos relacionados con el 6 de abril de 2008 fueron un punto de inflexión en el desarrollo del movimiento político de masas en Egipto e ilustran la acción recíproca entre el movimiento de los trabajadores y la movilización política. Los trabajadores de Mahalla habían anunciado su decisión de realizar una huelga ese día, para exigir (entre otras cosas) un aumento del salario mínimo nacional. Las fuerzas políticas de la oposición, encabezadas por Kifaya (que reunía a la mayoría de las fuerzas que impulsaban un cambio), convocaron una huelga general en todo el país ese mismo día. Finalmente, ni la huelga general ni la huelga de Mahalla tuvieron lugar (esta última fue suspendida por las fuerzas de seguridad), pero el 6 de abril estalló un levantamiento popular contra el aumento de los precios y la pobreza en Mahalla. Durante los tres días de protestas, la multitud destruyó fotografías de Mubarak y el primer ministro se vio obligado a visitar la localidad y la fábrica en un intento de calmar los ánimos, ofreciendo algunas concesiones a los trabajadores y la población local.

Muchas de las características del movimiento de los trabajadores tendrían una influencia directa en la revolución de enero de 2011: la ocupación de plazas públicas, la organización de comités para provisiones, negociaciones y para proteger las instalaciones, y la amplia participación de las mujeres. Los medios de comunicación y las redes sociales difundieron estas prácticas entre toda la sociedad, pasando orgánicamente del ámbito del movimiento de los trabajadores al ámbito más amplio de la revolución.

Cuando estalló la revolución en enero de 2011, el movimiento de los trabajadores había logrado avances significativos en cuanto a su organización y movilización. Su impacto en la sociedad era considerable: las sentadas en el lugar de trabajo y el corte de calles por parte de los trabajadores se habían convertido en parte de la cultura de protesta contemporánea y se consideraba que el movimiento era uno de los factores principales que podía lograr un cambio en Egipto. A pesar de estos avances, debido a la ausencia de organizaciones de trabajadores independientes con suficiente peso social o experiencia política, la participación de los trabajadores en el levantamiento popular a comienzos de la revolución de 2011 adoptó fundamentalmente dos formas. La primera fue la apertura de un “segundo frente” con el estallido de una gran ola de huelgas y sentadas (que continuaron después de la caída de Mubarak mediante batallas para destituir a miembros del partido de gobierno de puestos de dirección). La segunda fue a través de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en las calles, las plazas y los barrios populares, en que las fuerzas de seguridad hirieron de bala a varios trabajadores.

Por supuesto que los trabajadores estaban entre la multitud de manifestantes el 25 de enero y en los días siguientes, pero en ese período no hubo una presencia distintiva de trabajadores. Tras la imposición de toques de queda prolongados, a los trabajadores les resultaba difícil congregarse en los lugares de trabajo, en su mayoría cerrados por las autoridades, que decretaron un feriado. Sin embargo, en cuanto se relajó el toque de queda, el movimiento de los trabajadores comenzó a dejar su marca en la revolución. En Suez, por ejemplo, trabajadores de más de 10 empresas convocaron una sentada el 6 de febrero, entre ellas en cuatro empresas subsidiarias de Suez Canal Company y Lafarge Cement and Glass Company. Los trabajadores de Telecom Egipto también anunciaron una sentada, mientras que trabajadores de limpieza en Giza comenzaron una sentada y una huelga, bloqueando una de las carreteras principales a la zona, como hicieron los trabajadores de la empresa de hilado y tejeduría Abu-al-Siba’i en Mahalla.

La primera ola importante de protestas de trabajadores duró del 6 al 11 de febrero e incluyó acciones generalizadas que afectaron a casi todos los sectores de la economía. La huelga de los trabajadores de Telecom Egipto se amplió a los trabajadores de las centrales telefónicas públicas, que organizaron numerosas protestas en El Cairo y las provincias. Los trabajadores de los talleres ferroviarios y garajes de autobuses de la Autoridad de Transporte Público de El Cairo también participaron en las huelgas y protestas. Los empleados postales se reunieron para protestar frente a la oficina de correos en la plaza Ataba en el centro de El Cairo y su movimiento pronto se expandió a otras provincias. Lugares de trabajo fundamentales como el aeropuerto o las fábricas de producción militar también se vieron afectados, al igual que las empresas petroleras y textiles en Helwan, al sur de El Cairo, y la provincia de Behera. Los trabajadores del sector de la salud también se sumaron: los enfermeros de los hospitales en Assiut, Kafr El Zayyat y Qasr al-Aini, en el Instituto del Corazón de El Cairo, anunciaron que realizarían huelgas. Los trabajadores de la imprenta y el personal administrativo de la revista estatal Rose el-Youssef se negaron a permitir el ingreso a su sede del redactor en jefe y del jefe del directorio (ambos cercanos al régimen). Mientras tanto, empleados de la Universidad de los Trabajadores, un centro de formación público para los cuadros sindicales del régimen, ya había declarado una huelga y encerrado al jefe, al vicepresidente de la ETUF y a un miembro del partido de Gobierno.

Es así que, en los días previos a la caída de Mubarak, en Egipto ocurrió algo similar a una huelga general, sin un núcleo organizador central. Sin embargo, el movimiento de los trabajadores en su conjunto no declaró su apoyo directo a la revolución. Algunos trabajadores alzaron eslóganes de apoyo a la revolución y coreaban cantos contra el régimen, pero sus demandas eran principalmente económicas o sindicales. A pesar de ello, es imposible ignorar el proceso de acción recíproca entre la revolución y el movimiento de los trabajadores. Cabe destacar que en las zonas de clase trabajadora, donde el movimiento de los trabajadores había surgido antes de la revolución, como Suez, Mahalla y Alejandría, los levantamientos populares fueron más enérgicos y eficaces.

El número de trabajadores asesinados durante el levantamiento es la prueba más contundente de la contribución de la clase trabajadora a la revolución. El movimiento de los trabajadores no solo allanó el camino para la revolución, sino que además desempeñó un papel fundamental en garantizar su victoria. Es difícil obtener datos sobre todos los mártires de la revolución, pero las estadísticas arrojan luz sobre este tema. Según la Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos, hubo 841 mártires. Lamentablemente, no hay datos sobre la ocupación de la mayoría de ellos⁹, pero un comité del Sindicato de Periodistas Egipcios recopiló datos de alrededor de 279 mártires y registró la ocupación de 120 de ellos. De los 120, 74 eran trabajadores y el resto eran estudiantes o profesionales. Fuentes disponibles señalan que los trabajadores conformaron un gran porcentaje de las personas asesinadas o heridas: en los casos en que se indica el lugar de residencia, la mayoría provenía de barrios pobres. Los datos relativos a los heridos durante la revolución confirman el mismo patrón. Según información recopilada por la Asociación de Héroes y Heridos de la Revolución, de 4.500 personas heridas, el 70 por ciento eran trabajadores sin calificación y un 12 por ciento eran trabajadores con calificación intermedia. El resto estaba integrado por estudiantes (el 11 por ciento) y personas con un grado de calificación más elevado (7 por ciento). Fueron los trabajadores y la población pobre quienes pagaron el precio más alto con su propia sangre durante la revolución egipcia y su sacrificio hizo posible la caída de Mubarak.

El fin del régimen de Mubarak marcó el inicio de una nueva etapa en el movimiento de los trabajadores. Tras la caída del régimen, las protestas de los trabajadores se aceleraron y ampliaron y se creó un gran número de sindicatos independientes. Además de las demandas de aumento salarial y mejores condiciones de trabajo, las protestas de los trabajadores reclamaban cambios politizados más profundos, como responsabilizar a jefes corruptos, reabrir empresas públicas inactivas, renacionalizar las empresas privatizadas durante el régimen de Mubarak, un mayor salario mínimo nacional y el derecho de sindicación¹⁰.

La ola de huelgas y sentadas en la primera etapa de la revolución representó una fusión parcial de los aspectos sociales y políticos de la lucha revolucionaria. Al mismo tiempo, planteó una amenaza grave a las fuerzas contrarrevolucionarias y especialmente a las fuerzas militares y el aparato de seguridad en el centro del antiguo régimen. Estas fuerzas ahora volvían a trabajar para separar los aspectos políticos y económicos de la revolución. Se dio una clara paradoja: a pesar del impacto del movimiento de los trabajadores en la revolución, como se mencionó anteriormente, tras la caída de Mubarak el movimiento de los trabajadores no siguió desempeñando la misma función, no configuró la trayectoria de la revolución. Por el contrario, en cuanto Mubarak salió de la escena comenzaron los ataques contra el movimiento de los trabajadores. Una de las primeras decisiones adoptadas (el 24 de marzo de 2011) por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que asumió el poder tras el derrocamiento de Mubarak, fue prohibir las huelgas y juzgar a los huelguistas en tribunales militares. Además, se inició una amplia campaña contra el movimiento de los trabajadores en diferentes medios de comunicación, en la que se etiquetó a las protestas de los trabajadores de “sectoriales”, en lugar de parte de la trayectoria general de la revolución.

Muchos activistas de corrientes islamistas y liberales reformistas que se habían opuesto al régimen anterior participaron en campañas mediáticas contra las huelgas de los trabajadores y sus demandas “sectoriales”. Los únicos defensores del movimiento de los trabajadores fueron la izquierda revolucionaria y los nuevos sindicatos independientes. La mayoría de las fuerzas de la juventud revolucionaria se centraron en las luchas en las plazas, sin ser conscientes de que las luchas de los trabajadores podían profundizar y ampliar el proceso revolucionario mediante enfrentamientos con el régimen dentro de las instituciones y empresas públicas en un intento de purgarlas de los restos del antiguo partido de gobierno¹¹.

Tras las elecciones parlamentarias en noviembre de 2011 y enero de 2012 (en las que se eligió un Gobierno islamista) y la victoria del candidato de la Hermandad Musulmana Mohamed Morsi en las elecciones presidenciales de junio de 2012, ocurrió una polarización política entre las fuerzas islamistas y laicistas. Las fuerzas laicistas interpretaron el deterioro de la condiciones económicas y sociales como una señal del fracaso de los islamistas en dirigir el país y no como consecuencia de las políticas que se habían implementado desde la era de Mubarak y que continuaron durante el Gobierno de Morsi. Por su parte, la Hermandad Musulmana interpretó el empeoramiento de la situación como una señal de conspiración del aparato estatal contra Morsi, y no como una consecuencia de su apoyo a algunas de las mismas políticas económicas que había aplicado el antiguo régimen y que provocaron el estallido de la revolución.

Con la creación del Frente de Salvación Nacional¹² y su papel de liderazgo en la oposición a la Hermandad Musulmana, las cuestiones sociales y económicas pasaron pronto a un segundo plano. El Frente fue anunciado en noviembre de 2012 por varias fuerzas políticas, entre ellas reformistas y personas cercanas al régimen de Mubarak, para resistir el intento del Presidente Mohamed Morsi de modificar la constitución. El Frente centró sus esfuerzos en restaurar el prestigio del Estado y la legitimidad de sus instituciones, como el poder judicial, el ejército y la policía. Por consiguiente, a pesar de que las luchas de los trabajadores continuaron en 2012 y comienzos de 2013, disminuyeron las posibilidades de coordinar los objetivos del movimiento de los trabajadores con las luchas políticas en las calles y plazas.

El cambio más significativo en la trayectoria de la revolución lo constituyeron los acontecimientos posteriores a la caída de Mohamed Morsi el 30 de junio de 2013¹³. La represión cada vez mayor contra el movimiento de los trabajadores fue una transformación importante. Pero aún más peligroso fue que una sección considerable de los sindicatos independientes anunciara su apoyo al régimen y a una moratoria a las huelgas en una declaración conjunta de la ETUF y la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes. La amenaza contenida en el anuncio no era que ponía fin a las protestas de los trabajadores, –estas continuaron, aunque a un ritmo más lento– sino que implicaba una transformación del papel de los sindicatos independientes. Pasaron de luchar por liberar el movimiento sindical del dominio estatal, a apoyar al nuevo régimen, echando por la borda los logros más importantes alcanzados por el movimiento de los trabajadores desde 2006.

Ello resaltó la contradicción entre la escala del movimiento de los trabajadores y la profundidad de su impacto antes y durante del levantamiento popular de enero de 2011 y su debilidad política tras la caída de Mubarak. Al intentar explicar esta contradicción no basta simplemente con hablar del dominio de las fuerzas reformistas o las limitaciones impuestas por la polarización islamista-laicista en la escena política, a pesar de que ambos contribuyeron a crearla. Sino que, la contradicción debe entenderse mediante un análisis de las deficiencias dentro del propio partido de los trabajadores, tanto en cuanto a sus conexiones con el ámbito político, como en relación con cuestiones de organización y el papel de sus dirigentes, que carecían de experiencia y coherencia.

Cabe destacar que el movimiento de los trabajadores sufrió retrocesos durante la década de 1990 e incluso a comienzos de la década de 2000. En este período, muchos activistas con experiencia desaparecieron del movimiento de los trabajadores y de los sindicatos, y no fueron reemplazados por una nueva generación. Cuando el movimiento de los trabajadores volvió a alzarse después de 2006, había perdido gran parte de la experiencia adquirida durante los períodos anteriores. Los líderes de los trabajadores formados a partir de 2006 constituían un cuadro nuevo que no había acumulado experiencia en la labor sindical (en el sentido de participación en la lucha por los intereses de los trabajadores en el lugar de trabajo) o en la labor política. Ello se diferenciaba de la experiencia del cuadro de trabajadores formados en la década de 1980, que en general estaban vinculados a partidos y organizaciones de izquierda. Ello fue precisamente lo que provocó la separación entre el movimiento de los trabajadores y la política en general y, en algunos casos, generó hostilidad hacia la acción política entre activistas del movimiento de los trabajadores.

Al mismo tiempo, la izquierda, que históricamente contribuyó a construir el movimiento de los trabajadores, atravesaba un momento de debilidad e incoherencia. Las organizaciones y los partidos de la izquierda tradicional prácticamente se habían disuelto tras la caída de la Unión Soviética, mientras que las organizaciones de la nueva izquierda aún se encontraban en una etapa de desarrollo incipiente, en circunstancias hostiles. Por otro lado, los sindicatos independientes estaban en proceso de creación y su capacidad de organización no estaba del todo desarrollada. No habían logrado afianzarse entre los trabajadores de base. Es por ello que cuando estalló la revolución en enero de 2011, y el sindicato de recaudadores del impuesto a la propiedad, el sindicato de técnicos de la salud, el sindicato de docentes y el sindicato de trabajadores jubilados se reunieron en la Plaza Tahrir para fundar la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, no formaron una institución coherente con una base sólida entre la masa de trabajadores comunes.

La separación entre los aspectos políticos y sociales de la lucha de los trabajadores se manifestó en dos niveles principales durante la revolución. En primer lugar, las fuerzas revolucionarias no lograron conquistar a un gran número de activistas de la clase trabajadora en torno a una visión política centrada en el papel de la clase trabajadora en la revolución y la importancia de profundizar y radicalizar el proceso revolucionario, especialmente en relación con el enfrentamiento con el Estado, de modo de abrir un espacio para que el movimiento de los trabajadores tuviera un impacto político. En segundo lugar, la falta de experiencia de los propios sindicatos independientes constituyó otro obstáculo. El modelo de sindicación dominante no era lo suficientemente radical y carecía de mecanismos democráticos en el lugar de trabajo y entre amplias secciones de trabajadores de base¹⁴. Este problema surgió a pesar de la creación de los primeros sindicatos independientes en medio de huelgas masivas, que aportaron experiencias importantes en la organización del movimiento de trabajadores.

La deficiencia de estas experiencias obedece a la falta de una práctica política basada en los principios de organización de la clase trabajadora, que no se limita únicamente al ámbito de la economía, sino que abarca también la capacidad de los trabajadores de emanciparse en el ámbito político. Esta capacidad puede alcanzarse mediante la participación en causas políticas –como la solidaridad con el pueblo palestino o el apoyo a la liberación de la mujer, o las luchas contra el sectarismo religioso o la defensa del medio ambiente. Implica fundamentalmente involucrarse en estas causas políticas como trabajadores y no simplemente como ciudadanos en las calles o votantes en las urnas.

Durante la primera fase de la revolución, las luchas de los trabajadores comenzaron a derribar los límites que separaban el aspecto social del aspecto político de la revolución. Las demandas de los trabajadores pasaron de centrarse en temas económicos a enfrentarse a representantes del régimen en el lugar de trabajo y en las instituciones públicas. Sin embargo, el carácter espontáneo de este proceso no bastó para mantener la influencia de los trabajadores organizados durante el proceso revolucionario, debido a la falta de un vínculo orgánico con las movilizaciones revolucionarias que se basara en la clase trabajadora. Ello demuestra la importancia de la organización política y no solamente sindical para asegurar que el peso del movimiento de los trabajadores influya en la trayectoria de cambio.

El 20 de febrero de 2011, por primera vez en la historia, Marruecos fue testigo del nacimiento de un movimiento de masas cuyas demandas políticas incluían la reforma del sistema político del país. El hecho de que su eslogan principal se refería a “derrocar la corrupción y la tiranía” permitió a escritores liberales reducir el alcance político del movimiento a una protesta contra estructuras externas a la lógica del mercado, ocultando así las causas socioeconómicas del levantamiento. Simultáneamente a las protestas del movimiento surgieron luchas sociales, la más destacada de ellas fue la lucha de los pequeños productores de remolacha azucarera en la región de Dukkala (Sidi Bennour) y la lucha de los desempleados de la Meseta de Fosfato (Juribga), además de los movimientos contra el desempleo en Rabat y las huelgas que se organizaron en todo el país. Sin embargo, debido a la falta de convergencia entre estas luchas sociales y el movimiento político, el régimen pudo capear la tormenta revolucionaria que azotaba a la región. No obstante, el gran logro del movimiento 20 de Febrero (y de la ola revolucionaria) fue cambiar el ánimo de las masas. Se dieron cuenta de que los tiranos no permanecen en el poder para siempre, algo que en diferente medida dio impulso a las protestas laborales, populares y juveniles posteriores a 2011.

Lo ocurrido en 2011 fue el resultado de relaciones sociales y políticas específicas entre las diferentes clases y el Estado. En particular, estas dinámicas marcaron la división entre los terratenientes y las clases populares. Las políticas neoliberales aplicadas en Marruecos desde la década de 1980 –a través del Programa de Ajuste Estructural y la ola de privatizaciones– beneficiaron a la burguesía y a los terratenientes, permitiéndoles expropiar una gran parte de la riqueza nacional. Al mismo tiempo, la burguesía agrícola y los latifundistas aumentaron su posesión de tierra a medida que disminuyó la propiedad del Estado y la agricultura de subsistencia se deterioró.¹

Adam Hanieh ha observado que “[en 2004] el 70 por ciento de los productores rurales pasaron a ser propietarios de tan solo el 24 por ciento de la tierra, a un promedio de menos de 5 hectáreas por finca, mientras que menos del 1 por ciento de los agricultores controlaba el 15 por ciento de la tierra, con más de 50 hectáreas cada uno”².

Desde el punto de vista político, la monarquía logró reconvertir a la oposición y garantizar que la transición de poder de Hasán II a Mohamed VI en 1999 transcurriera sin complicaciones. La cooperación entre una parte importante de la oposición liberal y los sindicalistas burócratas garantizó la paz social para la monarquía, y se firmó un “acuerdo social” en agosto de 1996.

Durante la transición neoliberal los jefes se convirtieron en actores políticos por derecho propio, ya sea mediante asociaciones de profesionales o a través de su participación directa en instituciones representativas. Los jefes reformularon su papel en este período, mediante la creación de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) el 16 de abril de 1995.

La transición neoliberal transformó el sistema de gobierno, que pasó de la monarquía de Hasán II –erigida sobre una base social de grandes terratenientes y notables rurales, en que la corrupción generalizada era una de las formas de acumulación de capital privado– a la monarquía de Mohamed VI, basada en capitalistas de gran escala, que actúan en connivencia con el capital imperial y del Golfo.

A finales del siglo XX, 40 años de opresión habían provocado la devastación política y económica de las zonas rurales de Marruecos. Tras la derrota del Ejército de Liberación Nacional en 1958, los pequeños agricultores quedaron sin voz en medio de la hegemonía de notables rurales, el Ministerio del Interior y la Gendarmería Real de Marruecos.

De modo similar, la clase trabajadora marroquí era (y sigue siendo) una no entidad política, surgió tras decenios de Gobierno de Hasán II y carece de estructura política propia; la burguesía nacionalista había tenido control exclusivo de la lucha por la independencia; y el Partido Comunista de Marruecos, que se había negado a reclamar la independencia, posteriormente se transformó en un partido liberal a favor de la monarquía (actualmente se denomina Partido del Progreso y el Socialismo).

En la década de 1960, mientras estaba en conflicto con el sector de izquierda del movimiento nacional, la monarquía intentó asegurar la armonía social mediante la movilización de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Marruecos (UMT), ayudando así a enriquecerlos. A finales de la década de 1970, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) recuperó una parte del movimiento sindical y creó su propio sindicato, la Confederación Democrática del Trabajo (CDT). La Unión Socialista de Fuerzas Populares utilizó a la CDT para entrar en conflicto con la monarquía, logrando así reformas constitucionales y la obtención de una porción del poder.

Los ataques neoliberales ocurridos a partir de la década de 1980 debilitaron a la clase trabajadora, desmantelaron sus bastiones tradicionales y disminuyeron el número de trabajadores en instituciones públicas como consecuencia de la privatización. Sumado a ello, el neoliberalismo debilitó y flexibilizó las relaciones laborales mediante contratos de tiempo determinado, externalización, subcontratación y contratos de pasantías semi pagas –aprobados oficialmente en el Código del Trabajo de 2003.

El movimiento sindical perdió sus afiliados estables: sus dirigentes comenzaron a depender cada vez más del Estado y a formar parte de sus instituciones, como la Cámara de Consejeros, las comisiones reales, los consejos constituyentes, entre otros. Los dirigentes sindicales internalizaron la lógica de la inevitabilidad en la que se basa el neoliberalismo, haciendo todo lo posible para eliminar la resistencia de los trabajadores e impedir la amenaza de un levantamiento.

A comienzos del siglo XXI se produjo una despolitización de la lucha popular y obrera, mediante la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano en 2005. Esta iniciativa –que es parte de la estrategia del Banco Mundial, creada a mediados de la década de 1990, para combatir la pobreza– intentaba dar un rostro social al neoliberalismo, mientras impedía toda forma de resistencia a las políticas neoliberales. La iniciativa, que implicaba establecer decenas de miles de asociaciones de desarrollo en poblados y ciudades, aumentó la popularidad de la monarquía. Estas asociaciones fueron la base del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), creado a mediados de 2008 por Fouad Alí Himma, un amigo del rey y ex ministro de Estado del Ministerio del Interior.

Ese era el contexto del equilibrio de poder cuando Mohamed Bouazizi se inmoló en Túnez en diciembre de 2010, iniciando una conflagración regional. Sin embargo, en Marruecos las llamas encendieron la mecha de una bomba social y política que antes se había desactivado.

El movimiento de masas del 20 de febrero duró apenas un año. Sus primeras manifestaciones estallaron el 20 de febrero de 2011. La monarquía llevó a cabo un referéndum constitucional el 1 de julio de 2011 y se celebraron elecciones en noviembre de ese año. Con la creación de un gobierno simbólico el 3 de enero de 2011, dirigido por el partido islamista Justicia y Desarrollo, el movimiento se evaporó y se dividió en grupos de individuos aislados, convirtiéndose en un simple aniversario que se conmemora cada año.

En este sentido, el impulso político en Marruecos se había detenido hacía tiempo cuando la contrarrevolución resultó vencedora en otras partes de la región árabe en marzo de 2013, especialmente con la guerra civil en Siria y el golpe de al Sisi en Egipto.

Como se ha afirmado, la victoria de la monarquía ante el movimiento 20 de Febrero suele atribuirse a la rápida respuesta de Mohamed VI a sus demandas, en su discurso del 9 de marzo de 2011¹⁰. Sin embargo, esta afirmación tergiversa la realidad. De hecho, el régimen oprimió al movimiento de protesta desde un comienzo. El 20 de febrero, se hallaron los cadáveres carbonizados de 5 manifestantes en una sucursal del Banque Populaire en el centro de la ciudad de Alhucemas. Karim Chaib murió en Sefrú por torturas infligidas por la policía. El 20 de junio, el activista Kamal Ammari también murió por torturas policiales en Safí, al igual que Mohamed Boudroua (un activista desempleado) y Kalam al Hassani (un activista de una asociación de desempleados del Rif) el 14 y el 27 de octubre, respectivamente.

Apenas un día después del estallido de las protestas, el rey Mohamed VI rechazó el reclamo del movimiento de una reforma constitucional, refiriéndose a sus demandas como “demagogia”. Una semana más tarde, recurrió a una medida que rara vez ha sido reconocida: hizo que su asesor Mohamed Motassim se reuniera con dirigentes sindicales en su domicilio el 27 de febrero. Esta reunión aisló al movimiento sindical del Movimiento 20 de Febrero. En referencia a ello, Touria Lahrach, dirigente de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), dijo al programa Medi1 el 23 de octubre de 2014: “Si no tuviéramos ningún sentido de ciudadanía, habríamos salido a las calles con los manifestantes el 20 de febrero. En cambio, como sindicalistas, nos sentamos en la mesa de negociación y firmamos un acuerdo el 26 de abril”¹¹. La monarquía y los dirigentes sindicales habían aprendido la lección de la experiencia de Túnez, donde la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) había apoyado la revolución; por lo tanto, aunaron esfuerzos para evitar que eso ocurriera en Marruecos.

Posteriormente, el Estado realizó una serie de concesiones que habrían sido inimaginables si las llamas de la revolución no se hubieran estado propagando en la región en ese momento. El gasto público aumentó un 15,9 por ciento en 2011, mientras el Estado adoptó la medida de emplear a más de 4.000 diplomados universitarios y decidió hacer la vista gorda a la construcción sin obtención de permisos y a la “invasión” de vendedores ambulantes. 

El rey también solicitó ayuda financiera y alivio de la deuda para 200.000 productores agrícolas. El 26 de abril de 2011 afirmó: “No importa cuán elevado sea el costo financiero de estas medidas, nuestro principal objetivo es priorizar a los pequeños agricultores en el desarrollo humano y rural”¹². Ello no puso de manifiesto a una monarquía de algún modo arraigada en la consciencia marroquí, sino un conflicto en el cual la monarquía tuvo que realizar concesiones para detener al movimiento de protesta.

Tras separar al movimiento de su presunta base social, el rey centró su atención en la “batalla constitucional”. En su discurso de 9 de marzo de 2011 no afirmó responder a los reclamos del Movimiento 20 de Febrero, sino que presentó estas medidas como una consolidación sistemática de las “victorias institucionales” anteriores y como una mejora del “modelo de desarrollo democrático”.

La monarquía aprobó la nueva constitución utilizando los métodos habituales de movilización e intervención del Ministerio del Interior y el Ministerio de Habices y Asuntos Islámicos, y mediante la represión de las manifestaciones del Movimiento 20 de Febrero contra la constitución. Se celebraron elecciones legislativas en noviembre de 2011, en las que el partido islamista Justicia y Desarrollo estableció un gobierno (simbólico). Es así que la monarquía pudo afirmar que había respondido a las demandas populares, mientras cedía ante la estrategia de los Estados Unidos respecto de las revoluciones en la región, que se basaba en una “transición democrática sin complicaciones” e incluía a los islamistas en la repartición del poder.  

Muchos responsabilizaron a la población marroquí de este giro en los acontecimientos, dado que la ciudadanía votó al partido Justicia y Desarrollo. Sin embargo, más allá de los porcentajes de votación y el modo en que se calculan, las elecciones son un mecanismo central de los contextos pre revolucionario y revolucionario. Cuando las masas despiertan y abren los ojos a la vida política en una situación de prolongado retraso político y ausencia de una fuerza revolucionaria, buscan una fórmula política sencilla que exprese directamente sus aspiraciones mediante la superioridad numérica. Algunos sectores de las masas creyeron las promesas del partido Justicia y Desarrollo sobre una “reforma en la estabilidad” y “combatir la corrupción”. Al emitir sus votos a favor del partido, intentaron castigar a los partidos que habían estado antes en el poder.

En última instancia, el Movimiento 20 de Febrero puso fin a una prolongada era política caracterizada por la polarización entre la monarquía y los partidos que surgieron del movimiento burgués nacional en la década de 1960. El poder electoral de este último disminuyó –especialmente el de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP)– y la izquierda radical se vio debilitada. En este contexto, se estableció una nueva forma de polarización entre la monarquía y el Islam político. Sin embargo, al igual que en el primer caso, esa polarización no reflejó (ni refleja) un conflicto de clases, sino más bien una rivalidad política basada en una dinámica de clase similar. Esta dinámica consiste en hallar la mejor vía para asegurar el buen funcionamiento del capitalismo y la subordinación de las clases populares. En este contexto, era predecible que todo levantamiento revolucionario se enfrentaría a movimientos que representan al Islam político, movimientos que estarían preparados para cooptar políticamente el levantamiento, como ocurrió en Egipto y Túnez en 2011.

En 2011, Mohamed VI nombró una comisión que se encargaría de proponer y establecer los límites de toda enmienda constitucional. Ruqayyah Moussaddaq, catedrática de ciencia política y derecho constitucional de la Universidad Mohamed V en Rabat ha ofrecido uno de los análisis más agudos de la Constitución de 2011, al describirla como una “constitución discrecional” y afirmar que “La nueva constitución es un retroceso en nuestra trayectoria política y constitucional”¹³. En virtud de la Constitución de 2011, la autoridad del rey no está sometida a la constitución, sino a su propio poder discrecional; por lo tanto, puede otorgarse a sí mismo autoridad para modificar la constitución sin celebrar un referéndum (artículo 174 de la Constitución).

Sin embargo, mientras Moussaddaq se centra en los aspectos formales de la constitución, en su conclusión pierde de vista las repercusiones económicas o de clase. La Constitución de 2011 preserva el poder económico de la monarquía y otorga al rey la facultad exclusiva de nombrar empresas e instituciones “estratégicas” y a sus directores. El gabinete ministerial, liderado por el rey, tiene la facultad de determinar el “enfoque estratégico de la política del Estado”. Los discursos del rey tienen fuerza legislativa vinculante, pero no así el programa de Gobierno.

El artículo 35 de la nueva constitución estipula que la propiedad privada, la iniciativa empresarial y la libre competencia están asegurados. Tras años de aplicar políticas neoliberales, la monarquía utilizó las reformas constitucionales para afianzar las medidas de austeridad en la constitución (artículo 77).

Además, el Estado también puso en práctica los reclamos de los patrones respecto de las políticas impositivas: la carga tributaria disminuyó, especialmente mediante el principal impuesto a las ganancias empresariales, que se redujo de un promedio del 30 al 10 por ciento, y se aplica al 79 por ciento de las empresas sujetas a impuestos. Una vez más, el Gobierno cumplió en gran medida los deseos de los empresarios y los directores generales¹⁴.

Para financiar el déficit presupuestario –que se debe, en parte, al tratamiento fiscal favorable otorgado a la directiva empresarial– el Estado se endeudó aún más. El siguiente cuadro resume la relación entre la deuda y el PIB entre 2012 y 2016:¹⁵

Esta dinámica provocó una intensificación del ataque neoliberal contra los servicios públicos y la clase trabajadora. A finales de 2011, el Estado demolió miles de asentamientos clandestinos y retiró a los vendedores ambulantes de los espacios públicos de Marruecos. En 2012, el jefe de Gobierno, Abdelilah Benkirán, se negó a implementar un decreto sobre la contratación de diplomados universitarios desempleados, firmado el 20 de julio de 2011 por el ex primer ministro Abbas el Fassi. En 2016, se redujeron los gastos del fondo social en alrededor de 15.000 millones de dírhams (aproximadamente 1.300 millones de euros). 

Como parte de este proyecto de “reforma del servicio público”, y como consecuencia de la presión del Banco Mundial, desde 2013 el Estado ha aplicado una lógica de austeridad neoliberal –basada en la proliferación de contratos de trabajo de duración determinada, la eliminación de empleos en el sector público, la reducción de salarios y la reforma de los planes de jubilaciones. El objetivo último es reproducir las relaciones laborales del sector privado en el sector público.

Estas políticas han suscitado luchas sociales y laborales, pero el Estado, en cooperación con las burocracias sindicales y la burguesía, ha logrado frenar esas luchas mediante concesiones parciales, que no hacen nada para detener el ataque neoliberal. Estas concesiones no solo han sido temporales, sino que además se han revertido fácilmente mediante medidas correctivas del Estado. En ese contexto, se han socavado algunas de las libertades conquistadas. Por ejemplo, el Código de Prensa y Publicación, aprobado el 10 de agosto de 2016, dio lugar a que se entablaran un gran número de juicios basados en publicaciones en las redes sociales. Se arrestó a periodistas sobre la base de acusaciones falsas (entre ellos Taoufiq Bouachrine, Souleiman Raissouni y Omar Radi), se reprimió a los movimientos del Rif y Yerada (2017-2018) y se condenó a sus manifestantes a penas de prisión prolongadas. Además, la fuerza policial mató a un manifestante, Imad Attabi, en Alhucemas en julio de 2017 y a Abdellah Hajili, otro manifestante durante una protesta en oposición a los contratos de corta duración en mayo de 2019. Mientras tanto, se está por ratificar una ley que restringiría el derecho de huelga de la clase trabajadora. 

La lucha popular no se detuvo con el Movimiento 20 de Febrero. Continuaron los enfrentamientos, en los cuales la Asociación Nacional de Diplomados en Paro desempeñó un papel fundamental.

El Rif es una región única en Marruecos. Tras el Tratado del Protectorado de 1912, el Rif se anexó al poder colonial español, pero un movimiento de liberación encabezado por AbdelKrim al-Jattabi derrotó a España y sentó las bases de una república. El imperialismo español era muy retrógrada; dejó el Rif en las mismas condiciones que cuando ingresó. Tras la independencia de Marruecos en 1956, el Rif se volvió a anexar a una zona de Marruecos que había estado bajo el dominio francés y que estaba mucho más desarrollada. Los francos reemplazaron a los pesos y el Gobierno de Rabat reemplazó al Gobierno local. 

Ello provocó el levantamiento de 1958, que fue reprimido por el régimen con la ayuda del ejército y el lanzamiento de ataques aéreos. Un levantamiento ocurrido en 1984 fue reprimido de manera similar. La región permaneció marginada dentro de Marruecos y la población se vio obligada a recurrir al “micro contrabando” hacia los enclaves de Ceuta y Melilla en España, la emigración a Europa o el cultivo de cannabis. El aumento de las restricciones a la migración y la represión del contrabando a partir de 2011 desencadenaron una crisis en la región.

El momento álgido de la crisis ocurrió en octubre de 2016, cuando Mouhcine Fikri, un pescador, murió triturado cuando intentaba recuperar su pescado de un camión de basura, luego de que la policía lo confiscara y lo arrojara allí. Estallaron manifestaciones de inmediato en toda la región del Rif, que continuaron entrado el 2017 y culminaron como consecuencia de la represión el 20 de julio de ese año. Varios manifestantes fueron enjuiciados y condenados arbitrariamente, entre ellos, el líder del movimiento de protesta, Nasser Zefzafi, que recibió una pena de 20 años de prisión.

Los manifestantes del Rif reclamaban el desarrollo de la región (carreteras, atención de salud, educación), pero debido a su especificidad histórica, el movimiento también tenía repercusiones políticas específicas. A diferencia de otras luchas en Marruecos, que suelen estar dirigidas a las instituciones de la monarquía (el Gobierno, el Parlamento y los partidos políticos), el movimiento del Rif se enfrentó directamente a la monarquía, a la que responsabilizó de su situación. Los manifestantes no alzaron la bandera de Marruecos, sino que alzaron la bandera de la revolucionaria y anticolonial República del Rif. 

La monarquía marroquí se presenta como un modelo de estabilidad política en una región que se ha visto devastada por guerras civiles. De ese modo intenta aumentar los beneficios de su cooperación de largo plazo con el imperialismo –principalmente francés y estadounidense– y el sionismo.

En un informe de octubre de 2020, el Banco Mundial criticó la demora en establecer una zona de libre comercio en la región árabe. En referencia a la ocupación de Palestina y la cuestión del Sáhara Occidental, afirmó: “El conflicto israelí respecto de Cisjordania y Gaza, y las relaciones tensas entre Marruecos y Argelia, entre otros, impiden el desarrollo de un frente más unido entre los países de Oriente Medio y el Norte de África”¹⁶.

Con respecto al imperialismo mundial, Palestina y el Sáhara Occidental son cuestiones heredadas del período de luchas anticoloniales y regímenes “progresistas” de la Guerra Fría. Desde entonces, los cambios económicos y políticos en la región árabe y el continente africano han llevado al poder a regímenes y élites que se apartaron de las historias de liberación nacional de sus países y han cumplido con las instituciones internacionales y el capitalismo mundial. Estos regímenes, junto con el imperialismo global, empezaron a considerar que las cuestiones de Palestina y el Sáhara Occidental impedían la integración económica de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y la propia integración de la región con el capitalismo mundial.

El régimen marroquí es plenamente consciente del cambio radical del contexto. La monarquía se benefició de la crisis económica mundial de 2008 y se presentó al capital como “mediador” ejemplar capaz de operar en el continente. También se benefició de los levantamientos de 2011 en la región y ahora figura como un modelo de régimen políticamente estable que protege los intereses imperiales, como las preocupaciones con respecto a la migración clandestina y el terrorismo. De hecho, tras la pandemia de COVID19, la monarquía se beneficiará de la disminución de las cadenas de valor mundiales y su redistribución a nivel regional.

Además, la promoción por parte del régimen del discurso de “integridad territorial” y “soberanía” ahistórica, tanto a nivel interno como externo, procura mantener estas ganancias económicas e intereses políticos. Esta estrategia se pone de manifiesto en las maniobras del Estado con respecto al Sáhara Occidental, un tema central para la monarquía que además está en el núcleo de las transformaciones regionales. Con la caída del más férreo defensor de la República Saharaui, Muammar Gaddafi, y la propia crisis del régimen argelino, el régimen marroquí ha asumido una posición de liderazgo en el tema.

Durante casi diez años, la monarquía ha llevado a cabo una estrategia económica de transformar a Marruecos en una plataforma de lanzamiento para las inversiones imperiales en África. El régimen utiliza capital marroquí para influenciar a los países imperialistas a adoptar una opinión sobre el Sáhara Occidental favorable a Marruecos. Esos países prefieren un régimen estable que pueda garantizar sus intereses y su saqueo económico de África.

Quizá la mayor victoria política de la monarquía en este contexto haya sido su regreso a la Unión Africana en 2017, 32 años después de la salida de Marruecos de la Organización de la Unidad Africana¹⁷. El regreso de Marruecos contó con el apoyo generalizado e incondicional de los Estados miembros de la Unión Africana, lo cual refleja el cambio en el equilibrio de poder continental. Al mismo tiempo, el régimen marroquí aprobó una política para desarrollar relaciones económicas con países con los que no tenía vínculos, con la intención de que cambiaran su postura con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental.

Asimismo, las Naciones Unidas se han inclinado a favor de adoptar el punto de vista del Estado marroquí en sus informes, especialmente cuando la tarea de celebrar un referéndum sobre la autodeterminación ha pasado a un segundo plano: las Naciones Unidas elogian el plan de autonomía de Marruecos y enfatizan una y otra vez la importancia de una zona de amortiguación y de negociar una solución, mientras rechazan los cambios e instan a la celebración de un censo neutral de las poblaciones de los campamentos de refugiados, entre otros. Todo ello es objeto de quejas frecuentes del Frente Polisario.

Después de que el Frente bloqueara el cruce de Guerguerat en la frontera con Mauritania a finales de 2020, el régimen marroquí estableció nuevos “hechos sobre el terreno”, iniciando un cordón de seguridad para garantizar el cruce de la frontera –y, por consiguiente, incumpliendo el cese del fuego negociado a través de las Naciones Unidas en septiembre de 1991. En respuesta a ello, el Frente Polisario declaró la guerra. Sin embargo, hubo muy pocas disputas y estas no afectaron de modo alguno al régimen marroquí. En este período, la monarquía aprovechó las contradicciones internas del Frente Polisario, que se derivan de que dejó de ser un movimiento de liberación nacional para convertirse en un aparato estatal, la República Árabe Saharaui Democrática. El Frente Polisario ahora tiene una gran burocracia (una fuerza policial, un ejército y un cuerpo diplomático), aunque sobrevive únicamente gracias a la ayuda externa y, de hecho, depende por completo del ejército argelino; estos cambios se asemejan a los ocurridos en la Organización para la Liberación de Palestina. En su libro Eastern Cauldron, publicado en 2004, Gilbert Achcar habla de la decadencia del Frente Polisario, a la que describe como una “larga marcha hacia atrás”¹⁸. Tanto el Frente Polisario como la Organización para la Liberación de Palestina se convirtieron en un aparato estatal sin territorio; ambos procuran tierras para ejercer el poder estatal, mientras dependen casi por completo de la llamada comunidad internacional y de su legitimidad.

La diplomacia monárquica respecto del Sáhara Occidental se ha vuelto más agresiva, beneficiándose de la competencia imperial en el continente africano. Tras décadas de extorsión, la monarquía se ha convertido en el extorsionista: Rabat ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para retirar a sus embajadores de otros países en protestas sobre el tema, como hizo Alemania en mayo de 2021, tras una declaración del ministro de Relaciones Exteriores del país sobre el reconocimiento del ex presidente Trump del Sáhara Occidental como territorio marroquí, y España, un mes más tarde, cuando el Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática estuvo hospitalizado en ese país. Consecuentemente, la monarquía marroquí aprovechó su función de guardia de la frontera de la UE (con respecto a limitar la migración clandestina del continente africano hacia Europa) para presionar a España a que permitiera la migración de cientos de menores al enclave de Ceuta. Debido a la débil posición de España en el imperialismo mundial, las victorias diplomáticas y la posición económica del régimen pueden redundar en la consolidación interna y externa de la monarquía, superando así el efecto de la Marcha Verde de 1975. Ello ocurrirá sin duda si la monarquía logra que España realice concesiones, aunque sea tan solo en la forma de un acuerdo diplomático (del tipo firmado entre Gran Bretaña y China en 1889 con respecto a Hong Kong).

Recientemente, los objetivos de Marruecos en el Sáhara Occidental se han mezclado con el apoyo de los Estados Unidos, tras la normalización de las relaciones con Israel. Las relaciones de la monarquía marroquí con Israel han continuado desde su independencia formal. En su libro, Lineages of Revolt (2013), Adam Hanieh describe el desarrollo de las relaciones entre los Estados árabes, incluido Marruecos, en el contexto de la estrategia imperial de transformar a Oriente Medio y el Norte de África en una zona de libre comercio e inversión. 

En octubre de 2000, el régimen marroquí se vio obligado a cerrar una “oficina de enlace” israelí en Rabat, ante la presión de la solidaridad popular con la segunda intifada palestina. No obstante, el equilibrio de poder ahora se inclina a favor de las fuerzas contrarrevolucionarias en la región árabe. Tras haber obtenido victorias políticas como consecuencia de haber campeado la tormenta del 20 de febrero y debido a su mayor peso y estatus regionales entre los poderes imperiales, el régimen ha logrado normalizar abiertamente sus relaciones con el Estado sionista: firmó un acuerdo a tal efecto el 10 de diciembre de 2020, bajo los auspicios de los Estados Unidos.

La monarquía jamás había logrado un consenso interno y externo como el establecido recientemente –ostenta sus victorias como Aquiles. Sin embargo, mientras Aquiles tenía una sola debilidad, la monarquía tiene dos: la primera es la crisis social en ebullición que está intentando contener; y la segunda es la crisis económica mundial que se avecina y sus repercusiones para las aspiraciones de la monarquía de desempeñar la función de guardián del capital mundial, invadiendo los mercados y saqueando la riqueza de África.

El imperialismo y los regímenes autocráticos se benefician de separar las luchas populares de las laborales. El proceso revolucionario de 2011 constituyó una oportunidad para la liberación colectiva de la región. Las primeras señales del Movimiento 20 de Febrero fueron manifestaciones en solidaridad con el pueblo tunecino y egipcio frente a sus respectivas embajadas. Sin embargo, a pesar de que hubo otras manifestaciones, se pasó de las calles al ámbito constitucional. Y con la victoria de la contrarrevolución, la solidaridad internacional se ha centrado en las luchas de países específicos.

A más de diez años de esos grandes procesos revolucionarios, es evidente que la liberación de los pueblos de la región requerirá una perspectiva magrebí, árabe y africana conjunta. De lo contrario, las clases trabajadoras y populares de la región no podrán superar a las clases dominantes y a sus regímenes, que únicamente han afianzado sus relaciones con el capital y con Israel.

En Marruecos, las cuestiones sociales –el desempleo, el desarrollo periférico, la falta de soberanía alimentaria, los servicios públicos deficientes, la concentración de la propiedad de la tierra y la desigualdad– probablemente serán los detonantes de las luchas futuras. La gravedad de las crisis sanitaria y económica ha caldeado los ánimos y una vez que estén a punto de ebullición, estallarán en las narices de quienes han provocado la crisis: los grandes capitalistas (o jefes) y el Estado.

Esta próxima lucha quizá logre aprovechar la experiencia política adquirida en Marruecos en los últimos decenios. Si, de lo contrario, no se aprovechan esos recursos en las próximas batallas, el descontento social probablemente alcance un atolladero político: será reprimido fácilmente y no recibirá más que las migajas de la oposición burguesa, que contribuirá a salvar al régimen a cambio de que este satisfaga sus reclamos de reforma política y democratización en pequeñas dosis.

Un frente de trabajadores unificado y popular es fundamental para evitar un desastre. Por lo tanto, es necesario crear vínculos de cooperación entre diversos grupos (sindicatos, comités coordinadores y movimientos contra el desempleo) para hacer frente a los ataques de la directiva. La unidad es fundamental y debería ampliarse a otros sectores de la población trabajadora: es decir, a los pequeños productores en ciudades y poblados, estudiantes, etcétera. De no ser así, estos grupos solamente formarán una multitud pasiva, que dependerá de la caridad del régimen o actuará como una reserva para las fuerzas reaccionarias que tienen las mismas aspiraciones de clase que el régimen: mantener el modelo socioeconómico vigente, mientras se mitigan sus peores efectos a través de la filantropía esporádica.

El Movimiento 20 de Febrero no solo expuso a su predecesor, sino que además es una guía sobre lo que puede deparar el futuro. La separación de los aspectos políticos de los sociales y económicos del movimiento constituyó su ruina. Un movimiento que combine estos tres elementos (político, social y económico) podría lograr victorias en materia de libertades políticas y, al mismo tiempo, derribar al neoliberalismo y avanzar hacia una democracia verdaderamente inclusiva. Esta democracia también incluiría a quienes defienden el republicanismo, el laicismo y la independencia saharaui. En lugar del reformismo anhelado por la oposición liberal y de corte reaccionario religioso, el fin último debería ser derogar la Constitución neoliberal de 2011 y establecer una asamblea constituyente mediante la cual el pueblo marroquí pueda elegir su propio destino por primera vez en la historia. 

Esa es la tarea de las vanguardias del movimiento popular y de los trabajadores, que deben, en primer lugar, alcanzar su independencia política de toda manifestación de la oposición burguesa. Quien se identifique con el proyecto histórico de liberación de la clase trabajadora puede desempeñar un papel importante y contribuir a este gran objetivo.

La ola de levantamientos en el Norte de África y Asia Occidental en los últimos diez años sorprendió a expertos y académicos por igual. Según ellos, el argumento a favor de un cambio democrático se había descartado hacía mucho tiempo y, en cambio, se insistía en la “resiliencia del autoritarismo” y el “excepcionalismo” de la región en relación con las tendencias mundiales, incluida la democratización. Desde entonces se ha escrito mucho acerca de las causas profundas, el impacto y la trayectoria de los levantamientos. Aunque el presente artículo se centra en gran medida en Estados individuales, uno de los resultados de los levantamientos ha sido la mayor participación de actores regionales en varios países, que contribuyen a estabilizar el sistema político para beneficio propio. Los levantamientos, tanto en la primera como en la segunda ola, representaron una gran esperanza de cambio e hicieron públicas las demandas de justicia social y económica. Esa esperanza estuvo acompañada de muchos contratiempos, frustración y contrarrevoluciones. El papel de los actores regionales ha sido fundamental en esta dinámica.

Más concretamente, una serie de actores regionales, entre ellos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía e Irán, intervinieron rápidamente para defender sus intereses, socavar a los opositores y consolidar su poder en la región. En lugar de analizar los levantamientos y sus consecuencias en Estados individuales, un análisis comparativo más amplio nos permite examinar a los actores que han surgido y sus mecanismos de intervención en el plano regional. En el siguiente análisis, centraré la atención en las intervenciones en Yemen y Libia tras los levantamientos de 2011. Si bien los levantamientos en ambos Estados tuvieron trayectorias diferentes, una constelación similar de actores regionales intervino militar, financiera y diplomáticamente para intentar asegurar que se instalaran líderes favorables a ellos. El presente aporte, que se centra en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, examina los diversos modos de intervención utilizados –incluidas las campañas militares directas, el uso de terceros países, los paquetes de ayuda financiera y humanitaria– que contribuyeron a alcanzar un resultado regional que, lamentablemente, ha apuntalado el statu quo contra la esperanza inicial de cambio ofrecida por los levantamientos.

A medida que se suscitaron levantamientos en un Estado tras otro, amenazando a líderes individuales, los actores regionales consolidados comprendieron esta amenaza, pero la interpretaron como una oportunidad para intervenir y así poder influenciar en su trayectoria. En las guerras que ocurrieron tras los levantamientos en Siria y Libia, por ejemplo, se implementaron diversas formas de intervención militar, como el suministro de armas para apoyar a diversas facciones internas.

Dentro del conjunto de actores internacionales y regionales que competían por el dominio regional, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que hasta hace poco tenían las posturas geopolíticas más cercanas, dirigieron o participaron en una serie de campañas militares (directa o indirectamente), la más conocida de ellas en Yemen. Actuaron para mantener el control y preservar el statu quo, inicialmente interviniendo en el Consejo de Cooperación del Golfo y apoyando a los regímenes en Omán y Bahrein –en este último caso, desplegaron la Fuerza del Escudo de la Península para apoyar al Rey Hamad a reprimir manifestantes que se oponían a su régimen.

A menudo se olvida que el régimen de Arabia Saudita también se apresuró a reprimir las protestas internas en la región de Qatif, en el este del país, y en ciudades más pequeñas como al-Awamiyah y Hofuf. Las manifestaciones, organizadas por la minoría chiita del país, inicialmente estaban dirigidas contra la intervención de la Fuerza del Escudo de la Península en Bahrein, pero también se relacionaban con agravios internos. En los Emiratos Árabes Unidos también hubo protestas internas, pero en una escala mucho menor: en 2011 un grupo redactó una petición para reformar el Consejo Nacional Federal, que incluía el reclamo del sufragio universal. La respuesta fue más vigilancia y la detención de los activistas partidarios de la reforma.

Es así que, en ese momento, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a sentir el efecto dominó de los levantamientos y podían ver cómo estos, especialmente en Omán y Bahrein, estaban promoviendo la disidencia dentro de sus territorios. Motivados por una rivalidad más amplia con Irán por el dominio geopolítico y el deseo de disminuir la amenaza de la Hermandad Musulmana, intentaron intervenir de diferentes maneras para influir en la trayectoria de los levantamientos.

Las diversas intervenciones militares llevadas a cabo por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos contaron con apoyo financiero a fin de asegurar sus objetivos en materia de política exterior, especialmente a través de paquetes de ayuda a Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez¹.

Para entender la violencia y la escala de las intervenciones de ambos países en respuesta a los levantamientos es necesario realizar un análisis más amplio de la región, más allá de Estados individuales, especialmente a la luz del aumento de las tensiones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, por un lado, e Irán, por otro. Está claro que los regímenes saudí y emiratí adoptaron un enfoque multidimensional, incorporando campañas militares y la alineación de la ayuda extrajera a los intereses del capital privado en esos Estados. Las intervenciones de la alianza entre ambos países también copiaron en gran medida los métodos –tanto militares, como en cuanto a herramientas discursivas– de la intervención estadounidense en la región, lo cual pone de relieve la relación histórica de los Estados Unidos como mecenas de estos regímenes y, a su vez, las conexiones internacionales de la industria armamentista, la circulación de equipamiento y técnicas militares y los modelos de contrainsurgencia^2,3. Esas normas de contrainsurgencia, aplicadas por la coalición encabezada por Arabia Saudita, se pusieron de manifiesto de la manera más cruda en Yemen. El caso de este país también pone de relieve el enfoque multidimensional de la intervención, que ha implicado la aplicación de fuerza militar directa y la utilización de terceros mientras, al mismo tiempo, se brinda ayuda a zonas controladas por la coalición y se la utiliza como forma de influencia política.

De modo similar a los levantamientos en el resto de la región, manifestantes en Libia salieron a las calles a protestar contra la represión extrema del Estado y el estancamiento de la economía. Envalentonados por los acontecimientos en Túnez y Egipto, organizaron manifestaciones contra el arresto de Fathi Terbil en Benghazi, el abogado defensor de los familiares de las personas asesinadas en Abu Salim, una cárcel del régimen con muy mala reputación. A medida que se intensificaron las protestas, el régimen respondió con violencia: las fuerzas de seguridad dispararon directamente a la multitud y se llevó a cabo una campaña de detenciones masivas. Sin embargo, muchas ciudades del este del país escaparon del control militar, dado que el ejército huyó o cambió de bando. Muchas armas fueron abandonadas y confiscadas por la población, que las utilizaron para protegerse después de las declaraciones de Gaddafi contra lo que se ha denominado la Revolución del 17 de Febrero. Las fuerzas opositoras a Gaddafi formaron un Consejo Nacional de Transición en febrero de 2011.

Tras la militarización del levantamiento por parte del régimen y el temor de que las fuerzas militares de Gaddafi ingresaran a las ciudades que se habían opuesto a él, hubo llamamientos a favor de la intervención de la OTAN. Se aprobó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para establecer una zona de prohibición de vuelos en Libia y el uso de “todos los medios necesarios” para proteger a los civiles. La misión de la OTAN se justificó mediante el uso de lenguaje relacionado con la defensa de civiles y el principio de la “responsabilidad de proteger” a la población. Sin embargo, los Estados de Occidente que instaron a la intervención habían entablado relaciones con el régimen de Gaddafi en los diez años anteriores. Su régimen había sido clave en el programa de rendición extraordinaria de los Estados Unidos y había firmado acuerdos con la Unión Europea para prevenir la migración a Europa a través de Libia⁶. Cuando la UE le dio la espalda a Gaddafi, su principal estrategia fue promover cínicamente la idea de que sin él los inmigrantes “inundarían” Europa. A pesar de la retórica utilizada, la intervención de la OTAN estuvo menos relacionada con las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen, que con el hecho de que las potencias de la OTAN percibieron el debilitamiento del régimen como una oportunidad para obtener más ganancias geopolíticas con un régimen aún más favorable que el impredecible Gobierno de Gaddafi. Cabe destacar que la intervención fue promovida por Estados como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que participaron junto a las misiones de la OTAN e hicieron lo necesario para asegurar que se aprobara la resolución de las Naciones Unidas sobre la intervención. El régimen de Gaddafi se vio debilitado por la acción directa de la OTAN, especialmente por una campaña de bombardeos contra instalaciones militares e infraestructura clave, que provocó directamente su derrocamiento.

Si bien el caso de Libia difiere considerablemente del de Yemen, guardan algunas similitudes, como el impacto desestabilizador de los actores regionales. Tras decenios de régimen de Gaddafi, no había una sola entidad política coherente que pudiera asumir el poder y los espacios iniciales de los levantamientos, donde el movimiento popular había planteado reclamos progresistas, rápidamente fueron reemplazados por facciones militarizadas más poderosas. Como consecuencia de la lucha de poder interno entre múltiples milicias pequeñas, los poderes regionales se insertaron en el proceso para intentar frustrar las demandas revolucionarias y asegurar que no cambiara la distribución de poder a escala regional. Se produjo una ruptura de la gobernanza entre dos bandos opositores; cada uno de ellos contaba con el apoyo de actores regionales diferentes: un bando apoyaba a una agrupación de milicias fieles al General Haftar, afín a la CIA, bajo la consigna del Ejército Nacional Libio; mientras que el otro mando era fiel al Gobierno de Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli. Este último contaba con el apoyo de las Naciones Unidas, Turquía y Qatar, mientras que las fuerzas de Haftar contaban con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Francia y Egipto. Según informes presentados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en septiembre de 2020, ocho países habían violado el embargo de armas impuesto a Libia, y en un informe del Consejo de 8 de marzo de 2021 se considera que el embargo de armas de 2011 fue “totalmente ineficaz”. El informe documentaba el envío por parte de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía de aeronaves de transporte, drones, misiles tierra-aire y vehículos blindados.

Más recientemente, hubo intentos de reconciliación entre las principales facciones de Libia, pero el problema de los grupos militares extranjeros y las armas sigue teniendo un peso importante. El 23 de octubre de 2020, el Ejército Nacional Libio y el Gobierno de Acuerdo Nacional alcanzaron un acuerdo de cese del fuego mediante el cual se exigía a todos los combatientes extranjeros que se retiraran de Libia en un plazo de tres meses. Se formó un Gobierno de unidad interino y se programó la celebración de elecciones en 2021. Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos hicieron todo lo posible para armar a Haftar a fin de asegurar que tuviera una posición sólida en toda negociación y acuerdo futuros. Si bien el deseo de los Emiratos (y de otros países) de que Haftar obtuviera una victoria arrolladora no se concretó, aún controla una gran parte del territorio de Libia.

Sigue siendo difícil evaluar cuáles serán los acuerdos de poder en Libia. Algunos libios desplazados internos han comenzado a regresar a sus hogares, pero la economía local ha sido prácticamente destruida. Una porción significativa de las conversaciones entre las facciones libias se trata de cómo se organizará la economía y, lo más importante, cómo se distribuirán los ingresos provenientes del petróleo. Este es uno de los temas más controvertidos y está relacionado con los motivos de los levantamientos: los manifestantes reclamaban una distribución más igualitaria de los recursos entre la población, en lugar de que se beneficiara a pequeños círculos pertenecientes a las élites. Lamentablemente, no es la mayoría de los libios, sino un conjunto de actores internacionales y regionales los que orientan e influencian estos nuevos acuerdos.

Los casos yemení y libio fueron instancias claras de intervención militar. Sin embargo, además de las operaciones militares, la ayuda fue fundamental para la alianza saudí-emiratí, dado que ambos Estados destacaron sus donaciones humanitarias y prometieron paquetes de ayuda para asegurar sus alianzas. Por ejemplo, cuando aumentaron los ataques militares contra Yemen, tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos siguieron siendo los principales proveedores de asistencia humanitaria, enviando ayuda a zonas bajo su control, mientras aplicaban un bloqueo en los territorios controlados por los huzíes. La intervención militar directa estuvo de la mano de los paquetes de ayuda financiera, las inversiones en infraestructura y la ayuda humanitaria. De hecho, el enfoque en el conflicto y la destrucción en gran parte de las evaluaciones de los levantamientos en Yemen y Libia ha tendido a oscurecer los espacios de construcción e inversión, que fueron tan importantes en el logro de resultados geopolíticos como las acciones militares.

Mucho antes de los levantamientos, los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo tenían grandes inversiones en sectores clave en toda la región, incluida la agricultura, la banca y la construcción⁷. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, han vinculado su ayuda extranjera a las políticas de inversión que ayudan a grupos de capital nacional emiratíes a ingresar a mercados regionales, especialmente en los sectores inmobiliario, agrícola y de infraestructura. En 2008, el Gobierno estableció la Oficina Emiratí para la Coordinación de Ayuda Extranjera (OCFA) como un grupo de organizaciones benéficas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que aprovechó en gran medida los conocimientos especializados de los organismos de las Naciones Unidas y contaba con personal internacional. La mayoría de la asistencia emiratí en el extranjero está destinada al desarrollo, en lugar de la ayuda humanitaria, fundamentalmente en la forma de asistencia bilateral a gobiernos, incluidas las donaciones de mercancías como gas y petróleo. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, “la asistencia extranjera de los Emiratos Árabes Unidos buscará oportunidades para trabajar con el sector privado, en particular con empresas que operan en el país, y para fomentar el comercio y la inversión en países en desarrollo”.

La asistencia otorgada por los Emiratos a Egipto ofrece un ejemplo de cómo este tipo de ayuda se ha utilizado para intentar influenciar y gestionar los resultados políticos después de los levantamientos, y para estabilizar los espacios de inversión. La elección de la Hermandad Musulmana paralizó la ayuda emiratí a Egipto (y Qatar asumió el papel de donante principal): tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos temían la apertura de la Hermandad Musulmana hacia Irán y su papel destacado en Turquía. Tras el golpe de Estado contra el Presidente Morsi, el general del ejército y actual presidente de Egipto, Abdelfatá Al Sisi, asumió el poder. Esta fue una clara reorientación de la lealtad de Qatar hacia la alianza entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, ambos países han inyectado ayuda para apoyar al régimen de Al Sisi. Además de esta ayuda, los Emiratos Árabes Unidos abrieron el espacio a inversiones del sector privado en Egipto, mediante la creación de un equipo de tareas de ambos países y la contratación de una consultora privada para que elaborara un plan para atraer la inversión privada a Egipto. En 2014, el equipo de tareas solicitó nada menos que a Tony Blair que asesorara a Al Sisi sobre la reforma económica. Es así que se celebró una conferencia de donantes en 2014, con el auspicio de los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. Parte de las recomendaciones de la conferencia consistieron en garantizar mejores condiciones de inversión, incluido mediante la reforma de la legislación en materia de inversión en Egipto. Ello demuestra cómo la ayuda oficial ha funcionado junto con los intereses de inversión del sector privado en estos países del Golfo.

Solemos pensar en los levantamientos en el contexto de Estados, revoluciones y contrarrevoluciones y cambio de liderazgo. Sin embargo, también es útil tener en cuenta la importancia de la región para el comercio mundial de petróleo y mercancías en la ruta de Asia y Europa, y analizar los modos en que los diferentes actores compiten para garantizar rutas comerciales en el océano Índico a través del mar Rojo y hacia el canal de Suez. Esto es evidente en el caso de Yemen ya que, debido a su ubicación estratégica, brinda a los grupos que controlan el país la posibilidad de bloquear una de las rutas comerciales más militarizadas del mundo⁸. En los últimos diez años ha habido un gran impulso para construir mega puertos en la península arábiga. En ese sentido, varios Estados del Consejo de Cooperación del Golfo intentaron llevar el comercio directamente a sus territorios, lejos de la ciudad portuaria de Jebel Ali, en Dubai, que domina la región. Además de mantener una fuerte presencia en islas yemeníes clave, los Emiratos Árabes Unidos también han desarrollado una creciente red de puertos comerciales en el Cuerno de África, que suelen asociarse con suministros de equipamiento para formación militar y policial o para bases militares. Desde la prolongada concesión del puerto de Ayn Sujna en la entrada sur del canal de Suez, hasta la inversión en el puerto de Berbera en la autoproclamada República de Somalilandia surge una historia importante. En Somalilandia, Dubai Ports World, un conglomerado y operador portuario internacional con sede en Dubai, firmó una concesión por 30 años en mayo de 2016 para el puerto de Berbera, que incluye la construcción de un parque logístico y una zona franca. En 2018, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que también construirían una base militar junto a las instalaciones de Dubai Ports World. Asimismo, el ejército emiratí tiene un acuerdo de 30 años para la concesión del puerto de aguas profundas de Asab, en Eritrea. Esos puertos no solo son importantes para el comercio, sino también para librar guerras. El puerto de Asab fue crucial para el papel que desempeñaron los Emiratos en Yemen, ya que fue la plataforma de lanzamiento de sus operaciones. Se desplegaron soldados de Asab a Adén, incluidos hombres de nacionalidad sudanesa y eritrea contratados por el ejército emiratí.

El control de esta ruta comercial tan importante que conecta a Europa y Asia tiene repercusiones duraderas. Las potencias regionales están compitiendo para impedir la competencia futura, mientras facilitan la integración con la red “Una Franja, Una Ruta” propuesta por China. Estas rutas comerciales nos dan una idea de cómo se construye el poder económico y militar regional más amplio. La visión dominante de desarrollo no se trata únicamente de Estados aislados, sino que también implica vincular los desarrollos en materia de infraestructura, la ayuda y el militarismo para controlar la zona desde el Golfo y el Cuerno de África hasta el canal de Suez, a fin de permitir a actores como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, controlar e influenciar de manera significativa la circulación de mercancías en las zonas costeras, como Sudán, Djibouti, Eritrea, Somalia y Somalilandia.

Además de realizar importantes compras de armamento y de evadir los embargos de armas, desde la década de 1990, los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado una industria armamentística nacional, en cooperación con empresas extranjeras. Las armas fabricadas en el país se exportan a aliados y, de ese modo, contribuyen a la militarización de la región. En los últimos diez años, los Emiratos Árabes Unidos mejoraron considerablemente su producción, centrándose en la fabricación de vehículos blindados, buques y drones. En 2019, el país consolidó su industria de defensa como parte de EDGE, un grupo de empresas que adquirió a sus predecesoras Emirates Defence Industries (EDIC), Emirates Advanced Investments Group (EAIG), Tawazun Holding y una serie de empresas más pequeñas. Sus cinco áreas principales de operación son plataformas y sistemas, misiles y armas, ciber defensa, guerra e inteligencia electrónica y apoyo a misiones. En 2020, EDGE fue clasificada como una de las 25 principales empresas armamentistas a nivel internacional. Según Pieter Wezeman, investigador principal del programa de gasto militar y de armas de SIPRI: “EDGE es un buen ejemplo de cómo la elevada demanda de productos y servicios militares junto con el deseo de depender menos de proveedores extranjeros están impulsando el crecimiento de empresas armamentistas en Oriente Medio”. Esta industria de armas localizada ha influenciado y seguirá influenciando la trayectoria de los conflictos en la región. 

Esta situación también debe analizarse a la luz de los acuerdos de normalización y la apertura hacia Israel, que representan un cambio regional importante debido a que se ha intensificado la circulación de armas y tecnologías de vigilancia. Los acuerdos para normalizar las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, denominados Acuerdos de Abraham, no marcaron el inicio de las relaciones entre los dos Estados, pero las intensificarán y harán más visibles. Antes del acuerdo, en 2018, los medios informaron de una demanda entablada en Israel y Chipre contra la empresa de espionaje israelí NSO por haber vendido el programa Pegasus a los Emiratos Árabes Unidos. En ese momento, los Emiratos habían utilizado el programa para registrar conversaciones en teléfonos inteligentes de disidentes emiratíes y miembros de la realeza qatarí y somalí. Además, habían adquirido equipamiento de vigilancia de empresas privadas israelíes (ubicadas fuera de Israel), entre ellos el sistema Falcon Eye, que integra la tecnología de reconocimiento facial con programas de escaneo biométrico de rostros para su análisis e identificación. El sistema recibe una retransmisión en directo del equipamiento de vigilancia visual que controla la red de carreteras. Falcon Eye es gestionado por la empresa Asia Global Technology (AGT), con sede en Suiza y propiedad del ex agente de inteligencia israelí Mati Kochavi. Por lo tanto, a pesar de que en teoría las conexiones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel estaban prohibidas en ese momento (antes del acuerdo de normalización formal), se realizaron acuerdos clandestinos. Es posible que esas conexiones aumenten con el nuevo acuerdo. Esta normalización hace que el aparato represivo del Estado israelí sea más accesible. (Cabe observar que Israel prueba la tecnología en los palestinos antes de venderla a los Emiratos Árabes Unidos, lo que, a su vez amplía su uso en el resto de la región.) 

Si bien Arabia Saudita no está tan avanzada en la fabricación de armas locales como los Emiratos Árabes Unidos, el país está intentando disminuir su dependencia de las armas internacionales. En 2021, se anunció que Arabia Saudita invertiría 20.000 millones en la industria de armas local en los próximos años, el 50 por ciento de los cuales provendrán de fuentes locales de aquí a 2030. En ese sentido, las Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI) firmaron un acuerdo en febrero de 2021 para establecer una empresa de riesgo compartido con la estadounidense Lockheed Martin a fin de mejorar las capacidades de fabricación de defensa de Arabia Saudita. SAMI es propiedad del Fondo de Inversión Pública del Estado saudita y tendrá el 51 por ciento de las acciones de la empresa. Del mismo modo, a pesar de que el Gobierno de Biden congeló la venta de algunas armas a Arabia Saudita debido a la guerra en Yemen, el aumento general de la capacidad militar y la colaboración de las empresas no se han detenido.

Esta tendencia de aumentar la capacidad militar es perfectamente coherente con el uso de los Emiratos y Arabia Saudita de terceros países. Esas armas fabricadas localmente generan aún más conflicto, dado que son obsequiadas a terceros o aliados en la región y fuera de ella. Los embargos impuestos en situaciones como la de Libia y los tratados internacionales en torno a la circulación de armas pueden evadirse a través del control local de la producción. Huelga decir que los miles de millones de dólares que se gastan en adquirir armas y en producir armas locales podrían utilizarse de mejor manera en una región afectada por la pobreza generalizada.

Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos han aplicado una política exterior agresiva para promover sus intereses en el Norte de África, Asia Occidental y el Cuerno de África, mientras limitan la disidencia interna. En los próximos años intentarán influenciar los programas de reconstrucción en Siria, Yemen, Libia e Irak, después de la enorme destrucción provocada por las guerras en esos países. Aunque no siempre están totalmente alineados, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se están preparando para intervenir y elaborar estos programas de reconstrucción e influir política y económicamente en esos Estados. Ello implicará paquetes de ayuda específicos, proyectos de infraestructura y alentar la privatización y la participación de conglomerados saudíes y emiratíes en las economías de estos países.

En las décadas de 1960 y 1970, la izquierda en la región afirmaba que uno de los pilares del dominio continuo de los Estados Unidos eran los regímenes reaccionarios en la península arábiga. La participación de estos países en la represión de movimientos de izquierda y de los levantamientos no es ninguna novedad. Sin embargo, la importancia de su capital ha aumentado a medida que la economía política de la región se ha inclinado hacia la apertura de mercados. Su poder militar ha aumentado del mismo modo mediante la venta de armas y la contratación de generales de ejércitos de Occidente en puestos de jerarquía para asesorar operaciones militares. Al mismo tiempo, el uso de terceros financiados y armados para representar a estos Estados se está convirtiendo en una característica dominante de sus intervenciones, tanto en Yemen como en Libia. No obstante, su dominio no debe darse por sentado. A la alianza saudí-emiratí, que tiene sus propias diferencias internas, le sigue resultando difícil controlar territorios, incluso a través de terceros. De hecho, cuando la situación para los diferentes levantamientos era desalentadora y parecía que la coerción había vencido, surgió una luz de esperanza en una nueva ola de protestas. Debido a que el statu quo no ha cambiado y a que siguen sin abordarse los agravios iniciales de los manifestantes, será difícil para cualquier alianza regional o internacional mantener el control de la región, aunque en el intento seguirá provocando destrucción y sufrimiento incalculables.

En agosto de 2012, aviones de combate sirios lanzaron dos ataques contra más de 10 panaderías en Alepo y las zonas aledañas, provocando la muerte de 60 personas en uno de los ataques y 21 en el otro. Estos terribles ataques contra civiles que hacían cola para comprar pan ocurrieron unas semanas después de que las fuerzas rebeldes liberaran el este de Alepo. En el período anterior a los ataques, el combate por el control de Alepo entre el Ejército Libre Sirio y las fuerzas del Gobierno había provocado una grave escasez de harina, por lo que la mayoría de las panaderías debieron cerrar. Las largas colas para comprar pan en las panaderías que aún estaban abiertas las volvió blancos fáciles de ataques para el régimen de Bashar al Asad¹.

El uso del pan como arma ha sido una estrategia militar fundamental del régimen de Asad durante la revuelta de Siria (de 2011 a la actualidad). El presente artículo analiza al pan como mercancía fundamental en épocas de guerra y paz, y como herramienta política del régimen. Comienza con un análisis general de la reforma agraria que implementaron los sucesivos regímenes de 1963 a 2000 y que es –y sigue siendo– uno de los pilares principales de la política de pan² del partido Baaz³. La segunda parte del artículo explora cómo el régimen utilizó el pan como instrumento para lograr estabilidad política, mediante la construcción de una amplia red burocrática en torno a la producción de pan en el campo. Por último, la tercera parte del artículo examina la utilización del pan como arma por parte del régimen de Asad durante la revuelta de 2011 al día de hoy y la resistencia popular rebelde, tomando a Manbij, en el norte de Siria, como un estudio de caso.

El objetivo principal del partido Baaz en la década de 1960 era debilitar a la clase feudal poderosa y ayudar a los campesinos de Siria a apropiarse de la tierra. Para ello, aplicó una política de reforma agraria para crear una base fiel en el campo. Mediante la reforma, el partido intentó crear redes económicas, políticas y burocráticas complejas que ejercerían control sobre el campesinado sirio. De ese modo continuaba con una política que había comenzado durante la unión política entre Siria y Egipto, la República Árabe Unida (1958-1961), bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser. Durante esa breve República, Nasser había forjado una alianza con las clases capitalistas sirias, a las que consideraba esenciales para el éxito de su proyecto desarrollista. Su determinación de destruir a la clase feudal lo llevó a implementar una reforma agraria exhaustiva. Su objetivo era poner fin a la dependencia de los industriales de la poderosa oligarquía terrateniente, que a su vez lo ayudaría a construir un sector industrial en Siria. Nasser implementó nuevas leyes para regular todos los aspectos de las vidas de los campesinos. Esas leyes fijaban un salario mínimo y establecían mejores condiciones de trabajo. Además, Nasser dispuso que para 1960 todos los campesinos debían afiliarse a un sindicato. Sin embargo, los sindicalistas tenían prohibido participar en actividades que pudieran interpretarse como políticas y se les denegaba el derecho de huelga o de manifestarse. Al regular la vida de los campesinos, el régimen de Nasser intentó restringir su poder político; y al debilitar a los grandes terratenientes, apropiarse de sus tierras y distribuirla a los campesinos pobres, Nasser comenzó una integración gradual de las regiones rurales de Siria en el circuito capitalista. El proyecto desarrollista requería que los campesinos apoyaran a la coalición de Gobierno, y la reforma agraria fue la herramienta para lograrlo.

Cuando el partido Baaz tomó el poder en 1963, implementó rápidamente una reforma agraria más profunda que la iniciada por Nasser. Distribuyó pequeñas extensiones de tierra y creó explotaciones agrícolas estatales en las que trabajaban miles de campesinos sin tierra y pequeños terratenientes. Los ideólogos del partido Baaz consideraban la reforma agraria principalmente como una herramienta política, no un objetivo económico: la finalidad principal de la reforma era generar el capital necesario para la industrialización, en lugar de construir comunidades rurales fieles al nuevo régimen de Baaz.

El neo baazismo, que gobernó siria de 1966 a 1970, representaba al sector más radical del partido. Fijó los precios de los granos y comenzó a comprar la producción de los campesinos. Estas políticas debilitaron el poder de los comerciantes de Alepo y Damasco, muchos de los cuales habían adoptado anteriormente la práctica de acumular granos para provocar escasez y, de ese modo, inflar los precios. El partido Baaz aumentó aún más su control de las regiones rurales al ampliar la red del Banco Cooperativo Agrícola. Creó nuevas sucursales del banco en diferentes regiones, incluidas las partes más aisladas del país. El banco era vital para los campesinos que necesitaban obtener crédito para adquirir granos, fertilizantes y combustible para maquinaria, etcétera. Con el fin de evitar la creación de movimientos sociales independientes, el régimen también fundó la Unión General de Campesinos en 1964⁴. El sindicato estaba encabezado por miembros fieles al partido Baaz y era administrado como una organización jerárquica que no tenía en cuenta la opinión de los afiliados. La Unión era una herramienta eficaz para ampliar el alcance del Estado, limitar la autonomía de los campesinos y vigilar de cerca su actividad política. Es así que los campesinos fueron liberados de la hegemonía de la clase feudal para ser sometidos a la burocracia emergente del Estado baazista déspota, mediante la cual se procuraba controlar la agricultura. En 1965, el Estado controlaba la mayoría de los sectores industriales estratégicos, por lo que el poder económico de las clases ricas se vio debilitado.

Cuando Háfez al Asad tomó el poder en 1970, encarceló a los líderes neo baazistas y liberalizó progresivamente la economía, alcanzando un acuerdo con el sector privado en detrimento de los campesinos y las clases trabajadoras. No obstante, Asad siguió los pasos de Nasser al reforzar el control estatal de las zonas rurales. Si bien el Estado era propietario de apenas una pequeña extensión de tierra, controlaba la actividad agrícola a través del sistema de crédito, la distribución de semillas y la compra de la producción de granos. El principal objetivo de estas medidas era crear redes fieles al régimen en el campo, donde, a pesar de reformas anteriores, la oligarquía terrateniente aún tenía influencia. A través de estas medidas, el régimen de Asad construyó un sistema clientelista en el cual únicamente se recompensaba la lealtad a Háfez al Asad (y posteriormente a su hijo, Bashar). Los burócratas utilizaron su poder institucional para lucrar con el sistema corrupto, enriqueciéndose mediante el arrendamiento de tierras estatales por fuera de las vías institucionales y confiscando tierras tribales. Estas prácticas reproducían algunos aspectos del sistema feudal que la reforma agraria se suponía que debía destruir.

Estas medidas desencadenaron una reacción. Se intensificó el antagonismo entre, por un lado, los antiguos oligarcas feudales, los comerciantes suníes y las clases urbanas pobres; y, por otro, los beneficiarios de la reforma agraria y los advenedizos alauitas. Hubo estallidos de violencia en Hama y Alepo a mediados de la década de 1970. La Hermandad Musulmana emprendió una campaña de asesinatos contra funcionarios alauitas y personas fieles al régimen, que culminó con la muerte de varias decenas de cadetes en la Escuela de Artillería de Alepo en 1979. En ese momento, a principios de la década de 1980, los aparatos militar y de seguridad cometieron masacres espantosas en Hama y Alepo, en las que asesinaron a 20.000 personas, reprimiendo la oposición al régimen, que estaba integrada en parte por la burguesía urbana degradada.

A mediados de la década de 1980, Háfez al Asad había neutralizado a sus enemigos políticos más peligrosos y creía que era el momento adecuado para disminuir la tensión económica con la burguesía siria. Asad intentó aplicar una nueva política de privatización, que consideró necesaria debido a que el Gobierno no contaba con los medios para financiar más explotaciones agrícolas estatales o mantener las existentes. Posteriormente, en 2000, el régimen puso fin a la propiedad colectiva de la tierra y devolvió muchas fincas a sus antiguos propietarios. Es así que en menos de 20 años, el régimen revirtió la reforma agraria de la década de 1960, reemplazándola con un acuerdo cruel que benefició principalmente a las clases media y alta.

La política del pan del régimen de Asad se transformó drásticamente cuando estalló la revuelta de 2011. En las zonas bajo su control, el régimen mantuvo sus redes burocráticas y de infraestructura, en la medida de lo posible. Sin embargo, uno de los principales desafíos que afrontó fue la pérdida de las regiones del norte del país, donde se produce entre el 70 y el 80 por ciento del trigo de Siria. En 2014, la tierra cultivable había disminuido de 1,7 millones a 1,2 millones de hectáreas debido a la guerra. En ese mismo año, la producción de trigo en Siria registró su peor rendimiento en los últimos años: cayó por debajo del umbral de 3 millones de toneladas, algo que solo había ocurrido dos veces desde 1995, cuando se logró la autosuficiencia. En 2012, el país se vio obligado a importar en promedio 100.000 toneladas de trigo al mes⁹. El impacto combinado de estos acontecimientos dio lugar a un fuerte aumento del precio del pan en las zonas controladas por el régimen.

En 2015, el régimen de Asad anunció que centraría sus esfuerzos en la “parte útil de Siria” –el territorio que el régimen considera fundamental para su supervivencia, que incluye Alepo y Damasco, además de las zonas costeras entre ambas ciudades. El norte de Siria está fuera del perímetro “útil” de Siria, por lo que el régimen estaba dispuesto a convertir a los territorios agrícolas de esa zona en blancos “legítimos”. Como parte de esta estrategia, el régimen quemaba frecuentemente la producción de trigo en zonas controladas por la oposición y utilizaba el pan como arma contra la población. El régimen atacó el depósito de alimentos de Rashidiya, en el noreste del país, y comenzó a bombardear a las personas que hacían cola para comprar pan. Al mismo tiempo, el ejército sirio sitió barrios y ciudades controladas por la oposición, impidiéndoles abastecerse. Es decir que se utilizó el hambre como táctica de guerra. El trigo, que se había utilizado para pacificar a la población en los decenios anteriores a la revuelta, se convirtió en un arma de destrucción masiva a partir de 2011 en las zonas liberadas por la oposición. Cabe destacar que, durante la revuelta, el régimen también intentó transferir grandes cantidades de trigo de las áreas controladas por la oposición a las áreas controladas por el régimen, al ofrecer a los campesinos productores de trigo un precio atractivo por sus cultivos, mediante una línea de crédito facilitada por el Gobierno iraní.

 En la sección siguiente, se examina un estudio de caso para ilustrar la estrategia de guerra del régimen de utilizar el pan como arma en regiones liberadas, y la resistencia popular y revolucionaria que suscitó. Se describen algunos momentos importantes en el ciclo del pan (que comienza con la producción, pasa por la distribución y finaliza con el consumo del pan) en Manbij, una ciudad de 200.000 habitantes en el norte de Siria.

A partir de 2011 y durante casi un año, hubo protestas y acciones pacíficas creativas organizadas por grupos barriales en Manbij, que culminaron con la retirada de la ciudad de las fuerzas policiales y de seguridad en julio de 2012, cuando Manbij fue liberada pacíficamente. Tras la liberación, esos grupos barriales formaron un consejo revolucionario y comenzaron a trabajar sin cesar para hacer que la ciudad fuera habitable, a pesar de la violencia que afrontaban debido a los ataques aéreos semanales perpetrados por la fuerza aérea siria. Durante este período, los habitantes de la ciudad reinventaron las instituciones de Manbij, construyeron nuevas instituciones desde abajo y propusieron ideas creativas para resolver sus múltiples problemas. El consejo revolucionario y grupos activistas de la ciudad también comenzaron un proceso de “desbaazificación”, mediante una combinación de conocimientos tradicionales y prácticas descolonizadoras. El sistema jurídico experimental instalado por la ciudad entre 2012 y 2013 fue un ejemplo de ello. Se basaba en la Ley unificada árabe, costumbres tribales, conocimientos vernáculos y artículos debatidos durante las reuniones mensuales de los miembros del consejo revolucionario. 

En los 18 meses que duró esta etapa revolucionaria (en enero de 2014 las fuerzas revolucionarias fueron expulsadas de la ciudad, tras la ocupación por el Estado Islámico –ISIS), se reconfiguró la geografía del pan en Manbij. Es esta reconfiguración la que se analiza en los párrafos siguientes.

La política del pan en Manbij no es necesariamente representativa de lo que ocurrió en otros lugares, pero brinda una perspectiva importante para entender el proceso revolucionario desde abajo durante la revuelta siria. Producir y distribuir pan fuera de las redes del régimen era una tarea extremadamente difícil, pero fundamental: a través de ella las personas amenazaban la imagen del régimen, que, como se mencionó anteriormente, había construido su legitimidad en torno a la producción de pan a bajo costo. La nueva geografía del pan en Manbij y otras zonas liberadas constituyó una amenaza existencial para el régimen, lo cual explica por qué este desató tanta violencia contra la producción, el almacenamiento y el consumo de trigo en las zonas liberadas.

Manbij alberga uno de los molinos de harina más grandes del norte de Siria, capaz de procesar hasta 450 toneladas de trigo al día, lo suficiente para alimentar a un millón de personas¹⁰. Esta cantidad excede las necesidades de Manbij y los alrededores. Tras la liberación de la ciudad en julio de 2012, la ciudad mantuvo una base fiel al régimen y este siguió proporcionando trigo a Manbij a través de su gran burocracia (durante este período inicial, aún tenía la esperanza de reconquistar rápidamente la ciudad). Si bien Manbij albergaba decenas de brigadas que luchaban contra el régimen, no contaba con los recursos para eliminar por completo la burocracia estatal arraigada de la ciudad. El consejo revolucionario inicialmente fue incapaz de obtener trigo a bajo costo de manera independiente, o de pagar los salarios de los trabajadores del molino de harina y de otros empleados públicos. Por lo tanto, se vio obligado a aceptar la ayuda del régimen y su presencia indirecta en la ciudad, lo que tenía consecuencias peligrosas. No obstante, el consejo revolucionario de la ciudad sabía que no podía seguir dependiendo de la red del régimen y que tarde o temprano debía generar soluciones alternativas. Es así que comenzó a negociar con ciudades vecinas, como Afrin y Raqqa, para construir una nueva geografía de solidaridad en torno al pan. El objetivo era distribuir trigo de manera equitativa entre las ciudades que participaban de la alianza y ayudar a las zonas que padecían escasez.

El nuevo circuito del trigo no siempre funcionaba bien debido a que los consejos revolucionarios de la región liberada, que incluían a Manbij, debían mantener un equilibrio sutil entre las demandas locales específicas y una estrategia regional difícil de implementar. Por ejemplo, el consejo local de Raqqa se negó a prestar a Manbij su equipamiento costoso para resolver un corte de electricidad, a pesar de la buena relación entre ambas ciudades. Raqqa temía que un grupo corrupto del Ejército Libre Sirio robara el equipamiento en un puesto de control ubicado entre ambas ciudades. El consejo revolucionario de Manbij respondió amenazando con cortar el suministro de agua y dejar de abastecer pan al campo en el oeste de Raqqa. Ello presionó a la ciudad vecina, que finalmente prestó su equipamiento a Manbij¹¹.

Como demuestra este incidente, la escasez de recursos y la presencia de varios grupos militares con intereses divergentes dificultaron la cooperación entre consejos revolucionarios. Reemplazar las redes burocráticas del Gobierno mediante redes democráticas era una tarea compleja. No era fácil llevar la política revolucionaria de estas ciudades liberadas a escala regional. Muchas ciudades de la región funcionaron como ciudades-Estados durante este período: a pesar de su afinidad política e ideología común, se mostraban renuentes a compartir sus recursos vitales (incluido el trigo). Es así que acumularon excedente de granos, en lugar de compartirlos con otras ciudades que los necesitaban, por temor a la escasez de alimentos y la imposición de un sitio por parte del régimen. Manbij, al igual que otras ciudades liberadas, se dio cuenta de que deshacer décadas de burocracia asadista y crear una nueva sería un proceso laborioso.

Un desafío clave que afrontaban las fuerzas revolucionarias de Manbij estaba relacionado con la mano de obra del molino de harina de la ciudad. El director del molino junto con alrededor de 100 empleados permanecieron en la plantilla del régimen tras la liberación en julio de 2012, como parte de la estrategia del régimen de mantener el control de instituciones fundamentales de la ciudad. En 2013, el director y sus empleados amenazaron con renunciar, debido a las reiteradas disputas con diversos actores poderosos de la ciudad. Como consecuencia de ello, el consejo revolucionario creó un equipo de voluntarios encargado de observar de cerca las tareas de los técnicos e ingenieros y adquirir las competencias necesarias para operar el molino en forma independiente. De este modo, el consejo intentaba fortalecer la autonomía de la ciudad.

Otro desafío, más violento, que afrontó Manbij durante este período fueron los ataques deliberados contra las personas que hacían cola frente a las panaderías, como se mencionó al principio del artículo. En agosto de 2012, el régimen de Asad comenzó una campaña de ataques aéreos contra las panaderías de las ciudades liberadas. Las panaderías de Manbij eran blancos fáciles dado que eran pocas y se conocía bien su ubicación. Ante los ataques mortales y tras la deliberación de diversos actores de la ciudad, el consejo revolucionario decidió distribuir pan en diferentes barrios para evitar aglomeraciones frente a las panaderías. Contrató a un gran número de jóvenes que buscaban empleo y les asignó barrios diferentes para que distribuyeran el pan. A fin de evitar la venta de pan en el mercado negro a precios exorbitantes, el consejo realizó un censo del pan, que reunió datos sobre el número de familias que vivía en cada barrio y sus necesidades. A continuación, racionaron el pan en función de esos datos. Este enfoque permitió al consejo descentralizar la distribución del pan y, por lo tanto, poner fin a las esperas frente a las panaderías. Sin embargo, una de las deficiencias del censo fue que no tuvo en cuenta a los nuevos refugiados que no podían comprar pan subsidiado y se vieron obligados a comprar pan en el mercado negro al doble o tripe del precio subsidiado. Esta experiencia demuestra las dificultades de crear nuevas redes en las regiones liberadas.

Como se demostró en la sección anterior, los molinos y las panaderías eran instituciones fundamentales del régimen de Asad y lo siguieron siendo en las zonas liberadas después de 2011, dado que el pan es un producto esencial para los sirios ya que, en muchos casos, dependen de él para su supervivencia. Tras la liberación de Manbij, el consejo revolucionario determinó que el abastecimiento y la distribución del pan serían la prioridad principal. De hecho, el pan y la libertad son inseparables: para muchos sirios de nada sirve la liberación de la ciudad si las condiciones de vida empeoran como consecuencia de ella. El consejo revolucionario era plenamente consciente de que su éxito o fracaso dependían de si podía proporcionar pan al mismo precio que en otras regiones controladas por el régimen. Del mismo modo, el régimen entendió que la revolución fracasaría si no lograba proporcionar pan a bajo costo a las poblaciones de las zonas liberadas. En este contexto, el consejo revolucionario creó un comité especial para examinar los diferentes escenarios y proponer estrategias para ofrecer pan a bajo costo. Como se señaló anteriormente, a través del censo del pan se pudo resolver en gran medida el problema de la venta del pan en el mercado negro, pero había otros problemas insolubles relacionados con el suministro de pan. Un de ellos era la presencia de grandes números de brigadas militares (incluidas las formadas por familias y clanes poderosos), que consumían pan de la reserva de la ciudad, pero no todas luchaban contra el régimen. Es comprensible que la población de Manbij criticara a los grupos que tomaban el pan sin luchar, refiriéndose a ellos como las “brigadas del pan”. No obstante, las fuerzas revolucionarias que de hecho luchaban contra el régimen no tenían tiempo ni recursos para abrir un nuevo frente dentro de la ciudad para expulsar a estas “brigadas del pan” contrarrevolucionarias.

Otro problema que afrontaba el consejo revolucionario de Manbij era la necesidad de impedir que grupos militares poderosos que estaban activos en la ciudad controlaran el molino, y por ende, monopolizaran la distribución de pan. El molino era difícil de proteger debido a que estaba ubicado en las afueras de la ciudad, por lo que era vulnerable a ataques. Por ejemplo, el poderoso grupo yihadista Ahrar al Sham, tomó el control del molino en 2013 con la excusa de que los directivos eran corruptos y de que el molino carecía de transparencia financiera. El líder de Ahrar al Sham esperaba ganarse el apoyo de la población al brindarles pan a bajo costo, pero el plan fracasó debido a que toda la ciudad se opuso a la participación militar en los asuntos civiles y no estuvo de acuerdo en que este grupo tomara control del molino. El consejo revolucionario y varios grupos poderosos de la ciudad hicieron a un lado sus diferencias y organizaron protestas hasta que Ahrar al Sham se vio obligado a abandonar el molino.

El régimen sirio logró dos objetivos al implementar una reforma agraria en la década de 1960: menoscabó el poder de la oligarquía terrateniente y forjó una base campesina fiel en las zonas rurales. También logró un cierto grado de seguridad alimentaria, que fue fundamental para la consolidación del poder del régimen. Estos logros requieren gran burocracia e infraestructura, compuestas de instituciones financieras, sindicatos, depósitos de granos, represas, sistemas de riego, molinos, panaderías, explotaciones agrícolas colectivas y privadas, entre otros. Estos nodos del sistema burocrático y de infraestructura se utilizaron para aumentar el control sobre la población de las zonas rurales.

Durante la revuelta de 2011, el régimen de Asad reconfiguró sus políticas de pan al adaptarlas a un entorno de guerra. En las regiones que estaban bajo su control, el régimen intentó preservar las redes de pan en la medida de lo posible. Sin embargo, en las zonas liberadas, como demuestra el caso de Manbij, el régimen utilizó el pan como arma, matando a la población siria hambrienta que hacía cola frente a las panaderías y quemando campos de trigo.

El presente artículo también ha examinado la infinidad de formas de resistencia en Manbij cuando los revolucionarios intentaron crear nuevas geografías del pan. La ciudad fue blanco de ataques frecuentes por el régimen, incluso cuando el Gobierno seguía pagando a los trabajadores del molino de la ciudad y abasteciendo a este último de trigo. Como se mencionó, esta paradoja puede explicarse mediante el hecho de que el régimen estaba decidido a mantener la burocracia centralizada que había construido en los 50 años anteriores. También tenía el objetivo de destruir cualquier proceso que ofreciera alternativas al régimen o que allanara el camino a una Siria posterior a Asad. Es así que, mediante la creación de geografías del pan alternativas, los revolucionarios de Manbij dejaron sin efecto, aunque por un breve período, el contrato social asadista que ofrecía una reforma agraria y pan a bajo costo a cambio de que la población no participara en la política. A partir de 2011, los revolucionarios de Manbij y otras partes del país demostraron el significado profundo de la autonomía y los grandes desafíos para lograrla.

A comienzos de diciembre de 2018, estallaron protestas en Sudán contra la dictadura de Omar al Bashir. Después de una semana de sentadas para exigir su renuncia en abril de 2019, Omar al Bashir fue derrocado, tras casi 30 años en el Gobierno. Sin embargo, los revolucionarios sudaneses no se detuvieron allí: siguieron manifestándose ante el Comando General (la sede de las Fuerzas Armadas sudanesas) para reafirmar su compromiso de seguir protestando hasta que se cumplieran sus demandas y se lograron los cambios deseados. El 3 de junio de 2019, en la 29ª noche de Ramadán, las fuerzas de seguridad sudanesas reprimieron brutalmente todas las sentadas de forma simultánea, cometiendo una masacre.

A continuación, se firmó un acuerdo de reparto de poder entre el Consejo Militar (integrado por el ex consejo de seguridad de al Bashir, que ha liderado el país desde su caída) y la coalición opositora (las Fuerzas de la Declaración por la Libertad y el Cambio (FCC)). En virtud del acuerdo, el Gobierno cívico-militar gobernará Sudán durante un período de transición de tres años.

Desde el anuncio del Gobierno de transición, Sudán ha experimentado diversos cambios políticos y económicos, incluida la firma de acuerdos de paz con diferentes movimientos armados del país, la retirada de Sudán de la lista de Estados Unidos de países que patrocinan el terrorismo y la ratificación de algunas leyes y la enmienda de otras. Al mismo tiempo, las protestas nunca se detuvieron: han ocurrido al menos dos veces al mes durante este período.

Un canto que se ha escuchado durante las protestas en Sudán y que se ha convertido en parte de la vida diaria es “aún no ha caído”, una frase que sigue a la convocatoria del levantamiento de diciembre de 2018 “Que caiga de una vez”, en referencia al régimen dictatorial. La frase “aún no ha caído” es una expresión clara del rechazo de los manifestantes de la situación actual en el país y de su voluntad de seguir manifestándose. Otros cantos incluyen: “caiga o no, de aquí no nos moveremos” y “no ha caído aún, el Gobierno sigue siendo militar”.

Para entender el significado de estos cantos, es necesario entender en primer lugar por qué los sudaneses creen que el régimen aún no ha sido derrocado. Es necesario 1) entender por qué los sudaneses se alzaron en primer lugar y qué querían derrocar cuando cantaban “que caiga de una vez”; 2) entender la realidad actual del Gobierno sudanés y su evolución con respecto a los objetivos del levantamiento, que se derivan del primer punto; y (si buscamos la justicia económica y social para Sudán); 3) pensar en las formas en que los levantamientos sudaneses pueden (y deben) seguir logrando sus objetivos ante la contrarrevolución que está teniendo lugar en la actualidad.

El presente artículo intenta abordar estos tres puntos principales para enriquecer la conversación revolucionaria internacional sobre las lecciones que pueden extraerse de la revolución sudanesa. Aprender estas lecciones puede ayudarnos a lograr los objetivos de la revolución y también enriquecer las luchas mundiales por un mundo más justo.

A comienzos de diciembre de 2018, estallaron enfurecidas manifestaciones en diferentes ciudades sudanesas. La difícil situación económica, que obligó a la gente a hacer cola para comprar pan y combustible, había encendido un ánimo general de furia. La ciudad de Atbara fue el centro de la manifestación más importante, organizada por estudiantes de la Escuela Industrial, que protestaban porque los sándwiches a’amiya (el desayuno que consumen habitualmente los sudaneses más pobres) se habían vuelto inasequibles debido al aumento del precio del pan. Los estudiantes marcharon hasta la sede del partido de Gobierno, el Partido del Congreso Nacional¹, e incendiaron el edificio. Las fotografías de la sede del partido en llamas circularon rápidamente entre la población sudanesa. El edificio era idéntico a las sedes del partido en otras partes del país: suntuoso, de color verde y ubicado de manera provocadora en una zona pobre y subdesarrollada. La imagen generó esperanza y la posibilidad de derrocar al Gobierno de pronto pareció más realista, a pesar del arsenal de los servicios de seguridad y su represión de los manifestantes.

Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades y Sudán ingresó en un ciclo permanente de protestas: el Estado mataba, ejercía violencia, arrestaba a manifestantes, censuraba las redes sociales y utilizaba diferentes formas de restricción y toque de queda, que a su vez incitaba más protestas. Al mismo tiempo, la violencia económica continuaba en la forma de inflación sostenida, carencia de servicios y la eliminación de subsidios estatales, lo cual inspiró el canto en una manifestación: “Gobierno de hambre, Gobierno de pobreza, que caiga de una vez”.

Si bien los manifestantes expresaron su furia en 2018, los problemas económicos se remontan a mucho antes, surgen de políticas económicas con una larga historia. Algunas de esas políticas habían sido implementadas por el régimen del Consejo del Comando Revolucionario para el régimen de la Salvación Nacional de Omar al Bashir, mientras que otras habían sido implementadas por regímenes anteriores. Desde el golpe del 30 de junio de 1989, el Gobierno de la Salvación Nacional había adoptado políticas de liberalización y privatización, incluida la retirada de los servicios públicos. Debido a que el historial islámico del partido de Gobierno lo llevó a adoptar una postura opositora a los “poderes principales” (fundamentalmente, Estados Unidos y la Unión Europea), implementó políticas económicas neoliberales sin poder beneficiarse de la ayuda de las instituciones financieras internacionales. La liberalización otorgó poder al Frente Islámico Nacional, –predecesor del Partido del Congreso Nacional de al Bashir– cuyos cuadros suministraron y se beneficiaron de los servicios públicos que el Estado había abandonado, como la educación y la atención de la salud. Es así que, el régimen pudo desviar los ingresos del tesoro estatal a los bolsillos de los cuadros de su partido.

La historia del Gobierno de la Salvación estuvo marcada por una serie de políticas económicas fallidas y decisiones cortoplacistas, como la venta de los activos del Gobierno, el abandono del suministro de servicios y la apertura a la privatización de la educación y la atención de la salud. Estas políticas provocaron protestas multitudinarias en la década de 1990. Hacia finales de esa década, motivado por el embargo impuesto por Estados Unidos a Sudán en 1998, el régimen entabló relaciones con empresas chinas para que actuaran como socios en operaciones de perforación petrolífera en el país. Al mismo tiempo, el régimen hizo lo posible para volver a formar parte del sistema financiero mundial. Mantuvo negociaciones con los sucesivos Gobiernos estadounidenses para que levantaran el bloqueo económico. Como parte de este proceso, el país accedió a participar en negociaciones con el Movimiento de Liberación Popular de Sudán para poner fin a la guerra civil en Sudán del Sur, la más larga en la historia del continente².

El amplio acuerdo de paz que puso fin a la guerra dio comienzo a un período durante el cual los fondos públicos y para el desarrollo se utilizaron para la construcción; se contrató a empresas, servicios de campos petrolíferos y proyectos conexos sudaneses y extranjeros. La perforación de petróleo aumentó en el sur del país, donde los oleoductos bombeaban petróleo a Puerto Sudán, en el mar Rojo. Hubo un auge económico, que se manifestó en la estabilidad de la moneda y una proliferación de los proyectos de construcción, incluidas carreteras y proyectos de infraestructura (siempre marcados por escándalos de corrupción y la desaparición de fondos públicos). No obstante, el auge no estuvo acompañado de ninguna mejora en el suministro de servicios básicos, instalaciones públicas o proyectos de desarrollo, y no hubo intentos serios de establecer proyectos de desarrollo o de servicios en el sur, ni de crear un plan nacional de justicia social y económica.

Este trato otorgado a las regiones sudanesas –mediante el cual el Gobierno dilapidó sus recursos, pero se abstuvo de participar en actividades de desarrollo y suministro de servicios– no era un fenómeno nuevo. Antes de la independencia de 1956, los servicios de educación y atención de la salud siempre habían estado centralizados en Jartum (la capital de la administración centralizada) y sus alrededores. La red de carreteras de Sudán reflejaba este centro de gravedad: convergían en la capital política y prácticamente no había carreteras entre ciudades que no pasaran por Jartum. Lo mismo ocurría con las redes de electricidad y otros servicios. Después de la independencia, los Gobiernos no cambiaron el enfoque colonial que priorizaba asegurar la frontera sur de Egipto, las fuentes del Nilo y las exportaciones agrícolas baratas de Sudán, mientras recortaban los servicios públicos a un mínimo, limitándolos a regiones que administraban la riqueza, en lugar de generarla.

Por consiguiente, no resulta sorprendente que la población del sur –o, de hecho, cualquier otra población sudanesa– optara por la independencia de la autoridad colonial de Jartum. En enero de 2011, cuando finalizó el período de transición de cinco años establecido en el acuerdo amplio de paz, la población de Sudán del Sur votó a favor de la separación.

Después de que Sudán del Sur declarara su independencia, resultó evidente que el Gobierno en Jartum no estaba preparado para esta nueva realidad. Su pérdida de control sobre el petróleo del sur provocó una crisis económica. En 2012, la moneda nacional se depreció a la mitad de su valor en un año. En respuesta a ello, el Gobierno adoptó de inmediato medidas de austeridad y anunció que suspendería los subsidios a los combustibles. Esta decisión suscitó protestas principalmente en universidades e institutos de educación superior. Hubo marchas semanales inspiradas en la Primavera Árabe, coordinadas a través de grupos en las redes sociales. Las protestas fueron reprimidas con violencia y arrestos, y en unos meses se detuvieron. Al año siguiente, en 2013, con la intención de evitar la profundización de la crisis económica, el Gobierno anunció que levantaría los subsidios a los combustibles por segunda vez. Sin embargo, esta vez lo hizo únicamente tras el anuncio de las vacaciones escolares, para limitar las protestas estudiantiles. Esta vez las manifestaciones tuvieron lugar en la periferia de la capital y el Gobierno respondió con un nivel de violencia diferente: dispararon balas reales contra los manifestantes en la capital en septiembre de 2013; cien personas fueron asesinadas en tres días. La violencia fue perpetrada por los janjaweed³, una milicia semigubernamental conocida por sus masacres genocidas en Darfur, cuya formación y existencia han contado con la ayuda parcial de generales sudaneses y servicios de seguridad nacional.

Ante estas protestas contra sus políticas de austeridad, el Gobierno procedió a buscar alianzas políticas para mantenerse en el poder. En enero de 2014, de conformidad con una propuesta de Princeton Lyman, ex enviado especial de los Estados Unidos en Sudán, al Bashir convocó un diálogo nacional. La propuesta preveía una alianza entre el régimen y la oposición, mediante la cual esta última renunciaría a sus intentos de derrocar al régimen a cambio del reparto de poder. En la política sudanesa, este enfoque se conoce como el “enfoque del aterrizaje suave”.

La propuesta de Lyman fracasó y el colapso económico continuó. Ante ello, el Gobierno recurrió al capital de los países del Golfo, cuya necesidad de tierra cultivable coincidió con la necesidad del régimen sudanés de apoyo económico. La subordinación de Sudán a los gobiernos del Golfo redundó en la transferencia de grandes extensiones de tierras sudaneses, de las que se expulsó a la población indígena, a capital del Golfo, y se extendió a su participación en la guerra de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en Yemen.

Durante este período continuaron las manifestaciones contra el Gobierno, que incluyeron protestas contra el acaparamiento de tierras, una huelga de dos días en 2016 contra la suspensión de los subsidios a los medicamentos y una huelga de periodistas en 2017 contra la confiscación de periódicos de las imprentas, entre otras.

En los pasajes anteriores se ha pintado un panorama de la situación económica en la que se encontraba Sudán en 2018. En este período el régimen transfirió los recursos del país a sus aliados internos y externos mediante el debilitamiento de las inversiones y las exportaciones baratas. Al mismo tiempo, no proporcionó servicios básicos de salud y educación a quienes de hecho producían la riqueza. El régimen utilizó el mismo enfoque para abordar el fracaso económico del país: aplicar medidas de austeridad y depender de los ciudadanos para hacer frente al fracaso económico.

Los levantamientos de la población sudanesa contra toda forma de medidas de austeridad en los diez años anteriores a diciembre de 2018 confirman que la ausencia de justicia económica fue, y sigue siendo, la principal fuerza impulsora de la revolución sudanesa. Los sudaneses se alzaron en una revuelta contra las privatizaciones, el retiro de los subsidios estatales, la ausencia de servicios y el aumento del precio del pan. Fueron estas políticas las que, el 19 de diciembre de 2018, hicieron que los estudiantes de la Escuela Industrial de Atbara salieran a las calles.

La revolución debe continuar para detener la violencia económica contra la población sudanesa empobrecida. Ello requiere aprender lecciones de la revolución sudanesa, tanto de sus éxitos, como de sus deficiencias y fracasos. Un ejemplo de esto último es la presión pública que los comités de resistencia ejercieron en las instituciones para impedir que se aprobara la primera ley de presupuesto del Gobierno de transición, que procuraba eliminar por completo los subsidios a los combustibles. Después de que se anunciara la ley en diciembre de 2019, los comités presionaron para suspender su aplicación e instaron a que se celebrara una conferencia para hablar de políticas y prioridades económicas, que tuvo lugar en septiembre de 2020. Al mismo tiempo, crearon una red integrada por trabajadores de ministerios e instituciones gubernamentales, economistas y comités de resistencia barriales, como parte de su insistencia en una versión más democrática de la toma de decisiones en materia económica.

Las marchas consecutivas y las campañas para exigir justicia para los mártires masacrados durante la represión contra las sentadas también son un ejemplo de que los revolucionarios sudaneses han aprendido algunas lecciones sobre las relaciones de poder en Sudán. Algunos actores han intentado asegurar que el Gobierno de transición no criminalice a los líderes del Consejo Militar, a fin de mantener un entorno estable que aliente la inversión. Las campañas y marchas por la justicia son intentos de que la balanza se vuelva a inclinar hacia los objetivos revolucionarios.

Desde agosto de 2019 ha habido intentos (cada vez más serios) de crear alianzas organizadas entre diferentes grupos de comités de resistencia barriales, organizaciones de trabajadores y órganos sectoriales para oponerse a las políticas económicas perjudiciales de la transición. Estas alianzas no se habrían creado de no haber sido por las lecciones extraídas de la historia reciente sobre las decisiones adoptadas por dirigentes políticos de élite y sus inclinaciones. Junto con la organización interna de la resistencia, esas alianzas son un camino más claro hacia la creación de un frente basado en principios opuesto a las políticas contrarrevolucionarias. Ello podría dar lugar a la creación de un partido revolucionario o una organización que desempeñe parcialmente esa función.

Sin embargo, un escenario tan auspicioso que prevé una revolución sudanesa continua que se prolongue hasta alcanzar sus metas no debe distraernos de los peligros subyacentes de las alianzas contrarrevolucionarias mundiales. Derrocar a las alianzas contrarrevolucionarias transfronterizas solo será posible mediante una resistencia internacional. Ello implica consolidar la solidaridad mundial y tener canales de comunicación con comunidades que han sido perjudicadas por políticas de liberalización similares a las que se aplican actualmente en Sudán. También implica apoyar todas las formas de resistencia a regímenes autocráticos, especialmente aquellos que realizan intervenciones económicas directas en Sudán, que han invertido capitales en sus recursos. Los primeros de ellos son los países del Golfo, que son responsables de la mayor parte de las intervenciones contrarrevolucionarias. En esencia, la solidaridad transfronteriza no es diferente de las campañas de solidaridad “nacional”: del mismo modo que las poblaciones afectadas por la minería de oro en Sudán realizan alianzas con las personas afectadas por la perforación petrolífera en el país, aliados en torno a su reclamo conjunto de proteger al medio ambiente de los efectos de las industrias extractivas, también es posible e imperativo unir fuerzas con los intereses comunes de los mineros en Marruecos, por ejemplo, que reclaman condiciones de trabajo seguras, y con los activistas ambientales que luchan contra los impactos de la minería en Sudáfrica. Es igualmente posible e imperativo fortalecer los vínculos y la acción conjunta entre los diferentes frentes contra la liberalización en la región, incluidos los manifestantes en el Líbano y Túnez. En este marco, debemos rechazar las políticas coloniales que excluyen a las comunidades indígenas, un desafío que los sudaneses, cuyas tierras han sido acaparadas para beneficiar a los países del Golfo y las inversiones israelíes, comparten con los manifestantes malienses, que luchan contra las intervenciones coloniales francesas, y con los palestinos, que luchan contra la ocupación israelí y sus lacayos de la Autoridad Palestina y otros Gobiernos normalizadores. Estos son tan solo algunos ejemplos de intereses comunes entre los pueblos: son parte de un plan de liberación regional y mundial. Llevar a cabo este plan requiere un análisis económico que tenga en cuenta los intereses de todos los órganos influyentes de la región.

Por lo tanto, el camino para lograr los objetivos de la revolución sudanesa requiere una clase trabajadora sudanesa organizada, cuyo interés principal sea lograr los objetivos de la revolución. También requiere crear una alianza estratégica con quienes participan en la resistencia antiimperialista y comparten objetivos similares, dentro de Sudán y fuera de sus fronteras. Solo entonces “caerá”.

En el “Monte Uhud”¹ –un edificio alto abandonado de la plaza Tahrir en el centro de Bagdad, frente a la zona verde– hombres y mujeres jóvenes que habían tomado el control del edificio coreaban Inryd watan (queremos un país) y Nazel akhuz haqqy (vengo a reclamar mis derechos). Tras las protestas callejeras de octubre de 2019, la plaza Tahrir de Bagdad y otras plazas principales del país habían sido ocupadas por manifestantes. Del 25 de octubre de 2019 y durante un año lograron retener el control de las plazas, donde establecieron sociedades ideales en miniatura.

El levantamiento de 2019 comenzó como un movimiento de protesta principalmente en las provincias del centro y sur de Irak, dominadas por los chiitas, y luego se extendieron a otras partes del país. A pesar de la sangrienta represión de las protestas por las fuerzas de seguridad iraquíes y las milicias afiliadas a la clase política del país, estas manifestaciones crecieron y se transformaron en un levantamiento, a medida que personas de diverso origen social, educativo e ideológico, como sindicatos y organizaciones estudiantiles, se sumaron a los jóvenes y los más desfavorecidos que habían iniciado las primeras protestas callejeras.

En muchos sentidos el levantamiento de octubre de 2019 fue una continuación de varios movimientos importantes de protesta popular (como los ocurridos en 2015 y 2018) que denunciaron el sistema político sectario, corrupto y disfuncional de Irak y la ausencia de servicios básicos en el país. Sin embargo, debido a su alcance, forma y visibilidad, el levantamiento de 2019 fue más allá de los movimientos anteriores. Un aspecto sin precedentes del levantamiento fue la participación extraordinaria y masiva de mujeres, especialmente mujeres jóvenes.

El presente artículo se basa en un trabajo de campo exhaustivo realizado con redes de mujeres, jóvenes y movimientos sociales en Bagdad, Náyaf-Kufa, Kerbala y Nasiriya, así como en observaciones de campo en Basora. Utiliza el levantamiento iraquí de 2019 como marco para reflexionar sobre cómo las protestas masivas permiten entender la emancipación que amplía nuestra imaginación feminista, con especial hincapié en el espacio que generó el levantamiento. La perspectiva adoptada aquí rompe con los enfoques binarios de agencia y resistencia para analizar las dimensiones sexuales y de género del levantamiento². En cambio, este artículo examina las protestas como una presencia corpórea masiva en las calles y una ocupación del ciberespacio que permitieron la producción de un espacio discursivo, material e imaginario. En lugar de definir un modelo de emancipación, el artículo lo considera emancipadora a toda acción o pensamiento que cuestione el “orden de las cosas” y afirme la igualdad y la centralidad de quienes no suelen considerarse agentes “políticos”.

Un análisis feminista del levantamiento iraquí de 2019 intenta reunir lo estructural y lo político: por un lado, procura analizar el tipo de espacio que los manifestantes están creando; y, por otro, adopta un enfoque de la emancipación que amplía el significado de lo que es “político”. Es así que, en lugar de preguntarse si la participación de las mujeres en el levantamiento iraquí de 2019 fue “feminista” o siguió una agenda de “derechos de la mujer”, resulta más pertinente preguntarse si cuestionó el orden dominante de las cosas, especialmente en el espacio que generó. De modo similar, en lugar de comenzar con una idea preconcebida de lo que constituye una transgresión de las normas de género, un análisis de los diferentes niveles en los cuales la movilización está afectando el espacio social brinda un entendimiento de lo que es transgresor y de qué modo³.

Irak en el período posterior a 2003 ha sido testigo de la continuación y exacerbación de un proceso de militarización y destrucción estatal que había comenzado en la década de 1990 con los devastadores bombardeos de la coalición liderada por los Estados Unidos y la imposición de sanciones por las Naciones Unidas, las más severas jamás impuestas a un país⁴. Mientras que el régimen autoritario de Saddam Hussein había sumido al país en 10 años de guerra con Irán en la década de 1980 y reprimió violentamente toda forma de oposición política, las sanciones de las Naciones Unidas constituyeron una guerra “invisible” que sumergió al país en la pobreza y provocó una crisis humanitaria. La invasión y ocupación de 2003, liderada por los Estados Unidos, continuó este proceso mediante la instauración de un sistema político basado en el etnosectarismo y la pertenencia religiosa (comúnmente denominado sistema muhasasa) y la destrucción de lo que quedaba de un Estado funcional. El Gobierno estadounidense dejó a las instituciones estatales sin directores y empleados, mediante la denominada campaña de “desbaazificación”, y colocó en el poder a una élite conservadora y etnosectaria. La clase política iraquí después de 2003 funciona como un régimen cleptocrático y nepotista que monopoliza los ricos recursos petroleros de Irak y reprime la oposición de la sociedad civil.

El concepto de nectropolítica⁵ de Achille Mbembe es muy útil en el contexto iraquí, en el marco del capitalismo racial y una nación-Estado poscolonial. Nos permite entender qué vidas son valiosas y merecen que lamentemos su pérdida, cuáles merecen medios de desarrollo políticos y de infraestructura y cuáles no. En Irak hoy en día, la necropolítica se manifiesta en la ausencia de infraestructura vital necesaria para el funcionamiento de la vida diaria, como agua, electricidad, instituciones y servicios públicos, como los servicios de salud y educación. Esa necropolítica también se pone de manifiesto en las diversas fuerzas de la muerte que caracterizan la vida política iraquí, desde el aparato de seguridad estatal hasta las milicias apoyadas por Irán que reprimen toda forma de oposición política.

Desde que comenzó el levantamiento en octubre de 2019, al menos 700 manifestantes pacíficos han muerto, 25.000 han resultado heridos y muchos han desaparecido. La represión ha estado a cargo de diversas fuerzas: las fuerzas de seguridad estatales utilizan granadas de concusión, tanques antidisturbios, gases lacrimógenos de grado militar y balas, mientras que los grupos paramilitares, las milicias apoyadas por Irán y los mercenarios utilizan balas reales y metralletas. El Gobierno iraquí también ha impuesto apagones mediáticos de Internet y de las telecomunicaciones, además de toques de queda. Muchos manifestantes han sido amenazados, intimidados, arrestados, golpeados, secuestrados e incluso asesinados.

Después de 2003, el espacio público urbano de Irak se ha alterado profundamente: está militarizado, privatizado y fragmentado. Bagdad ha experimentado violencia sectaria y desde 2006-2007 ha estado dividido por puestos de control y muros de retención de cemento que separan barrios en función de su pertenencia etnosectaria. La división de clases está vinculada con las divisiones políticas, dado que el acceso a los recursos y la riqueza está estrechamente relacionado con la pertenencia a una red con fuertes vínculos a la élite política. La separación más notoria en Bagdad es aquella que existe entre la zona verde, donde reside la élite política, y al resto de los habitantes de la ciudad. Las tierras públicas han sido privatizadas para permitir la construcción de centros comerciales mediante contratos adjudicados en el marco de un sistema de soborno y corrupción. Estas son todas características del capitalismo del desastre⁶, donde el fundamentalismo del mercado promueve la privatización agresiva, a menudo relacionada con el acaparamiento de tierras públicas y la desposesión violenta, mientras los servicios públicos y la infraestructura son disfuncionales o inexistentes. La privatización de los espacios urbanos abiertos en Irak y de los servicios públicos formales, como la electricidad, la educación y la salud, junto con la militarización y la fragmentación etnosectaria, han alterado la vida cotidiana de los iraquíes y su capacidad para sobrevivir.

Según estudios académicos feministas sobre la guerra y el conflicto armado, la militarización está profundamente influida por las cuestiones de género y es fundamental en definir las normas y las relaciones de género⁷. En Irak, la militarización como fenómeno social y político se vio exacerbada durante la guerra con Irán en la década de 1980 y se intensificó aún más después de la guerra del Golfo de 1991 y la imposición de sanciones por las Naciones Unidas. La militarización desempeña un papel central en configurar las representaciones y prácticas de feminidades y masculinidades dado que refuerza los roles estereotípicos de los hombres como “protectores” y las mujeres como “vulnerables”. Las sanciones de la ONU hicieron que surgieran nuevas formas de patriarcado a medida que la extrema pobreza obligó a las familias y a los individuos a desarrollar estrategias de supervivencia⁸.

El régimen político actual en Irak está caracterizado por una ideología y política con un gran contenido de género. De hecho, el régimen iraquí después de 2003 no solo se basa en una división étnica, religiosa y sectaria, sino también en una división sexual; es, en la terminología de Maya Mikdashi, un régimen sextario⁹. Un ejemplo de ello es que una de las principales reformas jurídicas que se intentó llevar a cabo (promovida por uno de los principales partidos islamistas chiitas que llegaron al poder gracias al Gobierno estadounidense a través de la invasión y la ocupación) fue la abolición del Código de Estatus Personal –el marco jurídico que reúne la mayoría de los derechos jurídicos de las mujeres– para reemplazarlo por un Código de Estatus Personal de base sectaria.

La relación entre la violencia armada y la imposición del sextarismo es una parte integral del régimen iraquí y abarca de políticos elegidos en el Parlamento a grupos milicianos. Las fuerzas religiosas sectarias heteropatriarcales no solo dominan la esfera política, sino también las calles, a través de sus grupos armados y milicias. Esta relación también fue central en la represión del levantamiento de octubre de 2019, dado que cualquier intento de cuestionar las normas de género heteropatriarcales se considera una amenaza a todo el sistema. Mediante sus canales mediáticos y plataformas de redes sociales, la clase política iraquí a menudo ha expuesto al levantamiento como “inmoral”. Los manifestantes eran acusados con frecuencia de ser sexualmente corruptos y depravados, y se difundían todo tipo de rumores sobre el supuesto “comportamiento ilícito” de los jóvenes en las carpas instaladas en las plazas del país. 

La mayoría de las mujeres que participaron en el levantamiento explicaron que lo hicieron para denunciar la violencia contra los manifestantes, en su mayoría hombres jóvenes. No diferían de la multitud de individuos de diversos orígenes sociales, educativos e ideológicos que protestaron en las calles o en el ciber espacio contra el asesinato de manifestantes pacíficos desarmados. La represión de las protestas tenía un gran sesgo de género, dado que la movilización de las normas sexuales y de género había sido fundamental para intentar descalificar el levantamiento como “inmoral” y por presuntamente violar las normas sociales y religiosas.

En muchos sentidos, los ataques contra las manifestantes mujeres y la afirmación de las normas sexuales y de género heteropatriarcales desatadas por la clase política iraquí pueden interpretarse como lo que Deniz Kandiyoti ha denominado “restauración masculinista”¹³ : a medida que las mujeres adquieren visibilidad y ocupan espacios, se las vuelve a poner en “su lugar” mediante estos ataques. Las mujeres también sufrieron ataques en las redes sociales: el hashtag #بناتك_ياوطن – Banatek ya watan (oh país, tus hijas), que era el lema de la manifestación de las mujeres del 13 de febrero de 2020, se convirtió en #عاهراتك_ياوطن – ‘Aheratek ya watan (oh país, tus putas). Las mujeres se movilizaron contra estos ataques: colocaron mensajes en el muro del túnel que conduce a la plaza Tahrir y en las manifestaciones llevaban pancartas con la leyenda “Las mujeres de la revolución de octubre son revolucionarias, no putas” (véase la imagen 2). La consigna Sawt al-mar‘a thawra (la voz de una mujer es una revolución) se volvió fundamental en las protestas posteriores a estos ataques.

Picture 2 – Fotografía tomada por Zahra Ali en la plaza Tahrir, Bagdad, diciembre de 2019.

Además de las consignas que elogiaban a la nación iraquí, los y las jóvenes que participaron en las protestas abordaron directamente el discurso sexista. Por ejemplo, varios líderes políticos islamistas, entre ellos el controvertido líder Moqtada al-Sadr¹⁴, condenaron la mezcla de géneros (ikhtilat) durante las protestas. Al prohibir la mezcla de géneros y calificar a la voz de las mujeres de ‘awra (perteneciente a lo privado), los grupos políticos islamistas intentaron definir la participación de la mujer en las protestas como una violación de las normas religiosas. Las y los manifestantes se burlaron de estas declaraciones mediante varios eslóganes, como La mu ‘awra sawtech thawra (No es vergonzoso, tu voz es una revolución). Otro cuestionamiento del espacio discursivo dominado por los hombres fue el elogio de uno de los primeros mártires de las manifestaciones Safaa al-Sarai, refiriéndose a él como Ibn Thanwa (hijo de Thanwa), en alusión a su madre Thanwa –en lugar de referirse a él mediante el nombre de su padre, como es la costumbre. Ibn Thanwas es ahora un nombre comúnmente utilizado para referirse a los revolucionarios y muchos manifestantes utilizan el nombre de su madre, en lugar del de su padre.

A pesar de estos ejemplos de disidencia relacionada con el género, el levantamiento de octubre de 2019 no incluyó un programa feminista o centrado en la mujer. Entonces, ¿cómo se puede entender la participación masiva de mujeres en las protestas? Esta aparente contradicción no es exclusiva del contexto iraquí, sino que también ocurrió durante la Primavera Árabe –y quizá en todos los movimientos de protesta recientes en la región¹⁵. Puede considerarse que la ausencia de una agenda específica de género pone de manifiesto las formas en que las protestas populares tienden a homogeneizar las consignas y reivindicaciones y, por ende, no tienen en cuenta las cuestiones de clase y género. Sin embargo, el análisis de la política y el espacio del cuerpo permite realizar otra interpretación de la ausencia de una agenda feminista definida. Puede afirmarse que el levantamiento de 2019 cuestionó las normas de género mediante su concreta aplicación de la igualdad y la mezcla y presencia masiva de cuerpos. La presencia y participación masiva de mujeres constituyeron en sí mismas un cuestionamiento del orden social sextario.

Los cuerpos son verdaderamente centrales en el proceso de construir ciudadanía, en el cual los cuerpos marcados por el género se vuelven agentes significantes de la acción y la transformación colectivas, como quedó claro en el eslogan Banatek ya watan (oh país, tus hijas) de la protesta de las mujeres organizada en febrero de 2020 como parte del levantamiento. Si bien esta protesta fue una demostración del apoyo de las mujeres jóvenes al levantamiento y de su alineación al lema principal, Inryd watan, la presencia corporal masiva de mujeres, junto con los manifestantes hombres (que a menudo actuaron como escudos alrededor de su marcha) puso en cuestión el sextarismo. En este sentido, la presencia corporal masiva de mujeres implicó una ciudadanía antisextaria, además del rechazo de la necropolítica y una celebración de la vida en el contexto iraquí posterior a 2003. Muchos manifestantes, tanto hombres como mujeres, en la plaza Tahrir de Bagdad expresaron que la presencia de las mujeres significaba la “vida”: significaba el apoyo de la sociedad entera al levantamiento. A partir de la noción de “resistencia”, la presencia corpórea de las mujeres generó un espacio material y discursivo alternativo. Además, al no limitarse a movilizarse específicamente como mujeres, pudieron manifestarse como seres emancipados.

El levantamiento iraquí de 2019 generó un espacio discursivo, material e imaginario alternativo al espacio dominante posterior a 2003 caracterizado por la militarización, la privatización y el dominio patriarcal. En este espacio, se desdibujan el límite y las jerarquías entre los reclamos dirigidos al Gobierno y a la política, y los lemas electorales, como “el derecho de tener pelo rizado”. Tanto en la ocupación corpórea colectiva de los espacios abiertos, como en el ciberespacio se cuestionaron los límites y las jerarquías entre lo que suele considerarse “político” y “social”. En este sentido las prácticas y movilizaciones del levantamiento pueden describirse como emancipadas y políticas.

El madaniyya (civismo) propuesto en el levantamiento implicó que personas comunes y corrientes crearan una sociedad pacífica en miniatura tolerante de las diversas estéticas y formas, que ofrecía servicios básicos y estaba abierta a opiniones y creencias diferentes. Por lo tanto, el espacio creado por el levantamiento representó un cuestionamiento a la necropolítica. Ofreció el florecimiento de diversas formas de vivir y el disfrute de la vida social desvinculada del consumo utilitario. En algún sentido fue similar al modo en que Henri Lefebvre ha descrito la comuna de París: el levantamiento iraquí de 2019 fue una gran celebración, un espacio donde se disfrutaba de la vida¹⁶.

Las dimensiones sexuales y de género de los levantamientos fueron fundamentales, y la represión sextaria y heteropatriarcal de la clase política fue cuestionada de muchas formas: de consignas anti sexistas a marchas de mujeres. La presencia corpórea masiva de las mujeres representó en sí un cuestionamiento del sextarismo, que se basa en divisiones sectarias y sexuales. Las mujeres no diferían de los hombres ni de los miembros de diversos grupos sociales (en función de clase, educación o profesión) al justificar su participación en el levantamiento en relación con el objetivo de “honrar a los mártires”. Todo ello puede considerarse revelador de la existencia de divisiones sexuales y de género en Irak, así como de formas emancipadas de disidencia que no están vinculadas simplemente a la identidad de la mujer como tal.

Los levantamientos de octubre de 2019 en Irak y el Líbano tuvieron su origen en ciclos anteriores de movilizaciones masivas simultáneas, aunque independientes, que alcanzaron su punto álgido en 2015. El 16 de julio de 2015 manifestantes se reunieron en la ciudad de Basora, en el sur de Irak, para manifestarse contra los apagones, la contaminación del agua, el desempleo juvenil y la corrupción. Un manifestante de 18 años, Muntaẓar al-Hilfi, fue asesinado durante la manifestación, lo cual provocó una ola de protestas masivas¹ que rápidamente se expandió a todo el país, alcanzando la capital Bagdad, donde miles de personas coreaban la famosa consigna Bismil deen baguna al-haramiyy ² (en el nombre de la religión, los ladrones nos han robado). Un día después, el 17 de julio de 2015, a alrededor de 1.215 km de distancia, habitantes de la ciudad de Na’ameh, en el sur del Líbano, bloquearon la carretera que conduce al principal vertedero de basura del país, debido a una crisis de desechos que estaba contaminando gran parte de Beirut y el Monte Líbano. Al igual que en Irak, las protestas llegaron rápidamente a la capital, Beirut, donde miles de manifestantes se congregaron en la plaza de los Mártires, donde coreaban Kellon ya’ne kellon (todos ellos significa todos ellos), en una señal inequívoca de condena y rechazo a todos los líderes sectarios.

Estas olas simultáneas de protestas masivas en el Líbano e Irak no eran un fenómeno nuevo³. En ambos países, el año 2011 había marcado un punto de inflexión, cuando estallaron protestas masivas en el contexto de la Primavera Árabe. Sin embargo, las movilizaciones de 2015 representaron una coyuntura importante en la historia de la acción colectiva contra los regímenes de Irak y el Líbano: se crearon las denominadas campañas de la “sociedad civil”, que se postularon para las elecciones municipales y parlamentarias.

En octubre de 2019, el Líbano e Irak volvieron a estar en el centro de las noticias. El famoso canto de 2011 al-sha’b yureed isqāt al-niẓām (la gente quiere derrocar al régimen) volvió a escucharse en nuevas protestas en ambos países. Irak y el Líbano oficialmente pasaron a formar parte de la segunda ola de levantamientos árabes que habían comenzado a desatarse a finales de 2018 en Sudán y Argelia.

¿Qué tienen en común Irak y el Líbano más allá de la proximidad regional y cultural? Ambos son gobernados por un régimen político y económico que, en el mejor de los casos puede describirse como “neoliberalismo sectario”, una mezcla peculiar de reparto de poder basado en la identidad, conocida como democracia consociativa, y un sistema económico neoliberal encarnizado que depende en gran medida de los ingresos, el capitalismo financiero y la desregulación de los mercados laborales. En este contexto, los levantamientos en el Líbano e Irak se enfrentaron a la estructura estatal compleja de cada país. Al mismo tiempo, a diferencia de otros países árabes, en los regímenes de ambos países no hay un “dirigente” específico al que se pueda derrocar, sino que múltiples líderes sectarios prosperan a través de la ideología religiosa o las prácticas de clientelismo y nepotismo sectarios, y derivan su poder político de su lealtad a los poderes regionales, como Irán y Arabia Saudita. Esta situación geopolítica, sumada al legado de violencia sectaria y las crisis socioeconómica y ambiental desenfrenadas, provocó el estallido de levantamientos en el Líbano e Irak en 2019. En ambos países, estos nuevos levantamientos rápidamente se denominaron thawra (revolución) y marcaron un nuevo capítulo en su historia.

Los levantamientos de octubre de 2019 comenzaron inicialmente como movilizaciones en torno a cuestiones socioeconómicas y de gobernanza. En el Líbano, tras una semana de incendios forestales que devastaron varias partes del país, y en medio de una crisis financiera, la decisión del Gobierno de aprobar nuevos impuestos el 17 de octubre –incluido el infame impuesto a WhatsApp– fue la chispa que encendió esta nueva thawra. De modo similar, la thawra iraquí estalló tras dos acontecimientos principales a finales de septiembre de 2019: la movilización de los diplomados universitarios desempleados y la degradación de categoría del General Abdul Wahab al-Saadi, un teniente general respetado que había desempeñado un papel clave en derrotar al Estado Islámico (ISIS). En medio de la creciente ira contra el Gobierno iraquí, la convocatoria a protestar el 1 de octubre fue el comienzo de lo que se ha denominado Thawrat Tishreen (la revolución de octubre). Tanto en Irak como en el Líbano, los manifestantes lograron derrocar al primer ministro y provocaron un estancamiento político que los regímenes de entonces intentaron abordar mediante la creación de un denominado Gobierno “tecnocrático”. Lamentablemente, en los dos países, esta gran ola revolucionaria se detuvo como consecuencia de la pandemia mundial de COVID-19 y el rápido deterioro financiero.

La siguiente discusión se divide en tres partes. La primera aborda si estos levantamientos fueron “revoluciones” o “revolucionarios”. La segunda se centra en las contradicciones internas de estas revoluciones, analizando la retórica de la corrupción, la unidad nacional, la política tecnocrática y el individualismo. Por último, la tercera parte se refiere al cambio de la utopía y las grandes esperanzas de finales de 2019, a la distopía y el pesimismo de principios de 2020 con la llegada de COVID-19 y la profundización de las crisis financiera y política.

El canto Thawra, thawra (revolución, revolución) colmaba las plazas y las calles de la mayoría de las ciudades del Líbano e Irak en octubre de 2019, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles para declarar el comienzo de lo que consideraban una revolución. La claridad de ese momento liminar convenció a la población de que estaba siendo testigo de algo revolucionario. Sin embargo, no todos los expertos estuvieron de acuerdo con esta descripción; muchos de ellos adoptaron una postura más escéptica. El debate que surgió en 2011 en torno a la precisión del término “revolución”, en referencia a los acontecimientos que se estaban desatando en la región árabe en ese momento resurgió una vez más en 2019. Durante la primera ola de levantamientos, algunos académicos e intelectuales advirtieron que estas no eran revoluciones, sino simples revueltas, agitación, levantamientos o “refoluciones”. Otros declararon que estos acontecimientos eran “revoluciones sin revolucionarios”⁴. Puede ser cierto que estos acontecimientos no entren en la definición tradicional de “revoluciones” hallada en la literatura de los movimientos sociales; sin embargo, es importante considerarlos en términos de procesos revolucionarios⁵, en lugar de acontecimientos que o bien triunfaron o fracasaron. También es importante tener en cuenta el aspecto temporal que rige la definición de revoluciones. Las revoluciones suelen considerarse tales en retrospectiva, cuando han logrado derrocar a la clase dominante o el régimen. Este proceso puede llevar años o decenios y suele fracasar. Incluso las revoluciones más célebres no tuvieron lugar sin ciclos de altibajos y tardaron decenios en concretarse. Por ejemplo, la ampliamente celebrada Revolución francesa llevó alrededor de 80 años y varias rondas de conflicto y contrarrevolución, antes de que se estableciera la Primera República. Incluso la Revolución rusa de 1917 puede entenderse como un proceso político más amplio que comenzó en 1905 y que tuvo varios capítulos antes de dar el golpe final contra el régimen zarista en 1917. Por lo tanto, al reflexionar sobre los acontecimientos de octubre de 2019 en el Líbano e Irak como levantamientos revolucionarios, es necesario actualizar nuestras herramientas teóricas y conceptuales, a fin de dejar espacio para “hallar al revolucionario en la revolución”⁶. Por lo tanto, es importante no desestimar o minimizar el papel de estas experiencias como procesos de largo plazo que configuran y transforman los imaginarios políticos de la población en sus vidas cotidianas. Este potencial utópico y revolucionario de buscar e imaginar una alternativa –más allá del realismo sectario, dictatorial o capitalista– debe centrarse en nuestro entendimiento de estos momentos históricos. Al final de cuentas, el sociólogo Jeffrey Paige tenía razón al decir que “la revolución tiene un futuro aunque muchas definiciones teóricas de revolución no lo tengan”⁷ . En ese sentido, no deberíamos empantanarnos en debates extremadamente normativos, fijos y a menudo inoportunos sobre si estas son revoluciones o no; y, lo que es más importante, definitivamente no deberíamos evitar utilizar el término “revolucionario” al referirnos a los acontecimientos históricos del Líbano e Irak a partir de 2019. Al utilizar las palabras “revolución” y “revolucionario” en primer lugar estaremos honrando las experiencias de millones de personas que creyeron en el potencial revolucionario del momento en cuestión, que denominaron los acontecimientos “revolución” y que se consideraron a sí mismos revolucionarios –aunque fuera solamente por un breve instante. Además, también alentamos a repensar teóricamente el significado y la forma de la revolución en el capitalismo neoliberal del siglo XXI en términos más amplios. Por consiguiente, este no es un llamamiento a alejarse de debates teóricos sobre lo que constituyen las revoluciones, sino más bien a repensar nuestro conjunto de herramientas conceptuales y adaptarlo a las realidades de la era neoliberal del siglo XXI. Esto es especialmente importante en el caso del Líbano e Irak, dado que nos puede ayudar a entender cómo estos momentos revolucionarios tuvieron contradicciones internas considerables: se rechazó el sistema neoliberal sectario, mientras que al mismo tiempo se adoptaban sus pilares discursivos e ideológicos (como se discute en la próxima sección).

“No queríamos dormir porque el sueño que estábamos viviendo despiertos era mucho más hermoso”.

Así es como un joven de la región de Chouf-Aley del Monte Líbano describió la experiencia de los primeros días de la thawra de 2019. La experiencia liminar de la revolución¹⁰ como un sentimiento parecido al “limbo temporal”¹¹ similar a un sueño o una ruptura con respecto a la “normalidad” anterior hizo que los manifestantes creyeran que este era un momento lleno de posibilidades. Era imposible pasar por alto las rápidas transformaciones en las vidas diarias de las personas en el Líbano e Irak y el surgimiento espontáneo de “comunidades”, donde la unión y la camaradería reinaban en las plazas al comienzo de la revolución. La cooperación y la camaradería, las reuniones en las carpas, las discusiones políticas públicas y el ambiente festivo eran parte de la vida en las plazas. Sin embargo, todo ello se vio interrumpido por la fuerte violencia y represión de los aparatos estatales y sus milicias. Aunque la represión fue contraproducente en un comienzo, ya que hizo que más gente se movilizara indignada ante el ataque contra manifestantes, hacia finales de 2019 la revolución en ambos países había comenzado a estancarse debido a la falta de alternativas políticas, la incapacidad de continuar las huelgas y un reposicionamiento de los regímenes tras la conmoción inicial de octubre de 2019.

A comienzos de 2020, una serie de circunstancias extremadamente excepcionales confluyeron para poner fin al proceso revolucionario: una pandemia mundial, una profunda crisis financiera y, en el Líbano, la gran explosión en el puerto de Beirut, que dejó en ruinas a la ciudad y sus habitantes. Estas circunstancias externas se sumaron a la cooptación y la ola contrarrevolucionaria que se había profundizado a finales de 2019. La formación de gobiernos tecnocráticos se convirtió en la forma de los antiguos regímenes de seguir gobernando, a pesar de la dificultad de esta tarea después de octubre de 2019 en ambos países. 

Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 en la región no fue solamente una amenaza a la salud pública, sino también un giro contrarrevolucionario de los acontecimientos. Las plazas fueron evacuadas por la fuerza y se suspendieron las movilizaciones callejeras. El Estado aprovechó la oportunidad para reprimir la disidencia con la excusa de proteger la salud pública. Se volvió difícil mantener los levantamientos, a pesar de la profundización de las crisis política y económica. La transición repentina de la experiencia colectiva de la revolución al aislamiento intenso provocado por COVID generó un sentimiento general de derrota.

La utopía de los días revolucionarios del comienzo fue eclipsada rápidamente por la distopía de la pandemia y lo que ocurrió a continuación. La espiral descendiente de ambos países en la miseria económica dificultó aún más las posibilidades de organización. En el Líbano, la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, descrita como la tercera mayor explosión nuclear de la historia, destruyó a la ciudad y provocó una ola de emigración masiva. Además, una serie de asesinatos políticos en Irak, y en menor medida en el Líbano, subrayaron que la oposición política acarreaba con sí una amenaza de muerte real en cualquier momento. Sin embargo, ahora que la pandemia está comenzando a replegarse y a medida que el estancamiento político y las crisis financieras se profundizan, los procesos revolucionarios que comenzaron en el Líbano e Irak en octubre de 2019 probablemente continúen, aunque adquirirán una forma diferente.

El presente artículo ha sostenido que los levantamientos revolucionarios de octubre de 2019 en el Líbano e Irak solo pueden interpretarse como parte de un proceso revolucionario más amplio que comenzó a desatarse en 2011 y que se intensificó en ambos países en 2015, antes de alcanzar el punto de ebullición en 2019 como parte de la segunda ola de levantamientos en la región. Si bien estos levantamientos no entran dentro de la definición tradicional de revoluciones –dado que no derrocaron al régimen en su totalidad– es importante considerarlos como parte de un proceso revolucionario. No solo porque deberíamos evitar limitar las revoluciones a acontecimientos temporales o calificarlas de dicotomías políticas (en las cuales o triunfan o fracasan), sino además porque es fundamental repensar globalmente el significado y las formas de la revolución bajo el capitalismo neoliberal del siglo XXI.

El artículo ha abordado las contradicciones internas que caracterizaron a los levantamientos en el Líbano e Irak en 2019, con el dominio de un discurso liberal de coexistencia nacional, lucha contra la corrupción, derechos individuales y política tecnocrática que no llegó a tener el potencial radical del estallido inicial. El análisis ha sugerido que una consecuencia importante del sistema neoliberal sectario que gobierna a ambos países, y por consiguiente favorece a los interlocutores individuales, ha sido la debilidad de las organizaciones políticas o sindicatos: es decir, las estructuras que podían servir como un punto de apoyo a la transición hacia un nuevo sistema político. Esas organizaciones también son necesarias para cuestionar a los regímenes polarizados en ambos países, donde el sectarismo y el neoliberalismo se retroalimentan para reproducir más de lo mismo.

Con la propagación de COVID-19 en ambos países, el surgimiento y la organización de un “nosotros” perdido es una prioridad para derrotar a un sistema que a todas luces es incapaz de proteger a la sociedad, ya sea de desastres económicos o de pandemias. Nuevas formas de organización en el lugar de trabajo o a nivel barrial, así como organizaciones que reúnen a desempleados, trabajadores migrantes, trabajadores domésticos y trabajadores informales son cruciales para construir un movimiento más fuerte que pueda ir más allá del neoliberalismo sectario a la vez como estructura económica y como aparato ideológico que configure nuestra imaginación política y delimite nuestras posibilidades políticas.

Estos levantamientos revolucionarios triunfarán únicamente si vinculamos las luchas en nuestras sociedades y más allá de los límites coloniales del Estado-nación. Es así que al expresar solidaridad con la lucha Palestina, apoyar a los trabajadores de Amazon en Estados Unidos y defender los derechos de los refugiados y los trabajadores migrantes o las aspiraciones del movimiento feminista, los levantamientos libanés e iraquí alcanzarán su pleno potencial revolucionario, tanto político como ideológico, más allá del neoliberalismo sectario.